El ex fiscal militar fue detenido este martes en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando se aprestaba a seguir un viaje vacacional a la República Checa. Miguel Antonio Podlech, sobrino del abogado, informó que durante la mañana de este martes fueron informados a través de un llamado telefónico de la detención del profesional. Podlech tenía una orden de captura internacional emitida por la justicia italiana, país donde se instruye un juicio por la detención y desaparición en Temuco el 4 de octubre de 1973, del sacerdote italo-chileno integrante del movimiento Cristianos por el Socialismo, Omar Roberto Venturelli Leonelli. También está "inculpado" en el proceso que se sigue en Francia por la desaparición en Temuco del ciudadano francés Etienne Pesle de Menil, mientras Podlech desempeñaba funciones en la fiscalía militar de esa ciudad y tomó contacto con el detenido según las investigaciones judiciales. Consejos de guerra En su calidad de ex cadete militar, Podlech fue llamado luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, por el comandante del regimiento Tucapel de Temuco, Pablo Iturriaga, "para que organizara los Consejos de Guerra que iban a tener lugar en adelante", declaró Podlech a la agencia EFE en enero de 2005, consultado por las violaciones a los derechos humanos en ese tiempo en la capital de la Araucanía. "Yo acepté ayudar y busqué gente para que colaborara en esta tarea porque había muchos detenidos en Temuco", añadió Podlech, que indicó que "entre el 11 y el 12 de septiembre de 1973 hubo centenares de detenidos en el regimiento". Si bien hasta ahora Podlech no ha sido procesado por ninguna de las víctimas desaparecidas o asesinadas está "imputado" por varios asesinatos. Entre ellos, el asesinato en el regimiento Tucapel el 2 de octubre de 1973 de los prisioneros Daniel de los Ángeles Mateluna, José Ortigosa Ansoleaga, Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, acusados de intentar fugarse mientras permanecían arrestados, lo que quedó desacreditado en las indagatorias judiciales de estos casos. Igualmente está acusado en el caso del secuestro y desaparición el 4 de octubre de 1973 del académico de la Universidad de Chile, sede Temuco, Rubén Eduardo Morales Jara. Juicio en Italia En Italia se inició un juicio que ha determinado que al menos en el caso Venturelli, estarían involucrados el fallecido general Augusto Pinochet, el coronel (r) Marcelo Moren Brito, el abogado Alfonso Podlech Michaud, además de los civiles Máximo Vivanco, Pablo Márquez, Pedro Calderón y Nelson Ubilla. La investigación del caso se desencadenó en 1998, luego que el senador del Partido Verde Stefano Boco solicitara el esclarecimiento de la desaparición de Venturelli. Una de las particularidades del sistema judicial italiano es que el juicio puede realizarse "por derecho de sangre", lo que implica el inicio de procesos en ausencia, por delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de la península.
miércoles, 30 de julio de 2008
martes, 29 de julio de 2008
Instituto de Derechos Humanos
Pamela Pereyra (*)
Algunos se preguntan para qué incorporar en nuestra institucionalidad un Instituto de Derechos Humanos. Vale la pena responder esta pregunta y abrir debate sobre esta compleja materia, que nos obliga a tomar definiciones respecto de para qué y cómo hacerlo sin obviar el pasado reciente, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
Las sociedades siempre están en permanente proceso de construcción, y tienen como su sustrato fundamental la realidad de una y millones de personas que las conforman. Esas personas, en razón de su dignidad, tienen derechos inalienables, que nadie puede desconocer. Y esa identificación de personas y derechos, que es propia de la doctrina de los derechos humanos, es quizás hoy por hoy la doctrina que con mayor claridad fija paradigmas de cómo construir valores y políticas que reconocen derechos y que a la vez a su titular le exigen el respeto de los derechos de los demás.
La globalización, las políticas de libre mercado, la inmediatez de las comunicaciones, las facilidades para el traslado de personas y bienes de un país a otro en que pareciera que las fronteras físicas se diluyen, y una suma de otros factores, son realidades masivas que determinan nuevos problemas que deben ser abordados. ¿Y cómo se expresan esos nuevos problemas, sin perjuicio de otros que no lo son tanto? En problemas migratorios, de discriminación, en la expresión de grupos étnicos que reclaman derechos ancestrales, en la multiplicación de personas privadas de libertad por delitos comunes, que en su inmensa mayoría son pobres menores de 35 años, en realidades de inseguridad y de violencia de diversa naturaleza y tantos otros que sería largo enumerar.
Es de absoluta necesidad que una entidad pública culturice y promueva los derechos humanos de naturaleza económica, social, cultural, y por cierto los relativos a las garantías individuales; que estudie e informe a los poderes del Estado y a los ciudadanos de aquellas realidades que no queremos ver aunque estén delante de nuestro ojos. Sí, que devele nuestras propias miserias como sociedad.
La tramitación de la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos no ha sido fácil. Porque hay quienes dirigen la mirada hacia las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, y quisieran que este organismo dedique sus esfuerzos respecto de esos hechos; y hay otros que también dirigen la mirada a ese mismo tema, porque temen que el Instituto persiga esas responsabilidades. Tengo la impresión de que la inmensa mayoría del país ni siquiera se da cuenta de lo que se discute de manera un tanto soterrada, pero que sí le importa que los crímenes del pasado no queden impunes, y a la vez siente la necesidad de que alguna entidad saque la voz de los sin voz en los temas actuales de derechos humanos.
El país requiere hacerse cargo de ambos temas en su propio mérito. Y por ello la forma de zanjar esta controversia es que el Instituto de Derechos Humanos asuma esencialmente desde el presente los temas de futuro, y la actual Corporación de Reparación, también por disposición de ley, continúe a cargo de los procesos jurídicos por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
La tramitación del proyecto de ley que crea el Instituto está muy avanzada. Al mismo se le garantizan amplias facultades para desarrollar su trabajo, y a su director, una inamovilidad en el cargo que le permite la libertad para exponer los temas. El país no debe “farrearse” la posibilidad de contar con un Instituto de Derechos Humanos y a la vez con una Corporación de Reparación, en cada caso para los fines señalados.
