Caso Berríos: Ministro Madrid interroga a hijo de ex jefe de la DINA

Manuel Contreras Valdebenito, el hijo del otrora jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), declaró este lunes ante el ministro de fuero Alejandro Madrid, en el marco de la investigación por la muerte del ex químico del organismo represivo Eugenio Berríos. La diligencia se llevó a cabo luego de que en un interrogatorio el abogado Aldo Duque sindicara a Contreras Valdebenito como partícipe de un encuentro en la Fiscalía Militar, en el que se habría relacionado con el químico de la DINA y su esposa Gladys Schmmeissser. La reunión habría tenido efecto cuando el hijo de Manuel Contreras Sepúlveda desempeñaba labores junto al ex auditor general Fernando Torres Silva. Al respecto, Contreras Valdebenito señaló que nunca conoció a Berríos y que incluso nunca supo que este haya estado en la Fiscalía Miliar, aunque admitió haber visto a Schmmeissser. "La ví una o dos veces", dijo. Esta es la primera vez que el hijo del jefe de la DINA declara en el marco de esta indagatoria. Según relató, antes efectivos de Investigaciones concurrieron hasta su domicilio en Santo Domingo para interrogarlo, solicitud a la cual se negó hasta que un tribunal lo citara.

Privilegios en cárceles militares

Ante el eventual término de los privilegios que existen en las cárceles para ex uniformados, señaló que si esto fue consentido por el gobierno de la época, no entendía porqué ahora se quería cambiar. Consultado si cree que su padre goza de muchos privilegios en el Penal Cordillera, en comparación con otros reos que cumplen sentencia, señaló "para mí va a ser un privilegio cuando mi padre esté libre". Un reciente informe de la Corte de Apelaciones de Santiago reveló que una serie de beneficios que tienen los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, a diferencias de los reos de penales para civiles. Al respecto, el documento dio cuenta de que incluso el general (R) Contreras solicitó a la comisión judicial que visitó los recintos una conexión a Internet para el computador con que cuenta en su cabaña.

Caso Huber: Ministro cierra sumario y da por agotada la investigación

El ministro en visita Claudio Pavez cerrará esta semana el sumario de la causa que sustancia por el homicidio del coronel del Ejército Gerardo Huber Olivares, dando así por agotada la investigación. El magistrado, quien está integrando sala en la Corte de Apelaciones de San Miguel de lunes a miércoles, dará a conocer la resolución a las partes entre el jueves y viernes de esta semana. Pese al esfuerzo puesto en la indagatoria, el magistrado no logró dar con él o los autores materiales del homicidio, aunque acreditó toda la conspiración que hubo detrás del crimen. El dictamen es la antesala a la acusación por el delito de asociación ilícita por el que están sometidos a proceso cinco ex oficiales del Ejército, entre coroneles, brigadieres y generales. Se trata de los ex jefes de la DINE generales (R) Víctor Lizárraga, Eugenio Covarrubias, el ex jefe de la Dirección de Logística general (R) Carlos Krumm, el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) Manuel Provis Carrasco, y el coronel (R) y amigo de Huber, Julio Muñoz. Tanto los querellantes como los abogados defensores de los militares (R) pueden pedir la reapertura del sumario. El juez puede a su vez otorgarla o rechazarla e incluso puede ser recurrida a la Corte de San Miguel. En cualquier caso, Pavez ha logrado acreditar ya toda la conspiración que hubo tras la muerte de Huber, mas no ha podido dar con el autor del homicidio del oficial. En diciembre de 1991, Huber se vio involucrado en el tráfico ilegal de armas a Croacia, pertrechos militares que fueron descubiertos en Budapest, Hungría, y que determinaron en Chile la apertura de un sumario a cargo del entonces ministro Hernán Correa de la Cerda.

Los vínculos

En enero de 1992, Huber fue interrogado y posteriormente arraigado por Correa de la Cerda, antes de que viajara a Israel. Para evitar declarar cuando el caso estaba en su momento más álgido, presentó un certificado médico aduciendo mareos a raíz de un supuesto estrés y depresión. Pese a estar autorizado para viajar a Puerto Varas, el fallecido coronel se fue a la casa de su compadre, Elwin Tapia, en el Cajón del Maipo. La noche del 29 de enero dejó la residencia en el Nissan plomo de Tapia, luego de que su familia saliera, horas antes, a buscar a su hijo José Ignacio. A eso de las 23 horas, cuando Tapia aún se encontraba en casa de su prima, notó que Huber no llegaba. Se preocuparon y regresaron a su residencia a ver qué sucedía y hallaron las luces encendidas, la puerta abierta, pero no estaba ni Huber ni el auto. Se contactaron con Carabineros y a las tres de la madrugada hallaron el automóvil en el puente El Toyo. Transcurrieron tres semanas hasta que el 20 de febrero de 1992 el cuerpo de Huber apareció en el lecho del Río Maipo con el cráneo destrozado. La causa estuvo caratulada durante 13 años como suicidio, hasta que el ministro Pavez la modificó a homicidio calificado pocas semanas después asumir el caso, en septiembre pasado. Bajo la alfombra Durante la investigación el ministro Pavez aclaró una serie de hechos que estuvieron a la sombra durante más de 15 años. Por ejemplo, estableció quiénes fueron los agentes del BIE de la época que abrieron la caja fuerte que Huber tenía en su oficina de logística institucional. Se trata de Egon Isler y Jaime Concha. Qué hallaron, será siempre una gran interrogante. Otro de los pasajes hasta ahora desconocidos del proceso, aunque se trata de un hecho conexo a la muerte de Huber, es el suicidio del chofer que este último tuvo durante su permanencia en el Ejército, Blas Merino, ocurrido en 1995. A partir de una presentación de la abogada querellante Joanna Heskia, el magistrado descubrió un hecho que llama la atención sobre la muerte del ex uniformado. Primero, que los carabineros que llegaron al sitio del suceso eran de la comuna de Padre Hurtado, pero fueron llamados y avisados desde el retén de Santa Rosa de Chena. Nunca en el expediente se interrogó al personal de la unidad policial que, al menos, colindaba con la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE). Otro detalle es que llegó un informe policial que descarta la tesis del suicidio, ya que las manos del ex militar no presentaban nitratos que siempre están presentes en hechos de esta naturaleza.

Darfur: No hay paz sin desarrollo

Jefrey D. Sachs (*)

Todo aquel que sienta interés en el logro de la paz, la reducción de la pobreza y el futuro de África debería leer el nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulado Sudán: Evaluación ambiental posconflicto . Puede que suene a un informe técnico sobre el medio ambiente de Sudán, pero es en realidad mucho más que eso. Se trata de un vívido estudio de cómo el medio ambiente, la pobreza y el crecimiento poblacional pueden interactuar para provocar terribles desastres causados por el hombre, como lo es la violencia en Darfur.
Cuando estalla una guerra, como en Darfur, la mayoría de quienes se encargan de diseñar políticas buscan una explicación y una solución políticas. Esto es comprensible, pero pasa por alto un punto básico. Mediante la comprensión del papel de la geografía, el clima y el crecimiento poblacional en el conflicto, podemos encontrar soluciones más realistas que si nos centramos únicamente en la política.
La pobreza extrema es una causa principal de la violencia, y un factor que permite predecirla. Es mucho más probable que los lugares más pobres del mundo, como Darfur, entren en guerra que los lugares con mayores niveles de riqueza. Se trata no sólo sentido común, sino que se ha comprobado mediante estudios y análisis estadísticos. En palabras del PNUMA: “Existe un vínculo muy fuerte entre la degradación del suelo, la desertificación y el conflicto en Darfur”.
La pobreza extrema tiene varios efectos sobre el conflicto. En primer lugar causa desesperación entre partes de la población. Los grupos que compiten entre si luchan por mantenerse vivos frente a la carencia de comida, agua, tierras para pastoreo y otras necesidades básicas. En segundo lugar, el gobierno pierde legitimidad y el apoyo de sus ciudadanos. Tercero, el gobierno puede quedar en poder de una facción u otra, y entonces usar medios violentos para anular a sus rivales.
Darfur, la parte más pobre de un país muy pobre, calza con ese triste patrón. La gente subsiste por la crianza seminómade en el norte y la agricultura de subsistencia en el sur. Está alejado de los puertos y el comercio internacional, carece de infraestructura básica como caminos y electricidad, y es extremadamente árido. En las últimas décadas se ha vuelto incluso más seco debido a una baja en las precipitaciones, lo que probablemente es resultado -al menos en parte- del cambio climático causado por el uso de energía en los países ricos.
La reducción de las lluvias contribuyó directamente a la pérdida de las cosechas, el avance del desierto hacia las tierras de pastoreo, la disminución de agua y pastizales para el ganado y la deforestación masiva. El rápido crecimiento de la población –desde cerca de un millón en 1920 a alrededor de siete millones hoy- hizo esto mucho más mortífero al empeorar drásticamente los niveles de vida.
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El resultado ha sido un cada vez mayor conflicto entre los pastores y los agricultores, y la migración de poblaciones desde el norte hacia el sur. Tras años de conflictos en ebullición. estallaron los enfrentamientos en 2003 entre grupos étnicos y rivales, y entre los rebeldes de Darfur y el gobierno nacional, que ha su vez ha apoyado a brutales milicias en políticas de “tierra quemada” que han producido desplazamientos y matanzas masivas.
Si bien la diplomacia internacional se ha centrado en las fuerzas de paz y en iniciativas humanitarias para salvar las vidas de las personas desplazadas y desesperadas, no será posible lograr ni sustentar la paz en Darfur sino hasta que se aborden las crisis subyacentes de pobreza, degradación ambiental, cada vez menor acceso al agua y hambre crónica. Poner soldados no pacificará a la gente hambrienta, empobrecida y desesperada.
Sólo con un mejor acceso a alimentos, agua, atención de salud, escuelas y actividades que generen ingresos se podrá lograr la paz. El pueblo de Darfur, el gobierno de Sudán y las instituciones internacionales de desarrollo deben buscar con urgencia una base en común para encontrar un camino de salida a la violencia desesperada, a través del desarrollo económico de esta región, ayudado y apoyado por el mundo exterior.
El informe del PNUMA y las experiencias en otros lugares de África sugieren cómo fomentar el desarrollo económico en Darfur. Tanto las personas como el ganado necesitan que se les asegure el acceso al agua. En algunas áreas, esto se puede lograr a través que pozos que lleguen a napas subterráneas. En otras áreas, se pueden usar para irrigación los ríos o cursos de agua de temporada, y en otras puede ser necesario tender tuberías que cubran mayores distancias. En todos los casos, la comunidad mundial tendrá que ayudar a pagar la cuenta, ya que Sudán es demasiado pobre como para poder hacerlo solo.
Con ayuda externa, Darfur podría aumentar la productividad de su ganado mediante razas mejoradas, atención veterinaria, recolección de forraje y otras estrategias. Se podría desarrollar una industria de la carne con la que los pastores de Darfur multiplicaran sus ingresos vendiendo animales completos, productos cárnicos, productos procesados (como cuero), productos lácteos y otros. El Oriente Próximo es un mercado cercano potencialmente lucrativo. Para crear este mercado de exportación, Darfur necesitará ayuda con el transporte y el almacenamiento, cobertura de teléfonos móviles, energía eléctrica, atención veterinaria y asesoría técnica.
También es necesario promover servicios sociales, como atención de salud y control de las enfermedades, educación y programas de alfabetización para adultos. Los estándares se vida se podrían mejorar de manera importante y rápida mediante inversiones focalizadas de bajo coste en el control de la malaria, programas de alimentación en escuelas, recolección de aguas lluvia para obtener agua potable, clínicas móviles, y pozos para irrigar y dar de beber al ganado en lugares adecuados. La cobertura de telefonía móvil podría revolucionar las comunicaciones de las poblaciones dispersas en el vasto territorio de Darfur, beneficiando de modo importante su sustento y supervivencia física, y fortaleciendo sus lazos familiares de su población.
El único camino a una paz sostenible es un desarrollo sostenible. Si hemos de reducir el riesgo de que se produzcan guerras, debemos ayudar a los pueblos empobrecidos, no sólo en Darfur, a satisfacer sus necesidades básicas, proteger sus ambientes naturales y entrar en la vía del desarrollo económico.

