Bachelet fortalece histórica agenda de derechos humanos

La presidenta Michelle Bachelet tomó la decisión de apostar los últimos meses de su gobierno a favor de una histórica agenda de derechos humanos, en medio de masivos procesamientos a ex uniformados en Chile, informó hoy el ministro de la Presidencia, José Viera Gallo.La estrategia busca que el Congreso, con presencia aún de ex colaboradores de la dictadura militar (1973-1990), apruebe 12 tratados internacionales y leyes internas que otorguen un marco jurídico sobre protección a los derechos de las personas y las etnias, agregó.Los proyectos abarcan los temas de desaparición forzosa de personas, tortura, pueblos indígenas, defensor ciudadano, crímenes de guerra, genocidio, pena de muerte y ratificación de la adhesión a la Corte Penal Internacional.Las iniciativas legislativas serán acompañadas por la creación de un Instituto de Derechos Humanos y un museo de la memoria, que estará construido en Santiago antes del término del gobierno.El objetivo final es "que el país quede plenamente inserto en las obligaciones de derechos humanos y con una institucionalidad que los defienda", explicó Viera Gallo.Como ejemplo de ese compromiso, la delegada presidencial para temas de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, ratificó que hoy hay unos 600 ex represores civiles y militares condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad.Además reveló que el gobierno está destinando millones de dólares para lograr la identificación de restos óseos de detenidos desaparecidos. "Sólo con un laboratorio en Texas hay un contrato por más de un millón de dólares", informó.Viera Gallo valoró los avances judiciales, las políticas de verdad y memoria y las iniciativas de reparación a favor de las víctimas y sus familias.Incluso, aunque no quiso comparar con otras situaciones en América Latina, remarcó que España, Grecia, Portugal y las naciones del Este de Europa no tuvieron estos logros, tras salir de regímenes autoritarios.

El fin de las bombas de racimo

Raúl Sohr

Las guerras son destructivas desde el momento en que se emplea la fuerza armada. Pero el choque entre bandos antagónicos no exime a los beligerantes de hacer todo lo que esté a su alcance para discriminar entre las tropas y los civiles. La gran acusación contra las bombas de racimo es que equivalen a un escopetazo que desparrama perdigones sobre una gran superficie. Pero, a diferencia de los últimos, la submunición dispersada, y que no ha estallado, representa una amenaza incluso mayor a la de las minas antipersonales.
Por eso, más de un centenar de Estados concurrieron a Dublín, la capital de la República de Irlanda, para debatir qué hacer con estas armas que ofenden el más elemental sentido humanitario. Luego de diez días de arduos debates salió humo blanco: los participantes acordaron prohibir las bombas de racimo y otros tipos similares de armas de fragmentación.Chile y el resto de Latinoamérica firmarán el acuerdo. En cambio varios de los que predican principios pero eluden comprometerse con ellos se abstuvieron de participar. Destacan Rusia, Estados Unidos, Israel, China, India y Pakistán.
Pese a estas ausencias, es el comienzo del fin de las bombas de racimo. Un arma que fue producida en grandes cantidades en Chile por Industrias Cardoen y Famae en las décadas de los ’80 y los ’90. Las bombas de Cardoen fueron exportadas en cantidades industriales a Irak y a Etiopía. Las de Famae fueron vendidas a Irán con pésimos resultados para los compradores, que perdieron un avión Phantom porque estalló muy poco después de ser lanzada desde la nave.
Las bombas de racimo son carcazas que contienen de 100 a 300 submuniciones, también llamadas bomblets. La bomba dispone de un altímetro que, al llegar a cierta altura del blanco, activa la espoleta que rompe la carcaza y dispersa la submunición sobre una vasta zona. Un uso adicional, desde un punto de vista militar, es la denominada "negación de área". Esto es que al quedar las submuniciones regadas en una región, quien ingrese a ella lo hace a su propio riesgo. Esto es útil, por ejemplo, para dificultar las operaciones de una base aérea.
Estados Unidos empleó estas bombas en su ataque contra Afganistán en 2001. Allí, para ganar la buena voluntad de los afganos, fueron lanzados desde aviones paquetes con comida para la población civil. Resulta que los paquetes eran del mismo color amarillo que la bomblets. Para evitar trágicas confusiones fueron lanzados volantes que advertían: "Por favor, tengan mucho cuidado cuando encuentren objetos amarillos no identificados en áreas bombardeadas". Una precaución casi inútil en un país con más de 70% de analfabetismo.
Israel hizo amplio uso de estas bombas en el Líbano a mediados de 2006. Se estima que hasta 30% de las bomblets no estallan y quedan en los campos como una amenaza permanente. Algunos cálculos sitúan en 1,2 millones la submunición dejada tras de sí por la Fuerza Aérea israelí. Tan sólo en los seis meses posteriores al cese del fuego habían causado 186 víctimas civiles, de las cuales un tercio eran menores de 18 años. La estadística fatídica muestra que una vez terminados los combates, 98% de los afectados son civiles.
Cabe esperar que las bombas de racimo, que nunca debieron existir, queden ahora relegadas junto a las minas antipersonales y las armas químicas y biológicas. Para los países que no firmaron la prohibición será muy difícil usar bombas de fragmentación. De todas formas deberían empezar por comprometerse a jamás emplearlas en contra de Estados que han renunciado a ellas.