Que por opción política se haga un corte histórico de carácter generacional para asumir las distintas realidades en materia de Derechos Humanos es perfectamente legítimo y no constituye ningún atentado a valor o principio alguno. Es justo para las distintas generaciones que hayan padecido y padecen las realidades referidas.
Las sociedades siempre están en permanente proceso de construcción, y tienen como su sustrato fundamental la realidad de una y millones de personas que las conforman. Esas personas, en razón de su dignidad, tienen derechos inalienables, que nadie puede desconocer. Y esa identificación de personas y derechos, que es propia de la doctrina de los derechos humanos, es quizás hoy por hoy la doctrina que con mayor claridad fija paradigmas de cómo construir valores y políticas que reconocen derechos y que a la vez a su titular le exigen el respeto de los derechos de los demás.
La globalización, las políticas de libre mercado, la inmediatez de las comunicaciones, las facilidades para el traslado de personas y bienes de un país a otro en que pareciera que las fronteras físicas se diluyen, y una suma de otros factores, son realidades masivas que determinan nuevos problemas que deben ser abordados. ¿Y cómo se expresan esos nuevos problemas, sin perjuicio de otros que no lo son tanto? En problemas migratorios, de discriminación, en la expresión de grupos étnicos que reclaman derechos ancestrales, en la multiplicación de personas privadas de libertad por delitos comunes, que en su inmensa mayoría son pobres menores de 35 años, en realidades de inseguridad y de violencia de diversa naturaleza y tantos otros que sería largo enumerar.
Es de absoluta necesidad que una entidad pública culturice y promueva los derechos humanos de naturaleza económica, social, cultural, y por cierto los relativos a las garantías individuales; que estudie e informe a los poderes del Estado y a los ciudadanos de aquellas realidades que no queremos ver aunque estén delante de nuestro ojos. Sí, que devele nuestras propias miserias como sociedad.
La tramitación de la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos no ha sido fácil. Porque hay quienes dirigen la mirada hacia las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, y quisieran que este organismo dedique sus esfuerzos respecto de esos hechos; y hay otros que también dirigen la mirada a ese mismo tema, porque temen que el Instituto persiga esas responsabilidades. Tengo la impresión de que la inmensa mayoría del país ni siquiera se da cuenta de lo que se discute de manera un tanto soterrada, pero que sí le importa que los crímenes del pasado no queden impunes, y a la vez siente la necesidad de que alguna entidad saque la voz de los sin voz en los temas actuales de derechos humanos.
El país requiere hacerse cargo de ambos temas en su propio mérito. Y por ello la forma de zanjar esta controversia es que el Instituto de Derechos Humanos asuma esencialmente desde el presente los temas de futuro, y la actual Corporación de Reparación, también por disposición de ley, continúe a cargo de los procesos jurídicos por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
La tramitación del proyecto de ley que crea el Instituto está muy avanzada. Al mismo se le garantizan amplias facultades para desarrollar su trabajo, y a su director, una inamovilidad en el cargo que le permite la libertad para exponer los temas. El país no debe “farrearse” la posibilidad de contar con un Instituto de Derechos Humanos y a la vez con una Corporación de Reparación, en cada caso para los fines señalados.
Que por opción política se haga un corte histórico de carácter generacional para asumir las distintas realidades en materia de Derechos Humanos es perfectamente legítimo y no constituye ningún atentado a valor o principio alguno. Es justo para las distintas generaciones que hayan padecido y padecen las realidades referidas.
* Pamela Pereyra es Abogada y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile
Un problema Supremo
Néstor Morales T. (*)
Con el anuncio de parte del gobierno de postular al Ministro Alfredo Pfeiffer a la Corte Suprema, se han lanzado sobre el tapete político diversas posiciones respecto al rol político que juega el Poder Judicial dentro de un Estado de Derecho.
La necesaria división de los Poderes del Estado planteado desde los fundamentos de la República nunca ha dejado de manifestar problemas y preguntas necesarias para sociedades que buscan estándares mejores de entendimiento y edificación del ideal moderno de entramado de relaciones sociales medianamente pacíficas y que permitan progreso político, económico, social y cultural.
Ya en Roma, la cimentación de las instituciones fue un asunto que, como la construcción de la ciudad eterna, tuvo tracto dificultoso y por cierto progresivo en el tiempo. Así, con la división de los cónsules y demás figuras como tribunos y otros estaba dejado a cargo de patricios y otros a la plebe, para defensa de ésta se decía no sin cuotas altas de razonabilidad, y es que la posibilidad de pedir cuentas a las autoridades, a quienes juegan, en efecto, el juego de la política es un asunto que por más que en tiempos actuales y pretéritos se cuestione sigue siendo clave a la hora de buscar certezas jurídicas, a favor de un pueblo o una Nación.
El mismo problema en Chile no ha dejado nunca a nadie satisfecho. La edificación de la República, más aún de la actual, ha requerido diversos tragos amargos de parte de uno y otro sector dominante de la política. Las nominaciones de jueces en la Corte Suprema han supuesto una lógica de empate en los temperamentos políticos, se dice, desde 1990 a la fecha. Heredando desde el régimen militar una composición que muchos han llamado conservadora ha venido siendo transformada en un aminoramiento de ese temperamento político hacia una moderada actuación de sus Presidentes –salvo excepciones- y la anuencia por parte de la derecha política y la concertación de Ministros sindicados como cercanos a uno y otro sector. Esta cuestión nos emplaza a reflexionar brevemente sobre ciertos elementos que me parecen fundamentales a la hora de perseguir ese ideal republicano que sueña un país como el nuestro, todavía en ciernes de ser lo que se imagina a sí mismo.
