Juez Solis condena a presidio perpetuo a Manuel Contreras en caso Prats

El ministro Alejandro Solis dio a conocer esta mañana las sentencias por las que condenó a seis oficiales y un suboficial, todos en retiro, y dos civiles por su participación como miembros de la DINA por el doble homicidio del ex comandante del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en el barrio de Palermo en Buenos Aires. El juez dictaminó dos cadenas perpetuas para el ex director de dicho organismo represor, general Manuel Contreras Sepúlveda y 20 años para el brigadier Pedro Espinoza Bravo en cada uno de los homicidios. El magistrado además sumó otra sentencia de 20 años para Contreras y Espinoza por ser jefes de la entidad que llevó a cabo el delito de asociación ilícita en el doble homicidio calificado del general Prats y su cónyuge. En tanto, el oficial (r) Raúl Iturriaga fue condenado a 15 años y un día por cada uno de los crímenes y los oficiales (r) José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willeke a 10 años y un día por cada asesinato. Ellos recibieron además 541 días de presidio en calidad de autores, como miembros, del delito de asociación ilícita. Mariana Callejas recibió una pena de 10 años y un día como autora del delito de homicidio calificado y otros 10 por Sofía Cuthbert. Jorge Iturriaga fue condenado a cinco años y un día como cómplice del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército y a otros cinco por el de su esposa. Por último, Reginaldo de la Cruz Valdés recibió dos penas de 541 días de cárcel en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado. Tras conocer el fallo, Angélica Prats, una de las hijas del matrimonio asesinado, hizo hincapié en que el fallecido ex dictador Augusto Pinochet fue el “gran ausente” en esta ocasión. “Para la justicia argentina Pinochet era el primer responsable en el tema, sin embargo, la justicia chilena en el momento en que se pidió su extradición no permitió su juzgamiento”, sostuvo a radio Bío Bío. Al tiempo que agregó: "uno se emociona, son 34 años de intenta conseguir verdad, intentar conseguir justicia, durante este tiempo tuvimos tantas veces dificultades que de verdad parece que no iba a llegar este minuto, sin embargo, tal vez la situación del país permite que en este momento se pueda gracias a que un ministro (Alejandro Solis) haya podido firmar una sentencia en que ya da claridad total a la verdad en el crimen de nuestros padres”.

Carta La Nación, Viernes 27 de Junio 2008

Unión Europea

El 18 de junio recién pasado, el Parlamento Europeo en una votación aprobó el texto de la Directiva de Retorno de los migrantes irregulares, medida que fuerza la salida inmediata de los afectados desde los países que integran la Unión Europea (UE). Sin embargo, es importante tener presente que esta normativa no garantiza en modo alguno un retorno en condiciones de seguridad y dignidad para las personas migrantes.
Muy por el contrario, sólo fortalece las medidas de coacción y prisión consideradas urbi et orbi como ilegítimas; además, está la prohibición de que los expulsados puedan regresar a los países que forman parte del pacto europeo, con lo cual se establece un precedente negativo para las demás regiones del mundo, que también podrían inclinarse por medidas semejantes. Asimismo, el texto es ampliamente lesivo para los menores que no estén acompañados por una persona mayor, atentando los derechos del niño.
Esta norma afecta a los latinoamericanos y con seguridad lesionará en derecho y dignidad a los chilenos en la UE; es menester del Gobierno solicitar la derogación de esta directiva y procurar la no utilización de iniciativas como ésta por parte de los países integrantes de la UE, que con la excusa de la votación democrática dañan los derechos de las personas que dice promover y asegurar.

Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio DDHH

AFDD reclama a Bachelet temas pendientes de Derechos Humanos

La Presidenta Michelle Bachelet recibió este martes a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), organismo que le hizo ver a la mandataria el alto porcentaje de temas pendientes en la agenda de Derechos Humanos propuesta por la jefa de Estado cuando asumió en marzo de 2006.En el encuentro por más de dos horas la AFDD le hizo ver a la mandataria las indefiniciones en la ratificación de tratados internacionales, la anulación de la ley de Amnistía y la reparación a las víctimas de las violaciones los derechos humanos ocurridas durante la dictadura que encabezó el extinto genera Augusto Pinochet (1973-1990)."Es todavía mucho lo pendiente que hay. Nos hemos dedicado a un tema de carácter simbólico más que a una política de derechos humanos integral", señaló tras el encuentro la vicepresidenta de la entidad, Mireya García.La dirigenta enfatizó que "la Presidenta cree que hemos avanzado más de lo que nosotros suponemos, pero también hizo énfasis en las dificultades que tiene el Gobierno para enfrentar los temas", al referirse a que Bachelet no cuenta con la mayoría de votos en el Parlamento.Igualmente Mireya García adelantó que en la cita la mandataria se comprometió a dar urgencia a un proyecto de ley que modifica el artículo 93 del Código Penal y que excluye de la amnistía, la prescripción o el indulto a los represores y autores de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el régimen militar.En otro orden la vicepresidenta de la AFDD dijo que los familiares están "profundamente conformes" con el envío a Estados Unidos de más de un centenar de restos óseos de detenidos desaparecidos que fueron encontrados en el patio 29 del cementerio general.

