OBSERVATORIO DDHH

Reforma migratoria o más masacres

2010-09-02T21:06:00.000-07:00

El anuncio del presidente Rafael Correa de que hubo un segundo sobreviviente de la masacre en Tamaulipas posibilita un mayor esclarecimiento de lo que sucedió en esta tragedia, insólita incluso a la luz de la violencia alcanzada en México. Como lo dijo un lector de Reforma: no podemos ni imaginarnos el escándalo que con razón armaríamos los mexicanos si mañana acribillaran a 72 mexicanos en el desierto de Arizona.
Pero la magnitud del horror no facilita su comprensión. Quizá el sobreviviente hondureño, ya bajo custodia de la PGR de México, o el ecuatoriano, ya protegido por su gobierno en Quito, nos den más claves para entender lo que, en parte, es un enigma.
Se entiende que un grupo de criminales arrebate su "mercancía" (migrantes) a otro y busque aprovecharse: sea para reclutarlos como sicarios, para extorsionarlos o para usarlos como "mulas" para llevar droga a Estados Unidos.
Aunque esta afirmación genera dudas: ¿para qué quieren a mujeres embarazadas como sicarios?, ¿qué tipo de red se necesita para lograr la transferencia de fondos del Ecuador a México, o de Honduras a Miami, o de El Salvador a San Francisco para liberar a los migrantes?, ¿qué tan eficaces como "mulas" pueden ser unos aterrados migrantes, fáciles víctimas de la Border Patrol, la DEA o de las policías locales en Estados Unidos?
Pero sobre todo, a menos de que se trate de un escarmiento ante un enemigo de gran calado, parece extraño que la única alternativa de los criminales ante el rechazo de sus víctimas a cooperar sea masacrarlos, a todos.
Hay algo en todo esto que no termina de cuadrar. Por eso en El Salvador, algunos analistas ven la marca de la Mara Salvatrucha en lo sanguinario del caso: no les huele a Zetas o a cárteles mexicanos.
Lo que sí cuadra es algo que me aclaró el ex subsecretario de Estado norteamericano para América Latina, Tom Shannon, hace ya 5 años, a propósito del vínculo entre las bandas criminales y migrantes.
Shannon explicaba en una cena que hasta hace pocos años (entonces) los polleros (o coyotes) que ayudaban a pasar a los migrantes eran una especie de "sherpas" o guías que les ayudaban, no siempre con efectividad y nunca por generosidad, a atravesar el desierto, encontrar transporte después de cruzar y llegar así a su destino.
Desde México no se solía pagar mucho más de 500 dólares para llegar, por ejemplo, a Nueva York; desde Centro América o el Ecuador quizá se pagaban hasta 2,000 dólares porque los gastos eran más elevados.
Pero al empezar a cerrarse la frontera a partir de 2005, y posteriormente (agrego yo) ante la derrota de la reforma migratoria integral en 2006 y 2007, y ahora ante la pasividad de Obama al respecto, se ha vuelto mucho más difícil entrar a Estados Unidos sin papeles, pero no imposible: sólo más caro.
Al aumentar el riesgo, sube el precio; al incrementarse éste, el negocio se vuelve más jugoso. Y al transformarse en un negocio mucho más atractivo, atrae a más y mayores criminales.
Es exactamente el mismo fenómeno que sucede con el narco, según mi amigo y también ex comandante guerrillero salvadoreño Facundo Guardado que, a diferencia de su ex colega Joaquín Villalobos, cree que la persecución del narco sólo vuelve más atractivo ese negocio y más gente quiere participar.
Cuando el negocio de pollero o coyote se torna hiperlucrativo, las bandas de criminales no sólo lo quieren, sino que pelean por las rutas, los puntos de entrada y de salida, el transporte y la corrupción de las autoridades mexicanas y norteamericanas. De una manera u otra, seguramente en este proceso yace la explicación de la masacre de San Fernando.
La culpa es de muchos: de los países expulsores incapaces de darle empleo a su gente; las autoridades mexicanas que han descuidado la frontera sur y la migración interna desde hace años; pero más que nadie lo es de Estados Unidos, que al negarse a adaptar sus leyes a la realidad, sólo transforman para mal esa realidad: en el horror.

Suspenden juicio de Elena Varela

2010-04-13T05:40:00.001-07:00

Debido a la muerte de la madre del juez Alejandro González, que encabezaría la audiencia en el Tribunal Oral de Villarrica, ayer se suspendió por quinta vez el juicio contra la documentalista Elena Varela.
La cineasta está acusada por los delitos de asociación ilícita y robo con violencia.
El Ministerio Público la acusa de participar, junto a Sergio Reyes Matus y Kenny Sánchez Contreras en el asalto al BancoEstado de Loncoche en 2004 y el asalto a la plaza de pagos del INP de Machalí, donde murieron cuatro personas en 2005.

Movilh rechazó dichos de Tarcisio Bertone

2010-04-13T05:38:00.001-07:00

Revuelo causaron ayer las declaraciones del secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, quien se encuentra de visita en nuestro país, quien relacionó los actos de pedofilia con la homosexualidad y descartó que tuvieran relación con el celibato que mantienen los religioso católicos.
“Muchos sicólogos y muchos siquiatras han demostrado que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, me han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia”, afirmó el cardenal, brazo derecho del Papa Benedicto XVI.
Bertone reconoció que los actos de pederastia son “muy graves y escandalosos”, pero que éstos se dan en todo ámbito y aseveró que en la Iglesia son sólo unos pocos casos.
El alto religioso adelantó que el Santo Padre “tomará otras iniciativas aún (además de haber pedido disculpas). No puedo anticipar, pero se están pensando otras iniciativas. No va a dejar de sorprendernos con estas iniciativas sobre este tema específico”.
REPUDIO GAY
Rápidamente el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) salió al paso de las declaraciones del prelado afirmando en un comunicado que “tanto para la Organización Mundial de la Salud (OMS), como para todas las asociaciones de sicología y siquiatría reconocidas existentes en el mundo, la orientación homosexual es tan natural como la heterosexualidad y no tiene ningún vínculo con la pedofilia”.
“De hecho la mayor cantidad de abusos contra menores tienen como responsables a personas heterosexuales, según todos los estudios”, enfatiza el documento.
La organización acusó a Bertone de mentir “de una manera descarada e inhumana, por cuanto no hay ninguna investigación científica, seria e independiente de toda corriente religiosa, que indique ello (la relación pedofilia y homosexualidad)”.
El Movilh aseveró que el religioso “pretende responsabilizar a personas con una orientación sexual natural minoritaria, con los brutales casos de pedofilia cometidos por sacerdotes, utilizando de manera inmoral a los homosexuales como chivos expiatorios”.
“Con la voz de Bertone, la jerarquía de la Iglesia Católica ahora no sólo es acusada con fundamentos de ocultar a los sacerdotes responsables de abusos contra menores. También puede ser acusada, con una claridad absoluta, de ser una institución doblemente criminal, por cuanto ofende ahora a un grupo de personas por amar a otras de su mismo sexo, sin importar el daño que ello causa en millones de seres humanos, en especial en aquellos jóvenes que están recién comprendiendo y asumiendo su orientación sexual”, apuntó el Movilh con vehemencia.

Dictan nueva condena contra ex agentes de la disuelta DINA

2010-04-12T14:16:00.000-07:00

Una nueva condena sumó a su historial penal el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, quien fue sentenciado a una pena de 5 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Héctor Fernando Vergara Doxrud, ocurrido en septiembre de 1974.
De igual modo en este episodio fueron sancionados por el ministro en visita Juan Fuentes Belmar César Manríquez Bravo (3 años y un día de presidio. Se concedió el beneficio de libertad vigilada); Marcelo Moren Brito (800 días de presidio. Se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena); Ciro Torré Sáez y Orlando Manzo Durán (absuelto por falta de participación)
A la fecha, al ministro Fuentes se le han asignado 71 procesos por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 50 están terminadas (19 fallados) y 21 tramitación (15 en sumario y 6 en etapa de plenario).

Fantasmas del pasado: el genocidio armenio y los turcos

2010-04-11T20:36:00.000-07:00

Tigranui Asartyan cumplirá 100 años esta semana. Descartó sus cuchillos y tenedores hace dos, cuando perdió su sentido del gusto, y el año pasado dejó los anteojos tras quedar ciego. Vive en la capital armenia, Yereván, y no ha salido de su pieza hace meses. “Estoy esperando morir”, dice ella. Hace 92 años estaba en una aldea del lado turco de la frontera actual, escondida en el subterráneo de una casa. El cuerpo de un niño golpeado hasta la muerte yacía en la calle. Las mujeres estaban siendo violadas en la casa del lado y ella podía escuchar los gritos. “Hay turcos buenos y turcos malos”, dice. Los malos golpearon al niño, los buenos la ayudaron a ella y su familia a huir siguiendo a las tropas rusas en retirada.
El granjero Avadis Demirci tiene 97 años. Si alguien en su país mantiene registros de estas cosas, él es probablemente el último armenio en Turquía que sobrevivió al genocidio. Demirci mira por su ventana en la aldea de Vakifli. El Mediterráneo es visible a la distancia. En julio de 1915, unidades turcas entraron a la aldea. “Mi padre me ató a su espalda cuando huimos”, dice Demirci. “Al menos eso me dijeron mis padres”. Armados con escopetas, los habitantes de su aldea y de otras se atrincheraron en Musa Dagh, o Moisés. Dieciocho años más tarde, el austriaco Franz Werfel describió esta resistencia en “Los cuarenta días de Musa Dagh”. Demirci dice que “la historia es verdadera. Yo la viví, aunque la recuerdo por los relatos”.
Evitando la Palabra
Aparte del libro (y de la vista, desde el memorial en el cerro Zizernakaberd cerca de Yereván, del nevado e inaccesible monte Ararat) quedan pocos recuerdos del genocidio armenio a medida que sus sobrevivientes se acercan a la muerte.
De 1915 a 1918, entre 800 mil y 1,5 millones fueron asesinados en lo que ahora es Turquía occidental, o murieron en marchas de la muerte en el desierto sirio del norte. Fue uno de los primeros genocidios del siglo XX. Otros han desde entonces ocupado su lugar. Al pueblo armenio, tras sufrir una aniquilación parcial, luego desparramado por el mundo y obligado a regresar a un país que ha permanecido aislado, le ha tomado décadas avenirse a su catástrofe. Sólo en los ’60, tras un prolongado debate con Moscú, los armenios erigieron un memorial.
Turquía, en cuyo territorio se cometieron los crímenes, sigue negando los actos. Alemania, aliada del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, y la URSS, bien dispuestos hacia la joven república turca, no tenían interés en publicitar el genocidio. Alemania aún no lo ha reconocido. En 2005, el Bundestag llamó a Turquía a aceptar su “responsabilidad histórica”, pero evitó el uso de la palabra “genocidio”. Debido a la importancia de Ankara en la guerra fría, los occidentales no consideraron oportuno un debate. La falta de fotos y películas ha hecho más difícil examinar la catástrofe.
Pero hay testigos, especialmente alemanes y estadounidenses, cuyos relatos y correspondencia se conservan en archivos, donde han sido estudiados por especialistas. Ayer 9 de abril se conmemoró el 95º aniversario del genocidio y el canal alemán de televisión ARD emitió el documental “Aghet” (“catástrofe” en armenio), que entrega palabras de diplomáticos, ingenieros y misioneros. El primer protagonista es el actor y escritor Hanns Zischler. Lee las palabras de Leslie Davis, hasta 1917 cónsul de EEUU en Harput, en la Anatolia oriental, donde fueron apiñados cientos de armenios y luego enviados a una marcha de la muerte.
“El sábado 28 de junio”, escribió, “se anunció que todos los armenios y sirios (asirios de la fe apostólica armenia) debían irse. El significado de esa orden puede apenas ser imaginado por quienes no están familiarizados con las peculiares condiciones de esta aislada región. Una masacre, por horrible que pueda sonar la palabra, sería humana en comparación”. Friedrich von Thun, que actuó en “La lista de Schindler”, encarna al embajador de EEUU Henry Morgenthau. Describe reuniones con el ministro del Interior otomano Talaat Pasha, que enfrentó a Morgenthau con la “decisión irrevocable” de hacer “inofensivos” a los armenios.
Talaat convocó al embajador estadounidense y le hizo una petición que Morgenthau dijo que era “tal vez la cosa más asombrosa que jamás yo había oído”. Quería las listas de los clientes armenios de las compañías de seguros New York Life y Equitable Life. Los armenios estaban ahora muertos y sin herederos, dijo, y el gobierno tenía derecho a sus beneficios. “Naturalmente, rechacé su petición”, escribió Morgenthau. Las actrices Martina Gedeck y Catarina Schüttler relatan las memorias de dos monjas misioneras, una sueca y otra suiza. Hannah Herzprung y Ludwig Trepte narran las experiencias de dos sobrevivientes, y Peter Lohmeyer lee partes del diario del cónsul alemán Wilhelm Litten.
El 31 de enero de 1916, Litten iba por el camino entre Deir al-Zor y Tibni, hoy Siria, cuando escribió lo siguiente: “Una de la tarde. A la izquierda del camino hay una mujer joven, desnuda, vistiendo sólo calcetines café en sus pies, con su espalda hacia arriba y su cabeza oculta entre sus brazos cruzados. Una y media de la tarde. En una zanja al lado derecho hay un viejo de barba blanca, desnudo, tendido de espaldas. Dos pasos más allá, un niño, desnudo, con la espalda hacia arriba y su nalga izquierda cercenada”. Igual de fría y calculada fue la respuesta del canciller del Reich Theobald von Bethmann-Hollweg a la propuesta de su embajador de censurar a los otomanos de Alemania por el crimen. El documental muestra por primera vez algunos incidentes, como el ostentoso re-entierro de 1943 en Turquía de los restos de Talaat Pasha, asesinado en Berlín en 1921.
Pilar de la identidad nacional
El debate actual en torno del genocidio está emergiendo en Turquía recién ahora, casi un siglo después. El Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, afirma que Turquía jamás reconocerá el genocidio. Durante una exposición sobre Armenia, ultranacionalistas indignados arrancaron fotos de las murallas y luego, como si hubiesen perdido la razón, atacaron un auto que llevaba al Nobel de Literatura Orhan Pamuk tras una comparecencia porque dijo lo que los historiadores han demostrado hace mucho.
Durante décadas, los armenios nacidos tras el genocidio se sintieron torturados y perturbados. “La tragedia”, dijo Hayk Demoran, director del Memorial al Genocidio de Yereván, se ha convertido en “un pilar de nuestra identidad nacional”. Y el Presidente armenio Serge Sarkisian dijo a Spiegel: “La mejor manera de evitar la repetición de tal atrocidad es condenarla”. La generación turca posgenocidio no tiene problemas para dormir. Atatürk, el fundador de la República, ejecutó un quiebre radical con el Imperio y con los tres hombres que fueron responsables: Talaat, Enver y Cemal Pasha. Attatürk reconoció que se habían cometido “equivocaciones” (que sus sucesores niegan hasta hoy), pero permitió que funcionarios y militares implicados participaran en su gobierno.
Una memoria viviente y escondida
Los demonios del pasado están despertando en respuesta a las presiones de la diáspora armenia. Antes del aniversario del 24 de abril por los arrestos de políticos e intelectuales armenios en la entonces Constantinopla (que señalan el inicio de las deportaciones en 1915), más parlamentos nacionales aprueban resoluciones que reconocen el genocidio: Francia en 2001, Suiza en 2003, y ahora el Comité de RREE de la Cámara de Representantes de EEUU y el Parlamento sueco. Y cada vez Ankara amenaza con consecuencias y finalmente no pasa nada. Ya es un ritual, cuyo propósito ha sido cuestionado por hombres como Hrant Dink.
El editor del diario turco-armenio Agos no se conformaba con la definición de la palabra “genocidio”. Quería que Turquía enfrentara su pasado. Pagó sus opiniones con su vida. El 19 de enero de 2007 fue asesinado. Los 200 mil turcos que marcharon por las calles de Estambul en su funeral, enarbolando letreros que decían “Somos todos armenios”, humillaron a su gobierno. Una realidad que enfrentan miles de turcos en sus familias y que parecen tener más impacto que las presiones diplomáticas.
A comienzos de los ’80, la abogada Fethiye Çetin descubrió que tenía raíces armenias. Su abuela Ser se lo había confidenciado tras décadas de angustia. En 1915, Ser, bautizada con el nombre armenio Heranush, vio cómo degollaban a los hombres de su aldea. Sobrevivió, fue acogida por la familia de un oficial turco, criada como musulmana y se casó con un turco. Está entre las decenas de miles de “armenios escondidos” que escaparon de los asesinatos. La revelación de su abuela fue un shock. En 2004, Çetin escribió un libro en el que reseñó la historia de su familia. “Anneanmen” (“Mi abuela”) se convirtió en un best seller e innumerables lectores le escribieron, muchos con palabras de aprecio. Otros la acusaron de “traidora”. Pero el tabú se había roto.