Estos elementos pueden ser desglosados jerárquicamente, comenzando por uno de carácter general. La necesidad de tener un Poder Judicial independiente radica en un argumento fuerte y dos débiles. El elemento fuerte trata sobre la teoría (débil por antonomasia) pero que puesto en la praxis se viste con ropajes de fortaleza útil. Así, la independencia del poder Judicial se funda en cuestiones del Derecho Positivo, ese que solemos reproducir con ánimo convicto en las escuela s de Leyes y Derecho proveniente de juristas destacados como Hans Kelsen quien discurre, en un avance de iusnaturalismo racionalista, sobre la tesis de una hipótesis de fundamentación racional de las decisiones sobre la justicia. Esta independencia a juicio del Poder Judicial radica fundamentalmente en la autonomía económica provista desde el Ejecutivo y controlada por el mismo organismo.
Públicas han sido las rencillas que año a año ha tenido la Corte Suprema con el Ejecutivo y últimamente con la Contraloría respecto a la fiscalización de su función administrativa ya que, según la Corte, el órgano contralor y el Ejecutivo se entrometen en cuestiones de decisión autónoma como Poder del Estado y que, en ultima ratio, podría manifestarse en una revisión de la función jurisdiccional que ejerce, temor razonable pero que en una sociedad pretendidamente abierta como la nuestra es de muy difícil sustentación, sobre todo, si de cuestiones de eficiencia económica y de tramitación administrativa se refiere.
Un argumento débil se refiere a la forma cómo se entiende el juego de pesos y contrapesos políticos dentro de las decisiones y direccionamiento del poder Judicial. Es débil en cuanto el equilibrio de un órgano de la República que no se somete al escrutinio del pueblo y que organiza su régimen de sustitución de autoridades a través de un fuerte control y proposición de los restantes Poderes del Estado se queda fuera de lo que la modernidad y el mundo de hoy persigue. Esta fórmula restringe la autonomía asegurando la publicidad de forma indirecta, imperfecta dentro de un sistema político igualmente deficiente que no conoce ni proporciona bien el mayor bien que gusta poseer: el Poder.
Segundo argumento débil, pero que delata formas de reproducción y sujeción del poder en el sistema judicial que hablan muy mal de quienes desde los albores de la República mantienen una actitud obsecuente hacia el Poder Ejecutivo de turno. Fueron los mismos los que lograron continuar sin tropiezos durante las dictaduras, ensayos políticos y vueltas a la democracia, cotidianas, del siglo pasado. Esto nos hace afirmar que el real temperamento de la Corte Suprema como institución ha sido la de condescendencia con quienes saben bien, maneja las cosas en Chile. Si las decisiones económicas, políticas y sociales avanzan en cierta dirección, el rol del poder Judicial, su verdadero papel en la historia ha sido refugiarse en los Tribunales a la hora de sacar la voz y apreciar sobre su interés los movimientos de la época, configurando así una Ideología Suprema: flotar aunque todo sea una gran tempestad. Este argumento débil y subjetivo puede camuflarse con facilidad con el argumento fuerte de continuidad y mantenimiento del Estado de Derecho en Chile aunque este sea una promesa o una quimera digna de reivindicar.
Un último argumento débil (de brutal realidad política), es el referido como el de la teoría del empate, en este caso (nombramiento de Pfeiffer) es sólo una alarma destinada al fracaso, debido a que la composición actual del Senado hace presagiar que a lo menos 33 de sus congresistas darán su voto a favor de la nominación del Gobierno (se necesitan 2/3 de los miembros en ejercicio, algo más de 25) dudándose mucho que los restantes, ora por filiación, ora por interés, ora por su historia personal entreguen un voto censitario a dicha propuesta, teniendo esta pelea tanto las Agrupaciones de DDHH como los centros de estudios y los mismos Senadores disconformes escasa o nula posibilidad de transformar a su guisa la próxima asunción en el Tribunal Supremo del país de este Ministro sindicado por su opinión y su historia como Conservador y detractor de las normas que pueden favorecer en los casos pendientes y futuros relativos a las lesiones a los derechos humanos.
Con elementos de obsecuencia histórica, de sumisión al empate de posiciones políticas imperantes (que sigue siendo mejor que el rapto por un sector u otro del órgano jurisdiccionales), de inmutabilidad y resistencia al cambio se hace difícil conseguir al breve plazo un Poder Judicial moderno y eficiente.
La misión de los órganos jurisdiccionales más allá de ser la boca que dice la ley es la de construir certeza jurídica, es decir, establecer parámetros de interpretación, posición e imposición de la fuerza a través del derecho construido por los otros poderes por mandato (hipotético) del pueblo, por lo que su alejamiento y deseo de vivir fuera de los límites del sistema político es una falacia y no una quimera digna de reivindicar como muchos de los defensores del actual sistema de justicia señalan.
Una reforma al sistema jurisdiccional requiere no sólo de reformular los procedimientos sino también la transformación profunda al modo cómo se reproducen y se designan los cargos que ejercen el Poder del Estado de Chile que más atrás en la historia permanece. Esa, me parece es la principal meta de la Justicia y por cierto para quienes habitamos dentro de la política no deja de ser un problema supremo.
Con el anuncio de parte del gobierno de postular al Ministro Alfredo Pfeiffer a la Corte Suprema, se han lanzado sobre el tapete político diversas posiciones respecto al rol político que juega el Poder Judicial dentro de un Estado de Derecho.
La necesaria división de los Poderes del Estado planteado desde los fundamentos de la República nunca ha dejado de manifestar problemas y preguntas necesarias para sociedades que buscan estándares mejores de entendimiento y edificación del ideal moderno de entramado de relaciones sociales medianamente pacíficas y que permitan progreso político, económico, social y cultural.