Presentan proyecto para "sitios de memoria" de DD.HH. en el Estadio Nacional

La presidenta de la Agrupación Metropolitana de ex Presos Políticos, Wally Kunstmann, dijo que "este es un proyecto que en este momento nosotros queremos dar a conocer porque no hemos logrado que la comunidad lo conozca y que no hemos logrado que el Estado se entusiasme con él".En tanto, la diputada Carolina Tohá dijo que "este fue un lugar masivo de detención donde miles de chilenos vivieron la tortura y creo que la iniciativa que empezó con la declaración de patrimonio nacional y que continuó hoy día con la idea de tener un museo abierto acá es muy importante para la memoria y para que los chilenos nunca olviden lo que aquí sucedió".Por otra parte, el arquitecto que participa en el proyecto, Marcel Coloma, explicó que el proyecto de valorización memoria histórica del Estadio Nacional contempla sitios de memoria. "Son espacios físicos que representan que encarnan los sucesos ocurridos dentro del recinto cuando fue ocupado como prisión de detenidos políticos"."La unión de estos sitios más las intervenciones nuestras y las intervenciones de diferentes artistas se centran en un plan maestro", dijo, refiriéndose a la proyección de todas las obras que componen la iniciativa.

Histórica decisión en la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso un Protocolo Facultativo para el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Esta decisión histórica del Consejo de Derechos Humanos es un paso más en dirección a la creación de un mecanismo internacional de reparaciones para las violaciones del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
La Coalición de ONG recibe con agrado una decisión histórica: los derechos económicos, sociales y culturales en camino a equipararse con el resto del derecho internacional de derechos humanos.El Protocolo Facultativo es el resultado de varias décadas de trabajo por parte de gobiernos, la sociedad civil, expertos y órganos de derechos humanos de la ONU. El objetivo de este trabajo ha sido llenar un vacío existente desde hace mucho tiempo en la protección de los derechos humanos bajo el sistema internacional. El PIDESC es uno de los pocos grandes tratados de derechos humanos que no cuenta con un mecanismo de presentación de peticiones. Un Grupo de Trabajo intergubernamental ha estado debatiendo sobre el alcance y el contenido del borrador del Protocolo Facultativo desde 2004.Las siguientes son algunas de las cláusulas del Protocolo Facultativo adoptado hoy por el Consejo:- Los Estados Parte del Pacto que adopten el Protocolo reconocen la competencia del Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y evaluar comunicaciones referidas a violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales estipulados en el Pacto.- El Protocolo abre la posibilidad de que se tomen ?medidas cautelares?, facultando al Comité para enviar al Estado Parte correspondiente un pedido urgente de que adopte tales medidas cautelares a fin de evitar que las ví ctimas de las supuestas violaciones sufran posibles perjuicios irreparables.- El Protocolo también crea un procedimiento de investigación, estableciendo que, si el Comité recibe información confiable referida a violaciones graves o sistemáticas del Pacto, deberá invitar al Estado Parte a cooperar en la evaluación de la información y, para ello, a presentar observaciones respecto de la información. La investigación puede incluir una visita al territorio del Estado Parte afectado.- El Protocolo exige que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para asegurar que las personas bajo su jurisdicción no sean sometidas a ninguna forma de maltrato o intimidación como consecuencia de las comunicaciones que se presenten ante el Comité en virtud del Protocolo.La adopción del Protocolo por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU abre la posibilidad de acercar la justicia internacional a millones de personas, grupos, comunidades y pueblos excluidos de todo el mundo.

Europa y los Migrantes

Carta Publicada en La Tercera, Sábado 21 de Junio de 2008.

Señor Director:

El Parlamento Europeo en votación del 18 de junio recién pasado ha aprobado el texto de la Diretciva de Retorno de los migrantes irregulares forzando su salida inmediata de los países de la UE. Esta normativa no garantiza en modo alguno un retorno en condiciones de seguridad y dignidad de las personas migrantes. Muy por el contarrio sólo fortalece medidas de coacción y prisión consideradas urbi et orbi como ilegítimas; además de la prohibición de que los expulsados puedan regresar a la UE, sentándose un precedente negativo para las demás regiones del mundo. Asimismo, el texto es ampliamente lesivo para los menores no acompañados atentando directamente los Derechos del Niño. Esta norma afecta directamente a los latinoamericanos y seguramente lesionará en derecho y dignidad a chilenos en la UE; es menester entonces del Gobierno solicitar la derogación de esta directiva y procurar la no utilización por parte de los países miembros de la UE de normas como ésta que con la excusa de la votación democrática daña gravemente los derechos a de las personas que dice promover y asegurar.

Néstor Morales T.
Director Ejecutivo Observatorio DDHH

Violencia Normativa de la UE con los migrantes

A toda la comunidad:

El Parlamento Europeo en votación del 18 de junio recién pasado ha aprobado el texto de la Diretciva de Retorno de los migrantes irregulares forzando su salida inmediata de los países de la UE. Esta normativa no garantiza en modo alguno un retorno en condiciones de seguridad y dignidad de las personas migrantes. Muy por el contarrio sólo fortalece medidas de coacción y prisión consideradas urbi et orbi como ilegítimas; además de la prohibición de que los expulsados puedan regresar a la UE, sentándose un precedente negativo para las demás regiones del mundo. Asimismo, el texto es ampliamente lesivo para los menores no acompañados atentando directamente los Derechos del Niño. Esta norma afecta directamente a los latinoamericanos y seguramente lesionará en derecho y dignidad a chilenos en la UE; es menester entonces del Gobierno solicitar la derogación de esta directiva y procurar la no utilización por parte de los países miembros de la UE de normas como ésta que con la excusa de la votación democrática daña gravemente los derechos a de las personas que dice promover y asegurar.En días en que conmemoramos el Día Internacional de los Refugiados (20 de Junio) una iniciativa como ésta significa un grave retroceso en los derechos de las personas y asegura tan sólo la lesión de la dignidad de niñas y niñlos así como de hombres y mujeres que sólo buscan una oportunidad para pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas en su vida.