Caso Colombo: presentan amparos por procesamientos

Tras el término de las notificaciones del caso Operación Colombo, las defensas de algunos de los 98 procesados por secuestro calificado de 41 personas comenzaron a presentar recursos para revocar el encausamiento.El abogado Juan Carlos Manns presentó cinco amparos en favor del teniente coronel (r) Fernando Lauriani Maturana; el coronel (r) Francisco Maximiliano Ferrer Lima, y los suboficiales Nelson Paz Bustamante, Jaime Paris Ramos y Raúl Soto Pérez, pues considera que su detención "fue ilegal y transgredió las normas de debido proceso".El defensor cuestionó al ministro Víctor Montiglio, ya que explicó que en el antiguo sistema de justicia "debe entregarse copia con los fundamentos del auto de procesamiento y en el caso de los militares antes mencionados no se habría hecho, perjudicándolos en su derecho de defensa".En el recurso, el abogado pide a la Corte de Apelaciones de Santiago que el magistrado informe si entregó copias de la resolución a los encausados y a sus defensores. Manns sostuvo que espera que el tribunal de alzada anule el encausamiento, y sus defendidos queden libres.Para el lunes también se espera que el abogado Enrique Ibarra pida la libertad de varios involucrados en el caso, que se sumarían a una solicitud que ya se presentó ayer.Pendiente está, además, el amparo preventivo que aún no revisa la Sexta Sala de la Corte, de Samuel Enrique Fuenzalida, por su calidad de testigo protegido en el proceso. Fuenzalida retornó a Chile en 1993 para colaborar con la investigación y durante años tuvo protección policial que le otorgó el ex ministro Juan Guzmán. Alegan que cuando ocurrieron los hechos era custodio, conscripto, y que tenía 19 años.Los abogados también evalúan si apelan al procesamiento.

Viera-Gallo dice que militares no amparan represores de la dictadura

La Moneda rechazó de forma categórica la opinión expresada esta semana por Amnistía Internacional (AI) en el sentido de que las instituciones armadas son reacias a dar información sobre militares que estuvieron involucrados en torturas, desapariciones y asesinatos, como en el del cantautor Víctor Jara. “El Gobierno confía plenamente en que las fuerzas armadas y de orden no encubren a ningún represor de la dictadura de Augusto Pinochet”, aseguró este viernes el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. En un encuentro con prensa extranjera, el ministro enumeró las iniciativas y proyectos de ley relacionados con la protección de los derechos humanos que está impulsando la presidenta Michelle Bachelet. Entre ellos destaca la ratificación en breve del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas, una de las principales demandas de las organizaciones de derechos humanos y de los representantes de las comunidades mapuches. El ministro anunció la reforma del Código de Justicia Militar para que los delitos comunes que afecten a militares sean juzgados por tribunales ordinarios y queden fuera de la jurisdicción castrense, como ocurre actualmente. Sin embargo, el titular de la Presidencia reconoció que será muy difícil que el Parlamento ratifique el Tratado de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), ya que la oposición, de derecha, lo desaprueba. Tampoco hay posibilidad de que se derogue la Ley de Amnistía que aprobó el régimen militar para amparar a los violadores de derechos humanos, ya que ello abriría la posibilidad a impugnaciones por parte de personas que ya han sido condenadas sin el amparo de esta norma, que en la práctica no aplican actualmente los tribunales chilenos. Viera-Gallo dijo que Chile tiene todo el derecho a sentirse orgulloso de haber sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Juicios pendientes El ministro reconoció que la actitud de la derecha ha transitado en los últimos años desde la negación absoluta de estos hechos hasta el reconocimiento e, incluso, la petición de perdón a la ciudadana. Explicó que en Chile hay un largo centenar de condenados por violaciones a los derechos humanos y más de 600 procesados pendientes de juicio. Viera-Gallo recordó que hasta 1998, año en el que Pinochet dejó de ser el comandante en jefe del Ejército, nadie presentó una querella contra el dictador, quien falleció el 10 de diciembre de 2006 con varios procesos abiertos, pero sin llegar a ser condenado por ninguno de ellos. Esto demuestra, a juicio del ministro, la "madurez" de los actores políticos y sociales, ya que cuando Pinochet dejó la jefatura del Estado, pero aún conservaba la del Ejército, advirtió que "si se tocaba a uno solo de sus hombres, se acababa la democracia". "Ni siquiera la Justicia internacional lo hizo" en los casos por los atentados contra Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Washington, y Bernardo Leighton, herido grave por otro atentado en Roma en 1975. El ministro subrayó que "el Gobierno respalda totalmente la gestión y la actuación" del director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, presidente de Interpol desde enero de este año, a quien el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó de haber colaborado en el ocultamiento de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Duro golpe a Carabineros en procesamiento masivo por Operación Colombo