Ya en Roma, la cimentación de las instituciones fue un asunto que, como la construcción de la ciudad eterna, tuvo tracto dificultoso y por cierto progresivo en el tiempo. Así, con la división de los cónsules y demás figuras como tribunos y otros estaba dejado a cargo de patricios y otros a la plebe, para defensa de ésta se decía no sin cuotas altas de razonabilidad, y es que la posibilidad de pedir cuentas a las autoridades, a quienes juegan, en efecto, el juego de la política es un asunto que por más que en tiempos actuales y pretéritos se cuestione sigue siendo clave a la hora de buscar certezas jurídicas, a favor de un pueblo o una Nación.
El mismo problema en Chile no ha dejado nunca a nadie satisfecho. La edificación de la República, más aún de la actual, ha requerido diversos tragos amargos de parte de uno y otro sector dominante de la política. Las nominaciones de jueces en la Corte Suprema han supuesto una lógica de empate en los temperamentos políticos, se dice, desde 1990 a la fecha. Heredando desde el régimen militar una composición que muchos han llamado conservadora ha venido siendo transformada en un aminoramiento de ese temperamento político hacia una moderada actuación de sus Presidentes –salvo excepciones- y la anuencia por parte de la derecha política y la concertación de Ministros sindicados como cercanos a uno y otro sector. Esta cuestión nos emplaza a reflexionar brevemente sobre ciertos elementos que me parecen fundamentales a la hora de perseguir ese ideal republicano que sueña un país como el nuestro, todavía en ciernes de ser lo que se imagina a sí mismo.
Estos elementos pueden ser desglosados jerárquicamente, comenzando por uno de carácter general. La necesidad de tener un Poder Judicial independiente radica en un argumento fuerte y dos débiles. El elemento fuerte trata sobre la teoría (débil por antonomasia) pero que puesto en la praxis se viste con ropajes de fortaleza útil. Así, la independencia del poder Judicial se funda en cuestiones del Derecho Positivo, ese que solemos reproducir con ánimo convicto en las escuela s de Leyes y Derecho proveniente de juristas destacados como Hans Kelsen quien discurre, en un avance de iusnaturalismo racionalista, sobre la tesis de una hipótesis de fundamentación racional de las decisiones sobre la justicia. Esta independencia a juicio del Poder Judicial radica fundamentalmente en la autonomía económica provista desde el Ejecutivo y controlada por el mismo organismo.
Públicas han sido las rencillas que año a año ha tenido la Corte Suprema con el Ejecutivo y últimamente con la Contraloría respecto a la fiscalización de su función administrativa ya que, según la Corte, el órgano contralor y el Ejecutivo se entrometen en cuestiones de decisión autónoma como Poder del Estado y que, en ultima ratio, podría manifestarse en una revisión de la función jurisdiccional que ejerce, temor razonable pero que en una sociedad pretendidamente abierta como la nuestra es de muy difícil sustentación, sobre todo, si de cuestiones de eficiencia económica y de tramitación administrativa se refiere.
Un argumento débil se refiere a la forma cómo se entiende el juego de pesos y contrapesos políticos dentro de las decisiones y direccionamiento del poder Judicial. Es débil en cuanto el equilibrio de un órgano de la República que no se somete al escrutinio del pueblo y que organiza su régimen de sustitución de autoridades a través de un fuerte control y proposición de los restantes Poderes del Estado se queda fuera de lo que la modernidad y el mundo de hoy persigue. Esta fórmula restringe la autonomía asegurando la publicidad de forma indirecta, imperfecta dentro de un sistema político igualmente deficiente que no conoce ni proporciona bien el mayor bien que gusta poseer: el Poder.
Segundo argumento débil, pero que delata formas de reproducción y sujeción del poder en el sistema judicial que hablan muy mal de quienes desde los albores de la República mantienen una actitud obsecuente hacia el Poder Ejecutivo de turno. Fueron los mismos los que lograron continuar sin tropiezos durante las dictaduras, ensayos políticos y vueltas a la democracia, cotidianas, del siglo pasado. Esto nos hace afirmar que el real temperamento de la Corte Suprema como institución ha sido la de condescendencia con quienes saben bien, maneja las cosas en Chile. Si las decisiones económicas, políticas y sociales avanzan en cierta dirección, el rol del poder Judicial, su verdadero papel en la historia ha sido refugiarse en los Tribunales a la hora de sacar la voz y apreciar sobre su interés los movimientos de la época, configurando así una Ideología Suprema: flotar aunque todo sea una gran tempestad. Este argumento débil y subjetivo puede camuflarse con facilidad con el argumento fuerte de continuidad y mantenimiento del Estado de Derecho en Chile aunque este sea una promesa o una quimera digna de reivindicar.
Un último argumento débil (de brutal realidad política), es el referido como el de la teoría del empate, en este caso (nombramiento de Pfeiffer) es sólo una alarma destinada al fracaso, debido a que la composición actual del Senado hace presagiar que a lo menos 33 de sus congresistas darán su voto a favor de la nominación del Gobierno (se necesitan 2/3 de los miembros en ejercicio, algo más de 25) dudándose mucho que los restantes, ora por filiación, ora por interés, ora por su historia personal entreguen un voto censitario a dicha propuesta, teniendo esta pelea tanto las Agrupaciones de DDHH como los centros de estudios y los mismos Senadores disconformes escasa o nula posibilidad de transformar a su guisa la próxima asunción en el Tribunal Supremo del país de este Ministro sindicado por su opinión y su historia como Conservador y detractor de las normas que pueden favorecer en los casos pendientes y futuros relativos a las lesiones a los derechos humanos.
Con elementos de obsecuencia histórica, de sumisión al empate de posiciones políticas imperantes (que sigue siendo mejor que el rapto por un sector u otro del órgano jurisdiccionales), de inmutabilidad y resistencia al cambio se hace difícil conseguir al breve plazo un Poder Judicial moderno y eficiente.