Escribe a los parlamentarios, a la Presidenta, influye en tu partido para que nuestro Gobierno pida a la UE derogar esta norma.

Adhieren a este mensaje:

Observatorio DDHH

Greentank

Nuevo Progresismo

Los Verdes

Los nuevos derechos humanos

Luis Alberto Romero*

Es sabido que los sentidos de las palabras cambian. Sucesivas generaciones van desplegando variantes, matices y, en esa evolución, puede concluirse en las antípodas, como ha ocurrido, en tres siglos, con la palabra liberalismo. Pero a veces esos cambios ocurren delante de nuestras narices, como en el caso de los "derechos humanos". En 1983 los asociamos naturalmente con el Estado de Derecho; en 2003 éstos son reclamados como bandera por un gobierno autoritario, cuya política al respecto se ubica en las antípodas de la de 1983.
Por aquellos años, los derechos humanos se filiaban con naturalidad en las Declaraciones de Inglaterra de 1688, de Francia de 1789 o de las Naciones Unidas de 1946. Esta tradición, poco frecuentada en la Argentina del siglo XX, resurgió durante la dictadura militar, principalmente por obra de varias abnegadas asociaciones defensoras de los derechos y, en primer lugar, por las Madres de Plaza de Mayo. Ellas proclamaron un absoluto ético que se convirtió en el faro de la nueva política: no hay fin que justifique los medios, si éstos son violatorios de los derechos.
Por entonces, el Estado de Derecho se convirtió en el marco deseable de la convivencia social y política civilizada; también se valoraron el pluralismo, la argumentación y el acuerdo. Y, naturalmente, la democracia. El gobierno constitucional de 1983 supo enlazar el juicio a los máximos responsables del terrorismo de Estado, que encaró con destacada eficiencia, con la fundamentación del Estado de Derecho. La Argentina sería gobernada por la ley.
Las cosas no fueron exactamente así. A la ilusión democrática inicial siguió, pendularmente, la desilusión, alimentada por las sucesivas crisis económicas y también por la capacidad de resistencia de la corporación militar frente a un gobierno civil progresivamente más débil.
En ese contexto, el movimiento inicial de los derechos humanos fue desgajándose. Algunos siguieron fieles a las líneas iniciales y otros desarrollaron prácticas e interpretaciones parciales.
Un sector, fuerte en diversas organizaciones civiles, se proclamó tutor de la memoria correcta del pasado. El "deber de memoria" se apoyó en citas rituales del Holocausto y se expresó con tono elevado, índice admonitorio, juicio moral contundente y subsecuente condena. Los "escraches" son una herencia, quizá bastarda, de esa línea.
Otros cuestionaron el punto de la interpretación de 1983 según el cual la sociedad había sido "víctima inocente" del terrorismo de Estado. Con razón, afirmaron que muchas víctimas no eran tales, sino militantes, luchadores. De allí muchos pasaron a la reivindicación de sus principios y de sus métodos. Se proclamó nuevamente la superioridad de los fines y la legitimidad de apelar a cualquier medio. La democracia construida en 1983 sería sólo el terreno adecuado para una segunda oportunidad, o al menos para una buena revancha.
Otros se consagraron de manera profesional a la defensa de los derechos humanos, una actividad que requiere especialización y capacitación. Algunos de quienes lo encararon desde el punto de vista profesional se sintieron atraídos por la posibilidad de una carrera. De una organización de derechos humanos se podía, por ejemplo, pasar a una función pública afín, y desde allí entrar al mundo de la política lisa y llana. En estos casos, fue común la combinación de una alta dosis de principismo y otra de pragmatismo, lo que hizo poco favor al prestigio de los principios.
Desde 2003, estas tendencias han confluido en lo que el presidente Kirchner —un recién llegado en estas lides — declaró como la refundación de la política de derechos humanos. Nada se habría hecho antes, y en cierto sentido de realidad no le faltaba razón, pues estaba hablando de algo distinto. Pero, en rigor, los elementos que puso en juego se habían cocinado previamente, a fuego lento, en el caldero político ideológico de la Argentina en crisis.
En ese nuevo componente se integró la tradición de los dueños de la memoria, con su gusto por la espectacularidad y su intolerancia; incluso se institucionalizó el escrache. A ello se agregó la reivindicación de la militancia de los años 70, toda junta, con su idealismo y su práctica, que había incluido la violencia asesina.
Se tomó distancia del ideal del Estado de Derecho, y aun de la noción misma de Estado organizado. Este sentido tiene la práctica de un estilo de gobierno más personal que institucional, el avance sobre la independencia del Poder Judicial —con un par de comisarios políticos en el Consejo de la Magistratura— y la destrucción de una agencia como el Indec, esencial para desarrollar cualquier política estatal que vaya más allá del impulso volitivo. En cuanto al pluralismo, la imagen de poner al otro de rodillas es elocuente en cuanto a su valoración.
En este contexto, la reanudación de los juicios a los agentes del terrorismo de Estado —una medida sin duda plausible, que podría formar parte de la concepción de los derechos humanos de 1983— adquiere un significado muy distinto, más ligado a la revancha que al Estado de Derecho.
Por último, lo más importante. Algunas de las organizaciones de derechos humanos están siendo sistemáticamente cooptadas desde el Gobierno. Hay un intercambio de subsidios, imprecisos e incontrolados, por apoyo político y legitimación en nombre de los antiguos principios. Es cierto que en una relación hay siempre dos partes que deciden lo que quieren hacer; pero también es cierto que el Estado tiene responsabilidades mayores. Debería haber cuidado a las organizaciones de derechos humanos y no hacer de ellas un instrumento de gobierno.
El problema no se limita a aquellas que eligieron ese camino, sino al principio mismo que las animó. Por ese camino, el poder moral que tenían, construido en las luchas contra la dictadura y ratificado durante la construcción de la democracia, se erosiona y desaparece. Considero que ésta es la consecuencia más terrible y lamentable de esta política de derechos humanos, ubicada en las antípodas de la de 1983.