Sepultan a tres integrantes de la escolta de Allende

2010-04-11T20:28:00.000-07:00

Tras 37 años de su muerte, al fin descansarán los restos de tres integrantes del Grupo de Amigos Personales de Allende (GAP), Óscar Lagos Ríos, Juan Vargas Contreras y Julio Moreno Pulgar.
Los socialistas fueron detenidos el mismo día del golpe militar y asesinados el 13 de septiembre de 1973 en el regimiento de Peldehue.
Los cadáveres permanecieron allí hasta 1978, cuando fueron desenterrados con retroexcavadora y los restos fueron embarcados en un helicóptero para ser lanzados al mar. Sin embargo, quedaron en el terreno 500 restos óseos pertenecientes a 11 personas, entre los que se encontraban estos ex miembros del GAP.
Su identificación tardó casi nueve años, por lo cual Ríos, Vargas y Moreno son los primeros en tener un funeral, que se realizaría ayer, y descansar, al fin, en el Cementerio General.

Domar un Quetzalcoatl

2010-04-11T08:09:00.000-07:00

Néstor Morales T.

Estos días estamos asistiendo a la constatación de un expolio y explotación inédita que está ejerciendo Europa en el continente africano: la compra de tierras por parte de empresas e inversionistas, en muchos casos subvencionados por los propios Estados, por una normativa europea que obliga a utilizar un 10% de biocombustibles para el transporte a partir del año 2015, y el gran negocio que representa la producción intensiva de alimentos de cara al cambio climático, la escasez de agua y el aumento de población que se prevé en el futuro.

En la actualidad, son 20 las naciones africanas que ya han vendido 50 millones de hectáreas de territorio africano (más del doble de toda la superficie del Reino Unido). Etiopía ha ofrecido a la venta en los últimos años tres millones de hectáreas de su tierra más fértil a países ricos y a algunos de los individuos más adinerados del mundo para que exporten alimentos a sus países ricos a precio barato. El dato paradójico es que en este país 13 millones de personas están necesitadas de ayuda alimentaria.

Los compradores de tierra afirman que generan puestos de trabajo en la región, pero la realidad es que los campesinos de África se ven privados de su forma de vida y de su principal sustento, forzándoles a abandonar sus territorios e, inevitablemente, obligándoles a emigrar a ciudades y otros países, generándose como consecuencia enormes bolsas de pobreza periurbana. Sus tierras, mientras, se convierten en grandes plantaciones cuyos amos son empresas extranjeras. Europa se ha lanzado sin complejos a la senda de la recolonización, pero, además, con los impuestos que pagamos.

Cuado era niño, los relatos de pequeños niños africanos muriendo de hambre eran un argumento para terminar un plato de vegetales indeseable a esa inconsciente edad que por lo general no rentaba ningún resultado para enfado de nuestras madres. Claro, se trataba de personas que vivían muy lejos y cutos problemas eran muy diferentes a los míos o los de mis amigos. Pero el mundo ha cambiado desde hace un rato y la interconectividad, la información y la experiencia de mirar más allá de la ventana segura del hogar da cuenta de que los problemas de seguridad humana son los mismos en todas partes.

Siento que Latinoamérica no es ajena a este fenómeno. Las migraciones internas de los países de la región ocurren principalmente desde tierras de siembra pertenecientes a campesinos indígenas expropiados por grandes transnacionales que “compran” o simplemente roban a estos pequeños agricultores con fines mineros o fabriles. Las excusas son siempre las mismas: crecimiento, producción, puestos de trabajo, bajos impuestos para las empresas y, últimamente, reconstrucción. A partir de estos movimientos de humanas y humanos hacia los centros urbanos un segundo nivel de desplazamiento de personas se genera, este es, el de la pobreza urbana que busca nuevas oportunidades en los países vecinos tanto a través de vías formales como también en forma ilegal. Esta migración hasta hoy en Latinoamérica ha contribuido en parte a bajar los precios de la obra de mano gruesa y a estimular los índices de empleabilidad en algunas capitales y las utilidades de las empresas de servicio y de construcción.

El problema radica en tres frentes: Uno. La tenencia de la tierra por parte de mineras y grandes fábricas provoca daño ecológico y de producción agrícola irreparable lo que conlleva a nuevos problemas alimentarios y de generación de contaminación que perjudica a la población. Segundo, el desplazamiento de campesinos a la ciudad, principalmente con raigambre indígena acarrea problemas de trabajo, vivienda, salud primaria, educación y discriminación violenta contra ellos, transformando comunidades en ghettos impenetrables o de altos índices de morbilidad y deshumanización como ocurre en ciudades como Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, Lima o Tegucigalpa. Y en tercer lugar el fenómeno creciente de migraciones transnacionales fomenta no sólo el hacinamiento en los nuevos países para estos migrantes sino el peligro de ser usados en el tráfico de drogas y de personas, la no calificación para empleos, bajas condiciones sanitarias y de vivienda así como incapacidad jurídica de percibir beneficios estatales, entre otros elementos a cautelar.

En definitiva, para la construcción de un continente basado en las garantías para sus habitantes es necesario fijar los problemas de seguridad humana desde una perspectiva integral, abordarlos de manera sectorial en Ministerios, Secretarías de Estado y Direcciones de Servicio puede ser un buen índice para medir gestión pero no entrega las externalidades que busca un sistema de protección de las personas, al contrario invisibiliza las necesidades y hace desaparecer a los números crecientes de personas que se encuentran en esta situación.

Hoy vivimos en un continente que mantiene una estabilidad política y jurídica precaria para sus ciudadanos. Un conflicto armado interno o entre países, nuevas catástrofes naturales u otras circunstancias críticas podrían significar miles de latinoamericanos vagando en campos de refugiados clamando por agua, paz y seguridad. Una mirada larga que comprenda estos asuntos urge a la política y la técnica en nuestro continente, veremos quien se arriesga a ponerle el cascabel al quetzalcoatl.

Rossy Lama: “No habrá ley de punto final en las causas de DDHH”

2010-04-11T07:36:00.000-07:00

La abogada Rossy Lama es la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sabe que su tarea es difícil porque tratará con materias en las que hay dolor, rabia, odios, y sed de que los que cometieron los crímenes bajo la dictadura paguen por ello. Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valparaíso el 2002, obtuvo su título de abogada ese mismo año.
Uno de los aspectos de su nueva gestión aún no definidos, es la creación de un Comité Asesor externo, que ella sostiene será “pluralista” y no apuntaría a fijar líneas de acción ya establecidas por ley para el Programa, sino aportar al trabajo de la institución. Aquí expone los lineamientos que regirán los pasos de esta institución bajo el nuevo gobierno, sin eludir preguntas.
-¿Cuáles son las prioridades para enfrentar este trabajo en su nuevo cargo?-Ésas son las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas, y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación.
-¿Mantendrá el programa la capacidad de presentar querellas como lo faculta la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos?-Sí, vamos a seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas. Hay tres abogados del programa revisando los casos de ejecutados políticos, lo que estará listo a fines de abril. Se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y trabajaremos en conjunto con ellos.

-¿Cuáles serían los casos en que no correspondería presentar querellas?-Eso es un análisis jurídico en virtud de los antecedentes con los que se cuente en cada caso y la relación que un caso pueda tener con otras causas. Hay muchas causas donde los antecedentes se cruzan, entonces podría haber casos donde no sería necesario presentar una nueva querella, porque ya hay otros procesos donde se cruzan los mismos antecedentes.
-Bajo la Concertación, este programa se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, gracias a la legislación internacional. ¿Se mantendrá ese criterio?-Ese criterio se mantiene intacto, así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados. Esa seguirá siendo la política institucional de este programa. Lo único que hay que hacer es aplicar el derecho, porque aquí somos todos abogados y tenemos que aplicar el derecho como las leyes lo establecen.
-¿También se opondrán a la media prescripción que viene aplicando la Corte Suprema, que rebaja las penas a tal punto que los acusados puedan cumplir las condenas en su casa con libertad vigilada?-También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción.
-¿Seguirá sosteniendo el programa ante los tribunales que en el caso de los detenidos desaparecidos, el secuestro es un delito de carácter permanente?-El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa.
-¿Continuará trabajando con los mismos abogados que conocen los procesos, o vendrán abogados nuevos a hacer esa tarea?-El equipo de abogados se mantiene exactamente igual. No habrá modificaciones, mientras no sea necesario hacerlo. A partir del 1 de abril se incorporó un abogado nuevo, Francisco Ugas, magíster en derechos humanos y que viene del Ministerio Público. Él llegó como jefe del área jurídica para estadísticas con el fin de seguir las resoluciones de las cortes, afianzar fundamentos jurídicos para seguir peleando en contra de la prescripción o la media prescripción, y ver los tratados internacionales que fundamentan esa oposición.

-¿Se mantiene el presupuesto que tenía este programa, o se reducirá?-El del 2010 ya está establecido por ley, fijado el 2009, no habrá reducción. Incluso, se pidió una suma adicional para ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos de Paine, para los gastos de los funerales de esas 22 víctimas cuando los restos sean entregados por el Servicio Médico Legal.
-¿Cómo han sido los encuentros que ha sostenido con las agrupaciones de familiares?-En más del 90% han sido retroalimentativos. Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas. Han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición. Pero sé que las confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo. Voy a viajar desde Arica a Punta Arenas a tomar contacto con las agrupaciones de familiares y con los jueces a cargos de las causas. Pediremos, además, la colaboración de las gobernaciones de regiones para que sus abogados ayuden al seguimiento de las causas, no para que intervengan o actúen en ellas, porque no tenemos presupuesto para tener nuestros propios abogados en todas las ciudades fuera de Santiago.
-Éste es un gobierno de derecha y por ello podría pensarse que este programa cambiaría su línea de acción. Ese temor fue planteado en la campaña presidencial. ¿Qué opina de esto?-Las líneas de acción de este programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada. Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este programa. Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos.
-¿Pueden confiar las víctimas y sus familiares en que este programa continuará la persecución judicial de los delitos de DDHH?-Esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre.
-¿Qué experiencia tiene de estos procesos y qué sabe de las violaciones de los DDHH ocurridas bajo la dictadura?-He sido penalista desde que egresé de la universidad, en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público. También he sido docente por mucho tiempo en materia de derecho procesal y mi fuerte ha sido el derecho procesal penal. Mi conocimiento de las causas de derechos humanos es más bien genérico, pero iré conociéndolas en detalle. Respecto de la represión política, lo tengo desde que nací por las lecturas que mi padre nos hacía de los diarios para mantenernos informadas del mundo en que vivíamos.
-¿Qué opina de que sólo 22 jueces tengan a cargo sobre 300 procesos que se instruyen en el país, de las cuales más del 80 por ciento está en Santiago?-Ése es un resorte del Poder Judicial. Cualquier decisión sobre esto tiene que ser de ese poder.
-Pero vendrán ahora nuevas querellas que ustedes interpondrán, y eso aumentará la carga de trabajo de esos pocos jueces…-No sé cuál irá a ser en ese caso la política del Poder Judicial, pero tendrá que tomar alguna decisión de manera autónoma. Es verdad que hay ministros que tienen muchas causas, pero también en muchas de esas causas los antecedentes se cruzan, porque los hechos ocurrieron en un mismo período, lugar, y grupo de personas, entonces para muchos casos hay una línea de investigación común. Un ministro que lleva años investigando ese tipo de causas tiene absolutamente claro el panorama global de cómo ocurrieron los hechos y la forma cómo actuaron las organizaciones criminales.
-Entonces, incorporar jueces nuevos no sería una solución para acelerar los procesos…-Exactamente, e incluso podría significar un retroceso en vez de un avance.
-¿Es partidaria de fijar plazo de término a esos procesos, tal como piden algunos?-No se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido. Hay mucha información cruzada entre las causas y por ello se pueden establecer procedimientos que sistematicen toda esa información que se cruza, y eso sería una ayuda al Poder Judicial. Pero las diligencias de cada proceso deben seguir un curso natural y no se les puede poner plazo.
-Pero hace unos años, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses para que los jueces que instruyen estos procesos les pusieran término. Después el pleno se vio obligado a anular esa decisión por el amplio rechazo que surgió.-Este programa, en un inicio, también se creó para que durara un corto tiempo, pero la historia nos ha demostrado que efectivamente en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos. En el nuevo sistema procesal penal se trabaja con plazos, pero el sistema de investigación es muy distinto. En el sistema procesal penal antiguo, por el que se rigen todas las causas de derechos humanos, no se puede poner plazos de término.
-Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías para agilizar estos procesos?-Personalmente creo que la vía más adecuada para ello es trabajar en conjunto con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial.
-¿De qué manera?-Como decía, fijando en conjunto líneas de investigación a las cuales aporten también los familiares.
-El problema es que los que cometieron los crímenes con frecuencia mienten y ocultan información, no hablan, aunque algunos colaboran, y eso retrasa los procesos.-El problema de los procesados y querellados se trató en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos (año 2000), se obtuvo alguna información, aunque no lo que muchos hubieran querido. Pero hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia.
-¿Qué opina de lo ocurrido en materia de violaciones de los derechos humanos bajo el mando de Augusto Pinochet?-Prefiero no dar opiniones políticas porque en mi cargo debo mantener la objetividad. Todos tenemos una posición política, nadie puede decir que no la tiene al respecto. No es mi estilo de trabajo ni mi intención. Por eso creo que fue también por lo que me llamaron a cumplir este trabajo, por mi labor como abogada durante todo estos años. En el Ministerio Público, el principio de la objetividad está establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, y eso me sigue en este puesto.
-Pero este programa se creó justamente porque esos delitos ocurrieron…-Independientemente del contexto político, aquí estamos frente a la comisión de hechos delictivos cometidos por personas y lo que se persigue es la verdad y la justicia.