La misión de los órganos jurisdiccionales más allá de ser la boca que dice la ley es la de construir certeza jurídica, es decir, establecer parámetros de interpretación, posición e imposición de la fuerza a través del derecho construido por los otros poderes por mandato (hipotético) del pueblo, por lo que su alejamiento y deseo de vivir fuera de los límites del sistema político es una falacia y no una quimera digna de reivindicar como muchos de los defensores del actual sistema de justicia señalan.
Una reforma al sistema jurisdiccional requiere no sólo de reformular los procedimientos sino también la transformación profunda al modo cómo se reproducen y se designan los cargos que ejercen el Poder del Estado de Chile que más atrás en la historia permanece. Esa, me parece es la principal meta de la Justicia y por cierto para quienes habitamos dentro de la política no deja de ser un problema supremo.
(*) Director Ejecutivo Observatorio DDHH
lunes, 28 de julio de 2008
Pfeiffer es la propuesta de Bachelet a la Suprema
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, fue designado por la Presidenta Michelle Bachelet para ser presentado mañana ante el Senado como el postulante a ocupar la vacante que dejó Enrique Tapia en la Corte Suprema.
Así lo informó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien señaló que La Moneda espera tener en el Senado "el más amplio apoyo como ha sido la tónica en las propuesta presidenciales"
"Hasta el momento así ha ocurrido, hemos tenido como Gobierno la mira de proponer personas de probada calidad, como el ministro Pfeiffer, con probada trayectoria judicial de largos años reconocidos por la calidad de su trabajo", agregó.
El secretario de Estado señaló su confianza en que "haya una mirada con mucha altura por parte de todos los senadores como ha ocurrido en las ocasiones anteriores y podamos tener una ratificación amplia".
Sin embargo ya surgieron voces divergentes desde el propio oficialismo por considerarse que el nombre de Pfeiffer se propone a favor de la derecha a cambio del apoyo que recibió el presidente del máximo tribunal, Urbano Marín.
El senador PS, Alejandro Navarro, comentó que esta propuesta "viene a confirmar que es uno y uno: uno cercano al gobierno y uno cercano la oposición. Esta es una pésima fórmula para constituir la Corte Suprema".
"Estamos conformado un Corte Suprema en que cada vez que votamos lo hacemos para mantener un equilibrio entre Gobierno y oposición por tanto la Corte pierde autonomía", enfatizó el legislador.
Así lo informó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien señaló que La Moneda espera tener en el Senado "el más amplio apoyo como ha sido la tónica en las propuesta presidenciales"
"Hasta el momento así ha ocurrido, hemos tenido como Gobierno la mira de proponer personas de probada calidad, como el ministro Pfeiffer, con probada trayectoria judicial de largos años reconocidos por la calidad de su trabajo", agregó.
El secretario de Estado señaló su confianza en que "haya una mirada con mucha altura por parte de todos los senadores como ha ocurrido en las ocasiones anteriores y podamos tener una ratificación amplia".
Sin embargo ya surgieron voces divergentes desde el propio oficialismo por considerarse que el nombre de Pfeiffer se propone a favor de la derecha a cambio del apoyo que recibió el presidente del máximo tribunal, Urbano Marín.
El senador PS, Alejandro Navarro, comentó que esta propuesta "viene a confirmar que es uno y uno: uno cercano al gobierno y uno cercano la oposición. Esta es una pésima fórmula para constituir la Corte Suprema".
"Estamos conformado un Corte Suprema en que cada vez que votamos lo hacemos para mantener un equilibrio entre Gobierno y oposición por tanto la Corte pierde autonomía", enfatizó el legislador.
jueves, 24 de julio de 2008
Jóvenes y Discriminación
Publicado en La Nación, 24 de Julio de 2008
Las protestas de los jóvenes ante la Ley General de Educación han derivado en una serie de reportajes respecto de una supuesta irresponsabilidad y carencia de autocuidado por parte de estos jóvenes, acercándolos sólo a fenómenos de delincuencia, violencia y drogadicción. Esta forma ideológica de configurar un enemigo social por medio de los medios es perniciosa para cualquier sociedad, más todavía cuando se trata del sector que esperamos sostenga la economía chilena en los próximos años. Estos jóvenes descontentos manifiestan un malestar social que por lo común acostumbramos descuidarnos y evadir, éste es: los enormes problemas que nuestro país muestra en emancipación juvenil. El acceso a los beneficios sociales (vivienda, educación, salud, seguridad social, etcétera) son inversamente proporcionales a las cargas (servicio militar, sistema electoral carente de incentivos, Ley Penal Juvenil, discriminación policial y laboral) que deben soportar los adolescentes en las calles.
El resultado de este malestar es conocido en otras regiones: migración irregular a otros países; violencia urbana y crecientes niveles de inestabilidad democrática y decrecimiento económico. Intentar por tanto despreciar a un sector social a costa de lucrar unos cuantos puntos de ráting más es un riesgo del que suelen después no hacerse responsables los medios de comunicación.
El resultado de este malestar es conocido en otras regiones: migración irregular a otros países; violencia urbana y crecientes niveles de inestabilidad democrática y decrecimiento económico. Intentar por tanto despreciar a un sector social a costa de lucrar unos cuantos puntos de ráting más es un riesgo del que suelen después no hacerse responsables los medios de comunicación.
Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio de DDHH
jueves, 17 de julio de 2008
Agenda Derechos Humanos
Carta publicada en La Tercera, jueves 17 de Julio de 2008.