*El autor es historiador, docente en la UBA y en la Unsam e investigador en el Conicet.

A los 83 años, muere defensora de los DD.HH. Otilia Vargas

La profesora Otilia Vargas, que perdió cinco hijos durante la dictadura, falleció a los 83 años el pasado sábado, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, informaron ayer sus familiares.
Considerada una defensora de los derechos humanos en Chile, Otilia Vargas fue además una activa resistente en los primeros años del régimen militar.
Otilia Vargas, cuyo esposo falleció hace cuatro años, dejó como testimonio el libro “La dictadura me arrebató cinco hijos”, en el que relata la experiencia de su familia y lo que significó para los opositores la represión del régimen de Pinochet.

Concertación ingresa por el Senado proyecto que impide la amnistía

Los presidentes de los Partidos de la Concertación senadores Camilo Escalona, Soledad Alvear y José Antonio Gómez reingresaron por el Senado el proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del Código Penal, para excluir la extinción de la responsabilidad penal por el beneficio de la amnistía o la prescripción a quienes hayan cometido crímenes de guerra y lesa humanidad. Al respecto, la presidenta de la DC lamentó que “en el día de ayer fue declarado inadmisible una iniciativa legal que busca efectivamente evitar la impunidad en nuestro país, la interpretación adecuada de la amnistía, de la prescripción y por ende a nosotros nos parecía que dicha iniciativa después de haber sido trabajada en la Cámara y en el Senado, ojala hubiese concluido su tramitación en la sala del Senado”. En esa línea destacó la importancia del artículo por cuanto establece que “tratándose de este tipo de delitos que son por lo demás los mismos delitos que contempla el Tribunal Penal Internacional (TPI), que entre paréntesis no hemos logrado aprobar en este Senado por la oposición de la Alianza por Chile, esos mismos delitos puedan ser interpretados por nuestros jueces en forma adecuada no aplicándoles ni la amnistía, ni indulto ni la prescripción”. En tanto, el presidente del PRSD, José Antonio Gómez sostuvo que “ayer se produjo un hecho gravísimo en el Senado, que se rechace un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados es un hecho inédito, inaceptable en las relaciones que existen entre ambas ramas legislativas”. Por su parte, el presidente del PS, Camilo Escalona indicó que “acá se ha establecido un nuevo tipo de la Alianza que lamentablemente tiene como actor al presidente del Senado (Adolfo Zaldívar), de una institución democrática de la República con uno de los grupos más tenebrosos de la represión de los año que es el que encabeza Juan Carlos Moraga”. Agregó que “todos sabemos que el partido del señor Moraga llamó a votar por el sí el año 88, financiado desde el régimen militar con esa profusa cantidad de fondos reservados que se usaron para la campaña del SI, 45 mil millones del fondo, de los cuáles nunca se supo en que se usaron, si que parte de esos fondos se usaron para crear un partido socialista afín a la dictadura y que llamaba a votar a favor de Pinochet. Para eso se prestó ese partido del señor Moraga, incluso más vinculado a la CNI, intentó levantar la candidatura presidencial de Pablo Rodríguez Grez, defensor de Pinochet”.

Condenan a nueve militares (r) por ``Retiro de Televisores´´

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a nueve militares en retiro, entre ellos los oficiales Hernán Canales y José Barriganti y el suboficial Eliseo Cornejo, por el denominado caso "Retiro de Televisores". El tribunal dictó una sentencia de 260 días de pena remitida y una multa de 14 UTM para los imputados, además de señalar que la operación fue el último eslabón de un crimen de lesa humanidad, informó radio Cooperativa. La “Operación Retiro de Televisores” consistió en ubicar por el sur y norte de Chile las fosas clandestinas con cuerpos de detenidos para desenterrarlos y hacer desaparecer para siempre los cadáveres arrojándolos al mar. Investigaciones Las indagaciones realizadas por el Departamento Quinto de Investigaciones y el juez Juan Guzmán fueron determinantes para descifrar quién estaba detrás de la orden. Estas develaron que entrado el año 1979 suboficiales de inteligencia del Regimiento Húsares de Angol recibieron un criptograma categoría A-1, que indica “máxima urgencia”, en la cual se ordenada desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer. La orden provenía directamente del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet y fue enviada a todos los regimientos del país. De esa forma se puedo establecer que el hallazgo en noviembre de 1978 de los cadáveres de 15 campesinos correspondía a la llamada “Operación Retiro de Televisores”. Con esa frase se encubrió la tarea, de acuerdo con quienes han declarado en el proceso. La misma orden se recibió por esos días en todos los regimientos, aunque a algunos arribó a fines de 1978.