(*) Profesor de economía y Director del Earth Institute en la Universidad de Columbia.

Ventajas de la tolerancia

Fernando Savater

La tolerancia es la disposición cívica a convivir armoniosamente con personas de creencias diferentes y aun opuestas a las nuestras, así como con hábitos sociales o costumbres que no compartimos.
La tolerancia no es mera indiferencia sino que implica en muchas ocasiones soportar lo que nos disgusta: por supuesto, ser tolerante no impide formular críticas razonadas ni obliga a silenciar nuestra forma de pensar para no "herir" a quienes piensan de otro modo. La tolerancia es de doble dirección, es decir que el precio de no prohibir o impedir la conducta del prójimo tiene como contrapartida que éste se resigne a objeciones o bromas de quienes tienen preferencias distintas. Por supuesto, la cortesía recomienda en muchos casos moderación, pero es una opción voluntaria, no una obligación legal. Ser tolerante no exige ser universalmente adquiescente. Además, lo que siempre debe ser respetado son las personas, no sus opiniones o sus comportamientos.
Por supuesto, la tolerancia exige un marco compartido de instituciones que deben ser acatadas por todos: quien las niega o las hostiliza está negando también su propio derecho a ser tolerado.
Disfrutar de las ventajas de la tolerancia pública impone también a cada cual renunciar a ejercer formas de intolerancia privada. Ser tolerante no es ser débil sino ser lo suficientemente fuerte y estar lo suficientemente seguro de las propias elecciones como para convivir sin escándalo ni sobresalto con lo diverso, siempre que se atenga a las leyes.
Lo que realmente se opone a la tolerancia es el fanatismo, propio muchas veces no de los más convencidos sino de quienes pretenden acallar sus propias dudas cerrando la boca y maniatando a los demás. Como bien dijo Nietzsche, "el fanatismo es la única fuerza de voluntad de la que son capaces los débiles".
Las sociedades más intolerantes son aquellas que por lo general se desmoronan con mayor facilidad en cuanto se autoriza en su seno expresar la disidencia que rompe con la uniformidad establecida.

ONU denuncia ''limpieza étnica'' en Darfur

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al Gobierno de Sudán que persiga con urgencia los crímenes cometidos en la región de Darfur y que se asegure de que las milicias no reciben apoyo de su ejército para acometer una "limpieza étnica" entre la población. "Nos preocupa mucho la impunidad de la que gozan las milicias responsables de la limpieza étnica que tiene lugar en Darfur y de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, violaciones, desplazamientos forzados y ataques indiscriminados contra los civiles", dijo en Ginebra el presidente de ese comité, Rafael Rivas-Posada. En esa región se vive un conflicto desde febrero de 2003, cuando los movimientos de Liberación de Sudán y de Justicia e Igualdad se alzaron en armas para protestar contra la pobreza y la marginación de esa región. Desde entonces, la guerra interna ha causado más de 200.000 muertos y 2,5 millones de desplazados y refugiados en lo que, según la ONU, constituye una de las peores tragedias humanas de las últimas décadas. El Comité de Derechos Humanos, formado por 18 expertos independientes, ha elaborado un informe sobre el cumplimiento por parte de ese país del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, a partir de la información suministrada por el propio Gobierno sudanés, así como por organizaciones no gubernamentales con actividad en el país. En su informe de nueve páginas, los expertos hablan de "claras violaciones de los derechos humanos" y lamentan que las autoridades no hayan emprendido investigación alguna, especialmente en el caso de Darfur. Entre sus recomendaciones al Gobierno de Sudán, Rivas-Posada destacó la necesidad de que "se asegure de que las milicias que acometen una limpieza étnica no reciban apoyo alguno, ni financiero ni material". Preguntado sobre si ésta es la primera vez que un organismo de la ONU califica de "limpieza étnica" lo que ocurre en Darfur, el presidente del comité dijo que le "extrañaría mucho", y añadió: "Toda la información que se nos ha facilitado al respecto es muy clara y ya han hablado de ello los medios de comunicación y la comunidad internacional". A las autoridades de Jartum también se les pide que protejan a las víctimas de abusos y les garanticen alguna compensación, que descarten cualquier posible amnistía para quienes hayan violado los derechos de la población sudanesa, que aborden el problema de los niños soldado y que eliminen la pena de muerte de su legislación. Otras recomendaciones incluidas en su informe son la de proteger los derechos de la mujer, especialmente a participar en la vida pública y a recibir una educación, poner a disposición los medios para reducir la violencia en su contra, prohibir la mutilación genital femenina y perseguir la tortura. Esta semana, el ministro del Interior sudanés, Al Zubeir Bachir Taha, acusó a los servicios secretos estadounidenses de filtrar armas en Darfur, ofrecer ayuda económica a los dirigentes de los grupos rebeldes y haber contribuido a la muerte de miles de sudaneses en esa región.

ONU pide más participación de mujeres en gobiernos y fin de la violencia

La directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer (INSTRAW, por sus siglas en inglés), Carmen Moreno, abogó por una mayor participación de las mujeres en la política y por el cese de la violencia en contra de éstas. Moreno, de nacionalidad mexicana, dijo en la sede del INSTRAW en Santo Domingo, que la participación de la mujer en los gobiernos es aún "limitada" por lo que se deben adoptar medidas para mejorar la situación. Las mujeres, según Moreno, "nunca van a tener experiencias (en los gobiernos) si no se les dan las oportunidades", por lo que favoreció una mayor decisión política para promover la participación de éstas en la administración pública y la aplicación de los sistemas de cuotas. "Cuando le abre una puerta a una mujer es difícil que la cierre, (pero) hay que ayudarla para que tengan capacitación", dijo. Según datos del INSTRAW, las mujeres latinoamericanas encabezan sólo el 5,3 por ciento de las alcaldías en la región, mientras que ocupan un 16 por ciento de todos los cargos municipales y un 20,2 por ciento de los puestos parlamentarios. El organismo señala además que a pesar de que la opinión pública en América Latina favorece el aumento de mujeres en cargos políticos, éstas todavía no tienen una representación adecuada en todos los niveles de decisión política, especialmente en los gobiernos locales. Actualmente, el INSTRAW realiza programas en América Central y los países andinos para impulsar la participación política de las mujeres, los cuales cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Proyectos similares se pondrán en marcha próximamente en Marruecos, Argelia y Túnez, también con la cooperación de la AECI, precisó Moreno. Sin la participación de las mujeres en la política, según Moreno, "los gobiernos no van a reducir la pobreza ni van a lograr la democracia". "Si en la lucha contra la pobreza no pones a las mujeres no vas a acabar con la pobreza, porque todo pasa por las mujeres", dijo y agregó que "está comprobado" que las mujeres "ponen prioridad en la salud y en la educación de los hijos". En otro orden, la directora del INSTRAW dijo que las mujeres continúan estando en situación de vulnerabilidad a nivel mundial, principalmente por las necesidades económicas que padecen. Asimismo, lamentó que éstas continúen siendo víctimas de violencia y del tráfico de personas, por lo que aconsejó a las autoridades adoptar políticas para erradicar la situación. Moreno dijo que los gobiernos deben facilitar el ingreso legal de las inmigrantes para ir erradicando el trafico de personas, una situación que calificó de "muy grave". Según datos de la ONU, un 80 por ciento de las víctimas de la trata de seres humanos son mujeres y niñas, que son forzadas a la prostitución.