En Chile, las Organizaciones de DDHH hemos visto con preocupación el abandono por parte del Ejecutivo y el Congreso de la Agenda de DDHH anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet y que, una y otra vez, ha quedado relegada por la coyuntura. Esta agenda contiene profundas necesidades jurídicas, sociales, económicas y culturales no cubiertas por nuestra democracia todavía y que, más allá de sanear errores del pasado, viene a cimentar bases para un futuro basado en el respeto y promoción de los derechos y garantías de todas las personas. Así, el nulo avance de proyectos de ley como la modificación al artículo 93 del código penalchileno , que busca evitar la prescripción de la acción penal en materias de DDHH; la aprobación y ratificación pendiente de diversos Tratados Internacionales (Torutra, TPI); la nulidad del Decreto Ley de Amnistía que exculpa los crimenes de la Dictadura de Augusto Pinochet y; el traspaso de los beneficios de reparación a los hijos, nietos, viudos y viudas de los presos políticos; sin olvidar el fiasco público que ha significado la creación del Instituto de DDHH en el que se comprueba el ánimo indolente que, en verdad, convoca a nuestros legisladores sobre estos temas. El tiempo juega en contra del recuerdo, las encuestas de opinión ciudadana tanto en Chile como en el mundo muestran cómo los ciudadanos se están olvidando peligrosamente de los DDHH (los del pasado y los del futuro), apareciendo nebulosos, lejos de sus preocupaciones comparados con las fluctuaiones del dólar, la inflación, el transporte, las cruces en los actos públicos, etc. Mientras los únicos logros en materias de derechos humanos sigan siendo la creación de ambiguos memoriales artísticos que no le dicen nada a la ciudadanía y la instauración de un día del año para restringir la persistencia de los aún detenidos desaparecidos, estaremos confabulando como sociedad para que las violaciones, antiguas, presentes y futuras a los DDHH sean apartadas de lo que consideramos crimen o delito y pasen a mal decorar nuestra memoria histórica, tal como el cruel error de identificación sobre los DD.DD. o como aquellas dos sillas olvidadas junto a la carretera cerca de la entrada de Santiago de Chile.
Néstor Morales T.
Director Ejecutivo Observatorio DDHH- Chile
martes, 15 de julio de 2008
Manuel Contreras enfrenta nueva condena en el caso ‘’Tejas Verdes’’
El ministro de fuero Alejandro Solís Muñoz resolvió este martes condenar a 15 años y un día de cárcel al ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras Sepúlveda, por el secuestro calificado en enero de 1974 de la funcionaria del INDAP Rebeca Espinoza, que constituye una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas al interior del Regimiento Tejas Verdes del Ejército, ubicado en la provincia de San Antonio. El magistrado condenó también a cinco años y un día de prisión a Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Klaudio Kosiel Honing y Vittorio Orvietto Tiplizyky. En tanto, Solís resolvió absolver por falta de participación a Patricio Carranca Saavedra. Esta es la décimo séptima condena dictada en investigaciones por violaciones a los derechos humanos en primera instancia en el año 2008. Según informa el sitio web Memoriaviva.cl, Rebeca María Espinoza Sepúlveda, quien no tenía militancia política conocida, fue detenida el 3 de enero de 1974, pasado el mediodía, en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, los que vestían de civil. Junto a ella fueron detenidos sus hijos Cristián y Verónica y una nieta de pocos meses de edad. En la misma oportunidad, aunque en momentos distintos, los agentes detuvieron a José Miguel Rivas Rachitoff (actualmente detenido desaparecido), a José Leonardo Pérez Hermosilla (actualmente detenido desaparecido) a Julio Hernán Parraguez Acevedo (saldría en libertad dos meses después desde el Regimiento de Tejas Verdes) y a José Medina Garcés, posteriormente liberado. La mujer, que tenía en total cinco hijos, al igual que el resto de los detenidos fue conducida a la Academia Politécnica Aeronáutica de El Bosque, donde permaneció tres días. Al cabo de este tiempo, se la trasladó al Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, siendo vista por testigos, desde donde desapareció. También desaparecieron desde este recinto militar, José Miguel Rivas y José Leonardo Pérez, ambos socialistas.
Ex senador Sinclair procesado por homicidio de cinco frentistas
El ministro Mario Carroza, que sustancia el proceso por el secuestro y desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987 a manos de agentes de la CNI -con la participación del Ejército- someterá a proceso a dos oficiales en retiro y uno activo. Se trata de quien fuera el último vicecomandante en jefe del régimen militar, Santiago Sinclair -quien llegó a ser senador designado a principios de la transición democrática-, en calidad de coautor de homicidio en las personas de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas. La decisión del magistrado se basa en que los frentistas fueron lanzados desde un helicóptero institucional al mar, previa reunión de coordinación en la que habría estado presente Sinclair y que, por autoridad superior, no podía menos que saber de las muertes. El mismo razonamiento judicial usará Carroza para quien fuera el jefe de la Dirección de la Inteligencia del Ejercito (DINE), el entonces general Hugo Prado, junto a un coronel actualmente en servicio activo de apellido Bustos. Para ambos también pesará el mismo delito. En el caso del funcionario que aún integra las filas de la institución castrense -y como ha sido la tendencia para los involucrados en casos de violaciones de derechos humanos- será alejado de la institución. El sistema usado por Carroza hasta ahora ha logrado establecer no sólo que agentes de la CNI secuestraron a los frentistas, sino también que estos pierden la vida en el cuartel Borgoño del mismo servicio represivo y son lanzados al mar en un helicóptero del Ejército. Los pilotos de Pinochet, Hugo Barría Rogers -ex agregado militar en Francia- y “el Chino Campos” -ambos procesados- son quienes participan en esta operación, pero sin saber a qué se dirigían cuando se les ordenó despegar y dirigirse a un predio de Colina, el mismo que utilizó la DINA en los 70's para hacer desaparecer a los militantes de izquierda. Desde 2002 están sometidos a proceso, el entonces jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, el comandante (R) Krantz Bauer Donoso, el mayor (R) Álvaro Corbalán, capitán (R) Luis Sanhueza Ros; los suboficiales (R) Manuel Ramírez y René Valdovinos y los empleados civiles de Ejército César Acuña, Manuel Morales, Luis Santibáñez y Víctor Ruiz Godoy. Se suman el coronel (R) de Carabineros Iván Quiroz, y los agentes Juan Orellana Morales, Hernán Vásquez, Raúl del Carmen Durán, José Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira y Jorge Raimundo Ahumada Molina. Se suma a ellos el ex jefe del Batallón de inteligencia del Ejército (BIE), el general (R) Julio Cerda. Santiago Sinclair fue un militar destacado durante la dictadura militar. Junto con llegar a vicecomandante en jefe hasta 1986 e integró la Junta Militar en 1989, como también senador designado hasta 1997. Uno de las intervenciones más celebres del ex general, ocurrió la noche del plebiscito del 5 de octubre, cuando Pinochet perdió esa consulta. Sinclair le dijo al fallecido dictador, cuando ya se conocían los resultados: “Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”. Sin embargo, como Pinochet ya no contaba con el apoyo de la Junta le respondió: “La Constitución se cumple, señor vicecomandante”.