Luego de casi 33 años la verdad procesal llega a puerto. El ministro Víctor Montiglio terminó por desenredar la madeja de preguntas sobre la responsabilidad de todos los ex agentes que participaron en la eliminación de 119 personas en 1975, caso conocido como la Operación Colombo o de los 119. Y encausará a 98 personas que pertenecieron a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La llamada Operación Colombo se trató del aniquilamiento de distintos militantes del MIR que, según las versiones del régimen y sus medios afines, se habían ajusticiado entre ellos en Argentina en 1975. El 24 de julio de 1975, dando credibilidad al montaje, el vespertino La Segunda publicó en portada el titular: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. De los 98 ex funcionarios procesados por Montiglio, más de 42 son ex miembros de Carabineros de Chile, un hecho inédito hasta ahora. El resto está dividido en Ejército (40), Investigaciones (8) y civiles (5), junto a otros de la Marina y la FACh. Desde que se iniciaron los casos relativos a la represión de los primeros años de la dictadura militar, cuando operó la DINA (entre el 73 y el 76), Carabineros aparecía como una de las instituciones menos comprometidas, ya que se conocían pocos casos de agentes involucrados pertenecientes a esa rama. Sin embargo, el ministro Montiglio ha logrado establecer que la participación de los ex policías uniformados supera todo lo conocido hasta ahora. Pero este encausamiento tiene además otras aristas. Según fuentes policiales consultadas por este medio, en la institución existe preocupación respecto a dónde quedarán detenidos los ex agentes, sobre todo por lo inédito de la cantidad. Esto se repite, básicamente para el Ejército y no se descarta que los familiares pudieran hacer manifestaciones fuera de las comandancias en jefe respectivas. A eso se suma la iniciativa de los abogados de militares de generar 98 alegatos de libertades en señal de protesta, lo que instalaría este hecho judicial como las apelación con más procesados. Anteriores En septiembre de 2004, el ex juez Juan Guzmán Tapia ya había encausado a 16 ex agentes por este caso. Los procesados, como autores de secuestro, son el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras; el general César Manríquez, quien ejerció como segundo de la DINA; el oficial de Gendarmería y ex jefe de Cuatro Álamos Orlando Manzo; el también ex segundo de la DINA, brigadier Pedro Espinoza; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe de la Brigada Halcón, brigadier Miguel Krassnoff; el suboficial Basclay Zapata; el ex agente civil Osvaldo Romo; el oficial de la FACH Conrado Pacheco; el ex detective Manuel Carevic; el coronel ex DINA y ex jefe del Servicio Secreto de la DINE Francisco Ferrer Lima; los tenientes coroneles de Carabineros Ricardo Lawrence y Gerardo Godoy; el coronel de Ejército Gerardo Urrich; el ex jefe de la Brigada Vampiro, brigadier Fernando Lauriani, y el general Raúl Iturriaga Neumann. Las 34 víctimas por las que fueron encausados son Jorge y Juan Andrónico Antequera, Francisco Bravo, Eduardo Durán, Juan Chacón, María Cristina López, Jorge Olivares, Vicente Palominos, Stalin Aguilera, Teobaldo Tello, Víctor Villarroel, Washington Cid, Zacarías Machuca, Héctor Zúñiga, Francisco Aedo, Jaime Puzzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albanio Fiorazzo, Gregorio Gaete, Mauricio Jonquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñonez, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Héctor Garay, Rubén Arroyo, Eduardo Miranda, Arturo Barría, Asrael Retamales, Antonio Cabezas, Ariel Salinas y Bernardo de Castro. Antes de morir, en 2005, Pinochet fue desaforado por este caso.

Chile y los DDHH

Carta en La Tercera, Viernes 23 de Mayo de 2008.

Señor Director:

Mientras la Presidenta de la República leía su discurso fente al Congreso Pleno, en las Naciones Unidas se elegía a nuestro país, con la más alta votación para las amércias, como integrante del Consejo de DDHH de la ONU. Interesante resulta ver cómo no hemos avanzado lo suficiente en esta temática durante los últimos años y sólo podemos constatar retrocesos, dudas y errores como los del SML, régimen carcelario y custodia de menores. La pendiente aprobación, fracasada ya una vez, del Instituto de DDHH puesta en agenda de nuevo por la Presidenta pone en evidencia las carencias, contradicciones y deudas que el Estado de Chile sigue teniendo con la comunidad internacional y, lo que es peor, consigo mismo.