En favor de las utopías menores

Anthony Dworkin, director del Crimes of War Project

En junio de 2002, el Presidente George W. Bush pronunció un discurso ante la Academia militar estadounidense de West Point que marcó el inicio del camino hacia la guerra en Irak. El discurso es recordado porque en él Bush desplegó su doctrina de la autodefensa preventiva, pero junto con este principio hizo una declaración respecto de los valores por los que se guía Estados Unidos, que buscaba demostrar que el poder de este país no debe ser temido. “EEUU no tiene un imperio que extender o una utopía que establecer”, dijo a su audiencia. “Deseamos para los demás sólo lo que deseamos para nosotros mismos: estar a salvo de la violencia, los dones de la libertad y la esperanza en una vida mejor”.
La idea de la utopía volvió a ser invocada en la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca publicada pocos meses después de West Point. El tema del documento, que pretendía presentar un declaración definitiva sobre la política exterior de EEUU, era que el país buscaría “un equilibrio de poder que favorezca la libertad”. El informe decía que EEUU se había unido en el siglo XX a la batalla contra los regímenes totalitarios basados en “visiones militantes de clase, nación y raza, que prometían una utopía y entregaban miseria”. Señalaba luego que, ahora, ante una amenaza terrorista (que el gobierno pronto caracterizaría como una nueva forma de totalitarismo), EEUU utilizaría su posición predominante en el mundo para asegurar “décadas de paz, prosperidad y libertad”. Una reacción frente a esta retórica consiste en preguntarse cómo alguien tiene cara para descalificar las consecuencias mortales del utopismo prometiendo a la vez construir una era de paz y libertad universales. Ahora, cuando vemos a escala completa la debacle producida por la invasión a Irak, es difícil no ver esto como una consecuencia natural de dicha falta de rigor.
John Gray sugiere que el instinto utópico en la política moderna debe entenderse como una especie de impulso religioso sublimado. Hay una línea directa de continuidad entre el pensamiento de las religiones milenarias, que anuncian un tiempo final donde todo el mal será alejado del mundo, y las visiones políticas como el marxismo, que declaran buscar resolver el enigma de la historia. Los movimientos visionarios seculares basados ostensiblemente en argumentos científicos deberían, de hecho, ser vistos como mitos que obtienen su fuerza al abordar la necesidad humana de tener un sentido, la que previamente había sido respondida por la religión. A la larga, dice Gray, todas las utopías son expresión de fe más que de razón, porque no existe base racional para la idea de que el hombre pueda transformar radicalmente su condición. Gray se ha establecido como tenaz crítico de las políticas contemporáneas de libre mercado y traza la manera en que el pensamiento utópico se ha apoderado de la derecha política anglo-estadounidense.
Después del 11 de septiembre de 2001, el Presidente Bush anunció una campaña que tenía tonalidades milenarias explícitas: librar al mundo del mal. Los cristianos fundamentalistas de EEUU se unieron a los neocon que creían que la democracia podía establecerse en el mundo por la fuerza. Pero a muchos en el Gobierno estadounidense, que apoyaban la invasión, en especial la facción reunida en torno del vicepresidente Dick Cheney, les importaban poco las ideas universales de democracia y les preocupaba sobre todo eliminar a un líder extranjero que se enfrentaba a Washington. Luego de la debacle en Irak, Gray llama a un regreso al realismo. Pero si bien el realismo es un correctivo necesario para el idealismo utópico, es igualmente cierto que el realismo incontrolado probablemente conducirá a estrechar las posibilidades políticas. Sin alguna apelación a los valores universales, no hay punto de partida para desafiar las prácticas injustas que se dan ampliamente como un hecho. Gray analiza la abolición del comercio de esclavos diciendo que no era un proyecto utópico, porque no era inherentemente no realizable. Pero existe un término medio entre los proyectos utópicos que son claramente imposibles de lograr y un realismo que se aplica sólo para paliar los inevitables daños de un mundo imperfecto.
Este término medio, tal como fue elaborado por sucesivas generaciones de idealistas durante el siglo XX, es el que interesa al historiador cultural Jay Winter. Winter escribe sobre las “utopías menores”, en contraposición a las “utopías mayores” que implicaron matanzas generalizadas. Describe a éstas como visiones de una transformación parcial que “esbozan un mundo muy diferente a aquel donde vivimos, pero del cual no se han eliminado todos los conflictos sociales ni toda la opresión”. Winter es un contrapeso perfecto a Gray porque dice precisamente lo que Gray niega: hay algo inherentemente valioso en la tradición visionaria del pensamiento político que no puede ser aislado de los peores extremos de la criminalidad utópica.
Los movimientos que Winter explora cruzan el siglo pasado y encajan nítidamente en dos grupos, divididos por la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte de la centuria, los pensadores que él ha elegido elaboraron proyectos transformadores basados en la nación o en la clase social y destinados por sobre todo a asegurar la paz. Un ejemplo fue el ideal de “auto-determinación” de Woodrow Wilson. Otros, menos recordados en la actualidad, buscaban ahuyentar las guerras extendiendo la comprensión internacional a través de la fotografía o mediante la movilización de los partidos socialistas en el mundo, o por el ideal del progreso científico. Todos estos proyectos, por supuesto, fracasaron. Winter afirma que, luego de 1945, los proyectos visionarios tuvieron metas más limitadas y tendieron a basarse en nociones “descentralizadas” de los derechos individuales o la sociedad civil. Entre éstos estaban el movimiento por los derechos humanos, la teología de la liberación, los alzamientos de 1968, las campañas por el medio ambiente, los derechos de la mujer y la justicia internacional. Aunque Winter admite que estos movimientos han tenido éxitos limitados, algunos siguen dando forma al mundo en que vivimos.
En respuesta a los excesos potenciales de las políticas utópicas, pueden imaginarse dos formas de oposición. Una, a la que adhiere Gray, es una por temperamento. Propone una mirada escéptica, alerta a los peligros de la transformación política radical. Este punto de vista es un correctivo para los mayores niveles de autodecepción que pueden afectar a todos los movimientos que declaran hablar en nombre de la humanidad o de los derechos. Pero esa mirada escéptica, arriesga también cancelar la perspectiva de cualquier transformación seria de las circunstancias políticas, y sin esta esperanza hasta las reformas moderadas pueden diluirse.
Más aún, el realista no puede formular ningún argumento sustantivo contra los movimientos utópicos, más allá de intentar persuadirlos a que miren más de cerca los efectos probables de sus acciones. La segunda forma de oposición consiste en una oposición intelectual que se relacionen en términos propios con los movimientos utopistas, cuestionando los valores a los que éstos apelan. Contra la meta neoconservadora de la democratización militante, afirma la importancia de la ley internacional. Al régimen totalitario que deporta o mata a las minorías, le dice que la dignidad humana y el derecho a la vida son inviolables. También la preservación del ambiente natural puede ser un valor abstracto al que se apele. El punto con este tipo de oposición es que no impide el lenguaje del idealismo político, sino que invoca un conjunto diferente de ideas. A la larga, ambas formas de oposición son contrapesos necesarios al abuso del poder en nombre de un mundo ideal. Ninguna es suficiente por sí misma.

Jorge Arrate dispuesto a ser candidato presidencial para 2009

Disponible para ser candidato presidencial en el 2009, “siempre y cuando” su opción sea “útil” para la unidad de las fuerzas políticas progresistas, se declaró ayer el ex ministro socialista Jorge Arrate, que fue uno de los jefes de la renovación socialista. En conversación con La Nación informó que hace algunas semanas un sector del PS, donde están los diputados Sergio Aguiló y Marco Enríquez-Ominami, entre otros dirigentes de base, le plantearon la idea de encarnar una plataforma más inclinada a la izquierda y capaz de convocar a los extraparlamentarios. Su respuesta, si bien afirmativa, incluyó una condición: “Sólo si es útil para unir a las fuerzas políticas que están descontentas con la situación que vive el país”.
No obstante, Arrate dijo que concuerda con quienes advierten que no se debe adelantar el tema presidencial en la Concertación, porque ello atenta contra la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
Para el ex ministro, la clave de la efervescencia presidencial radica en el error que se cometió al acortar el mandato a cuatro años. Arrate postuló que una candidatura debe contar primero con un proyecto político y que éste debe apoyarse en un colectivo.
En los últimos días han surgido voces en el PS favorables a Ricardo Lagos, aunque el propio presidente de la tienda, Camilo Escalona, apostó por José Miguel Insulza como un modo de ordenar a la multipartidaria. Otra tendencia adhiere a Arrate y el jefe del PPD, Sergio Bitar, advirtió que si Lagos está disponible, será el rostro de su colectividad.

NUEVO CICLO

Arrate señaló que dentro y fuera del PS se ha planteado iniciar un “nuevo ciclo”, debido a que el poderío de la derecha sigue siendo demasiado influyente en el país. Para enfrentar a este sector, agregó, hay que comenzar por unir las fuerzas “populares y democráticas”. En esta línea, Arrate incluye a la izquierda extraparlamentaria.
El ex ministro opinó que la Concertación ha hecho importantes aportes al país en sus gobiernos, pero que él no se considera una persona complaciente. Añadió que ha quedado demostrado que las buenas intenciones no han bastado para cambiar la situación del país, lo que se debe al poder de la derecha.

-¿Usted está dispuesto a una candidatura presidencial?

-No soy candidato, pero me han planteado serlo. Ahora, si veo que mi candidatura es útil, acepto. Pero si veo que no es útil, no aceptaré.

-Si su candidatura prospera, ¿está consciente de que primero dividirá el PS, donde suenan Ricardo Lagos y José Miguel Insulza, y luego a la Concertación?

-Yo no planteo dividir las fuerzas políticas. Por el contrario, voy a impulsar la idea de unirlas, desde la DC hasta la izquierda que se encuentra al margen del Parlamento. En todo caso, me parece legítimo que al interior del PS se levante una tercera opción. Sin embargo, le insisto en que hoy no es el momento para hablar de candidaturas presidenciales.