CASO SORIA: RAZONES DE LA PETICIÓN DE APERTURA
Una de las primeras acciones efectuadas por el Programa de Derechos Humanos al mando de Rossy Lama fue solicitar la reapertura del caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Lama explicó a LND las razones que llevaron a esta entidad a persistir en la investigación de esta causa emblemática de derechos humanos, hecho ocurrido a mediados de la década del 70. Incluso, en 1996, la Corte Suprema dictó la amnistía, confirmando una resolución de la justicia militar.
-Representando a este programa, usted apeló ante la negativa del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por agentes de la DINA. ¿Por qué?-Se apeló porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo. Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa que instruye el ministro Alejandro Madrid (relacionada con asociación ilícita y falsificación de instrumento público para buscar que ex agentes que participaron en el crimen se desdigan de sus dichos y falseen sus declaraciones judiciales). Por ello, jurídicamente corresponde solicitar la reapertura de la investigación. Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía.
-¿Seguirá el programa sosteniendo ante los tribunales los principios internacionales en materia de derechos humanos?-Esos principios internacionales son justamente los que han permitido reabrir causas, pelear por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto esas normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo.

Declaran imprescriptibles reparaciones por DDHH

2010-04-10T06:58:00.000-07:00

“Así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo son también las acciones reparatorias que surgen de tales delitos”.
De esta forma, la tercera sala de la Corte Suprema -que analiza materias de índole constitucional y dirime conflictos indemnizatorios en contra del Estado- acogió la demanda presentada por la viuda de Washington Cid Urrutia en contra del fisco por el daño moral que significó la desaparición de su esposo -militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)- a contar del 8 de diciembre de 1974.
Este fallo es inédito, pues nunca antes esta sala del máximo tribunal había declarado que los delitos de lesa humanidad, como las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, son ilícitos que no prescriben con el tiempo y que, por lo tanto, las acciones compensatorias relativas a ellos tampoco perecen.
El ministro Haroldo Brito y los abogados integrantes Nelson Pozo y Maricruz Gómez, tras revertir el rechazo de la acción civil en segunda instancia, ordenó al Estado de Chile pagar 130 millones de pesos a la viuda, María Isabel Ortega Fuentes, y la misma suma al hijo del matrimonio, Ricardo Cid Ortega, sumando $260 millones como compensación económica.
La resolución contó con el voto en contra de los ministros Héctor Carreño y Pedro Pierry, quienes estaban por prescribir la demanda.
El fallo describe que “relativo al daño moral sufrido por los demandantes, sin duda, la detención y desaparecimiento del cónyuge y padre de uno de ellos sin poder recurrir al derecho básico de exigir el oportuno esclarecimiento del crimen a la justicia y sin siquiera poder tener hasta hoy el consuelo de saber el paradero de su ser querido (…) permite constatar la existencia del daño moral que se reclama y, apreciando los sentenciadores prudencialmente su monto”.
El abogado de los beneficiaros, Nelson Caucoto, manifestó su satisfacción porque “a la larga con paciencia hemos ido logrando horadar una inmensa roca, que es la roca que no da lugar a las reparaciones”, sentenció el jurista.

Caso Atala: Acusan falta de voluntad del Estado

2010-04-08T15:40:00.000-07:00

El abogado Jorge Contesse expresó este jueves su rechazo a la que considera la negativa de la Corte Suprema a participar en la mesa convocada por el Gobierno para analizar las recomendaciones del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que la magistrada Karen Atala fue discriminada por su condición sexual.
“Estamos en presencia de una señal inequívoca respecto de la falta de voluntad del Estado para acoger las recomendaciones de la Comisión Interamericana”, aseveró el profesional defensor de la mujer, quien recurrió al organismo luego que la justicia chilena le negara la tutela de sus hijas por tener una pareja del mismo sexo con quien vive.
Para el defensor de Atala, quien además es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales si el máximo tribunal mantiene su decisión de no sumarse al diálogo, “el Estado no estaría recogiendo las recomendaciones”, subrayando que la más fundamental de ellas “dice expresamente que la adopción de políticas públicas de capacitación debe incluir la administración de justicia”.
Jorge Contesse que la actitud de la Suprema demuestra que la cabeza del Poder Judicial “sigue sin ponerse al día en materia de protección de los derechos fundamentales de quienes habitan en Chile”.

Senador DC defiende a director de Gendarmería tras acusaciones de la oposición

2010-04-08T15:36:00.000-07:00

Ante los cuestionamientos de algunos parlamentarios de oposición y las acusaciones del diputado Hugo Gutiérrez (PC), en contra del nuevo director de Gendarmería, Iván Andrusco, el senador DC Hosaín Sabag defendió la trayectoria del general (r) y recordó las responsabilidades que tuvo en las administraciones concertacionistas.
"En Chile respetamos la justicia por sobre todas las cosas y en la justicia nunca ha sido condenado", afirmó el parlamentario, sumándose así a la postura que manifestó otro legislador concertacionista, el diputado del PPD, Felipe Harboe.
Además, señaló que el nuevo director de Gendarmería "fue ascendido durante los gobiernos de la Concertación, y nunca se dijo nada. Él siempre fue ascendido como un brillante oficial".
"Conozco a Iván Andrusco, quien fue general de zona de Carabineros en la región del Bío Bío, donde tuvo un brillante desempeño y una actitud de cercanía con la gente llegando hasta las más apartadas comunidades de la zona", añadió.
Según el parlamentario Hugo Gutiérrez, la nueva autoridad carcelaria estaría relacionada con el "caso Degollados", ocurrido en 1985.Andrusco fue funcionario de la Dirección de Comunicaciones (Dicomcar) de la policía uniformada entre enero y julio de 1985. En ese período se produjo el asesinato de Santiago Nattino, de Manuel Guerrero y de José Manuel Parada; cuya viuda, Estela Ortiz, también rechazó el nombramiento (ver entrevista). En la causa fueron condenados funcionarios de la repartición.

Poder Judicial se restará de mesa conformada por el Gobierno por caso Atala

2010-04-08T11:26:00.000-07:00

El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, afirmó que el Poder Judicial no se sumará a la mesa de trabajo que anunció el Gobierno con el fin de implementar las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado chileno por el caso de la jueza Karen Atala.
"El Poder Judicial entiende que ésta es una cuestión que está más referida a los otros poderes del Estado, porque las regulaciones legislativas le corresponden al Ejecutivo y al Legislativo. Nosotros hemos terminado con el desarrollo de un procedimiento ya hace muchos años y, en consecuencia, no vamos a entrar a una mesa", afirmó Juica.
El lunes pasado se conoció el informe de la CIDH, el cual determinó que el Estado chileno violó el derecho de la jueza Karen Atala de vivir libre de discriminación. Esto luego de que la magistrado perdiera la tuición de sus hijas por ser lesbiana.
Ante el fallo de la CIDH, la Cancillería convocó a una mesa de trabajo, integrada por distintos organismo del Estado –entre éstos el Poder Judicial–, para poner en práctica las recomendaciones y elaborar una respuesta a la comisión indicando la forma en que va a reparar a la jueza.
La comisión deberá luego evaluar esa propuesta y, en caso de rechazarla, el caso pasará a la Corte Interamericana de Justicia, que podría sancionar a Chile.
El presidente de la Suprema fue consultado además por la designación de Iván Andrusco como nuevo director nacional de Gendarmería, quien ha sido cuestionado debido a que declaró como inculpado en el caso Degollados, causa que fue instruida por el propio Juica.
Al respecto, el ministro señaló que "yo realmente casi ni me acuerdo de él, ésa es la verdad de las cosas".
Dijo además que si le solicita una audiencia, lo recibirá como a cualquier autoridad nombrada por el Presidente de la República. "No puedo hacer ningún tipo de prejuzgamiento y además no está en mi ánimo hacerlo", señlaó.

La misión de observadores de la UE se va de Darfur por la inseguridad

2010-04-08T06:17:00.000-07:00

La misión de la Unión Europea (UE) para la observación de las elecciones en Sudán decidió ayer retirarse de Darfur, al este del país, ante la imposibilidad de efectuar su labor en la zona durante los comicios generales convocados este domingo.

"Por la credibilidad de la misión era imposible quedarse para las elecciones en Darfur", afirmó la jefa de la misión de observadores de la UE en Sudán, Véronique de Keyser, en una improvisada rueda de prensa en el hotel Burg al Fatah de Jartum. "Considero que las condiciones para tener una observación justa y creíble no se dan en Darfur", agregó De Keyser, que explicó que la UE ha retirado a los seis observadores que tenía desplegados en la zona.
De Keyser señaló que poco a poco se ha ido dando cuenta de que la situación estaba mal en Darfur, por lo que hace dos días decidió trasladarse a esta región para comprobarlo sobre el terreno, y pudo ver que los observadores, presentes allí, solo podían moverse en un círculo muy pequeño cerca de sus lugares de residencia.
Por ese motivo, dudó que las autoridades sudanesas les fueran a permitir acudir a los centros de votación durante las elecciones generales. "La situación en Darfur, la seguridad y la posible violencia crean unas condiciones que he descubierto gradualmente", reconoció De Kayser. "Si se trata de una misión imposible es mejor no ir", subrayó la responsable europea. De Kayser afirmó que, de momento, en el resto del país continuarán con su misión.
Sudán, el país más grande de África, celebra los próximos 11, 12 y 13 de abril elecciones parlamentarias, presidenciales y provinciales, las primeras multipartidistas en 24 años. El conflicto de Darfur, que estalló en 2003, ha causado más de 300.000 muertos y ha obligado a 2,7 millones de personas a abandonar sus comunidades de origen, según datos de la ONU.

Nombramientos y Derechos Humanos

2010-04-08T06:11:00.000-07:00

Carta publicada en La Tercera, jueves 08 de Abril 2010

Señor director:

No es bueno sobredimensionar las cosas, a propósito de los errores del Gobierno en los nombramientos de altos funcionarios vinculados a delitos de DDHH, se trata sólo de una pequeña mancha, y otra, y otra...

Néstor Morales Tapia

Con todo, el problema con el nombramiento del nuevo Director de Gendarmería no radica en su eventual participación en delitos contra los derechos humanos, sino su vinculación con los aparatos de seguridad del Gobierno Militar cuyos altos funcionarios se encuentran en reclusión por esas causas, esto último es lo que provoca e insiste en el gran dilema del Gobierno actual: el conflicto de intereses.

Sangriento golpe de Estado civil en Kirguistán

2010-04-08T06:06:00.001-07:00

Tras una mañana convulsa -que habría dejado unos cien civiles muertos en enfrentamientos- la oposición política de la pequeña república centro asiática de Kirguistán asumió ayer el poder tras derrocar al Presidente Kurmanbek Bakíev, quien habría abandonado la capital, Biskek.
“El poder de la república lo controla la oposición. El Presidente se encuentra no se sabe dónde”, señaló Rosa Otunbáyeva, ex ministra de Exteriores y jefa del gobierno de unidad popular formado por la oposición, a la agencia rusa Interfax.
El Primer Ministro Daniar Usenov, también habría renunciado. “Firmó su renuncia y me la entregó. Nos distribuiremos las principales carteras y cumpliremos con nuestras funciones para garantizar la estabilidad del país”, dijo Otunbáyeva que en 2005 ya había participado en la rápida Revolución de los Tulipanes, que derrocó al primer Presidente del país tras la independencia de la desaparecida Unión Soviética en 1991 y puso en el poder a Bakíev.
Horas antes, las calles de Biskek habían sido escenario de disturbios entre los manifestantes y la policía. Los enfrentamientos más sangrientos ocurrieron en las inmediaciones de la sede del gobierno, donde los manifestantes intentaron entrar, tras asaltar el Parlamento y la Fiscalía General.
Las derrocadas autoridades habían hablado de 40 muertos, aunque fuentes opositoras elevaron la cifra a más de cien.
La gestión de Bakíev ha sido muy criticada por el propio sector que lo llevó a la Presidencia en 2005.
Los disturbios de ayer fueron el punto culminante de una ola de protestas de sus ex aliados que acusan al gobierno de violación de los derechos humanos, de autoritarismo y de mala administración económica.
Rusia y Estados Unidos, que tienen bases en esta república de 5,3 millones de habitantes, instaron a la calma.
“Llamamos a todas las partes a respetar el Estado de derecho y resolver las diferencias en forma pacífica y legal”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.
En tanto, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se declaró preocupada y exhortó al gobierno y a la oposición de ese país a la “moderación” y al diálogo.
Asimismo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lanzó un nuevo llamado “instando al diálogo y a la tranquilidad para evitar más derramamiento” de sangre.

Uribe denuncia que en Venezuela violan derechos humanos de colombianos

2010-04-08T06:03:00.001-07:00

El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, reclamó ayer al gobierno de Venezuela respeto a los derechos humanos de ocho colombianos detenidos en ese país y acusados de espionaje, al mismo tiempo que criticó la falta de respuesta a casos anteriores de muerte o arresto de connacionales.
En declaraciones a la emisora ABC, Uribe requirió “que se les respeten totalmente sus derechos humanos” a los colombianos apresados.
En tanto, el Defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez, denunció que son 20 los compatriotas detenidos en Venezuela por espionaje y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Comisión DDHH de la Cámara rechaza nombramiento de Andrusco

2010-04-07T17:48:00.000-07:00

Con los votos de la Concertación y el PC se aprobó un rechazo oficial de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados al nombramiento del ex director de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Iván Andrusco, al mando de Gendarmería.
Fueron 6 votos de la Concertación y el PC a favor de pronunciarse, mediante la instancia, por el rechazo a la designación del Presidente Sebastián Piñera y llamar a que pida la renuncia del director. El diputado UDI Romilio Gutiérrez votó contra este rechazo, mientras que Felipe Salaberry –también gremialista- optó por abstenerse.
El presidente de la comisión, Hugo Gutiérrez (PC), dijo que “lo más adecuado es que el Presidente Piñera le pida la renuncia”, apuntando que con esta votación “hay una decisión de la comisión de Derechos Humanos de perseverar” en este llamado que ya antes se hizo de manera informal por parte del PC y la Concertación.
Recalcó que “la idoneidad moral de este señor no lo acompaña como para ser encargado de una repartición tan importante como Gendarmería, creemos que la decisión fue errada y nosotros vamos a seguir insistiendo en que este nombramiento tiene que terminar”.

Zaldívar (DC) dice que personas comprometidas en temas de DDHH no deben tener ningún cargo de Estado

2010-04-07T17:40:00.000-07:00

El jefe de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana (DC), Andrés Zaldívar, se refirió este miércoles a la polémica por la designación del general (r) de Carabineros, Iván Andrusco, como nuevo director general de Gendarmería, afirmando que cualquier persona que esté comprometida con temas de Derechos Humanos no debe tener ningún cargo de Estado.
Esto luego que legisladores de oposición pidieran la salida de Andrusco por haber formado parte del Alto Mando de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) en 1985, año en fueron asesinados los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, por miembros de ese grupo policial.
Tras el almuerzo de senadores de la Concertación con el ministro secretario general de la Presidencia Cristián Larroulet en el Congreso, Andrés Zaldívar sostuvo que “cualquier persona que esté comprometida con temas de Derechos Humanos, aunque no queremos prejuzgar, no debe tener ningún cargo de Estado”.
“Si esa persona tiene algún compromiso en ese sentido no debiese tener ningún cargo de Estado”, afirmó el legislador.
Zaldívar manifestó su preocupación al Gobierno por el lenguaje político que a su juicio está usando el oficialismo, recalcando que “no aceptamos que se diga que en 20 días se ha hecho más que en 20 años de Concertación”.