Estados Unidos y la tortura

José Zalaquet

Desde hace años el gobierno de Bush autoriza la tortura como instrumento de lucha contra el terrorismo. Casi todos los que sufren esos tratos crueles se “quiebran”. Acuciados por la desesperación, los prisioneros le dicen al torturador lo que quiere oír, sea o no verdadero. Los tormentos deshumanizan a las personas y las reducen a un mero aullido de la carne, desprovistas de toda dignidad y albedrío.
En Estados Unidos, algunos intelectuales han propuesto legalizar la tortura para circunstancias extremas. Frente a ello uno puede rehusarse a debatir una proposición tan descabellada o bien exponer pacientemente las razones por las cuales la tortura debiera ser siempre ilegal. Andrew Sullivan, uno de los bloggers más leídos, optó correctamente por esto último.
Quienes argumentan que debiera permitirse la tortura suelen poner el ejemplo de “la bomba de tiempo”: Supongamos que un terrorista acaba de explotar una bomba en un lugar público, matando a centenares de personas. Es detenido, pero se jacta de haber escondido otra bomba de tiempo y que no dirá dónde. Es torturado, termina confesando y la policía llega a tiempo para desactivar el explosivo. ¿Condenaría Ud. a estos agentes de la ley por el crimen de tortura? Si lo hace —se argumenta—, la próxima vez la policía no actuará y morirán muchos inocentes.
El ejemplo puede parecer fantasioso, pero en el clima posterior al 11 de septiembre de 2001, a muchos estadounidenses no les parece que lo sea tanto y aceptan el razonamiento que justifica la tortura. Por ello, es bueno reiterar por qué su prohibición debe ser total.
Se dice que hay otras prácticas iguales o peores que la tortura, como matar, que no están prohibidas absolutamente. Por ejemplo, es permisible dar muerte a otro en legítima defensa o disparar contra un combatiente enemigo en una guerra. ¿Por qué, entonces, cerrarse ante la posibilidad de permitir la tortura en ciertas situaciones críticas? Lo que explica la diferencia es que no son raros los casos en que el derecho a la vida de unos entra en conflicto con igual derecho de otros y conviene que la ley los regule. En cambio, el ejemplo de la “bomba de tiempo” sigue siendo extremadamente implausible. ¿Y si llegara a suceder alguna vez? Pues entonces se decidirá, prudencialmente, sobre la suerte de los policías; quizás los jueces concluyan que éstos actuaron bajo una extrema presión que los exime de responsabilidad o a lo mejor se les otorga un perdón presidencial… Lo que no se puede hacer es legalizar la tortura, aunque sea para los casos más extremos. Ello es así porque, a diferencia de la realidad, que admite variaciones infinitesimales, los cambios de la ley siempre son más gruesos, como quien baja o sube un peldaño completo. Y cuando una prohibición absoluta se relativiza, así sea mínimamente, se está abriendo un boquete por donde se irán expandiendo las excepciones a la regla. De este modo la tortura, que revierte a los estados a los tiempos de barbarie y los coloca al nivel de sus más despiadados enemigos, ganará más terreno.
El error de quienes abogan por legalizar la tortura es su obsesión porque todo calce lógicamente. “Si imagino una situación excepcionalísima, la ley debiera regularla”. Pero no tiene por qué ser así. Lo cuerdo es que si llegan a ocurrir circunstancias inimaginables, la sociedad respectiva delibere con sensatez sobre cómo tratarlas. Pero pretender que la norma se ponga anticipadamente en casos inconcebibles, es abrir una Caja de Pandora.

Nobel de Literatura y activista de DDHH llaman a Bush ``criminal de guerra´´

El Nobel de Literatura Harold Pinter y la activista de derechos humanos Bianca Jagger llaman a George W. Bush "criminal de guerra" en una carta de protesta contra la visita que el presidente de Estados Unidos hará el próximo día 15 al Reino Unido. Según informó este lunes la pacifista "Coalición Parad la Guerra", Pinter y Jagger (ex esposa del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger) integran una lista de 22 signatarios que han aportado críticas sobre Bush. "No hay un candidato más apropiado para (el título de) principal criminal de guerra que George Bush. El único que se le acerca es Tony Blair (ex primer ministro británico). Ambos son despreciables", afirma Pinter. Según el dramaturgo británico, Bush "debería ser detenido y enviado a la Bahía de Guantánamo (base y prisión de EEUU en Cuba), donde puede pudrirse para siempre". Bianca Jagger, por su parte, señala que el presidente estadounidense "es responsable de flagrantes violaciones de los derechos humanos y de la normativa internacional". Además, la activista cree que las "guerras inmorales, ilegales y que no pueden ganarse", como las de Irak y Afganistán, que ha promovido el mandatario norteamericano "han costado las vidas de más de un millón de personas". La carta también incluye al compositor y productor musical Brian Eno, que se declara "avergonzado" de que su país reciba a un "metepatas de clase mundial" como Bush. Acompañadas simbólicamente de un par de esposas, esas denuncias se entregarán ante el 10 de Downing Street, residencia oficial del jefe del gobierno británico en Londres, el 15 de junio como parte de una manifestación que tendrá por lema "No es bien venido aquí". Bush se entrevistará ese día en Downing Street con el primer ministro británico, el laborista Gordon Brown, dentro de la gira de despedida que empieza hoy por Europa.