EL PC ATENTO

El presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo a La Nación que aunque el tema no ha sido analizado en el partido, los comunistas no se cierran a la posibilidad de apoyar a un abanderado que no sea militante del PC, como por ejemplo a Arrate. Si bien éste ha sostenido reuniones con los comunistas, Teillier aclaró que éstas se han centrado en dar mayor amplitud al movimiento que está impulsando el sector de la Concertación partidario de un acuerdo con el PC y su entorno a través del documento “Unir Fuerzas”. En este espacio se ubican los diputados Sergio Aguiló, Marco Enríquez-Ominami y Tucapel Jiménez y la dirigente social DC María Rozas, entre otras figuras.
Teillier, junto con admitir que al PC le parece “interesante” este movimiento, precisó que en las citas se ha dejado al margen el tema presidencial, pero que no se han descartado otros temas electorales, como un acuerdo municipal.
Consultado si el PC considera interesante una eventual candidatura de Arrate, Teillier dijo que habrá que verlo más adelante y planteó que los comunistas deberán de todas maneras nombrar a un candidato. “Ello no impide la posibilidad de llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas, como ocurrió en la ultima presidencial, donde apoyamos al abanderado del PH, Tomás Hirsch. De manera que el PC no se cierra a nada”.

Senador Navarro por los palos
El senador socialista Alejandro Navarro sostuvo que no renunciaba a “ninguna posibilidad”, al referirse a su eventual presentación como candidato presidencial de la colectividad, aunque morigeró sus declaraciones asegurando que en este momento la prioridad es apoyar al actual Gobierno.
“La tarea del día es respaldar a la Presidenta Michelle Bachelet (…) Yo no renuncio a ninguna posibilidad, pero tengo muy claro cuál es mi tarea en este Gobierno y en el próximo”, aseveró. En ese mismo plano, dijo que por ahora se encuentra abocado “a apoyar, a consolidar un nuevo sentido de dirección de la Concertación”. El parlamentario abordó así el tema que ha captado la atención de varios dirigentes políticos en los últimos días, donde han salido a relucir varios “candidatos”, como el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien recibió el apoyo del timonel del PS, Camilo Escalona, o el también ex ministro, Jorge Arrate, quien fue otro de los mencionados en el PS como una alternativa que podría “seducir” a los votos de la izquierda extraparlamentaria. Además, el martes el presidente del PPD, Sergio Bitar, entregó su respaldo al ex Presidente Ricardo Lagos.
El senador socialista cuestionó al timonel de su colectividad por haber expresado por adelantado su apoyo a Insulza y por decir que en marzo del próximo año el PS definirá a su abanderado. “Es muy desleal generar una condición de carrera presidencial, cuando la propia Presidenta nos ha dicho a todos que nos ordenemos y que trabajemos por el éxito de este Gobierno, y no que trabajemos por definir el candidato para el próximo”, sostuvo. Además, el parlamentario afirmó que los “mejor posicionados” son Lagos e Insulza, junto con los senadores democratacristianos Soledad Alvear y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sin olvidarse de mencionar al timonel del PRSD, José Antonio Gómez, porque “hay legitimidad en el derecho de cada partido a competir, pero quienes así piensan, se olvidan de que a Bachelet la definió la ciudadanía, no los partidos. Tengo la percepción de que el próximo candidato de la Concertación va a ser definido por la ciudadanía y no por los partidos”, concluyó.

Condenan a siete ex DINA por crímenes de miristas Lumi Videla y Sergio Pérez

A 25 años de presidio fue condenado el ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, por el crimen de los dirigentes del MIR Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina. El ministro Alejandro Solís sentenció además a otros seis ex agentes. Contreras recibió 15 años por Lumi Videla y 10 años por quien era su esposo, Sergio Pérez.
La muerte de Lumi Videla, integrante del Comité Central del MIR, estuvo inicialmente rodeada de rumores y versiones falsas, difundidas por los medios de prensa que apoyaron a la dictadura.
Su cuerpo sin vida fue lanzado el 3 de noviembre de 1974 al antejardín de la embajada de Italia por agentes de la DINA. La investigación presume, de acuerdo a declaraciones de los mismos ex agentes, que esta operación estuvo a cargo de los oficiales Christoph Willikie Flöl y Mario Jara Seguel, este último ya fallecido.
En la sentencia se puede apreciar que quien más aportó información en el proceso fue el recientemente fallecido ex agente civil Osvaldo Romo Mena. Fue éste quien reveló que Willikie y Jara sacaron el cuerpo de Lumi Videla desde el centro clandestino de José Domingo Cañas (JDC) 1367 en la comuna de Ñuñoa, para arrojarlo a la embajada.
El mismo Romo sostiene que vio en JDC a Willikie “y al sargento Manuel Lucero Lobos que tenía una jeringa en sus manos, con Lumi desnuda e inmóvil en una cama. Luego se supo que lanzaron el cuerpo al interior de la embajada de Italia”.
Quedó establecido que Lumi Videla fue asfixiada en la tortura para aplacar sus gritos. El informe de autopsia arrojó asfixia como causa de muerte.
Según el ex agente Samuel Fuenzalida Devia, la decisión de lanzar su cuerpo a esa embajada “fue en represalia porque el día anterior el agente Gerardo Urrich (oficial DINA) fue herido a bala en calle Bilbao”.
En la sentencia aparece también que Lautaro Videla Moya, hermano de Lumi, quien estuvo detenido y sobrevivió, declaró que, estando prisionero, Romo le confesó en Villa Grimaldi que “Lumi fue asesinada por asfixia, por Willikie”.
Pero Lautaro Videla afirmó que, luego, cuando se abrió una investigación por la muerte de su hermana, Romo se retractó de sus dichos. Esto después de ser extraditado a Chile desde Brasil en 1992.

Romo y Garín
“Romo se retractó porque el general de Ejército Garín lo visitó en la Penitenciaría donde estaba privado de libertad y le ofreció dinero para que obrara así. Esto lo supe porque el propio Romo me lo contó cuando después le representé su actitud, explicándome que en Chile estaba solo, tenía miedo y problemas económicos”. Se trata del general Guillermo Garín.
El mismo Romo declaró que “al ‘Chico’ Pérez lo llevaron muy enfermo a una clínica de la DINA en Rinconada de Maipú” y que cree que allá “le dieron duro”. Cuenta que una vez cavaron un hoyo en Villa Grimaldi para enterrar su cuerpo, pero piensa que después lo enterraron en Rinconada de Maipú. Pérez está desaparecido.
Por ambos crímenes fue además condenado Miguel Krassnoff (15 años en total). Ciro Torré recibió cinco años por Pérez. Sólo por Lumi Videla fueron también sentenciados Christoph Willikie (10 años), Francisco Ferrer (10 años), Marcelo Moren Brito (10 años) y Basclay Zapata (cinco años, cómplice).

Rodrigo,Manuel, Cristián y los otros

Pablo Azócar

La saga es emotiva, o trágica, o indignante, o todas las anteriores, y tiene como protagonistas al guerrillero Manuel Rodríguez, al cineasta Cristián Galaz, al político Pepe Auth, al compositor Modesto Mussorgski y al héroe desconocido de esta historia, el estudiante de Filosofía Rodrigo Medina Hernández. Esta es, más o menos, la secuencia: 1. Manuel Rodríguez. Fue hombre acaudalado, abogado, diputado, secretario de Guerra, capitán de Ejército, brevemente Director Supremo, pero despreció los cálculos políticos, receló del poder y fue siempre, finalmente, un disidente. Su leyenda se propagó en la clandestinidad, durante el período de la Reconquista, cuando cruzaba una y otra vez la cordillera con mensajes subversivos de San Martín, convertido en el hombre más buscado del reino, y de boca en boca corrían voces que contaban que había sido visto disfrazado de fraile o huaso o pordiosero. Fue asesinado a los 33 años por las propias fuerzas gubernamentales chilenas, traicionado por todos lados, en las afueras de Til Til, el 26 de mayo de 1818 (fue sepultado silenciosamente por dos campesinos bajo el altar de la capilla de Til Til). Sus custodios declararon: “Trató de huir”. 2. Cristián Galaz. Es el director de la película Manuel Rodríguez, hijo de la rebeldía, exhibida finalmente este domingo en Canal 13, con audiencia récord (lo que desmiente a los operadores necios que arguyen que la televisión sólo puede transmitir necedades). “Manuel Rodríguez es uno de los personajes más ninguneados de nuestra historia oficial”, declaró el actor Benjamín Vicuña (quien encarnó al guerrillero), “porque nos recuerda una vergüenza, uno de los primeros crímenes políticos ocurridos en Chile”. A la memoria de Rodrigo Medina Hernández, se lee al final de la cinta, a modo de dedicatoria, casi de contrabando. Es, quizá, la clave secreta que le inyecta a este Manuel Rodríguez la dinamita que él hubiese querido. Se trata de un homenaje privado de Cristián Galaz, compinche de Rodrigo Medina durante la infancia. Años después Galaz se enteró de que su amigo había sido detenido por la DINA (¡en la calle José Miguel Carrera!), el 27 de mayo de 1976. Desde ese día está desaparecido. 3. Pepe Auth. El hoy político también fue amigo de Rodrigo Medina, un poco más tarde, hacia el final de la secundaria. Lo conoció en 1972 en el local de la Fech, detrás del edificio de la Unctad, haciendo trabajos voluntarios, ambos sudados, sucios, tiznados de azúcar, lentejas y harina. “Compartíamos el pelo largo, las patas anchas y esa mezcla de temor y atracción que nos provocaban las mujeres que pululaban en los trabajos voluntarios. Nos unía el amor por la lectura y nos dejábamos impresionar juntos por unas exégesis de Gramsci que no estoy seguro de que podíamos comprender”, recordaría Auth. “Nos volvimos a ver en 1974, tras el golpe. Yo sabía que él había conseguido incorporarse a la cadena de la resistencia, y él sospechaba lo mismo de mí, pero nos teníamos mucho cariño como para contarnos demasiado”. 4. Modesto Mussorgski. Su célebre pieza musical Cuadros de una exposición había sido descubierta entre los 15 y los 16 años por Rodrigo Medina. A todos sus amigos los obligaba, literalmente, a escucharla. Para algunos de ellos, el recuerdo de esa melodía quedó como una marca feroz. Uno la siguió escuchando todas las mañanas durante años. Otro no pudo volver a oírla nunca más. 5. Rodrigo Medina Hernández. Estudiaba Filosofía en la Universidad de Chile, militaba en el MIR. Lo detuvieron un frío martes de mayo hacia las ocho de la noche. Iba con un amigo. “No temas, no te preocupes”, le dijo, y le entregó sus cuadernos. Unos meses después, en agosto de ese mismo año 1976, otro preso, Máximo Vázquez, lo vio golpeado y muy flaco en la Villa Grimaldi, una vieja hacienda de los años 30, el más grande y simbólico centro de detención del régimen de Pinochet. Rodrigo Medina vestía jeans y un cortavientos azul, recordaría Vázquez. “Me recomendó que hiciera gimnasia para mantener los músculos en actividad”. Los informes Rettig y Valech registran miles de testimonios con las inimaginables sevicias practicadas en Villa Grimaldi. La familia de Rodrigo Medina visitó todos los cuarteles, intercedió ante decenas de autoridades, presentó múltiples recursos. Tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema rechazaron todos los recursos de amparo. El Ejército de Chile, la DINA y más tarde la CNI negaron tener en sus cuarteles a alguien con su nombre. El ministro del Interior Sergio Fernández envió en 1978 un oficio pidiéndole a los tribunales no difundir noticias sobre su caso, “a fin de evitar que pueda ser conocido y explotado por elementos interesados”. El día que lo apresaron, ya hacía once meses que Rodrigo Medina era seguido por la policía. Tenía apenas 18 años.