Oposición amenaza con boicotear proyectos de ley si no se revoca nombramiento de Andrusco

2010-04-07T17:39:00.000-07:00

Los diputados de las bancadas de oposición lanzaron este miércoles un ultimátum en acuerdo de “no legislar en materia de justicia y gendarmería” en caso de que el gobierno no le pida la renuncia al recién designado Director de Gendarmeria, Iván Andrusco.
Según el diputado del Partido Por la Democracia (PPD), Enrique Accorsi, la gravedad de la designación y luego de que se denunciara que Andrusco había estado involucrado en el ‘caso degollados’, obliga a las bancadas de oposición a tomar dichas medidas.
“Nosotros consideramos que la designación de esta persona es tan grave que si no hay un cambio de parte del gobierno en esa materia, nosotros no vamos a legislar en materia de justicia y gendarmería”, aseguró Accorsi.
El legislador afirmó que la alineación es completa, pues “están de acuerdo todas las bancadas de oposición, que son los radicales (PRSD), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS) y la bancada Comunista (PC)”.
Por su parte el diputado PC, Hugo Gutiérrez, sugirió al Presidente de la República, Sebastián Piñera, hacer un “mea culpa” al respecto.
“Lo importante ahora es que él perteneció a un organismo de seguridad de la dictadura militar, organismo que violó derechos humanos en Chile, y que por tal razón no puede estar a cargo de Gendarmería de Chile. Hoy muchos de sus camaradas de armas están cumpliendo penas en la cárcel de Punta Peuco, y eso significa que en el día de mañana pueden ser objeto de algún beneficio. Lo que corresponde es que el presidente haga un mea culpa y le pida la renuncia al director de gendarmería”, señaló Gutiérrez.
Por su parte la diputada del PPD y miembro de la comisión de Derechos Humanos, Ximena Vidal, calificó de “impresentable” la designación de Andrusco. “La negligencia del Gobierno en los nombramientos de autoridades es insólita”, estableció la parlamentaria.
Defensa UDI
Un llamado a “no ceder a presiones indebidas que carecen de fundamento” al gobierno, realizó este jueves el jefe de bancada de diputados UDI, Patricio Melero.
“No hay fundamentos serios detrás de la petición de los parlamentarios de la oposición. Y lo que es más grave, están llevando las cosas demasiado lejos al presionar en términos de impedir el desarrollo de la agenda legislativa, no aprobando los proyectos de ley que emanen del sector de justicia. Eso es un chantaje moral inaceptable, que afecta la honra de una persona”, dijo el parlamentario.
Melero recordó que “el gobierno del presidente Ricardo Lagos avaló su ascenso a general de Carabineros” y dijo no entender porqué hoy se cuestiona su nombramiento.
Comisión de Derechos Humanos pedirá destitución
Aunque se esperaba la presencia del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el secretario de Estado no llegó a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados, donde se le plantearía el tema de Andrusco.
De igual modo, la instancia resolvió -por sesis votos a favor y dos abstenciones de los parlamentarios UDI-, pedir al gobierno la destitución del Director de Gendarmería.

Los antecedentes del director de Gendarmería en el “caso degollados”

2010-04-07T17:38:00.000-07:00

El recién nombrado director de Gendarmería, general (R) de Carabineros Iván Andrusco, fue cuestionado ayer por organizaciones de derechos humanos y por el diputado PC Hugo Gutiérrez, debido a su paso por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). De este organismo de inteligencia policial eran los agentes que en 1985 secuestraron a los profesores Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes luego fueron degollados y abandonados en las cercanías del aeropuerto.
Este proceso lo sustanció a principios de los 80 el ministro José Cánovas Robles y a fines de la misma década continuó la labor su colega de la Corte de Apelaciones de Santiago, Milton Juica (hoy titular de la Suprema), quien interrogó a Iván Andrusco en calidad de inculpado en dos oportunidades.
Básicamente, Juica mantenía sospechas sobre este ex oficial de la policía uniformada, porque junto con pertenecer a la Dicomcar, su versión de qué hizo el día del secuestro de los tres militantes del PC -el 29 de marzo de 1985- era poco creíble, tomando en consideración la experiencia de los agentes de inteligencia para difuminar su participación en hechos de este tipo.
Según Andrusco, aquel día 28 de marzo tuvo un turno de 24 horas, por lo que la mañana siguiente estaba saliente de servicio, lo que implicaba que en la práctica estaba descansando en su casa.
Los testimonios de Andrusco se produjeron ante Juica en dos oportunidades. La primera fue el 6 de octubre de 1992 y luego el 1 de abril de 1993, respectivamente (ver documentos anexos). En ambos, el oficial negó su participación en los hechos, argumentando que siempre trabajó como escolta, funciones que cumplía por órdenes del entonces jefe de la Dicomcar, el coronel Luis Fontaine. Este último fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez el 10 de mayo de 1990.
De hecho, en su segunda “indagatoria”, Andrusco es inquirido por Juica debido a la imputación hecha en su contra por el coronel Guillermo González Betancourt, respecto a que dejó en libertad a Ramón Arriagada, un egresado de Arquitectura detenido en febrero de 1985, a quien precisamente se le interrogó por las actividades de Natino y Parada. Andrusco rechazó los dichos de su superior y los relacionó a problemas de envidia, ya que al trabajar como escolta de personas importantes, dijo, gozaba de ciertos privilegios. El coronel en cuestión fue condenado por Juica a presidio perpetuo.
En otra foja del expediente, del 7 de enero de 1985, Miguel Sandoval Martínez, funcionario de la Dicomcar, relató que dentro del organigrama interno el coronel Julio Michea era “asesorado” por un grupo de oficiales, entre los cuales estaba Andrusco, quien tenía el grado de teniente (ver documento anexo Miguel Sandoval). La versión fue confirmada por el propio Michea el mismo año (ver declaración adjunta).
Michea fue condenado por el ministro Milton Juica a cinco años y un día por secuestro y asociación ilícita.
En julio de 1991, Juica interroga al entonces cabo primero Daniel Valderrama Satt (ver declaración anexa), quien aseguró que después de cometido el crimen, Fontaine realizaba muchas reuniones relativas a cómo se iban desarrollando los hechos. En ellas participaba Andrusco, como también el capitán Patricio Zamora, el capitán Manuel Muñoz Gamboa, el coronal Guillermo González Betancourt, los cabos Luis Jofré, Ramón Valenzuela, Claudio Salazar y el propio Michea. Todos los anteriores fueron condenados por Juica, menos Andrusco.
Por último, en el expediente también está la declaración de Elsa Esquivel Rojo (ver declaración anexa), quien aseguró ante Juica que fue detenida junto a su hijo, Carlos González Esquivel. Esto lo hizo, según la mujer, el entonces teniente Andrusco, en el marco de las diligencias que realizaban para dar con el paradero de los atacantes a la tenencia Santa Adriana ocurrida a fines de 1984.
Esta declaración tomada por Juica buscaba establecer si Andrusco realizaba o no actividades operativas y no sólo de escolta.
El caso degollados fue uno de los episodios más complejos para la dictadura, ya que a cuatro meses de iniciada la investigación de Cánovas Robles, el entonces director general de Carabineros, César Mendoza Durán, renunció al cargo el 2 de agosto de 1985, dejando claro que los agentes de su institución habían participado en el crimen. En todo caso el gobierno de la época calificó su salida como un acto de “generoso patriotismo”.
Postura lineal
Pese a lo anterior, Andrusco ayer fue confirmado y respaldado por La Moneda. La secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, manifestó que la administración “ha mostrado con hechos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”, señaló.
Von Baer recordó que “el señor Andrusco es una persona que fue promovida en sus cargos durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet y también durante el gobierno del Presidente Lagos” y agregó que “no existe en este momento ningún antecedente y no está comprometido en ninguna causa”.
En la misma línea habló el ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Este dijo que Andrusco “nunca ha sido procesado en causas de derechos humanos, no tiene ninguna causa pendiente de este tipo y de ningún otro… También fue elegido en 2004 para integrar la delegación chilena que expuso sobre la situación de derechos humanos en el país ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra”.
Y recalcó que “la misma confianza que tuvieron los gobiernos anteriores para confirmarlo y promoverlo es la confianza que tenemos nosotros también hoy día para designarlo en Gendarmería. No hay nuevos antecedentes, son los mismos antecedentes con los cuales nosotros resolvimos”.
Los “ex” colegas
Uno de los temas que preocupa a los organismos de derechos humanos es que, para las materias relativas a los beneficios carcelarios de los carabineros condenados por el caso degollados -es decir sus ex colegas- y que cumplen la pena en Punta Peuco, se produce una inhabilidad de facto.
Al respecto, Bulnes explicó ayer que dichos procedimientos “se evalúan según protocolos establecidos en cada unidad penal por un reglamento interno de Gendarmería, los que son estudiados por un consejo técnico que resuelve caso a caso y no dependen de una decisión del director nacional”.
Sin embargo, fuentes de Gendarmería explicaron que los dichos de Bulnes chocan de pronto con la realidad de cómo se manejan las cosas.
Por ejemplo, el consejo técnico citado por el secretario de Estado para el caso de Punta Peuco, no es de carácter permanente, es decir, se arma para la ocasión. La decisión de este grupo de profesionales no es vinculante y quien tiene la facultad privativa es el jefe del penal. Este último, en la formalidad de la ley, es independiente, pero las mismas fuentes señalan que hay un código no escrito y siempre se consulta con el director nacional y éste con el Ministerio de Justicia.
La decisión de Gendarmería respecto a los que tienen derecho a beneficios, va en consulta ante la comisión de libertades provisionales que conforman jueces y ministros del Poder Judicial a fines de año, quienes valoran los antecedentes caso a caso. Posteriormente, los elegidos son evaluados por el seremi de Justicia y sólo entonces pueden acceder a los beneficios.
Para el caso puntual de los condenados por el caso degollados, hay varios de ellos que cumplen con los requisitos, ya que están a punto de completar los 20 años de una condena a presidio perpetuo para solicitar los beneficios, debido a que se les aplica la legislación antigua. Entre estos casos se encuentra el de Miguel Estay Reino, el Fanta, entre otros.
Desde este punto de vista, las agrupaciones de derechos humanos y el propio Hugo Gutiérrez sostuvieron que existe una sombra de duda sobre el posible actuar de Andrusco y, por cierto, un problema de imagen pública.
Conciencia limpia
Andrusco también se refirió a los cuestionamientos hechos por el parlamentario durante una visita que realizó al penal El Manzano de Concepción, que se vio afectado por el terremoto.
“Estoy absolutamente tranquilo. La seguridad de que no he hecho absolutamente nada, mi vida privada y mi trayectoria profesional han sido absolutamente transparentes, por lo tanto en ese sentido no tengo nada que ocultar. Durante toda mi trayectoria he cumplido numerosas funciones operativas, y nunca he estado involucrado en un proceso”.
Reconoció que “en su oportunidad fui citado a prestar declaraciones, como todo el personal que fue citado de declarar. Yo fui nombrado General de la República durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y en esa oportunidad se hicieron todos los chequeos correspondientes para aprobar mi designación. Posteriormente trabajé como General en esta zona en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por lo tanto yo creo que a esta altura no tengo que dar ninguna demostración ni ninguna prueba de idoneidad”.

Corte Suprema absuelve a cuatro ex carabineros acusados de secuestro

2010-04-07T07:47:00.001-07:00

La Corte Suprema decidió absolver a cuatro ex miembros de Carabineros por su supuesta vinculación con el secuestro calificado de José San Martín Navarrete, ocurrido a partir de septiembre de 1973, en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía.
En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller llegaron a la conclusión que no habían antecedentes en el proceso para vincular a Gonzalo Arias González, Eduardo Riquelme Rodríguez, Juan Fritz Vega y Omar Burgos Dejean con el delito, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia dictada por el ministro en visita Fernando Carreño de la Corte de Apelaciones de Temuco.
"Al disponerse únicamente de presunciones judiciales como medio probatorio para llegar a acreditar los supuestos fácticos de que se trata, estos hechos no satisfacen la exigencia legal (reales y probados) y no está permitido inferir de ellos otras presunciones, con las cuales llegar a tener por comprobada con el grado de certeza que la ley exige, la participación aludida", dice el fallo.
En primera instancia, el ministro Carreño había determinado una condena de 8 años para los cuatro implicados, la que porteriormente fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Gobierno asegura que “no va a discriminar por orientación sexual”

2010-04-07T06:12:00.000-07:00

“El gobierno no va a discriminar por origen étnico, religioso o por orientación sexual y, al mismo tiempo, vamos a también a velar por los derechos de los niños y su bienestar”, aseguró ayer la vocera de gobierno Ena von Baer al ser consultada por las conclusiones y recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera, en su informe de diciembre último, al Estado chileno por el caso de la jueza Karen Atala.
Al respecto, la portavoz de La Moneda agregó que “como ha recomendado la CIDH, se estableció una mesa de diálogo por el Ministerio de Relaciones Exteriores y es ahí donde se está trabajando el tema”.
El informe de la comisión concluyó que la magistrada fue vulnerada en sus derechos cuando perdió la tuición de sus tres hijas por decisión de la Corte Suprema, en mayo de 2004, debido a su orientación sexual.
El mismo documento recomendó a Chile “reparar integralmente” a la jueza y a sus tres hijas así como “adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual”.
Ambas sugerencias de la CIDH serán discutidas en la mesa de trabajo que reunirá a representantes de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, quienes estudiarán la implementación de las recomendaciones y elaborarán una propuesta que será remitida a la comisión.
Así lo informó ayer la Cancillería que, a través de su Dirección de Derechos Humanos, está a cargo de la coordinación de la respuesta que debe dar el Estado de Chile a la instancia internacional.
Entregada la propuesta, los representantes de la jueza Atala serán notificados y podrán aceptar una solución amistosa o, sino están conformes, llevar el caso a la Corte Interamericana de DDHH.
EL CASO
El caso de la jueza Atala se hizo público hace seis años, cuando el máximo tribunal dio a su ex esposo Jaime López la custodia de M., V., y R.L.A. por considerar que ella había “antepuesto sus propios intereses postergando los de sus hijas al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar”.
Entonces la magistrada ya vivía con la historiadora Emma de Ramón, quien hoy continúa siendo su pareja.
La última entrevista que concedió Atala fue en marzo de 2009 a El Mercurio, cinco años después de la sentencia de la Suprema.
En esa oportunidad, la jueza declaró que “ese fallo, que me privó de la tuición de mis hijas, deja en evidencia que en este país las personas no somos consideradas iguales y que se hacen distinciones en torno a prejuicios, lo que evita la consolidación de una verdadera democracia”.