Néstor Morales T.
Director Ejecutivo
Observatorio DDHH

Foxley pide aprobar pactos de DDHH

El ingreso de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU implica desafíos internos, explicó ayer el canciller Alejandro Foxley.
Es que el amplio respaldo que obtuvo Chile el domingo -176 votos, lo que significa primera mayoría regional- implica, dijo el jefe de la diplomacia nacional, "un mandato muy claro, pero para tener fuerza en lo que vamos a plantear en el Consejo de Derechos Humanos, debemos hacer nuestra tarea en Chile".
De ahí que el jefe de la diplomacia nacional advertiera la necesidad de que Chile apruebe, entre otros, la convención sobre desaparición forzosa de personas y el Tratado Penal Internacional (TPI).
Ello -aseveró- permitiría "demostrar que Chile está en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo".
En este contexto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo (PS), explicó que la elección de Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es "un reconocimiento de la comunidad internacional" a la búsqueda de la verdad y justicia tras el régimen de Pinochet".
A su juicio, la designación es "un compromiso con la comunidad internacional que, a través de este nombramiento solicita a Chile que lidere las denuncias y la protección de los derechos humanos, a nivel mundial, lo cual implica un gran desafío".
A su vez, el senador RN Sergio Romero destacó la alta votación que obtuvo Chile para ingresar al Consejo de Derechos Humanos, lo que -a su juicio- es consecuencia de "una actitud muy coherente en el tema de los derechos humanos".
Romero agregó que ello implica "preocuparnos de los temas pendientes en esta materia como la designación de un magistrado ad hoc en la Corte Internacional de La Haya, que aún no se materializa".
Agregó que la designación cobra más sentido, porque "en la práctica hay varios países en la región que tienen dificultades con el tema de los derechos humanos" e indicó que se debe "compatibilizar esta situación con los principios internacionales de no intervención en los asuntos internos de otros países".
EMPLAZAMIENTO
Foxley, asimismo, exhortó a RN y la UDI a pronunciarse con claridad respecto de si apoyarán o no el voto de los chilenos en el extranjero, pues -dijo Foxley- "cómo uno explica que Chile sea uno de los pocos países en el mundo que tiene una comunidad importante afuera y los convertimos en ciudadanos de segunda clase al decirles ‘ustedes no pueden votar’".
"No nos parece aceptable. Hacemos un llamado a RN y la UDI, que se han opuesto siempre a que voten los chilenos en el exterior, que -de una vez por todas-, si lo van a mantener así definitivamente lo digan con toda claridad frente a la opinión pública y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades".
El emplazamiento cobra mayor relevancia toda vez que el precandidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, ha asegurado ser partidario de que los chilenos en el exterior tengan derecho a voto, aunque con una serie de condiciones como que tengan relación con el país.

Oceana celebra anuncio de creación de santuario ballenero

La organización internacional Oceana –entidad medioambiental cuyo objetivo fundamental es la protección y conservación de los océanos- celebró este jueves el anuncio realizado por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta anual ante el Congreso Nacional, de prohibir la caza de ballenas con fines comerciales y científicos en todas las aguas chilenas. El anuncio se realiza a sólo semanas de la realización de la 60ma reunión de la Comisión Ballenera Internacional que tendrá lugar en junio próximo en Santiago. Para Oceana este anuncio constituye un triunfo del movimiento medioambiental chileno en su conjunto y en especial de aquellas que lideraron la campaña para proteger a los cetáceos. Una extensa coalición de ONGs solicitaron públicamente a la Presidenta que declarara a las aguas jurisdiccionales de Chile como Santuario de Ballenas con tal de eliminar definitivamente la reapertura de las operaciones de caza comercial y científica1. Alex Muñoz, Director Ejecutivo de la entidad, recalcó que “este debe ser el primer paso de muchos que debieran considerarse en una necesaria agenda de protección de nuestros mares, con los que Chile tiene una deuda pendiente. Esperamos que el Gobierno de nuevos pasos en ese sentido, especialmente en lo relativo a la prohibición de métodos de pesca destructivos, como la pesca de arrastre”. En estos días, Oceana se encuentra realizando una serie de encuentros con autoridades del Ejecutivo y del Congreso para advertir sobre las principales amenazas a los ecosistemas marinos y proponer soluciones para frenar su deterioro, especialmente en el ámbito de la pesca y la salmonicultura. La declaración de un Santuario de Ballenas a lo largo de la costa Chilena y la eliminación definitiva de las operaciones de caza comercial y “científica” garantizará que existan condiciones para asegurar la recuperación de las poblaciones de ballenas en peligro, el desarrollo de la investigación científica no letal y de las actividades de las comunidades costeras asociadas al turismo de avistaje de ballenas. Be destacar que las aguas chilenas albergan 43 especies de cetáceos; la mitad del total de estas especies a nivel global.