Procesan a médicos y ex militares por crimen de agente DINA Manuel Leyton

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo. Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados. Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada. Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei. Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares. De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño. Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares. Papeles mentirosos Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada. Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín. De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte. Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos. La historia que acreditó Madrid La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable. La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo. El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría. Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras. Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional. El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años. Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

ONG instan a Gobierno formar comisión que investigue represión a indígenas

Misión internacional coordinada por Amnistía y el Observatorio de los Pueblos Indígenas, entre otras entidades, detectó graves vulneraciones de los derechos de la población mapuche. Organizaciones demandaron creación de instancia que esclarezca una serie de incidentes que han afectado fundamentalmente a la comunidad de Temucuicui. Pese a las recomendaciones y advertencias que diferentes instancias de Naciones Unidas han formulado sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, la situación se ha mantenido prácticamente invariable. Así lo establece un informe preparado una misión internacional que visitó el país a comienzos de este año, tras la serie de incidentes registrados a partir de 2004 en Temucuicui, en la Región de la Araucanía. El documento, que ya se encuentra en manos de la Presidenta Michelle Bachelet, da cuenta de graves abusos contra las comunidades indígenas que reivindican terrenos ancestrales, entre los que se encuentran allanamientos irregulares, interrogatorios policiales a niños mapuches y desprotección policial, entre otras. El informe fue preparado por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales (CELS) de Argentina, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis) de Bolivia, Ayuda Popular Noruega (APN) y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Chile. Representantes de estas organizaciones visitaron en enero pasado Ercilla y la comunidad de Temucuicui, considerada esta última como una de las más afectadas por el actuar policial. Tras reunirse con altos jefes de Carabineros y dialogar con los miembros de las comunidades, llegaron a la conclusión de que todas las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la materia han sido desoídas por las autoridades chilenas. "La misión constató múltiples situaciones que, a su juicio, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, así como concepciones racistas en las instituciones del estado claramente perceptibles en prácticas de maltrato verbal y físico y abuso en contra de los mapuches”, señala el informe. Entre éstas, se encuentran un uso excesivo de la fuerza pública en allanamientos; restricción al derecho a la libre circulación; interrogatorios a niños que no viven con sus familias; presencia permanente de efectivos policiales y personas de civil armadas no identificadas en las comunidades; y destrozo y apropiación indebida de bienes y documentación histórico-cultural para fundamentar sus derechos ancestrales. También se advierte el uso de expresiones racistas; trato discriminatorio en los servicios públicos de salud; celo excesivo del Ministerio Publico y de la justicia militar cuando se investiga a mapuches; y hostigamiento a defensores de los derechos humanos de los indígenas a través de procedimientos investigativos no públicos y robo de información documental. En ese plano, el informe insta al Estado chileno a entregar una información detallada sobre el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en 2003 por el relator especial de Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stevenhagen, así como las del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dadas a conocer este año, entre otras. Pero, además, solicita a Bachelet a ordenar que “constituya una Comisión ad hoc que investigue, esclarezca y pueda formular recomendaciones para que cesen las violaciones a los derechos humanos aquí mencionados, se sancione a los culpables y se reparen los daños causados”. "Así te quería tener..." El informe hace un recorrido histórico para demostrar la legitimidad de las reivindicaciones de territorios, luego de que en 1884 las tierras fueran entregadas, por medio de remates, a Juan Patterson como fundos Alaska y Temucuicui. En esa línea, recuerda que desde 1930 comenzaron a ser reclamadas por los comuneros mapuches, a través del antiguo Juzgado de Indios de Victoria y en el proceso de reforma agraria de las décadas de los ’60 y ’70. Y si bien las comunidades lograron la restitución del fundo Alaska, "el itinerario de transferencia del predio a la comunidad estuvo marcado por diversos operativos policiales desde 1999 hasta el 2002 que violaron sistemáticamente los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad, sin distinción de género ni edad”, señala. Y pese a la devolución de las tierras, persistieron “los excesos policiales en contra de comuneros de Temucuicui, y el hostigamiento permanente de que fueron objeto por parte del Estado Chileno”, motivados fundamentalmente por las denuncias presentadas por René Urban Pagnard, propietario del fundo Montenegro, colindante con la comunidad. Urban asegura haber sido víctima de una serie de amenazas, robos y incendiarios por parte de mapuches, específicamente sus vecinos más próximos, la familia Huenchullán Cayul, razón por la que se encuentra con protección policial. Sin embargo, el informe establece que "estas denuncias han resultado invariablemente infundadas, lo que no ha impedido que los comuneros pasen largos periodos en prisión preventiva”. Al respecto, el informe pone como ejemplo la situación que afectó en septiembre de 2004 a Jorge Huenchullán Cayul y a Luis Cayul Queipul, quienes fueron acusados por el Ministerio Público de robo de animales en perjuicio de Urban. Tras permanecer tres y cuatro meses en prisión preventiva, respectivamente, en diciembre de ese año el fiscal dijo que no contaban con las pruebas suficientes y en octubre de 2005 cerró la investigación. Uno de los hechos más graves se registró el 7 de enero de 2005, cuando seis jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron arrestados por carabineros sin una orden judicial ni menos una audiencia control de detención. Según el relato de uno de los comuneros, fueron arrestados por efectivos de fuerzas especiales que resguardaban el predio de Urban y, posteriormente, trasladados a la tenencia de Carabineros de Ercilla, donde un efectivo les habría señalado: "Así los quería tener indios de mierda, arrodíllense delante mío, yo soy la autoridad y ustedes son indios hediondos". Sólo fueron dejados en libertad cerca de las 4.00 horas del 8 de enero, sin que se les informara sobre las razones del procedimiento. Actualmente en los tribunales de la Araucanía existe una querella por estos hechos, sin que la investigación haya dado frutos. El enfrentamiento de Ercilla De acuerdo al informe, durante 2006 las situaciones de abusos policiales se registraron prácticamente todos los meses –15 de enero, abril, 24 julio, 25 de agosto, 27 y 28 de octubre, 10 de noviembre y 29 de noviembre-, fue el 7 de diciembre cuando se registró el incidente que provocó mayor conmoción pública. Cuando una delegación de familias regresaba a la comunidad tras haber recibido pagos por los programas de generación de empleos, la comitiva fue interceptada por un convoy policial a la salida de Ercilla y cerca de 100 efectivos de fuerzas especiales. Según el informe, el motivo era una orden de detención dictada por el tribunal de garantía de Collipulli contra Oscar Catrillanca por el delito de lesiones menos graves y atentado contra la autoridad. "Al momento de interceptar a la delegación mapuche, los policías intentaron abordar el bus, lo que fue resistido por los comuneros mapuches. El resultado: alrededor de 10 heridos a bala, entre ellos un niño de 7 años y una mujer embarazada, además de 7 detenidos que prontamente fueron formalizados por desórdenes públicos y maltrato de obra a carabineros, causa que fue traspasada a la justicia militar”, recuerda el informe. "A diferencia de otros procedimientos policiales en los cuales se denunciaba excesiva violencia, este operativo encabezado y coordinado por el Fiscal Miguel Ángel Velásquez fue realizado en las afueras e interior del pueblo de Ercilla, dejando en evidencia para el resto de los habitantes de la comuna lo desmedida de las acciones policiales en contra de comuneros mapuche”, agrega. Violación sistemática de derechos Al respecto, las organizaciones consideran que las comunidades mapuches han sido víctimas de una “sistemática y grave violación de los derechos humanos”, al estimar que el Estado chileno no ha respetado los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se deben aplicar sin ninguna distinción a todos los ciudadanos. "Es precisamente esta condición la que no se está cumpliendo, pues la totalidad de derechos que en forma abstracta se reconocen a los ciudadanos del Estado chileno, resultan en entredicho si este ciudadano es mapuche, en especial si además es integrante de la comunidad mapuche de Temucuicui”, señala el informe. Asimismo, establece que tampoco existen las “condiciones mínimas” para que los miembros de esta comunidad puedan presentar un recurso efectivo ante la vulneración de sus derechos, toda vez que la justicia militar “jamás ha sancionado” los abusos policiales denunciados por los comuneros, mientras que en los tribunales civiles quedan a disposición del Ministerio Público, la misma entidad que ha sostenido las acusaciones de terrorismo en su contra. "De las denuncias realizadas por comuneros mapuches de situaciones que pudieran encuadran en esta figura penal, jamás han derivado en sanciones a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad. La mayoría de las denuncias son traspasadas a la judicatura militar, declarándose incompetente el Ministerio Público para investigar de estos delitos”, agrega el informe. Según las organizaciones, las comunidades indígenas son víctima de una “permanente” persecución policial y judicial, lo que genera una “militarización de hecho de los territorios en que se encuentran las comunidades mapuches”. Aylwin: "Esto no puede seguir ocurriendo" En conversación con El Mostrador.cl, José Aylwin, codirector del Observatorio de Pueblos Indígenas, considera “paradójico” que la autoridad no haya intervenido de una manera categórica y clara para poner término a esta situación, pese a las recomendaciones en ese sentido. "El Gobierno está advertido de que este tipo de situaciones persisten. Ahora, lamentablemente las denuncias que hacen las propias comunidades, así como las del Observatorio y otros organismos de derechos humanos, no tienen resultados", se lamenta. Al respecto, recuerda que puso en conocimiento del ministro del Interior, Belisario Velasco, una veintena de hechos de violencia policial registradas en 2006, sin que hasta ahora exista una respuesta de parte. Una situación similar respecto a dos casos verificados en 2007: el interrogatorio a menores de Ranquilco (Malleco) y el atropello del que fue víctima el comunero Jorge Huenchullán, de Temucuicui. “Fue atropellado a alta velocidad con una clara intencionalidad de provocarle daño, lo que hace pensar que hay un homicidio frustrado, por el hijo de René Urban, el dueño de un predio que tiene custodia policial. Se desplazaba en vehículo con un policía uniformado que lo custodiaba... ¿A quién custodia el policía?", pregunta. Según Aylwin, existe una “evidente discriminación racial”, del que el Estado chileno se hace cómplice, por lo que esperan una respuesta del Gobierno frente a la serie de situaciones denunciadas. “De no obtenerse una protección a los derechos vulnerados, estudiaríamos acciones ante instancias internacionales, porque creemos que este tipo de hechos no pueden seguir registrándose en un estado democrático de derecho”.