AFDD denuncia a Adolfo Zaldívar por Ley de Amnistía

Una fuerte denuncia afecta al presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, al ordenar el archivo del proyecto de ley que puede impedir la aplicación de la Ley de Amnistía. Así lo manifestaron dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) junto a otras organizaciones de derechos humanos, quienes precisaron que dicha moción determinaba que ninguna de las causales del artículo 93 de dicho Código puede ser invocada cuando se trata de en crímenes de guerra o de lesa humanidad, a los que no se les podría aplicar la Ley de Amnistía. La presidenta de la entidad, Lorena Pizarro, señaló que el ex democratacristiano quiere evitar que el tema se discuta para no incomodar a los parlamentarios de la oposición, ya que junto a ellos ha votado en contra de proyectos propuestos por el gobierno, tras ser expulsado del PDC. "Aquí lo que él está haciendo, y que es una conducta avalada por la derecha es buscar la impunidad definitiva para los violadores de derechos humanos (...) Lo que estamos enfrentando aquí es una clara conducta y decisión de complicidad con los crímenes" dijo la dirigenta. Según Pizarro y el abogado Hiram Villagra, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, la acción de Zaldívar es un "artilugio político" para evitar que el tema se discuta en la Cámara Alta. Asimismo, Villagra no descartó llevar el tema al Tribunal Constitucional, puesto que esta determinación podría significar "que se reprochara al Estado chileno haber dejado en incumplimiento un fallo internacional", dejando a Chile al nivel de Ruanda o Bosnia.

Campaña por los NIños Prisioneros en Guantánamo e Irak

El Gobierno de EE.UU tiene prisioneros por supuestos crímenes de guerra a niñas y niños en c´rceles de Irak y Guantánamo, el Comité por los Derechos del Niño ha denunciado esta situación.

Nosotros creemos que es intolerable aquí y en cualquier lugar del mundo.

Súmate a la Campaña, envía una Carta a la Presidenta de la República para que abogue por estos niños ante el Presidente Bush.

Únete en http://www.facebook.com/event.php?eid=21535967844

No más Niños Prisioneros

Greentank.

ONU reprueba situación de niños detenidos por EEUU en Irak y Guantánamo

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño expresó este viernes su reprobación frente a la situación de los niños detenidos por fuerzas militares de Estados Unidos en Irak y en la base naval norteamericana de Guantánamo (Cuba), donde podrían haber sido víctimas de tratos inhumanos. Así lo señalan los expertos que componen ese órgano en un informe sobre el cumplimiento por parte de EEUU del tratado internacional que prohíbe el uso de niños soldados y obliga a los Estados que los tienen bajo su control a colaborar para su reintegración social. La Administración estadounidense hizo una presentación a ese respecto ante el Comité, cuyos miembros dijeron estar preocupados por el número de niños detenidos por periodos prolongados en Irak y Afganistán, en algunos casos más de un año, sin acceso a un asesoramiento legal o apoyo psicológico. En el caso de los menores detenidos en Guantánamo, señalaron que hay niños que llevan "varios años" detenidos y que -como los que están en Irak y Afganistán- "pueden haber sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes". El Comité también critica a EEUU porque en lugar de considerar a niños reclutados para conflictos armados como víctimas los califica de "combatientes enemigos ilegales", les imputa crímenes de guerra y los somete a juicios en tribunales militares, "sin tener en consideración su estatus de niños". Ante esto, el órgano de las Naciones Unidas recomienda a Washington garantizar que la detención de niños representa realmente "la última alternativa" y que el número total de menores encarcelados es reducido.

Corte de Apelaciones otorga libertad a 16 ex miembros de la DINA

La Corte de Apelaciones de Santiago otorgó este jueves la libertad provisional a 16 de los 98 agentes de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) procesados por la desaparición en 1975 de 119 opositores, informaron fuentes judiciales. De esta manera, el tribunal de alzada integrado por los magistrados Jorge Dahm,, Juan Eduardo Fuentes y el abogado Nelson Pozo, ratificó la decisión del juez de la causa, Víctor Montiglio. La acción judicial se produce un día después de que el tribunal de alzada rechazó los recursos de amparo presentados por la defensa de otros nueve ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura. En su resolución, dada a conocer este jueves, los magistrados estimaron de forma unánime que las órdenes de detención y posterior encarcelamiento de los procesados ordenadas por Montiglio se ajustaron a la ley y fueron dictadas por una autoridad competente. El procesamiento de los 98 agentes de la DINA está relacionado con la llamada "Operación Colombo", un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de militantes izquierdistas durante el régimen militar. Este caso configura, además, el juicio masivo por violaciones de derechos humanos más numeroso en la historia de Chile. Entre los procesados hay militares, civiles y carabineros, todos ellos ex agentes de la policía secreta de la dictadura. En su momento, el régimen militar intentó justificar los hechos diciendo que los opositores habían huido al extranjero y muerto en enfrentamientos internos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuando en realidad desaparecieron en Chile por orden de los servicios secretos. Se llegaron a publicar informaciones manipuladas en las revistas "Lea", de Argentina, y "O Novo Día", de Brasil, con los nombres de algunos de los desaparecidos. La "Operación Colombo" está considerada el inicio de la colaboración entre las dictaduras sudamericanas de la época -que posteriormente se conocería como "Operación Cóndor"- ya que contó con los vínculos de los militares de varios países.