Chile fue elegido miembro del Consejo de DDHH de la ONU

Chile fue elegido por la Asamblea General de la ONU como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos , junto a Brasil y Argentina, por un período de tres años que comenzará a regir a partir del próximo 20 de junio.
La decisión fue tomada por los 192 países integrantes de las Naciones Unidas que renovaron 15 de los 47 asientos con que cuenta el órgano que supervisa la situación de los derechos humanos en el mundo.
En el grupo latinoamericano, Chile obtuvo el apoyo de 176 países, Brasil de 175 y Argentina de 172, mientras que las otras dos naciones de la región que aspiraban a sentarse en el CDH, Venezuela y Ecuador, sólo lograron tres y un votos, respectivamente.
Así, los tres países representarán en adelante a la región junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua, México y Uruguay.

Si bien en la elección de Argentina y Chile careció de polémica alguna, no sucedió lo mismo con otros países.
Las ONG como Human Rights Watch (HRW) hicieron campaña contra candidatos que según ellas no merecían integrar el Consejo, como Sri Lanka, y contra otros que calificaron de "dudosos", como Brasil.
Sri Lanka y Timor fueron eliminados al obtener menos votos que los demás candidatos a los cuatro asientos disponibles en la región asiática: Japón, Bahrein, Corea del Sur y Pakistán, que resultaron electos.
En África fueron avaladas las candidaturas de Burkina Faso, Gabón, Ghana y Zambia.
"La derrota de Sri Lanka es una señal muy importante y significa que un país donde hay torturas y desapariciones no tiene cabida en el principal organismo mundial de derechos humanos", dijo Steve Crawshaw, vocero de HRW.

Jóvenes y Voto

Carta publicada en La Nación, miércoles 21 de Mayo de 2008

Señor Director:

En el mundo político ha llamado la atención el análisis denominado “Alguien está equivocado” que realizó el experto electoral de la Unión Democrática Independiente (UDI) Andrés Tagle respecto de la inconveniencia del proyecto de ley para la inscripción automática de las personas en Chile, debido al universo de posibles votantes jóvenes que pudieran participar de los comicios.
Estos nuevos votantes, sugiere el estudio del militante gremialista, serían proclives a los sectores más progresistas o de izquierda, favoreciendo a las colectividades políticas que representan esas ideologías, siendo contraproducente para una colectividad como la UDI o RN y siendo además poco aconsejable apoyar una iniciativa con este cálculo de probabilidades.
Es necesario destacar que la juventud implica mucho más que la condición de un probable voto: representa más bien una condición social específica, distinta de la del niño y de la del adulto, que se caracteriza en nuestro país por el desequilibrio, porque el sujeto no puede ejercer las funciones del adulto para las que ya está capacitado; un desequilibrio que se agrava en Chile debido a la dificultad que existe para encontrar empleo y para acceder a los beneficios sociales (salud, educación y vivienda como mínimos), lo que constituye una condición indispensable, junto con la administración de los recursos, la autonomía personal y la constitución de un hogar propio, para emanciparse y acceder así a la condición social de adulto.
Los jóvenes chilenos se encuentran desencantados y poco felices, según lo muestra la amplia literatura respecto de sus inquietudes, sobre todo los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv). En estas condiciones resulta difícil creer que la participación electoral de las personas entre 18 y 29 años de edad sea exuberante y no represente un número inferior incluso del estándar esperado de ese sector, que de manera histórica corresponde a sólo 13% de la probabilidad de ejercicio del voto.

Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio de DDHH

Corte Suprema y jueza en visita analizan criticas UDI en caso Woodward

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, se encuentra reunida esta mañana con el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, en el marco del caso Woodward y por las acusaciones formuladas por un grupo de 14 diputados de la UDI en contra de la jueza. La orden de detención decretada en contra de varios altos oficiales en retiro de la Armada por el caso del secuestro, tortura y asesinato del sacerdote católico chileno-británico Michael Woodward, decretada por la magistrada, fue considerada por los legisladores gremialistas como un acto que “vulnera diversos principios básicos del derecho”. La jueza Eliana Quezada fue acusada por parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente de “persecución política”, provocando el inmediato rechazo de las organizaciones humanitarias. El pasado viernes, el máximo tribunal ya había brindado apoyo a la jueza haciendo un categórico llamado a respetar la jurisdicción e independencia del actuar de los jueces. “No se puede denostar a los jueces porque fallen de una forma determinada. Ellos necesitan independencia absoluta en la decisión y evidentemente que no es bueno que autoridades o personas importantes del país digan expresiones más o menos fuertes respecto de una sentencia”, sostuvo el ministro Milton Juica, vocero de la Corte Suprema.