Militares preparan penal para recibir a ex auditor Fernando Torres Silva

Según se indicó, también se está ''haciendo espacio'' en el centro de detención de Peñalolén para acoger a quien fuera la mano derecha del fiscal ad-hoc, el coronel (R) de la justicia militar Enrique Ibarra Chamorro. Fuentes allegadas a la causa revelaron que el magistrado los encausaría por asociación ilícita. También vienen encausamientos por la muerte del ex DINA, Manuel Jesús Leyton. Listo se encuentra el espacio en el centro de detención militar de Peñalolén para el ex auditor del Ejército Fernando Torres Silva, quien en los próximos días será notificado del auto de procesamiento en la investigación que sustancia el ministro Alejandro Madrid por el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos. El magistrado, de esta manera, resolverá la petición que le hiciera en tal sentido el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de asociación ilícita. Madrid encausaría también al abogado de la Auditoría del Ejército Enrique Ibarra, para quien el penal también cuenta con un espacio reservado, dijeron a El Mostrador.cl fuentes militares. Para el CDE, las declaraciones que constan en el expediente permiten “presumir fundadamente” que ambos sujetos participaron activamente en la organización criminal que sacó a Berríos del país, lo secuestró y eliminó en Uruguay. Según el organismo, ambos participaron de manera directa en la operación conocida como “Control de Bajas”, que pretendía impedir que miembros del Ejército y de los servicios de inteligencia de la dictadura involucrados en causas por violaciones de los derechos humanos declararan en tribunales. De acuerdo con la documentación anexada a la causa, la función del ex auditor general del Ejército y del abogado Ibarra era seleccionar a aquellos militares considerados “peligrosos” para la institución, porque manejaban información clasificada o porque estaban relacionados con procesos judiciales en curso. El CDE concluye que, a partir de los datos reunidos en la investigación, es posible concluir que Torres Silva e Ibarra “excediendo las funciones de sus cargos” se coordinaron con el entonces director general de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hernán Ramírez Rurange, para ocultar información a los jueces con causas por delitos de lesa humanidad. Madrid también tiene casi terminados también los procesamientos en otra causa que sustancia: el homicidio del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton. Se sabe hasta ahora que uno de los encausados será el ex oficial del Ejército Vianel Valdivieso y una serie de funcionarios del organismo represivo que estuvieron relacionados con la clínica London. Historia y procesados Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay. En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza. Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE: Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli. Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán. El ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli. En tanto, Covarrubias enfrenta cargos como autor de secuestro con homicidio. El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde Berríos estuvo secuestrado en Uruguay. También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal –la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva. Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y al propio Covarrubias.

“No hemos podido construir una patria para todos”

Jorge Arrate, de la renovación a las raíces. El ex presidente del PS y ex ministro llama a dar un giro de fondo a la Concertación y a unirse con la izquierda excluida en un pacto electoral

Como un inconformista que ha mirado el mundo siempre desde la misma orilla se autocalifica Jorge Arrate, el mismo que hoy llama a conformar un pacto con los sectores excluidos para romper el veto de la derecha en el Parlamento, cambiando incluso la actual Constitución, y a levantar “murallas chinas de vidrio transparente entre los negocios y la política”.
–¿En qué quedó la oferta del primer programa de la Concertación?
–Hubo un documento que redactó el ex presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, que se llamó “Una patria para todos”. Eso es lo que no hemos podido hacer. Me incluyo. El motor de la transición hizo una obra importante, pero el resultado es que terminó en una economía estable, que crece con una muy mala distribución de la riqueza y del ingreso, que ha ensanchado las diferencias y con una democracia incompleta. Necesitamos otro motor.
–A partir de esa deuda surgieron demandas como las de los estudiantes.
–La sociedad chilena se mueve en una ambigüedad. Tenemos un modelo económico y una cultura mercantilista implantados progresivamente, que nos hace a todos ejemplares consumistas y endeudados. El endeudamiento es una pieza fundamental del disciplinamiento del trabajador y, además, una sinvergonzonería. Pero al mismo tiempo, Chile tiene expresiones de inconformismo y rebeldía. Con los “pingüinos” eso resultó particularmente interesante, porque los secundarios son un segmento que la sociedad todavía no ha mercantilizado.
–¿Cómo llegamos a esto?
–Creo que en un momento del camino se trancó el motor y ya la épica del plebiscito y el primer Gobierno de Aylwin, en que todos pisábamos sobre huevos, porque era un momento muy difícil, teníamos boinazos, ejercicios de enlace...
–Pero también tenían a la mayoría de la gente a su favor.
–A lo mejor pisamos demasiado sobre huevos, me incluyo y lo digo como general después de la batalla. Luego, a la Concertación le salió un cototo en la frente de darse tantos cabezazos contra la pared de la derecha a través de la Constitución del ’80, del sistema binominal y el veto parlamentario en el Congreso. Se fue agotando y sufrió algo que padecen todos los gobiernos: creen que tienen que decirle a la gente que todo lo han hecho bien.
–¿Cómo se reencanta con la política?
–La única manera de enfrentar eso es dando un giro muy visible que tiene varios componentes. El principal es abrir las puertas y ventanas.
–¿Para el PC, La Surda, Fuerza Social, Nueva Izquierda y otros?
–Para todos los excluidos y los autoexcluidos. Porque hay excluidos que quieren estar, como el PC u otros, que han participado en las elecciones sin éxito porque el sistema binominal los excluye. Ante ellos tenemos un deber ético, político y de dignidad. No jugarse a fondo por cambiar el sistema binominal es vergonzoso.
–¿Qué significa jugarse a fondo?
–Hacer un pacto para elegir más alcaldes, más diputados, para quebrar el veto parlamentario de la derecha. Un acuerdo de todos los sectores de la Concertación, la izquierda excluida y los voluntariamente excluidos para constituir una mayoría, discutir una nueva Constitución y generar un sistema electoral justo.
–Pero en iniciativas como La Disyuntiva, tienden a hablar entre ustedes.
–Debemos salir más, pero hay que combinar, porque en Chile la política ha llegado a ser cupular, y uno no debe dejar de lado las cúpulas.
–Sólo una mujer firma el documento Unir Fuerzas. ¿Les falta capacidad de seducción?
–Ése es un golpe bajo. Son pocas las mujeres en el Parlamento y la idea de la Presidenta sobre cuotas parece que no es muy bienvenida entre los varones. En ese sentido fui, tempranamente, en el exilio, educado y domesticado en un feminismo duro. Pero ahora veremos cómo continúa esto.
–A propósito de mujeres, ¿cómo evalúa el actual Gobierno?
–Ha habido un ataque inclemente de la derecha con un fuerte machismo y rechazo a la igualdad social de las mujeres. Creo que también hay sectores de la Concertación que, por razones culturales, no han percibido lo que significa que en este país haya una Presidenta, y no cualquier mujer, porque Michelle Bachelet es una mujer con una fuerte vocación por hacer participar a la gente, con un respeto a toda prueba por los menos empoderados. Eso es valiosísimo.
–¿Pero hay críticas?
–El Gobierno que armó resulta de un compromiso estructurado sobre la base de pensar que, existiendo recursos extraordinarios, se podrían impulsar políticas sociales importantes, y que eso no chocaría con encomendar las principales tareas políticas [Interior, Relaciones Exteriores] a políticos DC, y a los sectores liberales progresistas de la Concertación el manejo de la economía. Eso no se puede hacer. No se puede separar la economía de la política y la sociedad. A este Gobierno le falta consistencia en una línea: nos falta saber cuál es la prioridad y quiénes establecen esa prioridad. Yo creo que es luchar contra las desigualdades y las exclusiones.
–¿Eso tiene relación con lo sucedido en Codelco?
–Así es. ¿Cuál es la prioridad: mejorar la calidad laboral de Codelco o que Codelco gane unos pesos más, sin aplicar la Ley de Subcontratación? La prioridad es la primera y la gestión de Codelco debe hacerse con esa prioridad. Las empresas públicas no son iguales a las privadas y lo que están tratando éstas es que Codelco no respete la prioridad, para después cubrirse tras ella.
–¿Cuál es la oferta para profundizar la democracia?
–Debemos superar los intereses corporativos de unos y el resentimiento legítimo de otros y partir por una plataforma mínima de cosas importantes: la exclusión política, el sistema binominal, la Constitución, tiene que haber regulación sobre medio ambiente y materias muy precisas para enfrentar las desigualdades.