Agenda Derechos Humanos II

Carta publicada en La Nación, miércoles 04 de Junio de 2008. y en El Mercurio, Lunes 02 de Junio

Tratados Internacionales

Señor Director:

La decisión de la Presidenta de la República Michelle Bachelet de impulsar durante los últimos meses de su Gobierno la fallida agenda de los derechos humanos, es una respuesta favorable para realizar las profundas transformaciones que urgen en esta materia, porque resulta un asunto clave para el desarrollo y el reencuentro de las naciones.
El ratificar cuando menos doce tratados internacionales; además de crear una institucionalidad clara y definitiva sobre derechos humanos son elementos básicos que no pueden seguir dependiendo de los vaivenes en el Congreso. Resulta indispensable revisar la desprolija y dispersa legislación y los organismos que desarrollan esta temática en el Estado, así como, por ejemplo, ventilar con transparencia lo que se ha hecho y las inversiones comprometidas, sobre todo en la identificación de las víctimas. Todo esto permitirá avanzar en la dirección adecuada.
Las decisiones en derechos humanos que tomemos ahora nos permitirán defendernos y progresar hacia el futuro, proyectando certeza jurídica y adhesión al desarrollo que no es otra cosa que pasar de un status quo frágil a condiciones de mayor humanidad, orden y seguridad. En definitiva, significa dar un gran paso desde la transición democrática hacia una sociedad abierta y de garantías para las personas.

Néstor Morales T.,

director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos

Piden que se investigue la muerte de ex comisionado para DDHH

El relator de la ONU sobre la Independencia de Jueces, Leandro Despouy, pidió este miércoles una comisión de investigación internacional que dilucide los hechos que rodearon el asesinato del ex alto comisionado para los Derechos Humanos, el brasileño Sergio Vieira de Mello. Su muerte ocurrió en el atentado terrorista contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad en agosto de 2003 y en el que murieron más de veinte colaboradores de esa organización. "No podemos aceptar la impunidad, el silencio y la incomprensión", señaló el jurista argentino, quien presentó hoy el informe anual de sus actividades en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que depende su función. Para Despouy, los resultados de las investigaciones internas realizadas por Naciones Unidas no son satisfactorios porque "no se identifica a los responsables ni se reconstruyen los hechos". Explicó que una de las razones por las que el asesinato de Vieira de Mello no ha sido aclarado es la muerte de uno de los autores del atentado, "que era el último testigo que quedaba, pero que fue condenado a muerte y ejecutado" el pasado julio en Bagdad. La Justicia iraquí condenó a ese terrorista a la pena capital y el presidente y vicepresidente del país se negaron a conmutar esa pena, a pesar de los insistentes pedidos de Despouy, recordó el relator. El experto de derechos humanos sugirió que la comisión de investigación esté formada por personalidades independientes y de prestigio internacional. Dijo que sus miembros podrían ser designados por el secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad o algún otro órgano de gran influencia, aunque opinó que uno de sus integrantes debería ser brasileño. "Espero que el secretario general, Ban Ki-moon, apoye esta idea o proponga una alternativa", señaló.

Chile apoya convención sobre erradicación de bombas de racimo

El Gobierno expresó este martes su satisfacción por el resultado alcanzado en la Conferencia Diplomática celebrada en Dublín, que el pasado 30 de mayo adoptó la "Convención sobre Municiones de Racimo". "Chile comparte la preocupación mundial generada por el uso de las municiones de racimo, por cuanto este tipo de armas produce víctimas civiles durante y después de los conflictos", señaló una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que por medio de este instrumento jurídicamente vinculante, que será ratificado en diciembre próximo en Oslo, cada Estado parte se compromete a no emplear, desarrollar, producir, adquirir o transferir municiones de racimo. La delegación chilena estuvo presidida por el director de Política Especial de la Cancillería, Juan Eduardo Eguiguren, quien fue elegido para ocupar una de las vicepresidencias de la conferencia. Además, la embajadora de Chile en Irlanda, Cecilia Mackenna y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa Nacional. Bombas chilenas La bombas de racimo fueron usadas en muchos países, entre ellos Camboya, Kosovo, Afganistán y Líbano, y están hechas de un recipiente grande que se abre en el aire y deja caer cientos de municiones individuales más pequeñas sobre un área muy extensa. Su uso ha provocado la muerte o mutilación de miles de personas, varios de ellos niños, principalmente en Irak y Líbano, quienes por curiosidad se acercan a los dispositivos. Chile produjo bombas de este tipo, que fueron fabricadas por el empresario Carlos Cardoen en las décadas de los 80 y los 90. Las bombas de Cardoen fueron exportadas en cantidades industriales a Irak durante la guerra de este país contra Irán, en los años 80, y a Etiopía, mientras que hubo negociaciones de parte del Ejército para vender este tipo de bombas a Irán, lo que no se concretó.