lunes, 14 de julio de 2008
"Esmeralda" recibida en Croacia con protestas de grupos de DD.HH.
Con protestas fue recibido hoy en Split, Croacia, el buque escuela "Esmeralda", por parte de integrantes de agrupaciones de derechos humanos que la denuncian como símbolo de torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Los manifestantes, que llevaban pancartas con la leyenda "Pinochet y Esmeralda no pasarán", recordaron que naciones como Suecia y los Países Bajos rechazaron que el barco recalara en sus puertos.
Según la agencia de noticias croata "Hina", Semina Loncar, una de las organizadoras de la protesta y presidenta del "Centro de desarrollo de la democracia" (CERD), declaró que "es una vergüenza que hayamos aceptado recibir" a la nave.
"Muchos croatas-chilenos fueron torturados y asesinados por la junta militar y por ello Croacia no debió haberlo recibido (el barco) en absoluto, tal como lo hicieron algunos otros países", dijo a su vez Mandica Rojas Radmilovic, esposa de un sobreviviente de las torturas de Pinochet, Álvaro Radmilovic, chileno de origen croata.
La "Esmeralda" se encuentra realizando su 53º Crucero de Instrucción. D ebería quedarse cinco días en Split, tras visitar antes Cádiz (España). Su itinerario luego contempla otros puertos del Mediterráneo como El Pireo (Grecia), Estambul (Turquía), Haifa (Israel) y Alejandría (Egipto), para posteriomente dirigirse a Cochin (India), Cape Town (Sudáfrica) y Buenos Aires (Argentina). Se espera que recale en Punta Arenas antes de su regreso a Valparaíso el 7 de diciembre.
Los manifestantes, que llevaban pancartas con la leyenda "Pinochet y Esmeralda no pasarán", recordaron que naciones como Suecia y los Países Bajos rechazaron que el barco recalara en sus puertos.
Según la agencia de noticias croata "Hina", Semina Loncar, una de las organizadoras de la protesta y presidenta del "Centro de desarrollo de la democracia" (CERD), declaró que "es una vergüenza que hayamos aceptado recibir" a la nave.
"Muchos croatas-chilenos fueron torturados y asesinados por la junta militar y por ello Croacia no debió haberlo recibido (el barco) en absoluto, tal como lo hicieron algunos otros países", dijo a su vez Mandica Rojas Radmilovic, esposa de un sobreviviente de las torturas de Pinochet, Álvaro Radmilovic, chileno de origen croata.
La "Esmeralda" se encuentra realizando su 53º Crucero de Instrucción. D ebería quedarse cinco días en Split, tras visitar antes Cádiz (España). Su itinerario luego contempla otros puertos del Mediterráneo como El Pireo (Grecia), Estambul (Turquía), Haifa (Israel) y Alejandría (Egipto), para posteriomente dirigirse a Cochin (India), Cape Town (Sudáfrica) y Buenos Aires (Argentina). Se espera que recale en Punta Arenas antes de su regreso a Valparaíso el 7 de diciembre.
miércoles, 9 de julio de 2008
Agrupación de DDHH se toma de forma simbólica iglesia San Francisco
Una toma simbólica de la Iglesia San Francisco se registra a esta hora en el centro de la capital por parte de la Asamblea de Derechos Humanos en rechazo a la represión vivida en manos de la fuerza policial en contra de profesores y estudiantes. La intención es dialogar con “algún alto dignatario de la iglesia para que puedan servir de intermediario con el Gobierno”, precisó la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García a radio Bío Bío. “Esto es en contra de la represión que se ha venido viviendo durante los últimos años y que se ha ido acrecentando y que pareciera que no tiene limites. Nuestra impresión es que Carabineros ha tenido un otorgamiento de poderes omnímodos que los hace superiores a cualquier ciudadano común y corriente y que por lo tanto actúa igual como se actuó en dictadura y nosotros no podemos permitir que en democracia se actúe igual que en dictadura”, puntualizó.
martes, 8 de julio de 2008
Educación
Carta Publicada en la Nación, Martes 08 de Julio 2008
Luego de concluida la primera etapa del conflicto sobre educación con la aprobación del proyecto de Ley General de Educación en la cámara y revisando la encuesta desarrollada por Morales&Asociados para GreenTank, es posible obtener tres conclusiones: corrobora el sentimiento de disociación respecto de capacidad-confianza en la clase política con las necesidades del país: sólo 32,3% de los encuestados declara aprobar la conducción de la Presidenta Michelle Bachelet en este conflicto, porcentaje que crece a 72,3% cuando se evalúa la gestión conjunta de la Presidenta y los ministros. La encuesta también arroja luces respecto de la actuación de estudiantes y profesores, los que son reprobados respecto de su actitud frente al conflicto.