Británicos abogan que su país abandone Convenio Europeo de DD.HH.

Seis de cada diez británicos es partidario de que el Reino Unido abandone el Convenio Europeo de Derechos Humanos para poder aplicar medidas más duras contra los acusados de actos terroristas, según los datos de una encuesta. Un sondeo realizado en internet por la firma YouGov, encargado por la organización Migrationwatch, que hace campaña contra la inmigración en masa, reveló que un 61 por ciento de los 2.400 encuestados se mostró a favor de que este país se desligue del convenio europeo, ratificado por Londres en 1951. Sólo un 26 por ciento de los encuestados se mostró contrario a la idea, mientras que el resto optó por la opción "no sabe". Los ciudadanos preguntados fueron, también, partidarios de que el Reino Unido haga advertencias y deporte a terroristas convictos sin darles la posibilidad de recurrir esa decisión, incluso en el caso de que tuvieran que ser extraditados a países donde podrían ser sometidos a torturas. Sobre esa propuesta, un 67 por ciento de los participantes dio su apoyo, y un 18 por ciento se mostró reacio. Cárcel para extranjeros La encuesta también reveló que el 75 por ciento de encuestados está a favor de que el Reino Unido pueda decidir si mantener o no en la cárcel a los extranjeros sospechosos de actividades terroristas "durante tanto tiempo como fuera necesario". La legislación sobre Derechos Humanos en el Reino Unido impide que el Gobierno pueda deportar a un ciudadano extranjero a un país donde podría ser sometido a prácticas de tortura o maltrato. Según el presidente de Migrationwatch, Sir Andrew Green, esos resultados "demuestran que los británicos están cansados de ver cómo se anteponen los intereses de los que quieren destruir nuestro estilo de vida a su seguridad o la de sus familias". "La mayoría de la gente encuentra del todo incomprensible que terroristas convictos puedan permanecer en Reino Unido después de haber completado sus penas en prisión", dijo. Además, Green comentó que la pertenencia del Reino Unido al convenio europeo "también implica que hemos perdido la capacidad de deportar a la gente de este país, incluso cuando hay evidencias de que su presencia aquí plantea un riesgo real o potencial para la seguridad pública".

Argentina beneficia con pensión honorífica a ex represores de la dictadura

Al menos ocho ex militares procesados y otros cinco acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen, que se prolongó entre 1976 y 1983, fueron beneficiados con este decreto firmado en 2005 por el presidente argentino, Néstor Kirchner. Varios represores procesados por delitos cometidos en la última dictadura militar argentina fueron beneficiados por un decreto presidencial que les permite cobrar una "pensión honorífica" por su participación en la Guerra de Malvinas, advierte hoy el dominical Perfil. Al menos ocho ex militares procesados y otros cinco acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen, que se prolongó entre 1976 y 1983, fueron beneficiados con este decreto firmado en 2005 por el presidente argentino, Néstor Kirchner, que busca brindarles una pensión vitalicia a los veteranos de la guerra, disputada contra el Reino Unido en 1982. Los ex militares Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Mario Benjamín Menéndez, Juan José Lombardo, Ricardo Guillermo Corbetta y Julio César Binotti son algunos de los beneficiarios, mientras que en mayo pasado inició el trámite Jorge "Tigre" Acosta, represor de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención. Según figura en el decreto 886/05, los únicos militares exceptuados de cobrar las "Pensiones Honoríficas de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur" son aquellos que fueron "condenados por violación de los derechos humanos". En la actualidad, la mayoría de los procesos se encuentran abiertos y pudieron ser impulsados después de que el Parlamento anulara en 2003 las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que habían librado de responsabilidades a más de un millar de represores. Los decretos Un primer decreto que habilita este beneficio fue firmado en 2004, después de que un grupo de ex combatientes de Malvinas acampara durante varios días frente a la Casa de Gobierno en reclamo de una "reparación económica y moral" por su participación en la guerra, que acabó con la derrota argentina. Un nuevo decreto presidencial de 2005 ratificó la pensión, que actualmente es de 1.680 pesos (542 dólares), y la extendió a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraran en situación de baja obligatoria. Acosta está actualmente procesado y detenido por secuestros, desapariciones y torturas cometidas en la ESMA, mientras que Rolón y Pernías están procesados con prisión preventiva en el marco de la "megacausa ESMA", que investiga más de un centenar de violaciones a los derechos humanos. Además, la justicia española pidió la extradición de estos dos últimos represores debido a su procesamiento por genocidio, terrorismo y torturas. Incluso, la justicia argentina embargó a Acosta y a Pernías por 230 y 245 millones de pesos (74 y 79 millones de dólares), respectivamente, en el marco de la denominada "megacausa ESMA". Binotti, Menéndez y Lombardo también están acusados por torturas y desapariciones durante la dictadura, al igual que Daniel Alejandro Polano, José María Insúa, quienes también cobran el beneficio, según el dominical. Otro de los beneficiarios es Carlos Eduardo Daviou, reclamado por la justicia española, mientras que Osvaldo Jorge García, Ricardo Corbetta, Hugo Enrique Damario y Juan Carlos Camicha se encuentran procesados por delitos de lesa humanidad y reciben la pensión. El periódico asegura que incluso el ex marino Alfredo Astiz, cuya extradición pidieron Francia, España y Suecia, estaría en condiciones de reclamar esta pensión. Paradójico El cobro de este beneficio por parte de represores resulta paradójico ya que el gobierno de Kirchner ha impulsado desde sus comienzos, en 2003, una fuerte política en defensa de los derechos humanos. Incluso, la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en 46 causas por delitos cometidos durante la dictadura que, según datos oficiales, causó la desaparición de al menos 18.000 personas y, de acuerdo con cifras de los organismos humanitarios, provocó 30.000 desaparecidos. Según un estudio publicado este año por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en los tribunales argentinos hay 111 procesos abiertos a 305 militares y ex agentes de fuerzas de seguridad imputados, de los cuales a 46 se les dictó falta de pruebas en su contra, 44 están prófugos, 105 murieron, cinco fueron declarados incapaces y sólo cinco recibieron condena.

AMNISTÍA DENUNCIA POBREZA Y EXCLUSIÓN EN AMÉRICA LATINA

En Londres, Amnistía Internacional (AI) denunció hoy en su informe anual que América Latina sigue siendo víctima de los abusos de derechos humanos de sus ciudadanos, principalmente por la exclusión social, la pobreza y los problemas económicos de la región.
En una entrevista con ANSA, la encargada para la sección de Americas de la ONG británica, Susan Lee, declaró que el problema de los derechos humanos en América Latina "es muy complejo".
"Es una triste realidad para gran parte de la población de América Latina y de Estados Unidos que no se respeten los derechos humanos. Y si hay un tema común en toda la región es la inseguridad", destacó la experta.
"Es un tema que por supuesto tiene sus características diferentes en distintos países, pero en donde encontramos el ejemplo más claro de inseguridad es en Colombia, donde se vive una situación muy crítica", agregó.
Destacó que en ese país "lastimosamente hay índices de violaciones de derechos humanos que han aumentado".
"Para nosotros es muy preocupante el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, no ha resultado en una desmovilización real, hay sectores que siguen armados y cometen violaciones de derechos humanos y por otro lado un proceso de justicia con el gobierno que no ha logrado terminar con la impunidad", subrayó Lee."Se siguen cometiendo atrocidades contra la población. La guerrilla también comete abusos de derechos humanos a diario y siguen atacando indiscriminadamente a la población civil, hay centenares de miles de personas desplazadas y no hay señales de mejorar en cuanto a la población civil", agregó.
En otras partes de la región, "la inseguridad afecta a gran parte de la población y, a diferencia de los años pasados, cuando las causas de las violaciones a los derechos humanos eran ideológicos o dependían de los gobiernos militares y autoritarios, está ahora relacionado con las causas económicas".
"A raíz de la pobreza, la exclusión, la marginalización de muchos sectores de la población se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos, y por supuesto son los sectores más marginados, los niños, los indígenas, las mujeres, quienes sufren más la inseguridad", continuó Lee.
Esta inseguridad "se manifiesta claramente en las ciudades grandes de la región, como en Brasil, donde en las favelas las comunidades muy humildes quedan expuestas a la violencia de pandillas y grupos armados, pero también a la violencia del Estado".Con relación a los abusos a la mujer, la encargada de Amnistía para las Américas, indicó que en la región el problema "es endémico".
"Es una expresión de violencia muy arraigada en toda la región. Sea por violencia en la comunidad o en la familia.
Hay también situaciones en México, en especial en Ciudad Juárez, Chihuaha, también en Guatemala, donde hay un nivel de violencia contra la mujer que está por encima del nivel de la región", destacó.
Por su parte, Virginia Schoppe, investigadora de AI para el Cono Sur, contó a ANSA que la situación en Argentina y Chile en materia penitenciaria "es lamentable".
"En la provincia de Mendoza, en la cárcel de Almafuerte, se están cometiendo graves abusos contra reclusos. Este es sólo un ejemplo del problema, que deberían atender las autoridades federales y provinciales", destacó Schoppe.
También dio cuenta de "prácticas de malos tratos" ejercidas por policías en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, "donde reclusos han denunciado haber sido golpeados con palos, de forma salvaje".
Argentina, tanto como Chile, "debe atender a los graves problemas en sus cárceles, que pone en peligro el estándar de derechos humanos".