Presentan proyecto para evaluar a los ministros de la Corte Suprema

Un proyecto de ley que crea un sistema de calificación de los ministros de la Corte Suprema, además de mejorar y transparentar el de los demás fiscales, jueces y magistrados del Poder Judicial, fue presentado ayer por los diputados Cristián Monckeberg (RN) y Patricio Walker (DC) al Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, consignó El Mercurio. Los parlamentarios explicaron que "este proyecto busca dar mayor transparencia al proceso de calificación, modificar los criterios de evaluación que rigen actualmente y extender la aplicación de este mecanismo a los ministros de la Corte Suprema". "Para ello proponemos la creación de un órgano autónomo compuesto por dos ex magistrados de los tribunales superiores de justicia, por dos ex decanos de facultades de derecho, por un ex ministro de justicia y por un ex presidente del Colegio de Abogados de Santiago, encargados de evaluar el desempeño de los ministros de la Corte Suprema", añadieron. Monckeberg explicó que "con esto se busca en primer lugar dar mayor transparencia al proceso de calificación, haciendo públicos los resultados, incluso en la página web del Poder Judicial". Por su parte, el diputado DC Patricio Walker puso énfasis en la importancia de que la evaluación sea objetiva. "Los criterios que existen actualmente no permiten medir el desempeño de los jueces nacionales. En ese sentido, se propone incorporar como parámetro de medición, por ejemplo, la carga de trabajo asignada y despachada por el funcionario, el número de causas recibidas y la forma cómo fueron tramitadas, entre otros", sostuvo.

Carta en La Nación

Martes 03 de Junio de 2008

Derechos Humanos

El pleno de la Corte Suprema aprobó una nueva resolución para que los ministros de fuero y los ministros de dedicación exclusiva de las distintas cortes de Apelaciones que llevan procesos por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, apresuren sus tramitaciones e informen de manera periódica acerca del estado de sus causas.
No es la primera vez que la Corte Suprema aprueba este tipo de resolución; al contrario, ha sucedido en diversas oportunidades. Sin embargo, no surtieron ningún efecto porque se estrellaron contra la realidad de procesos muy complejos, en los cuales se investigan crímenes contra la humanidad. Estas tramitaciones enfrentan múltiples obstáculos. Tales resoluciones han sido resistidas por los familiares de las víctimas, interiorizadas en estas realidades y exigentes de justicia. El juez es quien conoce los procesos. Sólo él está facultado para determinar el tiempo que tomará realizar la acuciosa y cabal investigación que la naturaleza de éstos amerita, plazos que deberá modificar y ampliar en reiteradas oportunidades ante el surgimiento de nuevas e importantes vetas de investigación. Dar vuelta la hoja sobre ellas implicaría una flagrante denegación de justicia. Porque este tipo de resoluciones podrían -en algunos casos- llevar a innecesarios apresuramientos y a la omisión de importantes diligencias para encausar, acusar y condenar a los autores, cómplices y encubridores de los peores crímenes que se hayan cometido en la historia de Chile. Las causas de personas detenidas-desaparecidas y por otras violaciones de los derechos humanos no fueron verdaderamente investigadas -salvo algunas excepciones- hasta que designaron a jueces de dedicación exclusiva, a cuya valiosa labor se puso término de forma abrupta e inexplicable, y luego varios ministros de cortes de apelaciones.
Pasaron casi 30 años para que los altos tribunales del país ordenaran realizar investigaciones a fondo en causas por las cuales las víctimas sobrevivientes y los familiares de las personas asesinadas y forzosamente desaparecidas no habían cesado de exigir justicia. El tiempo transcurrido desde las designaciones es parco, dada la vastedad y profundidad que alcanzó la represión en Chile y el gran número de personas y de organizaciones involucradas en ella, tanto dentro como fuera del país. Las investigaciones recientes, que distan de estar agotadas, no hacen sino corroborar estos aspectos.

Sergio Concha Rodríguez , abogado de Fasic

Agenda de Derechos Humanos

Carta publicada en El Mercurio, Lunes 02 de Junio de 2008

Señor Director:

La decisión de la Presidenta de la República de impulsar durante los últimos meses de su gobierno la fallida agenda de derechos humanos es una respuesta favorable para realizar las profundas transformaciones que urgen en esta materia, clave para el desarrollo y reencuentro de las naciones. Ratificar al menos 12 tratados internacionales, además de crear una institucionalidad clara y definitiva sobre DD.HH., son elementos básicos que no pueden seguir dependiendo de los vaivenes en el Congreso. Revisar la desprolija y dispersa legislación y organismos que desarrollan esta temática en el Estado, así como ventilar con transparencia lo que se ha hecho y las inversiones comprometidas, sobre todo en identificación de víctimas, permitirá avanzar en la dirección adecuada. Las decisiones en DD.HH. que tomemos hoy contribuirán a defendernos y progresar hacia el futuro proyectando certeza jurídica y adhesión al desarrollo, que no es otra cosa que pasar de un statu quo frágil a condiciones de mayor humanidad, orden y seguridad. En definitiva, significa dar un gran paso desde la transición democrática hacia una sociedad abierta y de garantías para las personas.

Néstor Morales T.
Director ejecutivo Observatorio DD.HH.