Gobierno respalda a director de Gendarmería pese a cuestionamientos

2010-04-07T06:10:00.000-07:00

El gobierno le dio todo su respaldo al recién asumido director nacional de Gendarmería, general (R) de Carabineros Iván Andrusco, quien rechazó ayer los cuestionamientos hechos por el presidente de la Comisión de DDHH de la Cámara, diputado Hugo Gutiérrez (PC), y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quienes denunciaron su vinculación con el crimen de tres militantes comunistas en 1985, el caso conocido como degollados.
Mediante una carta, acompañada de un dossier de antecedentes, el legislador solicitó al Presidente Sebastián Piñera la destitución de la autoridad.
Al respecto, La Moneda señaló que “el gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera lo ha demostrado con hechos, de que tiene un compromiso profundo con los derechos humanos, el señor (Iván) Andrusco es una persona que fue promovida en sus cargos durante los gobiernos de la Presidenta Michelle Bachelet y también durante el gobierno del Presidente (Ricardo) Lagos y no existe, en este momento, ningún antecedente y no está comprometido en ninguna causa”, expresó ayer la vocera de gobierno Ena von Baer.
Agregó que “si el señor Hugo Gutiérrez tiene algún antecedente serio, nosotros le pedimos que lo lleve a donde corresponde (...) que se lleve a tribunales”.
En esa misma línea, el ministro de Justicia Felipe Bulnes manifestó que “Iván Andrusco nunca ha sido procesado en causas de derechos humanos, no tiene ninguna causa pendiente de este tipo y de ningún otro”.
El secretario de Estado también recordó que “su trayectoria profesional llevó a que el ex Presidente Ricardo Lagos no sólo lo confirmara en la institución, sino que lo ascendiera a general”.
Por su parte, Andrusco expresó que “nunca he sido sometido a proceso, ni siquiera sometido a sumarios administrativos, por lo tanto, en ese sentido no tengo nada que ocultar”.

CITAN A MINISTRO DEL INTERIOR A COMISIÓN DE DDHH
En tanto, hoy el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter fue citado a la Comisión de DDHH de la Cámara para explicar la situación del cuestionado director de Gendarmería, luego que los diputados de oposición Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló (PS) y Gabriel Ascencio (DC) condenarán públicamente su designación y solicitaran que se revierta su nombramiento.
“Condenamos el nombramiento y estamos solicitando que el ministro del Interior se haga presente en el Parlamento para que explique una situación que a todas luces nos parece improcedente”, expresó el diputado Ascencio.

Piden a Piñera la salida del nuevo director nacional de Gendarmería

2010-04-06T10:38:00.000-07:00

El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez pidió en una declaración pública al Presidente Sebastián Piñera que ordene la salida del nuevo director nacional de Gendarmería, Iván Andrusco Espé. Esto porque por su relación con el Caso Degollados, ocurrido en 1985, el cual involucró a funcionarios de la Dicomcar, podría tener parcialidad en sus actuaciones y favorecer a violadores de los Derechos Humanos.El abogado de Derechos Humanos manifestó que "le vamos a solicitar al actual Presidente de la República que le pida la renuncia a este director nacional de Gendarmería. Creemos que no es lo más correcto, adecuado, no es lo que aconseja la probidad", subrayó. Iván Andrusco fue funcionario de la Dirección de Comunicaciones de la policía uniformada (Dicomcar) entre enero y julio de 1985, período en que se produjo el secuestro y posterior degollamiento de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero por parte de miembros de esta sección de Carabineros."Andrusco es hoy director de Gendarmería y muchos de sus compañeros están detenidos por crímenes durante su estadía en la policía, que duda cabe que serán favorecidos con algún beneficio carcelario", señala la misiva entregada por Gutiérrez y cuyo contenido también respaladaron el abogado Boris Paredes y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

Patriotas por ley en Eslovaquia

2010-04-06T07:31:00.000-07:00

Todos los estudiantes de Eslovaquia deberán escuchar, a través del sistema de megafonía de las escuelas, el himno nacional cada lunes por la mañana desde el próximo curso, según una ley aprobada por el Parlamento que persigue dar un impulso al orgullo nacional y que ha indignado a estudiantes, profesores, a parte de la oposición y sobre todo a la minoría húngara, que consideran que el amor a la patria no se puede imponer a golpe de ley.

La emisión del himno se ha convertido en el punto más polémico de la legislación, promovida por el ultranacionalista Partido Nacional de Eslovaquia, una formación de tintes xenófobos y aliada del Gobierno liderado por los socialdemócratas del primer ministro Robert Fico. Además, las escuelas deberán colgar en las clases la bandera, la letra del himno y otros símbolos nacionales.
Estas medidas resultarían inofensivas en muchos países, pero no en Eslovaquia, un Estado joven (constituido en 1993 tras la disolución de Checoslovaquia), que alberga en su territorio a 13 minorías y en el que el patriotismo siempre ha sido bastante limitado. Pese al extraordinario avance económico de los últimos años, es el cuarto país que se declara menos patriótico de los 33 analizados en una encuesta de 2006 del Programa Internacional de Investigación Social (EE UU era el número uno). La nueva ley también ha vuelto a complicar las relaciones del Gobierno con la minoría húngara (un 10% de la población, de 5,4 millones), que están bajo mínimos desde que el Partido Nacional Eslovaco se alió con el centro-izquierda para gobernar.
"El Estado quiere forzar a la gente a que tenga sentimientos patrióticos, pero es imposible, porque son muy personales", afirma Grigorij Meseznikov, presidente del Instituto para los Asuntos Públicos, en una entrevista telefónica desde Bratislava. "Se trata fundamentalmente de una ley antihúngara", añade. Coincide con él Milan Nic, analista de la European Stability Iniciative, un think-tank con sede en Berlín. "Somos un país con muchas minorías, y por eso no ha gustado la ley", afirma desde Bratislava. "Los ultranacionalistas quieren imponer esta ley apelando al miedo que ha traído la crisis global, pero la población se ha dado cuenta de que estas iniciativas sólo traen conflictos", opina.
Detrás del espíritu antihúngaro de la ley yace la idea de que el país está en medio de un peligroso revisionismo histórico. El Ministerio de Educación, cuyo titular es del Partido Nacional Eslovaco, ha arrinconado un proyecto para elaborar un manual de historia común con Hungría, el antiguo imperio, y en su lugar está promoviendo otro centrado sólo en Eslovaquia. Mientras, el Gobierno ha incrementado sustancialmente las subvenciones que recibe Matica Slovenska, una publicación cultural con fuertes tendencias nacionalistas que ha condenado la ejecución en 1947 de Josef Tiso, el sacerdote que presidió el país durante su etapa nazi.
Otro punto de fricción ha sido una ley lingüística aprobada el año pasado que dificulta el uso del húngaro al recalcar la obligatoriedad del idioma oficial, el eslovaco, en la Administración, en los carteles informativos y en los rótulos de los establecimientos.
Para los contrarios a la nueva ley patriótica, las medidas recuerdan a los tiempos comunistas, cuando a través de la megafonía pública se loaba la figura de Stalin. A su juicio, sólo servirá para endurecer las ideas nacionalistas y crear conflictos. Para los defensores, esta iniciativa será beneficiosa para un país joven que necesita ganar autoestima. Eslovaquia ha dependido casi siempre de un imperio u otro. Durante la II Guerra Mundial se declaró independiente, pero aun así estuvo considerado un Estado títere de Hitler. Curiosamente, cuando se disolvió Checoslovaquia, sólo un 20% de los eslovacos apoyó entonces una independencia total de sus vecinos checos. La mayoría era más partidaria de crear una confederación u otro tipo de asociación.
En cuanto el Parlamento aprobó la ley el mes pasado, las protestas empezaron. Casi un millar de estudiantes, profesores y padres tomaron las calles para pedir al presidente, Ivan Gasparovic, que no firmara el documento. No fue la única protesta. La presión popular ha forzado que se aplace la entrada en vigor de la ley, prevista para abril, y que el presidente la devolviera al Parlamento alegando que hay que dejar más tiempo a las escuelas para que se preparen. Ahora, el plan es que entre en vigor en septiembre y, quizás, con modificaciones.
Pero los analistas están convencidos de que se trata de una decisión política ante las elecciones generales del 12 de junio que, según los sondeos, ganarán los socialdemócratas. "Ningún partido quiere arriesgar nada y con esta ley sólo el Partido Nacional Eslovaco va a ganar votos", opina Nic.

Los extremistas blancos de Suráfrica no vengarán a su líder

2010-04-06T07:29:00.000-07:00

Pieter Steyn, portavoz del partido ultraconservador y racista, del que Eugène Terreblanche, asesinado el pasado sábado, era dirigente, aseguró ayer que "el Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB, Movimiento de Resistencia Afrikáner) no va a involucrarse en forma alguna de violencia para vengar su muerte".

Steyn, un general del AWB, se sumó así a los llamamientos a la calma que durante el fin de semana han expresado todos los grupos políticos surafricanos, ante el temor de que el crimen generara episodios de violencia racial. Terreblanche, de 69 años, fue asesinado por dos trabajadores de su finca, uno de los cuales, de 15 años, reveló a su madre que golpeó al dirigente político con una barra de hierro mientras dormía porque no le había pagado desde diciembre.
Steyn explicó que las declaraciones iniciales del secretario general del AWB, André Visagie, en las que definía el asesinato como "una declaración de guerra", llamaba a los agricultores blancos a armarse y prometía vengar la muerte de su líder, "fueron hechas al calor del momento. Nuestra militancia está consternada, horrorizada. Se dijeron cosas que ahora me gustaría desdecir. Ningún miembro del AWB entrará en forma alguna de violencia, intimidación o insulto racial. No será tolerado, aunque es muy difícil controlar a nuestros miembros y calmarlos".
Steyn evitó incluso pronunciarse sobre la supuesta vinculación entre la muerte del supremacista blanco con la polémica canción antiapartheid que llama a "matar al bóer" y que el líder de las juventudes del Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés), Julius Malema, ha venido entonando, pese a estar prohibida por inconstitucional y que los dirigentes del ANC han hecho todo lo posible por desvincular del crimen.
Las llamadas a la tranquilidad se han sucedido durante los últimos dos días -ayer era el último día de vacaciones de Pascua en Suráfrica- por parte de todos los representantes políticos, sindicales y religiosos, conscientes del efecto devastador de la violencia racial en un país de tremenda desigualdad social y económica y que en junio acogerá el Mundial de Fútbol, un acontecimiento que se pretende que sea un éxito.
Simpatizantes de Terreblanche (su grupo es minoritario y sin apenas peso en el espectro político del país) acudieron ayer a las puertas de su finca, en las afueras de Ventersdorp (en la provincia del Noroeste, a una hora en coche de Johanesburgo) a dejar ramos de flores y osos de peluche. Sus movimientos fueron controlados de cerca por un numeroso cerco policial. La policía vigilará estrechamente tanto la comparecencia mañana ante el juzgado de los dos jóvenes autores de la muerte de Terreblanche como el funeral, previsto para el próximo viernes.

CIDH avala denuncia de jueza Atala en contra del Estado

2010-04-05T13:06:00.001-07:00

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avaló la denuncia interpuesta por la jueza Karen Atala contra el Estado de Chile, debido al fallo de la Corte Suprema que en 2004 quitó la tuición de sus hijas a la magistrado, basada en el supuesto perjuicio al bien superior de las tres hijas ocasionado por la convivencia de la madre con su pareja homosexual.
En su parte resolutiva, el dictamen del organismo dependiente de la OEA, efectuó una serie de recomendaciones, entre las cuales se encuentra: “reparar integralmente a Karen Atala y a sus hijas, por las violaciones de derechos humanos establecidas en el informe, tomando en consideración su perspectiva y necesidades; adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”.
La denuncia ante la CIDH fue presentada en noviembre de 2004, por la Corporación Humanas, el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales y Libertades Públicas Asociación Gremial, alegando violación de varios derechos y exigiendo reformas legislativas y políticas públicas para evitar nuevos casos.

AFDD critica nombramiento de Izurieta en subsecretaría de Defensa

2010-04-05T13:02:00.000-07:00

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) manifestó su malestar por el nombramiento del ex comandante en Jefe del Ejército, general (r) Oscar Izurieta, como subsecretario de Defensa, debido a que éste negó tener antecedentes de personal que estaba bajo su mando y que se habría visto involucrado en la violación de derechos humanos.
"Nos parece grave y una muy mala señal para los procesos judiciales en curso, que el actual subsecretario Izurieta haya sido quien en una reunión con nuestra agrupación, negara poseer antecedentes acerca de aquellos que estaban bajo su mando para que posteriormente algunos de ellos aparecieran ejerciendo funciones dentro del propio Ejército", expresó la entidad a través de un comunicado.
La AFDD reveló su preocupación por los "tintes autoritarios" que, en su opinión, muestra el Gobierno de Sebastián Piñera con episodios como la muerte de un poblador en Hualpén a manos de una patrulla militar, durante el toque de queda.
Otro de los reproches que realizó al Ejecutivo fue precisamente haber retomado la medida restrictiva en la Región del Biobío con motivo de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, pues a juicio del organismo "se originó a través de un decreto asumido por el Jefe de Zona, sin mediar consulta a la autoridad civil, pero indudablemente apoyada por ésta".

Fernando sigue ausente

2010-04-02T07:20:00.001-07:00

La identificación de restos humanos es un asunto complejo, requiere tanto de elementos antropológicos como de tecnología científica de primer orden, más aún cuando se trata de hallazgos de restos encontrados en pésimas condiciones de conservación y de alta manipulación violenta de las personas al morir y luego de los restos, trasladados muchas veces de lugar en lugar, apilados y diseminados.

El caso de los detenidos desparecidos en Chile posee todas estas características. Una primera avanzada de estudios incluyó esfuerzos de médicos y antropólogos con escasa preparación y con más necesidad de reconocimiento propio que de reconocer a las víctimas de la masacre de la dictadura militar, el resultado por todos conocidos llevó a peores decisiones como la de contratar a personal “sin experiencia” (así rezaba el anuncio por el diario) para hacerse cargo del proceso de reconocimiento de DDHH en nuestro país. Al poco tiempo no hubo inducciones necesarias, capacitaciones pertinentes pero si una acelerada faena de identificación que terminó con un Director del SML teniendo que aparecer por la prensa pidiendo perdón por los “supuestos” errores de identificación en los restos de las víctimas.

De ahí en más no se ha escatimado en recursos para poder dar tanto con los profesionales idóneos como con la tecnología y procedimientos tanto de acreditación de resultados como de legitimación pública de éstos. Se llamó a concursos internacionales y se contactó con la gran mayoría de personas que trabajan en estas temáticas a nivel mundial. Como en todo orden de cosa y más aún en la ciencia, la ideología y el Lobby hacen de las suyas por lo que se terminó configurando un equipo nuevamente sin las competencias técnicas óptimas para un proceso de esta envergadura pues las primeras 5 opciones no quisieron ni siquiera pisar Chile por no contar con certezas suficientes de la seriedad con que se trataba el asunto, Aún así una certeza salió del Panel de Expertos Internacionales que asistió en esta discusión, éste determinó y esto sorprende por los anuncios del último año que no existe a nivel mundial herramientas científicas ni tecnológicas suficientes para poder desentrañar verdades respecto a la identificación de restos humanos con las características que el material de muestra presenta.

Así resulta preocupante que el SML haya “identificado o ratificado” la identidad de las víctimas que ha anunciado el último año. Sobre todo por estos días ha anunciado el cierre del tema Patio 29 que casi hizo estallar a ese servicio y a la administración Bachelet completa. Curioso pues no existen argumentos de fuerza que permitan aseverar tales resultados o lo que es peor, con el mismo argumento que se dio en el 2006, se repite luego de los esfuerzos constantes de este servicio por equivocarse y mostrar lo peor del ser humano sea por morbo sea porque en verdad han perdido la noción de sutileza o franca falta a la lex artis en su gestión.