Comercio justo y menos dádivas es lo que necesitan los pobres

Néstor Morales

(La imagen muestra el hambre en el mundo: menos hambre más oscuro, más hambre es color más claro)

Estar en lista de los países más pobres, sólo le sirve a los ricos que se embolsan el dinero. A cambio de ofrecer créditos comprometedores los países industrializados deberían abrir sus fronteras a productos del sur.

Si la pobreza no se puede o quiere erradicar, por lo menos hay que administrarla, parece ser la posición de algunos gobiernos e instituciones. Pero para administrarla - ya sea con el fin de erradicarla o no - hay que saber cuántos pobres tiene un país y qué tan pobres son realmente.

Para medir la pobreza absoluta, el Banco Mundial ha establecido, por ejemplo, parámetros que dicen que quien tenga un poder adquisitivo local de menos de un dólar estadounidense clasifica en el gran grupo de los pobres. Según el mismo Banco Mundial, en este caso y hasta 2001, en el mundo hay más de mil millones de personas en la miseria, lo que equivale a una quinta parte de la población mundial.

Cuando el progreso no es remunerado

En un informe publicado este 19 de julio de 2007 por la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), se anuncia un “gran avance”: desde este año ya no son 50 los países más pobres sino “sólo” 49, gracias a que Cabo Verde es ahora simplemente pobre.

En el isleño país de Cesária Évoria, en el occidente africano, la población sobrevive con más de un dólar diario. Pero así esto sea positivo, la nueva clasificación le restará a Cabo Verde la posibilidad de obtener ayudas financieras para el desarrollo, dinero, préstamos y conmiseración a la hora de condonar deudas externas.

A cambio de practicar comercio justo, los países industrializados del mundo con la ayuda de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han creado una especie de cultura de la limosna que no hecho más que generar más pobreza o enraizarla, amén de fomentar la riqueza de las elites que, a menudo, se apropian del dinero invertido en la erradicación de la pobreza de su gente. Así es como puede ser lucrativo aparecer en las listas de los más pobres, en detrimento de quienes sufren la miseria.

Globalización: ¿quién la ha aprovechado?

En este contexto, la globalización es considerada como uno de los factores del agravamiento de la pobreza, según algunos. Otros opinan que la globalización es la oportunidad para salir de ella.

La UNCTAD dio a conocer recientemente un estudio que muestra las últimas tendencias de la globalización en el comercio internacional de bienes y servicios, de las corrientes financieras internacionales y de los precios de los productos básicos.

Según dicho estudio, en 2006 el valor total del comercio de mercancías en el mundo ascendió a más de 12 billones de dólares, o sea a un promedio de 1.850 dólares por habitante. Sin embargo, las diferencias siguen siendo considerables entre un continente y otro. Por ejemplo, se estima que en África el valor de las exportaciones por habitante es de menos de 300 dólares, a diferencia de 10.000 dólares en Europa.

Con barreras arancelarias en Europa y EEUU, crecerá pobreza de vecinos africanos y latinoamericanos

A pesar de 60 años de ayuda para el desarrollo, la mayoría de países africanos y Haití en América, no han logrado salir del nivel que les permita poder exportar para crear valor agregado. Pero más grave aún es que así contaran con la infraestructura y tuvieran productos exportables, las barreras que imponen los países desarrollados, entre ellos el bloque que compone la Unión Europea, les impiden el comercio que necesitan para salir de la pobreza por sus propios medios.

Aunque la progresión del comercio de los países en desarrollo es siempre más fuerte que la de los países desarrollados, las diferencias con respeto a la participación en el comercio mundial muestran que la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo sigue siendo inmensa y que América Latina, en conjunto, no ha sacado mayor ventaja de la llamada globalización.

¿Los países de América estancados?

De acuerdo al reporte sobre globalización de la UNCTAD, en 1995, del total de las exportaciones con destino a los países del Sur, por valor de 1,4 billones de dólares, el 40% procedía de otros países en desarrollo (2% de África, 5% de América y 33% de Asia). Diez años más tarde, la situación es prácticamente idéntica en el caso de África (3%) y no ha variado en el caso de América (5%), mientras que Asia aporta ahora un 45% de las exportaciones con destinado a los países en desarrollo.

Aunque Asia esté ganando terreno en la lucha contra la pobreza absoluta, aumentando su comercio exterior, la UNCTAD, creada en 1964, para promover la integración de los países en desarrollo en la economía mundial dentro de un marco propicio para el desarrollo, tiene aún mucho por hacer contra la pobreza, y sobre todo, más efectivamente.

Los que traicionaron a Hitler

Raúl Sohr

Alemania ha reconocido los crímenes cometidos durante el nazismo. Ha pagado, como correspondía, las reparaciones a muchas de las víctimas. Sin embargo, el Estado germano ha vacilado a la hora de rehabilitar a algunos de sus ciudadanos que “traicionaron” a la dictadura de Adolfo Hitler. Los desertores de las Fuerzas Armadas nazis tuvieron que esperar más de cincuenta años para que, recién en 1998, el Parlamento federal les concediera derechos y pensiones. Durante medio siglo, los que no reconocieron filas o las abandonaron fueron tratados como infractores por el Estado alemán.
Sin embargo, también resta reconocer en forma póstuma a un importante grupo de alemanes que tuvo el coraje de desafiar las órdenes aberrantes de sus superiores. La mayoría de los 30 mil uniformados sentenciados a muerte por las cortes marciales del Tercer Reich han sido rehabilitados, pero no así los que fueron acusados de traición. Es difícil comprender los criterios por los cuales los actuales legisladores alemanes dudan, aún hoy, en rendir homenaje a esos “traidores” de ayer. A fin de cuentas, son quienes ofrendaron sus vidas dañando a un régimen genocida.
Uno de los acusados por cometer esta presunta traición y que fue ejecutado es un soldado que intentó sacar a un grupo de judíos de Hungría para llevarlos a Rumania y así salvarlos de la muerte en el campo de exterminio de Auschwitz. Otro escribió en su diario personal, antes de pararse frente al pelotón, que era acusado de “ser un amigo de los judíos y los bolcheviques y que insultaba al pueblo alemán, sus líderes y al Ejército”.
Sin embargo, también hubo casos en que el destino fue generoso con quienes tuvieron el valor de actuar con humanidad. Un sobreviviente de Stalingrado, Günther Ettel, de la Luftwaffe, me narró su experiencia. Él observó masacres de soldados rusos obligados a acostarse en los caminos de modo de ser triturados por los tanques. Este mecanismo permitía ahorrar municiones. En una oportunidad, Ettel capturó a un oficial ruso y lo llevó a su campamento. Apenas llegó, un oficial alemán tomó una metralleta y se aprestó a despacharlo. Ettel quiso impedirlo pero no lo logró y el prisionero fue casi partido en dos mientras él era salpicado por la sangre. Ese mismo día, Ettel fue convocado a un curso en Alemania para ascender en su carrera militar.
No tuvo más remedio que viajar con el uniforme cubierto de sangre. Al llegar a la academia a la que asistiría, el oficial responsable le reprochó su presentación. Ettel le replicó que era “la sangre de un oficial ruso asesinado por un alemán”. La palabra “asesinado” indignó al mando, quien le advirtió que si la repetía terminaría ante una corte marcial.
Ettel reprobó el curso, lo que retardó su partida y eso le valió no volver a Stalingrado. Fue el único sobreviviente de su regimiento. Él sabía que los soldados que cumplen órdenes con ahínco, aunque fueran instrucciones bestiales, ganaban medallas. Los renuentes a maltratar a los prisioneros o actuar con visible crueldad eran mal vistos.
Algunos abogados alemanes estiman que quienes cruzaron a las líneas enemigas y delataron a sus camaradas deben permanecer condenados para siempre. Pero resulta incongruente el hecho de que Alemania aceptó como Primer Ministro a Willy Brandt, que luchó en la resistencia antinazi en los países escandinavos, y al mismo tiempo niega una postrera reparación a los que buscaron acelerar la caída de un régimen genocida. Los Estados invocan la “razón de guerra” para justificar todo tipo de alianzas militares si ello conviene a sus fines. Al final, sus actos son juzgados a la luz de la historia. Lo mismo debe valer para los individuos. Y en el caso de los traidores a Adolfo Hitler, sólo cabe saludarlos con la mayor de las deferencias.

Carmen Soria confía en juicio para asesinos de su padre

Contenta de que finalmente el Senado chileno aprobara indemnizar con US$1,5 millones a su familia se mostró ayer Carmen Soria, hija del asesinado diplomático Carmelo Soria, quien no obstante manifestó su esperanza en que además la justicia condenará a los responsables del crimen ocurrido en julio de 1976.La mujer acudió ayer a las dependencias de la Cepal -institución en la que trabajaba Soria- para agradecer al secretario ejecutivo, José Luis Machinea, el apoyo que le ha brindado junto a Naciones Unidas desde que ocurrió el ilícito.En la oportunidad, Carmen Soria lamentó que Chile tardara tantos años en cumplir el acuerdo que alcanzó con la Corte Interamericana para reparar a los familiares. "Cuatro años para cumplir un acuerdo internacional de la envergadura de Naciones Unidas me parece que es mucho", dijo la mujer.Asimismo, afirmó estar sorprendida por la ignorancia de algunos senadores y diputados en materia de tratados internacionales. "Me parece preocupante e hipócrita de parte de ellos en el sentido de que se preocupan mucho del dinero y no de anular la Ley de Amnistía", aseveró.En lo penal, dijo confiar "absolutamente" en el trabajo del ministro en visita Alejandro Madrid, quien indaga la muerte del químico de la Dina Eugenio Berríos, causa en la que además investiga la muerte de Soria por la relación con el agente.En 1996, el proceso que indagaba el homicidio del diplomático fue amnistiado."Berríos es la persona que hizo el gas sarín que se aplicó a mi padre, y tenemos la posibilidad de meter a la cárcel a dos o tres personas", dijo la mujer.Fuentes judiciales aseveraron que se están realizando diversas diligencias que podrían significar próximos procesamientos.