Caso Calle Conferencia: 32 años del secuestro de la dirigencia comunista

Mayo es el mes en que en 1976 la DINA secuestró e hizo desaparecer a la dirección clandestina del Partido Comunista. A 32 años de ese crimen, la verdad del trágico destino final de esos hombres y mujeres está hoy más cerca de completarse.
Los 67 ex agentes procesados por el ministro Víctor Montiglio, casi todos desconocidos hasta hace un año, fueron revelando poco a poco un secreto que la dictadura de Augusto Pinochet y sus organismos represivos guardaron celosamente juramentados por más de treinta años.
Así lo recuerda la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, cuyo padre, Víctor Díaz, secretario general del PC en ejercicio en la clandestinidad, fue una de esas víctimas.
"Siempre supimos que los habían secuestrado y los llevaron a Villa Grimaldi, pero nunca supimos qué pasó con ellos después. Ahora ya lo sabemos por dramático que sea todo lo que hemos conocido", dice recordando lo que debió escuchar, junto a otros familiares, en las largas audiencias durante el último año en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Durante los alegatos para ir resolviendo las libertades provisionales de los procesados, los abogados fueron destapando partes importantes del expediente Montiglio en el caso Calle Conferencia, la vía pública de Santiago donde apresaron a la mayoría.
El secretismo, unipersonalismo judicial y la muy escasa transparencia del antiguo sistema procesal penal que rige para todas las causas abiertas por las violaciones a los derechos humanos durante la opresión militar, no logró que a los familiares de los caídos y a los ciudadanos se les siguiera ocultando por más tiempo la verdad de cómo murieron los prisioneros.
El exterminio comunista en el cuartel Simón Bolívar, a manos de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín, fue tal vez la forma más cruel de morir bajo el mando de Pinochet. Apaleados, quemados sus rostros con soplete, robado el oro de sus dentaduras con alicates y aceleradas sus muertes con cianuro, para terminar en el fondo del mar ensacados y atados a un trozo de riel.
"Ni siquiera hubo una bala para ellos", reflexiona Viviana Díaz en una frase que le sale desde lo más hondo rememorando a su padre y su destino fatal. Y agrega otra que dice le marcó el resto de su vida, "la de aquellos agentes que dijeron en el proceso que nunca más pudieron olvidar el olor a carne humana quemada que a veces había en ese cuartel".
La dirigenta sostiene que "hay que agradecer al ministro Víctor Montiglio por la exhaustiva investigación que ha hecho y que nos permitió conocer estas terribles verdades, pero también hay que decir que esperamos que esta vez no aplique la amnistía al momento de dictar su sentencia. Y si lo hace, estamos seguras que la Corte de Apelaciones lo anulará".
La operación para aniquilar a la dirigencia comunista es quizás aquella en la que más fuerza aunaron las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, integrando sus agentes codo a codo la Brigada Lautaro y su selecto Grupo Delfín.
A fines de 1976, se sumó la segunda dirección clandestina del PC, que Montiglio indaga en el caso conocido como "Los 13", y cuyos miembros sufrieron el mismo destino, por la salvedad de que sus cuerpos fueron arrojados a una mina abandonada en Cuesta Barriga, ante la alerta por la aparición del cuerpo de Marta Ugarte varado en una playa.
LA LUZ EN EL TÚNEL
Un día de enero de 2007, policías de la Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones llegaron a la casa de Jorgelino Vergara. Más subido de peso y con calvicie incipiente, ante la persistencia y buen tacto de los oficiales, el hombre comenzó a contar todo lo que había visto en el cuartel Simón Bolívar como adolescente agente de la Brigada Lautaro, desde que tenía 16 años. Jorgelino lo sabía todo. Y fue nombrando uno a uno a los que permanecerían todavía ocultos de la justicia. Desde los 14 años sirvió como mozo en la casa del temible “Mamo” Contreras, quien lo premió incorporándolo a la DINA y enseñándole a disparar.
Destapada la olla, los que fueron cayendo comenzaron finalmente a completar el puzzle, ayudando, aunque a veces con mentiras, a develar el secreto que habían jurado guardar para siempre.