Con todo el problema sigue siendo que la duda aquí es completamente permisible y la verdad, nuevamente pareciera ser construida de manera fraudulenta o para esquivar definitivamente un problema que requiere soluciones y explicaciones más de fondo. Es por eso que no me resulta sorprendente que la familia de Fernando Olivares Mori (“Fernando ha vuelto” de Silvio Caiozzi) tenga legítimas dudas respecto al proceso de identificación y quiera nuevas indagatorias al respecto. Ya no hay conformidad ni confianza en un servicio que ha todas luces no está capacitado para enfrentar ningún problema referido a sus mismas funciones y sólo entrega problemas demoras e incertezas a un proceso criminal que requiere de verdaderas respuestas científicas. El argumento sigue siendo que los DDHH a nadie ya le importan y tal vez sea lo único cierto pues en una sociedad en la que priman sólo los intereses individuales desaparece la memoria colectiva. Cuando desaparece la indignación ante la injusticia perdemos lentamente los sueños de construir una República dándole la razón a los criminales que hace más de 30 años pensaron que era posible desaparecer a las personas. Qué dolor más grande reconocer que tenían razón.

Néstor Morales T.

Concluye rectificación de errores del patio 29

2010-04-02T06:57:00.000-07:00

El ministro en visita Alejandro Solís entregó ayer las identidades de otras cuatro personas enterradas en el patio 29 del Cementerio General, víctimas de la represión posterior al 11 de septiembre de 1973, y con esto terminó el proceso de identificación, luego de los errores detectados en 2006.
Dos especialistas del Servicio Médico Legal, Rhonda Roby (genetista forense) y Francisco Etxeberría Gabilondo (médico forense) corroboraron con un 99,999% de certeza las identidades de Carlos Fonseca Faúndez, Jorge Manuel Pavez Henríquez, Sergio Fernando Fernández Pávez y Francisco Arnaldo Zúñiga Aguilera.
Los casos de Fonseca Faúndez y Pavez Henríquez corresponden a dos de 30 víctimas (de un total de 126) que, desde el hallazgo de las osamentas en el año 1991, no pudieron ser identificadas y por tal circunstancia se mantuvieron catalogadas como N.N.
En el caso de Fernández Pavez, el 27 de octubre de 1994 sus restos fueron erróneamente identificados como pertenecientes a José Freire Medina, cuyos familiares recibieron las osamentas. En esta oportunidad, los restos debieron restituirse a los familiares de Fernández Pavez.

El caso de Francisco Arnaldo Zúñiga Aguilera es el más polémico. El 17 de abril de 1998 sus restos fueron erróneamente identificados como pertenecientes a Fernando de la Cruz Olivares Mori, quien inspiró el documental “Fernando ha vuelto”, de Silvio Caiozzi. La cinta se estrenó en 1998 y ganó premios en La Habana y en Uruguay.
Aún quedan cerca de 100 pericias sin resultados definitivos. Finalmente, el lunes 26 de abril comenzará la entrega a los familiares de las muestras óseas utilizadas para la extracción de ADN que han obtenido la identificación positiva.

Reabren caso Anfruns por actuación de agentes

2010-04-02T06:56:00.000-07:00

La tesis de que agentes de la dictadura secuestraron y asesinaron al menor Rodrigo Anfruns Papi, de 9 años, cobró fuerza ayer, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir la investigación del crimen ocurrido en junio de 1979.
Así quedó de manifiesto luego que el tribunal capitalino cuestionara por primera vez, en 31 años, la data de muerte del menor (11 días) y pusiera especial atención en la actuación del tío del niño, el general (R) Luis Iraçabal Lobo, así como en la de un ex miembro de la CNI.
El menor fue secuestrado el 3 de junio de 1979, desde la puerta de la casa de su abuela materna. Once días después, su cuerpo fue encontrado a pocos metros del lugar, en un sitio eriazo, luego Patricio Pincheira Villalobos, entonces de 16 años, confesaba a un sicólogo de Investigaciones que él era el autor.
NUEVAS DILIGENCIAS
Tras revisar piezas de la investigación, la Corte ordenó al juez Manuel Valderrama recabar más antecedentes sobre la versión del ex teniente de Carabineros Jorge Rodríguez, quien en 2005 declaró que detectives fueron detenidos la madrugada en que apareció el cuerpo del menor y que éstos lo llevaron hasta el sitio donde, posteriormente, se dijo había sido encontrado Anfruns.
Lo anterior, pues el tribunal dispuso interrogar a un ex agente de la CNI.
El abogado querellante, Roberto Celedón, sostuvo que “existen, a lo menos, dos testigos, entre ellos este agente, que ratifican la declaración de Rodríguez sobre el incidente con detectives”.
En el fallo, los jueces concluyen además que “del mérito de prácticamente la totalidad de los informes y ampliaciones practicados con posterioridad, existe un consenso en que el cuerpo del menor no pudo tener una data de 11 días”.
Por ello, se ordenó solicitar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que analice todos los peritajes realizados hasta ahora y a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, para que informe sobre las contradicciones en las declaraciones de sus funcionarios. Ello, debido a que los jueces estimaron que pudo haber “un cambio de versión” de los ex detectives, según reseña el dictamen.
También se dispuso indagar a Luis Iraçabal, el tío de Anfruns, quien había trabajado para la DINA y había sido director de Famae. Ello porque en la misma época del crimen viajó a España, junto a su familia, lo que hace sospechar de una venganza dirigida a él.
Sobre el general (R), el tribunal ordenó al juez pedir al Ejército entregar toda la normativa y documentación que justifique el viaje a España y también los comprobantes de los supuestos estudios que iba a realizar en Europa.

El arresto de la libertad en Venezuela

2010-04-01T05:37:00.000-07:00

Vaclav Havel, Mikhail Kasyanov, Francisco Bermudez, Garry Kasparov, Javier Loaiza y Don McKinnon

El arresto de Oswaldo Álvarez Paz, ex presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, gobernador del estado venezolano de Zulia, y candidato presidencial, debería preocupar a todo el mundo porque muestra hasta qué punto el régimen del presidente Hugo Chávez está dispuesto a alejarse de las normas democráticas. Guardar silencio mientras la democracia se deteriora en Venezuela es ahora no sólo inmoral sino cada vez más peligroso para todo el pueblo de Venezuela.
Álvarez Paz tiene una reputación mundial de ser un hombre honorable dedicado a los principios democráticos. Ha tratado valientemente de alertar al mundo sobre la persecución que sufren constantemente los oponentes de Chávez y de su régimen, y sobre el deterioro de la democracia en su país durante la década en que gobernó Chávez. En efecto, su arresto en marzo es prueba convincente de la verdad de su testimonio sobre la naturaleza del régimen y del peligro que supone a los venezolanos, de cuyas libertades aparentemente están siendo sistemáticamente despojados, y más ampliamente para América Latina debido al ejemplo que da Chávez a otros aspirantes a autócratas.
Las declaraciones de Álvarez Paz en “Aló Ciudadano”, un programa de entrevistas transmitido por Globovisión, canal privado de televisión, parecen haber sido el detonante para su arresto. Álvarez Paz comentó una resolución aprobada por la Audiencia Nacional de España sobre las supuestas relaciones entre el gobierno venezolano, la guerrilla colombiana, las FARC, y el grupo terrorista español, ETA. Álvarez Paz instó con razón a que se examinaran esas acusaciones.
Sin embargo, después de solamente pedir que se aplicara la ley y se investigaran las actividades delictivas, Álvarez Paz fue detenido por cargos de conspiración, difusión de información falsa y e incitación al odio. Si se le declara culpable podría ser sentenciado a hasta 15 años de cárcel.
La detención de Álvarez Paz es evidencia importante del abuso indiscriminado del sistema legal por parte de Chávez y sus funcionarios para perseguir, intimidar y silenciar a aquellos que critican su gobierno. También confirma los informes publicados por organizaciones internacionales y organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Freedom House acerca del deterioro creciente de las libertades políticas en Venezuela.
Bajo el gobierno de Chávez, una forma radical de ilegalidad permitida por el Estado se ha apoderado del país. Se puede decir que Venezuela ahora existe como una legalidad sin ley, un sistema político en el que los funcionarios niegan que al diseñar o interpretar las leyes estén sujetos en modo alguno al espíritu de justicia que sustenta esas leyes.
Sin embargo, la idea de poder arbitrario ejercida por cualquier líder o movimiento político, por mucho que diga representar a los pobres y oprimidos –como Chávez lo hace- es ajena a todos los conceptos de libertad. Es la ley de los bárbaros y la filosofía política instintiva de todo aquel que se rebela contra las normas democráticas de conducta.
El mundo debe exigir a las autoridades de Venezuela que liberen inmediatamente a Álvarez Paz. La Organización de los Estados Americanos y otros organismos regionales deben ahora insistir con fuerza en la restauración efectiva de las leyes constitucionales en Venezuela. Solamente haciendo eso podrán defender los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana. La OEA tiene que actuar pronto porque los venezolanos están llamados a votar en septiembre próximo para elegir un nuevo parlamento.
El año pasado, Chávez ganó un referéndum que había convocado para abolir los límites a los mandatos presidenciales y a otros altos funcionarios electos. Ahora, las encuestas de opinión están mostrando niveles sin precedentes de descontento por la delincuencia, la inflación y la escasez de energía y agua. Ha habido grandes protestas contra el gobierno en Caracas después de haber cerrado un canal privado de televisión, RCTV. Parece que los venezolanos están preparados para detener el cambio continuo de su país hacia una dictadura, lo que también puede explicar por qué fue detenido Álvarez Paz.
Todos lo que crean, y apoyen, la oleada democrática que se propagó en América Latina, tras la caída del comunismo en Europa, deben afirmar su compromiso y supervisar la frágil situación de la libertad de expresión y la gobernanza democrática en Venezuela. No es demasiado tarde para regresar a Venezuela al círculo de naciones democráticas y libres. Hablar en favor de la libertad de Álvarez Paz es defender la libertad de todos los venezolanos.

Neonazis antichilenos competirán por gobernación de Tacna

2010-04-01T05:29:00.001-07:00

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú aprobó la inscripción de un movimiento político de tendencia neonazi y antichileno, cuyo líder y fundador, Ricardo de Spirito Balbuena, estuvo un año en la cárcel por difamar al empresario chileno Raúl Morcos.
El visto bueno a la entrada en competencia en los comicios regionales de octubre y general de 2011 del movimiento regional Igualdad Nacional Cristiana Autónoma (INCA), fue otorgado el 12 de marzo, denunció ayer el Instituto de Defensa Legal (IDL).
De Spirito, de 50 años, escogió como símbolo de su movimiento la esvástica modificada “con un discurso virulentamente antichileno y de oratoria agresiva y efectista”. El líder sostiene que “la democracia es una basura” y viste, al igual que sus seguidores, un uniforme copiado de la tropas de asalto hitlerianas. Además, el fundador del INCA tuvo siete denuncias policiales en Tacna, entre 2000 y 2006, por chantaje, difamación y alteración de la tranquilidad pública
Aunque el JNE evitó comentar públicamente la inscripción, una fuente de ese organismo explicó que los movimientos regionales que pretenden inscribirse no están obligados a presentar un ideario.
En su blog, De Spirito escribió: “Perú, junto con Bolivia, han sido condenados por el sionismo judío a desaparecer de la faz de la Tierra, con la finalidad de apropiarse de cuatro elementos fundamentales que requieren para Chile o Nai Judá: agua del Titicaca, gas de Camisea, oro de Tacna y Puno, finalmente y el más importante, el litio, la energía del futuro”.

Día del Joven Combatiente

2010-03-31T05:50:00.000-07:00

Carta Publicada en La Tercera

Miércoles 31 de Marzo 2010

Señor director:

Ha pasado el Día del Joven Combatiente con menos stress que años pasados. Enhorabuena, pues cuando despejamos lo accesorio que han sido desde hace rato los disturbios, el lumpenaje, y la violencia poblacional que atemoriza a los vecinos en estas fechas y por tv a los barrios acomodados podemos detenernos un rato siquiera en lo principal: un crimen brutal como el asesinato contra dos niños perpetrado por agentes del Estado sucedido hace veinticinco años aún no logra cerrarse y mantiene sin justicia a sus padres que aún claman por ella. Y esto no es una insistencia manida sino que discurre sobre un axioma fundamental que debe tomar también el Gobierno que se inaugura por estos días: sólo en terrenos donde se cultiva la justicia se puede cosechar la paz.

Néstor Morales T.

Observatorio DDHH

SML abre sumario por envío de restos humanos en encomienda

2010-03-31T05:48:00.000-07:00

Como “lamentable” calificó ayer el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, la situación que se generó tras el envío de los restos de la menor Juanita Carey Moring, de tres años, fallecida a causa del tsunami que afectó a la comuna de Pichilemu, desde la sede de la entidad legista en Rancagua a la de Santiago. Este traslado, para la realización de más pericias solicitadas por el Ministerio Público, se realizó como encomienda a través de la empresa de transportes Pullman Cargo.
“Se ha instruido un sumario para determinar si era el mecanismo adecuado de acuerdo a las circunstancias, las capacidades y sobre todo a las necesidades de cumplir con las instrucción del fiscal”, señaló ayer el jefe del servicio.
A primera hora de ayer Bustos se reunió con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien manifestó su preocupación por lo ocurrido durante el traslado de la hija del abogado Guillermo Carey, quien fue hallada el 21 de marzo pasado en el balneario de Chorrillos. Tras la cita decidieron esclarecer los hechos mediante una indagatoria administrativa que se le encargó al asesor jurídico Hernán Rojas, quien ayer se trasladó a la Región de O’Higgins para iniciar las diligencias del sumario. El SML cuenta con 50 vehículos de traslado de fallecidos para las 38 sedes y muchos de ellos están reforzando labores en el Maule.
AUTORIZACIÓN SEREMI
Sin entrar en detalles “por respeto a los familiares de la menor”, Bustos explicó que desde el 2008 la seremi de Salud de la RM los autorizó explícitamente para ese tipo de traslado desde y hacia Santiago “de restos óseos, restos sanguíneos disecados no contaminantes y otros elementos culturales como anteojos, zapatos y ropas que pudieran estar vinculados a casos de derechos humanos”. Añadió que “ese criterio ha sido extensivo a otras situaciones que ameritan identificación, un traslado que se hace en el respeto de las normas del Código Sanitario, de las normas higiénicas y la cadena de custodia”.
Explicó además que desde 1998 hay un convenio para transporte de evidencia terrestre, que incluso contempla el traslado vía aérea nacional e internacional de “restos humanos y todo tipo de objeto o evidencia no contaminante que pueda servir para los fines propios de nuestro servicio, entre otros el de identificación de personas”.
Bustos aclaró que de todas formas se instruyó el sumario “para averiguar lo ocurrido, porque ninguna emergencia puede justificar una eventual transgresión a las normas que corresponde a estas situaciones tan dolorosas”.
Fiscal nacional: “Inaceptable”
El fiscal nacional Sabas Chahuán calificó ayer como “inaceptable” que el Servicio Médico Legal (SML) no haya respetado los protocolos establecidos en el envío de los restos de la menor Juanita Carey.
El jefe del Ministerio Público anunció que los resultados del sumario que inició el SML para determinar responsabilidades serán puestos a disposición de la fiscal regional, Solange Huerta, quien investiga las fallas de la alerta del maremoto que azotó a la zona centro sur del país, el pasado 27 de febrero.