Un punto interesante se destaca respecto de los elementos que impiden el mejoramiento de la educación, siendo la baja calidad de los profesores la que encabeza la lista (30,4%), seguida por los bajos sueldos a los mismos (19,6%) y la falta de fiscalización a los sostenedores (20,9%), entre estos elementos el lucro en la educación sólo logra 0,7% de mención. Sin duda que son muchas las aristas que la crisis de la educación genera en la ciudadanía, pero la más importante es que más allá de debates estériles y escaramuzas en las calles, lo que queda es el sentimiento de que ninguno de los actores del conflicto sabe qué camino tomar y todos salen con mala nota.
Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio de DDHH
viernes, 4 de julio de 2008
Monseñor Goic: "Chile aún está lejos del progreso humano y del desarrollo social"
El presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Alejandro Goic, dijo que Chile "está aún lejos del progreso humano y del desarrollo social" que anhela el país, aunque "la sociedad chilena ha tenido considerables cambios en las últimas tres décadas".Durante la celebración de la 42da. jornada mundial de las comunicaciones sociales, encabezada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz, Goic recordó que en el pasado, "en una hora dramática para el país", la Iglesia "no pudo callar ni dejar de ser un refugio solidario"."Cuando la vida, los derechos humanos y las libertades individuales estaban amenazadas, no podíamos callar, no podíamos dejar de ser refugio solidario. Algunos sacerdotes dieron la vida en ese afán. También algunos periodistas y comunicadores", recordó.Añadió que Chile experimentó cambios considerables en las últimas tres décadas, "pero nuestra sociedad está aún lejos del progreso humano y del desarrollo social que tanto afirmamos desear para nuestra patria".Advirtió además que "se mantienen las mordazas para muchos periodistas y comunicadores que son prisioneros de los indicadores de sintonía, de tiraje o de visitas, que rinden culto a las supuestas exigencias del mercado e hipotecan sus principios editoriales".
FELICIDAD CON CAUTELA
Gonzalo Meza Allende (*)
Desde luego me sumo a la alegría universal del rescate de los 15 prisioneros de las FARC, comenzando por Ingrid Betancourt, quien representa todo un símbolo por ser ex candidata presidencial, y por la gran campaña de sensibilización que ha habido de su libertad liderando la de todos los retenidos por las FARC.
Colocando en perspectiva la liberación de Ingrid, creo que hay que escuchar sus palabras, y leer entre líneas sus frases: “hay que invitar al Presidente Chávez, al Presidente Correa” en referencia a la lucha por la libertad de los demás presos.
Colocando en perspectiva la liberación de Ingrid, creo que hay que escuchar sus palabras, y leer entre líneas sus frases: “hay que invitar al Presidente Chávez, al Presidente Correa” en referencia a la lucha por la libertad de los demás presos.
Por otra parte, señala y aclara que si bien se oponía a la liberación por la fuerza, hace un juego de palabras: “no fue una operación militar sino de inteligencia”. Si en algún momento el intento hubiese fallado se hubiera transformado en un enfrentamiento militar, por ende, el éxito, del cual me alegro, no la transforma por ese hecho en sí en operación de inteligencia
solamente.
Sí hace un planteamiento muy legítimo, como varios otros ex rehenes de las FARC lo habían hecho antes, cual es: “mejor morir en el intento de fuga que morir lentamente como prisionero y humillado”.
Pero una vez más, Uribe juega con fuego, ya lo había hecho con el conflicto que generó con Ecuador en Marzo pasado, y ahora vuelve a usar la fuerza, eran militares de elite los que fueron al rescate de los 15 prisioneros. Se llega al límite de que el fin justifica los medios. Nadie desconoce la actual desarticulación de las FARC, pero de allí a vencerlas militarmente es otro
asunto, menos a costa de muertes de rehenes, civiles, guerrilleros o terroristas -como se les quiera llamar- y militares de las FF. AA. de Colombia. Todos esperamos que las FARC se sigan desarticulando y que comprendan, como ya lo han hecho otros grupos armados en Centroamérica en su momento, que deben integrarse a la vida civil de Colombia, de lo contrario la tentación del uso de la fuerza por parte del actual Gobierno será mayor, o la justificación de ésta.
Creo que Ingrid dio hoy pautas claras de que se deben usar las armas de la paz, como es el hecho de participar en una manifestación en Colombia cerca del 20 de este mes.
Ojalá que este tipo de movilizaciones, más la coordinación entre las naciones del mundo, especialmente de Sudamérica permitan generar las condiciones para que finalmente todos seamos ganadores, porque cuando triunfa la paz todos, excepto aquellos que ven en el uso de la violencia un recurso válido, somos los triunfadores.
(*) Director Consultora Opinión
martes, 1 de julio de 2008
Carta en La Nación, Martes 01 de Julio de 2008
Las protestas de los jóvenes ante el proyecto de Ley General de Educación (LGE) derivaron en una serie de reportajes respecto de una supuesta irresponsabilidad y carencia de autocuidado de parte de los jóvenes, acercándoles sólo a fenómenos de delincuencia, violencia y drogadicción.
Esta manera ideológica de configurar un enemigo social por medio de la prensa es perniciosa para cualquier sociedad, más todavía cuando se trata del sector que esperamos sostenga la economía chilena en los próximos años. Estos jóvenes descontentos manifiestan un malestar social del que solemos descuidarnos y evadir. Este es: los enormes problemas que nuestro país muestra en emancipación juvenil. El acceso a los beneficios sociales (vivienda, educación, salud, seguridad social, etcétera) son inversamente proporcionales a las cargas (servicio militar, sistema electoral carente de incentivos, Ley Penal Juvenil, discriminación policial y laboral) que deben soportar esos adolescentes en las calles.
El resultado de este malestar es ya crónico en otras regiones: migración irregular a otros países; violencia urbana y crecientes niveles de inestabilidad democrática y decrecimiento económico. Intentar despreciar a un sector social a costa de lucrar unos cuantos puntos de rating es un riesgo del que después suelen no hacerse responsables los medios de comunicación.
Néstor Morales T.,
director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos
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