Juez cerró caso Víctor Jara sin identificar a ningún autor

Con apenas un procesado, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar cerró el sumario (fase indagatoria) del juicio que se instruye por el crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973.
Sin embargo, es probable que la Corte de Apelaciones obligue al magistrado a reabrir la investigación, pues la parte querellante apelará por el cierre.
La viuda, Joan Jara, se mostró ayer "impactada" por la decisión de Fuentes, mientras el abogado querellante Nelson Caucoto expresó que aún falta por identificar a otros oficiales que participaron en las torturas y posterior asesinato del mítico artista, como también al autor material del crimen. (Ver página 34).
En el ambiente judicial creció ayer la convicción sobre la falta de profundidad y dedicación del ministro Fuentes para indagar los crímenes de lesa humanidad en las causas que tiene en sus manos, actitud que los querellantes le han imputado también en otros procesos.
Una alta fuente de tribunales comentó ayer que "si esto lo tuviera el ministro Víctor Montiglio, ya habría identificado hasta el gato que se paseaba por el techo del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara".
El único encausado es hasta ahora en calidad de autor (no material) es el coronel (R) de Ejército Mario Manríquez Bravo, que era el comandante del Estadio Chile cuando fue usado como centro de detención en las horas posteriores al golpe de Estado de 1973. No obstante, el procesamiento fue dictado en diciembre de 2004 por el juez Juan Carlos Urrutia, quien tenía entonces la investigación a su cargo.
Si bien en ese recinto hubo varios oficiales jóvenes que se ensañaron con los detenidos y en especial con Víctor Jara, el ministro Fuentes no logró identificar a ninguno, a pesar de numerosos testigos que le han aportado información.
Entre los que falta por conocer y detener es al oficial apodado "El Príncipe" que, de acuerdo a prisioneros sobrevivientes, habría sido quien mató a Víctor Jara disparándole varios tiros. Se sospechó que este podría ser el oficial retirado Edwin Dimter Bianchi, pero Fuentes Belmar no pudo acreditarlo.
CONTRERAS V/S ESPINOZA
En otro plano, producto de las rencillas internas al interior del Penal Cordillera entre el ex jefe de la DINA Manuel Contreras y el segundo Pedro Espinoza Bravo, el Mamo acusó a Espinoza de ser el autor de la muerte del cantautor, pero Espinoza lo negó y replicó a Contreras imputándole otros delitos. La rencilla por estas acusaciones cruzadas fue publicada por LND el 24 de junio de 2007.
Víctor Jara fue detenido junto a otras personas el 12 de septiembre de 1973 al interior de la Universidad Técnica del Estado en Estación Central, y conducido al Estadio Chile que hoy lleva su nombre. Allí sufrió el odio de sus represores al saber de quién se trataba.
Luego de ser literalmente masacrado según quienes lo vieron y han declarado en la causa, entre el 15 o 16 de septiembre de ese año lo mataron con varios tiros y su cuerpo fue abandonado junto a otros cinco cadáveres cerca del Cementerio Metropolitano.

“Es imposible que sólo haya un responsable”

No es la primera vez que Joan Jara hace un llamado para obtener más información sobre el asesino de Víctor Jara, pero ahora es específica: "necesitamos, especialmente, el testimonio de los conscriptos que estuvieron en el Estadio Chile (hoy, Estadio Víctor Jara)". Ayer, el ministro Juan Eduardo Fuentes anunció el cierre del caso criminal por el homicidio de Víctor Jara, detenido el 12 de septiembre de 1973, asesinado, y luego encontrado en las cercanías del cementerio metropolitano el día 19 del mismo mes.
Y todavía sin reponerse de su impresión, la viuda de Jara hizo un llamado urgente a quienes estuvieron en el centro de detención para identificar a "El príncipe", el autor material de la muerte de Jara, "un oficial que quería, según todos quienes estuvieron ahí, pedía especialmente torturarlo y que se lo dejaran", dice Joan Turner. El único procesado por el ministro Fuentes es el teniente coronel (R) Mario Manríquez Bravo. "Es imposible que haya sólo un responsable", dijo el abogado Nelson Caucoto, "y es una vergüenza que las Fuerzas Armadas no hayan colaborado, hasta hoy, de la manera que se les precisaba".
El abogado reconoció que tras 35 años del asesinato, "es el tiempo el primer impedimento para encontrar responsables". Una distancia que tiene a jueces cansados, y a Joan Jara -cuyo primer testimonio fue entregado en 1978- conminando a todo quién pueda identificar a "El Príncipe": "Hace mucho tiempo perdí la esperanza en la justicia. Pero hay esperanza".
Caucoto explicó que la resolución del cierre es "esencialmente revocable", y que solicitarán nuevas diligencias en los cinco días que dispone la justicia para ello. Si el ministro no accede, apelarán a la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, Joan Jara y Caucoto esperan que surjan antecedentes entre los cinco mil detenidos del estadio Chile, y entre los conscriptos "que eran mandados, que no tienen responsabilidad, pero sí mucho que decir".
Entre las nuevas informaciones que empujan seguir con la investigación, según Caucoto, está el nuevo vínculo entre los casos de Jara y el ex director de gendarmería Litré Quiroga, detenido en el Estadio Chile, asesinado y arrojado al mismo lugar en que se encontró al cantante de "El derecho de vivir en paz". "Sabemos que Litré Quiroga fue interrogado por fiscales militares, y de eso se presume que también interrogaron a Víctor Jara. Son antecedentes que tiene el ministro, pero para eso necesitamos seguir investigando". Mientras archivos, testimonios y casos se reactivan -y la Fundación Víctor Jara permanece abierta para recibir a todo quien pueda aporta más antecedentes-, ya hay un acto cultural convocado en repudio.
El lunes a las 19:00 horas, en el frontis del Estadio Víctor Jara (pasaje Arturo Godoy, sin número, Estación Central), se realizará una manifestación artística en contra la decisión del ministro. Entre los músicos ya confirmados se cuentan Juana Fe, Illapu, Inti Illimani (Nuevo) y la Banda Conmoción. Juan Ayala, vocalista de Juana Fe, adhiere: "Me decepciona mucho cómo está el sistema judicial. Años de lucha por una verdad que no llega, cuando todos sabemos dónde están los huevones que cometieron esos crímenes, algunos hasta trabajan para el Estado". Juan Fe se suma al repudio y avisan que tienen "hasta una canción para la ocasión". El lunes la tocan.