La Moneda Apelará por Causa de Carmelo Soria

2010-03-31T05:46:00.000-07:00

El programa de Derechos Humanos -que funciona al alero del Ministerio del Interior- decidió apelar ante el dictamen del ministro instructor de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien rechazó reabrir la investigación por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.
Se trata de la primera acción que emprenderá el gobierno de Sebastián Piñera en materias vinculadas a los atropellos ocurridos bajo el régimen militar. Y estará fundada en el convencimiento de la validez de los argumentos del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quien en 2009 elevó la solicitud de reapertura de la investigación.
"El recurso que interpuso el subsecretario Rosende era bastante fundado, se habían presentado todos los antecedentes que permitían reabrir el caso. Además, se acompañaban criterios jurídicos en cuanto a la aplicación de la Ley de Amnistía a dos personas en particular no era óbice para que se pudiera seguir con la investigación", detalló a La Tercera Rossy Lama, nueva directora del programa de DD.HH.
El diplomático español, quien trabajaba para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue secuestrado y asesinado el 16 de junio del 76, y su cuerpo fue arrojado al canal El Carmen.
Según consta en el proceso, el homicidio fue cometido por funcionarios de la Dina. Sin embargo, la indagación fue sobreseída por primera vez en 1996, cuando se aplicó la Ley de Amnistía. En diversas ocasiones los querellantes intentaron sin éxito reabrirla ante el máximo tribunal del país, el que siempre mantuvo el criterio de rechazar la solicitud. En La Moneda aseguran que la apelación da cuenta de la continuidad que tendrán las políticas de DD.HH. impulsadas por los gobiernos de la Concertación.
En este contexto, los abogados del programa están abocados a analizar tres tipos de casos: los que son susceptibles de ser reabiertos, las más de 330 causas de violaciones a los DD.HH. que están revisándose actualmente en la justicia y la situación de los ejecutados políticos.
Respecto de este último punto, en el gobierno dicen que actuarán en base a las facultades que dispone el Instituto de DD.HH., que tiene la posibilidad de querellarse en casos de ejecutados políticos. Actualmente, de alrededor de dos mil casos, la justicia ha revisado cerca de 40, por lo que el programa de DD.HH. está abocado a evaluar qué otras situaciones son susceptibles de ser revisadas en tribunales.

Juez confirma cierre de caso Soria sin responsables

2010-03-31T05:42:00.000-07:00

La familia del diplomático español y funcionario de la Cepal Carmelo Soria Espinoza, asesinado en julio de 1976 por agentes del Estado, recurrirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), luego que ayer el ministro instructor de la Corte Suprema Héctor Carreño confirmara el sobreseimiento total y definitivo de la causa por aplicación de la Ley de Amnistía.
Así lo anunció Carmen Soria, hija del funcionario de Naciones Unidas quien, tras conocer la resolución, advirtió además que “lo que digan los jueces de este país nunca me ha llamado la atención, porque las personas que asesinaron a mi padre deberían estar en la cárcel desde hace mucho tiempo”.
Lo anterior, dijo, porque han surgido nuevos antecedentes en otras investigaciones de violaciones de los derechos humanos que evidencian que los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) involucrados en el asesinato de su padre mintieron.
Parte de estas informaciones han sido recabadas por el juez Alejandro Madrid que investiga el crimen del químico de la DINA Eugenio Berríos y, en ese contexto, también la asociación ilícita y obstrucción a la justicia efectuada por un grupo de ex agentes para encubrir el homicidio del funcionario de la Cepal.
DESARCHIVO Y REAPERTURA
La solicitud para desarchivar y reabrir la investigación por el crimen del diplomático fue ingresada al máximo tribunal el pasado 4 de marzo por el entonces subsecretario del Interior Patricio Rosende.
Luego de analizar los antecedentes expuestos en el requerimiento, el ministro Carreño resolvió que “por resoluciones ejecutoriadas (...) dictadas por el respectivo ministro instructor y confirmadas en su oportunidad por la Corte Suprema, se ha decidido que la presente causa se encuentra afinada en virtud del sobreseimiento total y definitivo por aplicación del Decreto Ley 2.191 de 1978 sobre amnistía dictado en ella respecto del hecho punible materia de la investigación”.
Con ello, la indagatoria por el crimen del diplomático se cierra sin responsables pues los únicos procesados en el caso fueron los ex agentes de la DINA Guillermo Salinas Torres y José Ríos San Martín, respecto de quienes se aplicó la Ley de Amnistía en 1996.
No obstante, la familia Soria junto con recurrir a la CIDH también puede apelar de la resolución en Chile, ante la Corte Suprema, e insistir en la reapertura del caso.

Instituto de Derechos Humanos

2008-09-04T06:30:00.000-07:00

Publicado en La Nación, Jueves 04 de septiembre de 2008

Con la decisión del Ejecutivo de retirar el tantas veces vapuleado proyecto de Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos (DDHH) se generan dos efectos, a mi juicio perniciosos. El primero tiene relación con la razón material por la cual es retirado: ésta es la falta de apoyo a este proyecto de quizás la más emblemática organización de derechos humanos en nuestro país, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que argumenta su rechazo porque no se incorpora la facultad de persecución de violadores de los derechos humanos en esta institución, descontinuando así la labor de las comisiones Rettig y Valech que ahora realiza el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
El segundo se vincula con los efectos subjetivos que se producen en nuestro país sobre el conjunto de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, relegando la problemática sólo a un sector político (la izquierda), sólo a un tipo de violaciones de estos derechos (los de la dictadura) y el Estado de Chile, generándose con todo ello una muy mala propaganda en el mundo respecto de nuestra visión sobre los derechos fundamentales de las personas.
Chile carece y seguirá careciendo durante largo tiempo de una verdadera política sobre derechos humanos, permitiendo de esta manera que persistan episodios como el hacinamiento carcelario, los de la violencia policial, las prácticas que dañan los derechos a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación. Y manteniendo presentes los crímenes de la dictadura aún sin nombres, sin cuerpos y sin justicia con esta decisión por mucho tiempo más.

Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio DDHH

DDHH: Designan ministro en visita para investigar muerte de joven en 1978

2008-08-29T12:29:00.001-07:00

Después de 30 años de ocurridos los hechos la Corte de Apelaciones de Rancagua designó a Carlos Moreno Vega como ministro en visita para investigar la muerte de Ana Jeanette González Moena, ocurrida en octubre de 1978.

Lo que en su momento se informó a través de un parte como un crimen pasional, con los años se ha podido establecer por testigos que corresponde a un caso de violación a los Derechos Humanos y que involucra a Carabineros (r) de la Cuarta Comisaría de Rengo. Como un avance y esperanza para las causas de Derechos Humanos, calificó el abogado de FASIC, Luis Cortés, la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua de designar un ministro en visita para sustanciar la causa de Ana Jeanette González Moena, asesinada el 1 de octubre de 1978, en la localidad de Rengo. El ministro a cargo de la investigación será el propio presidente del tribunal de alzada rancagüino, Carlos Moreno Vega y su designación responde a la solicitud de reapertura del caso presentada semanas atrás por la parte querellante, quien además en la oportunidad interpuso una querella criminal en contra de los ex Carabineros(R) Sergio canales Ponce, Carlos Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez Rojas y Juan Salinas Gres todos de la Cuarta Comisaría de Rengo y contra todos quienes resulten responsables del homicidio de la joven. Para el jurista de FASIC y querellante en el caso, Luís Cortés, “esto representa un avance y una esperanza para las causas por violaciones a los derechos humanos en la Región de O´higgins y en especial para el proceso en el que fueron asesinados dos jóvenes hace más de treinta años”. Según consta en la querella el 2 de octubre de 1978, se informó tanto en la prensa local y nacional sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de una pareja de jóvenes producto de un volcamiento en la Carretera Panamericana Sur con el cruce de Rengo. Después de tres décadas de los hechos y durante varios años se ha podido establecer que el 1 de octubre de 1978, Ana Jeanette González Moena y su amigo Fernando Enrique Guevara Mardones murieron por estallido cerebral por herida de bala facial, según se consigna en los respectivos Certificados Médicos de Defunción del Instituto Médico Legal.

Las desapariciones forzadas continúan aún hoy Imprimir

2008-08-27T10:00:00.000-07:00

La desaparición forzada de personas es una de las más odiosas violaciones de derechos humanos y un crimen internacional. la persona desaparecida es despojada de todos sus derechos y colocada en situación de total indefensión a la merced de sus victimarios, sin ninguna protección de la ley. La desaparición forzada constituye en sí misma la negación del ser humano.

Su práctica causa hondos sufrimientos en los familiares y personas cercanas a quien desaparece: la eterna espera de su regreso y la total incertidumbre de su suerte y paradero constituyen una forma de tortura continua para padres, esposos (as) e hijos (as) del desaparecido (a). El robo de niños/as que nacieron durante el cautiverio de sus padres desaparecidos es una de las prácticas más repugnantes y contraria a todo principio básico de humanidad. La práctica de la desaparición forzada vulnera los dictados más elementales de humanidad y los principios básicos del estado de derecho y del derecho internacional.La desaparición forzada constituye un desafío al concepto mismo de los derechos humanos: es la negación del derecho para el ser humano a tener una existencia, una identidad. La desaparición forzada transforma al ser en un no-ser. Es la corrupción última, el abuso de poder que permite a los responsables transformar la ley y el orden en algo irrisorio y cometer crímenes infames.La desaparición forzada de personas no es, lamentablemente, una práctica del pasado o de ciertas regiones en el mundo. Todos los continentes han conocido o conocen esta criminal práctica. Hoy día se sigue desapareciendo en numerosos países del mundo. Su práctica aparece y reaparece intermitentemente negando los fundamentos mismos de la dignidad humana. La desaparición forzada es no sólo la expresión de formas criminales de proceder de la autoridad pública: su práctica esta asociada a formas clandestinas de represión y, en muchos países, ha sido o es parte integrante de estrategias destinadas a crear el terror en la sociedad. El sentimiento de inseguridad que genera esta práctica, no sólo entre familiares y allegados de la persona desaparecida, se extiende a las comunidades o colectividades a las que pertenece quien ya no está y a la sociedad misma. Hoy, para combatir eficazmente y erradicar las desapariciones forzadas y su impunidad, principal factor que alienta la persistencia de esta práctica, se requiere de una convención así como la movilización de todas las energías humanas contra este flagelo. Frente a esta práctica odiosa e inhumana, un inmenso y sostenido esfuerzo ha sido desplegado desde 1981 por asociaciones de familiares de desaparecidos/as, organizaciones no gubernamentales, gobiernos e instancias internacionales para lograr que un tratado contra la desaparición forzada sea adoptado por las Naciones Unidas. Finalmente, el 20 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Convención viene a llenar un vacío inmenso e intolerable: la ausencia de un tratado internacional para luchar contra de este crimen internacional y grave violación de los derechos humanos. La Convención consagra el derecho a no ser sometido a desaparición forzada así como el derecho de los familiares del desaparecido a conocer a la verdad. La Convención contiene numerosas disposiciones en materia de prevención, investigación y castigo de este crimen, así como en lo que atiene a los derechos de las víctimas y sus familiares, el robo de niños nacidos durante el cautiverio de sus padres desaparecidos y la cooperación internacional, tanto en materia de represión como humanitaria. La Convención establece un Comité contra la Desaparición Forzada, dotado de importantes y novadores procedimientos de vigilancia y protección internacionales. Esta Convención no solamente dotará a la comunidad internacional de una herramienta jurídica para luchar efectivamente contra la desaparición forzada, sino que constituye un mensaje político fundamental de que esta práctica odiosa no puede ser tolerada y debe ser erradicada. La pronta entrada en vigor de la Convención y su implementación deben ser asumidas como una prioridad por los Estados del mundo. El respeto y la implementación de sus disposiciones representarán un desarrollo fundamental en el fortalecimiento de los derechos humanos y del estado de derecho, tanto a nivel nacional como internacional.Ha llegado la hora de traducir las declaraciones de la Comunidad internacional, condenando esta odiosa práctica, en acción de lucha y erradicación de la desaparición forzada. Por ello, la Coalición Internacional contra Desapariciones Forzadas hace un llamado a todos los Estados del mundo a:- firmar y ratificar, sin demora y como asunto prioritario, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;- abstenerse de formular reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;- reconocer la competencia del nuevo Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales; y- adoptar sin demora las disposiciones de derecho interno que resulten necesarias para la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

http://www.icaed.org/

Fuente: Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada

Suprema absuelve a general FACh que ocultó información a la Mesa de Diálogo

2008-08-27T09:29:00.000-07:00

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que absolvió al general (r) de la Fuerza Aérea de Chile, Patricio Campos Montecinos, por el delito de obstrucción a la justicia, por ocultar información a la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos. En fallo unánime, los ministros de la Novena Sala del tribunal de alzada ratificaron el fallo del ministro en visita Jorge Dahm, quien había determinado la absolución de Campos Montecinos por no existir el delito. En primera instancia, el ministro Dahm resolvió la absolución del general en retiro al favorecerlo el concepto legal de in dubio pro reo (ley más favorable al reo), ya que el delito de obstrucción a la justicia fue derogado del Código Penal. “En estas condiciones, no cabe entonces sino que absolver al imputado, puesto que tal como antes se ha reseñado, no existe tipo penal que describa como hecho típico la conducta que se le imputa al acusado". El general (r) Patricio Campos había sido procesado el año 2002 por el juez Mario Carroza por obstrucción a la Justicia. El magistrado consideró que había ocultado antecedentes sobre el paradero de cinco detenidos desaparecidos víctimas del Comando Conjunto, recopilados para la Mesa de Diálogo. Dentro de los antecedentes que habría destruido el ex uniformado se encontrarían hechos en los que participó su esposa Viviana Ugarte, alias La Pochi, quien en esa oportunidad también fue procesada por una serie de detenciones y desapariciones cometidas por el Comando Conjunto.

Dictan sentencia por homicidio de ex alcalde de Chillán en 1973

2008-08-20T09:37:00.000-07:00

El ministro de fuero Joaquín Billard Acuña dictó sentencia en la investigación por los homicidios calificados del ex alcalde Chillán, Ricardo Lagos Reyes, su cónyuge Alba Ojeda Grandón y su hijo Carlos Lagos Salinas, ocurridos el 16 de septiembre de 1973 en la capital de la provincia de Ñuble. El magistrado determinó una pena de 5 años de reclusión con beneficio de libertad vigilada para el carabinero Luis Gajardo Arenas; y tres años y un día de reclusión con beneficio de libertad vigilada para el ex uniformado Patricio Jeldres Rodríguez. En tanto, Pedro Loyola Osorio y Arturo Alarcón Navarrete quedaron absuelto por falta de participación. Asimismo, el magistrado determinó que los dos condenados y el Fisco de Chile deben pagar solidariamente una indemnización de $ 30.000.000 a Patricia Paredes Parra querellante en la causa. Muertos en su hogar El 16 de septiembre de 1973 fueron muertos en su domicilio el ex alcalde de Chillán y militante del Partido Socialista, Ricardo Raúl Lagos Reyes, su cónyuge Alba Ojeda Grandón, quien se encontraba embarazada y su hijo Carlos Eduardo Lagos Salinas, estudiante universitario. La información que entregó la autoridad local, señaló que los afectados se habrían enfrentado con personal de Carabineros cuando concurrió a su domicilio con el objeto de detenerlos. Sin embargo, testigos de los hechos han señalado que al momento de llegar el grupo de carabineros y militares, el domicilio fue allanado, la familia Lagos fue luego ejecutada y que no existió enfrentamiento con la fuerza pública. Otros testimonios agregan que el operativo se había iniciado horas antes, cerrándose los accesos al domicilio de la familia Lagos. El certificado de defunción de Lagos Reyes señala como causa de muerte: “Heridas múltiples por arma de fuego”. Los cuerpos de los tres ejecutados fueron retirados desde la morgue de Chillán por dos médicos amigos de la familia, que se encargaron de darles sepultura.