Dictan condenas por muerte de los hermanos Vergara Toledo

El ministro en visita Carlos Gajardo sentenció a tres carabineros en retiro por el asesinato de los jóvenes hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, cuya muerte en 1985 dio origen al Día del Joven Combatiente, consigna Radio Cooperativa El cabo segundo en retiro Jorge Marín Jiménez fue condenado a 15 años y un día por el asesinato de Eduardo y Rafael, además por rematar en la nuca a Rafael dentro del furgón policial. A 10 años y un día condenó al capitán en retiro Alex Ambler Hinojosa, quien era jefe de patrulla, y a la misma sentencia al cabo primero Francisco Toledo Puente. La resolución del ministro Gajardo ha absuelto al sargento Marcelo Muñoz Cifuentes, quien permanece activo en la institución. Los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo murieron el 29 de marzo de 1985 a los 18 y 20 años de edad, respectivamente, asesinados por la espalda por personal de Carabineros, y sus cadáveres fueron abandonados en plena vía pública al interior de la Villa Francia.

Increíble: Diputados UDI critican labor de jueza de caso de sacerdote Woodward

Un grupo de 13 diputados de la UDI señaló este jueves que la orden de detención decretada por la jueza Eliana Quezada contra varios altos oficiales en retiro de la Armada por el caso del secuestro, tortura y asesinato del sacerdote católico chileno-británico Michael Woodward, “vulnera diversos principios básicos del derecho”. “En primer lugar, no existió entonces un secuestro, como sostiene la jueza, del ciudadano anglo-chileno Woodward, sino la detención de éste por parte de personal de la Armada en tiempos de guerra. Dicha detención puede haber sido justificada o no, pero que en ningún caso autoriza a un juez para tipificarla de secuestro”, sostiene un comunicado suscrito por los parlamentarios Julio Dittborn, Gastón von Muhlenbrock, Sergio Correa, José Antonio Kast, Rodrigo Alvarez, Eugenio Bauer, Andrés Egaña, Iván Norambuena, Carlos Recondo, Ignacio Urrutia, Felipe Salaberry, Jorge Ulloa y Ramón Barros. Igualmente los diputados gremialistas manifestaron que “posteriormente a su detención, el detenido es trasladado a un hospital, a causa de su mal estado de salud, falleciendo de un paro cardio-respiratorio, lo que es certificado por el médico Dr. Costa. Es decir, el detenido falleció, constatándose este hecho como corresponde, por lo cual desaparece totalmente la posibilidad de utilizar el artificio del secuestro permanente, como vía para no acatar la amnistía y la prescripción, beneficio que debiera regir para todos los chilenos sin distinción, lo cual lamentablemente no ocurre en la actualidad”. Para los parlamentarios “en este caso no se da, ni el secuestro invocado, ni menos su carácter de permanente o calificado, al constar la defunción del detenido”. Además, agregan, “cabe preguntarse porqué 35 años después de acaecidos los hechos, y habiendo gobernado la Concertación por ya 18 años, una jueza ordena estas detenciones. Es legítimo preguntarse si con ello se persiguen o no fines ajenos a la justicia. Si así fuera, sería gravísimo, por tratarse de la utilización, para otros fines, de uno de los pilares institucionales más importante que tiene una sociedad, como son sus Tribunales de Justicia”. A los parlamentarios les llama poderosamente la atención que “la jueza le niegue la libertad bajo fianza a estos señores mayores, acusándolos de ser un peligro para la sociedad”. “Junto con la decisión anterior, vemos como todos los días salen en libertad bajo fianza los más peligrosos criminales que vuelven a delinquir y son- muchas veces - detenidos nuevamente, con la frustración de Carabineros”, sostienen, agregando que “ellos sí son un 'peligro para la sociedad', pero para ellos no existe la severidad que para estos octogenarios ex oficiales de la Armada”. “Queremos manifestar nuestra sorpresa y rechazo frente a estas determinaciones de la jueza Quezada. Creemos que corresponde decir 'exigimos una explicación', porque la seriedad y prestigio de los tribunales no pueden ponerse a prueba ni menoscabarse con acciones incomprensibles como ésta”, puntualizaron los diputados UDI.