Chile: Reprobado en materia de Derechos Humanos

2008-08-19T11:22:00.000-07:00

Brutalidad policial para enfrentar las movilizaciones sociales, torturas en las cárceles y discriminación que impide, por razones económicas, que todas las mujeres tengan derecho a un parto sin dolor. Estos son sólo algunos de los aspectos que marcan la realidad del país de cara al Bicentenario, según el poco alentador documento elaborado por la casa de estudios superiores.

Las iniciativas en materia sanitaria, judicial y laboral que se han emprendido los últimos años no han permitido que Chile pueda mejorar sus falencias en relación al respeto de los derechos humanos de las personas. Así lo establece el informe Anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales que se dio a conocer de manera íntegra este martes, el cual pone en tela de juicio los resultados de una serie de iniciativas impulsadas en los últimos años en materias de salud, laborales y judiciales, entre otras. Derecho a la salud El documento sostiene que el Derecho a la Salud ni siquiera está garantizado en el Plan Auge, donde queda al descubierto que la promesa de cobertura anunciada se supedita– en la práctica- a criterios económicos y no sanitarios. Al respecto la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las Guías Clínicas AUGE – verdaderas “letras chicas” del Plan que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema-, establecen criterios de exclusión, tales como: la edad o lugar de residencia del paciente, haciendo imposible el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley Nº 19.966 estableció para que ‘toda persona residente en el territorio nacional, independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, pueda contar con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad”.

En tanto, tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el capítulo sobre el tema realiza un exhaustivo análisis de incumplimientos y discriminación, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el derecho al parto sin dolor, incorporado al AUGE a partir de julio del 2007. “Lo que parecía ser una gran noticia resulta en una garantía sin contenido, una GES para unas pocas mujeres que, por distintas circunstancias, pueden hacer uso de este ‘derecho’”, plantea Zúñiga. Movilizaciones sociales y torturas carcelarias En tanto, el director del centro de DDHH de la UDP, Nicolás Espejo, se refirió a cómo está enfrentando el país las movilizaciones sociales. “Una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe”, expresó.

Agregó además que existen dificultades para comprender "cómo el Estado de Chile permite las humillantes condiciones en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia, o con las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se siguen registrando en diversas cárceles de Chile". Espejo destacó que este año el informe haya abarcado el tema de la protesta social y derecho a huelga. Sostuvo al respecto que mientras el Gobierno impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particularmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia y condiciones laborales, al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después. “El derecho a la libertad de expresión juega también un rol fundamental en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho de reunión y protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales que reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y falta de razón”, puntualizó. El estudio sostiene que a pesar de diversas recomendaciones hechas por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el Estado de Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales. Al mismo tiempo, este contexto restrictivo se manifiesta también en la retórica del Gobierno, los medios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga, se afirma en el capítulo dedicado al tema. “Un Estado que no reconoce adecuadamente el derecho a la huelga de sus trabajadores, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital”, planteó Espejo.

Acceso a la Justicia y tribunales militares El capítulo dedicado al acceso a la Justicia revela “la preocupante situación de las corporaciones de Asistencia Judicial, -las que constituyen el principal soporte del sistema de asistencia jurídica gratuita del país- toda vez que cuentan con un presupuesto insuficiente y una estructura organizacional atomizada y asentada en la figura de los egresados de derecho, que realizan su práctica profesional”. También hay un capítulo dedicado a revisar las principales violaciones al derecho al debido proceso por parte de la legislación militar y su aplicación a civiles. En particular, presta atención a la forma en que el Estado de Chile, a pesar de haber sido condenado hace casi cuatros años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúa aplicando un sistema de justicia militar plenamente incompatible con las exigencias básicas de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Pueblos originarios Otro de los capítulos revisa el modo en que las instituciones constitucionales, legales, judiciales y administrativas –incluyendo las policías- incurren en diversas "violaciones" a los derechos de estos pueblos. En particular, pone énfasis en el deficiente modelo de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes intentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias internacionales en contra de Chile en esta materia. Otros temas tocados por el Informe son los derechos de niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, de la mujer, violaciones a los DDHH en el pasado, minorías sexuales y condiciones carcelarias. “El reconocimiento de los errores en estas materias es, sin lugar a dudas, excepcional. Por ello, un informe sobre violaciones a los derechos humanos es demasiado importante para la calidad de la democracia. Su objetivo no es agradar, sino incomodar. Su metodología no es la misma utilizada en informes de avance o implementación de políticas públicas o legislación. Su vocación no es el compromiso entre los intereses en juego, sino la férrea defensa de aquello que más valoramos cuando nos enfrentamos al poder o la ausencia del mismo", dijo Espejo.

Vea el Informe de DDHH de la UDP en versión completa (Pdf):

http://www.udp.cl/comunicados/0808/18/informe/informe_ddhh08_completo.pdf

¿Es Karadzic un criminal de guerra?

2008-08-18T09:34:00.000-07:00

Henry Kamen*

El concepto de crímenes de guerra es una novedad del siglo XX. No había crímenes de guerra antes de la victoria de los Aliados sobre Alemania y Japón en 1945. Al acabar la II Guerra Mundial, los vencedores decidieron usar métodos judiciales para castigar a los asesinos y revisar las reglas de la guerra. En los Juicios de Núremberg de 1945 y 1946, se colgó a 11 dirigentes criminales de guerra alemanes. No es muy conocido que tribunales semejantes en Asia, especialmente uno en Tokio (1946-48), también condenaron a muerte a unos 900 políticos y generales japoneses. ¡Dios sabe que los vencedores tenían motivos suficientes para estar indignados! Eran totalmente conscientes de las masacres perpetradas por los agresores. En 1937, en la ciudad china de Nanking, los japoneses masacraron sistemáticamente a 300.000 personas y violaron a 20.000 mujeres. Se estima que 20 millones de soldados y 40 millones de civiles murieron como resultado de la agresión germano-japonesa que condujo a la II Guerra Mundial.Los vencedores se sintieron con el derecho de castigar a los vencidos, y eligieron el criterio de crímenes de guerra. Sin embargo, el problema era cómo definir tal crimen. No existía una definición judicial del delito antes de Núremberg, de modo que a los nazis condenados se les ejecutó por acciones que no eran crímenes en el momento en que se cometieron. Los expertos legales que guiaron a los jueces durante los Juicios de Núremberg se hallaron ante una tarea enormemente difícil; aún hoy existen profundas diferencias de opinión entre los abogados. Un abogado estadounidense, hermano del presidente Eisenhower, informaba: «Los Juicios de Núremberg son una página negra en la Historia del mundo… He discutido la legalidad de estos juicios con algunos abogados y con algunos de los jueces que participaron. No intentaron justificar sus acciones sobre ningún fundamento legal».¿Qué es un crimen de guerra? Las acciones que se toman en contra de los soldados no se consideran normalmente crímenes de guerra. El concepto de crimen se refiere principalmente a acciones que se dirigen contra civiles. Estas acciones incluyen la exterminación en masa de civiles por su raza (genocidio), destrucción incontrolada de la propiedad civil, uso indiscriminado de terror contra civiles, y así sucesivamente. Más sencillamente, el Tribunal Penal Internacional, constituido en La Haya en 2002, define crímenes contra la humanidad como crímenes cometidos en un conflicto armado pero dirigido contra la población civil. Los delitos considerados criminales se revisan constantemente. Entre los últimos actos definidos como crímenes, por ejemplo, se encuentra el de violación en masa.Sin embargo, se ha cuestionando tanto la naturaleza del crimen de guerra como la validez del Tribunal Penal Internacional como tribunal para enjuiciar a los involucrados en la guerra serbo-bosniana. Hasta ahora el Tribunal ha recibido la adhesión de 107 países. Pero algunos de los más grandes, como Rusia, China, Estados Unidos e India, han declinado dar su apoyo formal. Esto indica que la definición de crimen de guerra, y la validez de los tribunales, sigue estando en serias dudas. La crítica principal -hecha, por ejemplo, durante el juicio de Slobodan Milosevic entre 2002 y 2006- es que los juicios por crímenes de guerra son siempre políticos y, por tanto, motivados por intereses propios e injustos. Esta fue en su momento la crítica fundamental en contra del Tribunal de Núremberg, que fue visto por algunos como un tribunal partidista constituido por los victoriosos, con un propósito específico de venganza. El senador estadounidense Robert Taft hizo una famosa declaración por entonces sobre Núremberg: «Todo el juicio está marcado por el espíritu de venganza, y la venganza rara vez es justicia. La ejecución en la horca de 11 hombres será una mancha en la Historia Americana que lamentaremos durante largo tiempo».Estas críticas también se pueden hacer al Tribunal Penal Internacional en su intento actual de juzgar a Radovan Karadzic. Ha habido crímenes contra la humanidad en todas partes del globo, sobre todo en Africa Occidental, en Camboya, en Timor Oriental y en Darfur, pero los factores políticos siempre han complicado el proceso. En el corazón del concepto de crímenes de guerra existe la idea de que unos pocos individuos son los responsables de las acciones de un país o de sus soldados. ¿Pero son realmente ellos los únicos culpables? ¿En qué fase la responsabilidad criminal de un pueblo, una cultura, un régimen y un gobierno debe reducirse a una sola persona? ¿O debería ser la misma guerra la que tendría que cargar con la culpa? Me encontraba la semana pasada esperando en el metro de Londres, cuando vi un anuncio para el Museo Imperial de la Guerra de esa ciudad. El anuncio afirmaba inequívocamente que toda guerra es criminal. Si es verdad, entonces todos los actos de guerra pueden considerarse criminales. Todas las naciones tienen las manos manchadas de sangre.Por ejemplo, los mismos fiscales rusos que ayudaron a condenar a los nazis en Núremberg, encubrieron el hecho de que sus propias tropas habían, unos años antes, masacrado a 22.000 oficiales del Ejército polaco en el bosque de Katyn. El Gobierno ruso no admitió el crimen hasta 1990. Las guerras más inhumanas son aquellas dirigidas contra países indefensos. Muchos estadounidenses han argüido, con buenas razones, que la invasión de Irak por parte de George W. Bush fue criminal. La guerra de Bush ha sido responsable de más muertes estadounidenses que Al Qaeda en Nueva York hace siete años. Además, hay que añadir que decenas de miles de iraquíes han muerto también desde que empezó la invasión. Un abogado estadounidense que participó como fiscal en Núremberg ha declarado recientemente que «se puede presentar a Estados Unidos como culpable del supremo crimen contra la humanidad, por constituir una guerra ilegal de agresiones contra una nación soberana (Irak)». Y, por supuesto, lo mismo se puede decir de todas las acciones militares a lo largo de la Historia. Siguiendo la misma definición, si retrocedemos hasta el siglo XVI, el ataque que Hernán Cortés y sus aliados indios dirigieron contra el pueblo azteca en 1520, que provocó la masacre de más de 200.000 personas inocentes, la mayoría civiles, fue un crimen de guerra masivo. ¿Se atreven los libros de Historia a declarar la verdad sobre esto?En la publicidad que hoy rodea el arresto de Karadzic, hay un sentimiento palpable de pública satisfacción. No hay duda alguna de los sanguinarios excesos que deliberadamente cometieron las fuerzas militares dirigidas por Radovan Karadzic y su general Ratko Mladic. Sólo hay que observar la impresionante evidencia que contiene el acta de acusación inicial que redactó Richard Goldstone contra los dos hombres en 1995, con respecto a sus actividades en Bosnia (especialmente las acciones en Sarajevo, Srebrenica y Banja Luka), para darse cuenta que los serbios se habían convertido en bárbaros. La condena de Karadzic, considerado culpable de la muerte de 20.000 personas, sería un gesto simbólico importante. ¿Pero resolverá las causas reales del sangriento conflicto en Bosnia? ¿Favorecerá que se eviten tales conflictos en el futuro?Uno tiene la sospecha de que el juicio en La Haya será poco más que un circo romano, en el que los perseguidores intentarán aislar y destruir a la presa indefensa. Los jueces que le condenen demostrarán que han defendido a la civilización contra la barbarie. Podremos dormir mejor, esperando al próximo líder provincial, en quien sabe qué rincón del mundo, para soltarnos otra Banja Luka, otra Srebrenica. Una vez más otra gran potencia, dirigida tal vez por Obama, empezará una nueva invasión en algún lugar. Y, cuando todo haya acabado, sólo el líder provincial aparecerá ante el Tribunal Penal Internacional, y una vez más dormiremos tranquilos sabiendo que otro criminal de guerra ha sido capturado.

*Historiador; su último libro publicado es Imagining Spain: Historical Myth & National Identity, Yale University Press, 2008

Ex fiscal militar Alfonso Podlech es extraditado a Italia

2008-08-13T11:30:00.000-07:00

El ex fiscal militar de Temuco Alfonso Podlech, detenido en España por un caso de derechos humanos que investiga la justicia italiana, fue enviado hoy a Roma para ser puesto a disposición de los tribunales de ese país.Podlech fue aprendido en el aeropuerto Barajas de Madrid, hace poco más de una semana, en virtud de una orden de detención despachada por el fiscal Jean Carlo Capaldo, quien investiga la desaparición en 1973 del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli.Los abogados de Podlech habían intentado discutir en los tribunales españoles la procedencia de la orden de detención, pero hoy el juez Baltasar Garzón dispuso la entrega del abogado a las autoridades italianas.El abogado Luis Valentín Ferrada, coordinador de la defensa en Chile, explicó que ahora están abocados a preparar las gestiones de fondo que harán ante los tribunales romanos, pues tendrán que presentar antecedentes para demostrar la inocencia alegada por el ex fiscal.

Procesan a 5 oficiales (r) por secuestro y muerte de coronel Gerardo Huber

2008-08-12T11:52:00.000-07:00

El juez Claudio Pavez procesó a cinco oficiales, entre ellos dos generales, por el secuestro y muerte del coronel del Ejército chileno Gerardo Huber, quien conocía aspectos de la venta ilegal de armas a Croacia a inicio de los años 90. Huber, entonces jefe de Adquisiciones de Logística del Ejército, estuvo desaparecido 22 días en el verano de 1992, tras haber prestado declaraciones ante la justicia por el tráfico de armas a Croacia, violando el embargo de Naciones Unidas. El militar desapareció de la casa de veraneo de un amigo en Cajón del Maipo, en el sector cordillerano de Santiago. Su cadáver apareció tres semanas después flotando en un río, con el cráneo destrozado, al parecer por un proyectil de alto impacto disparado a distancia. El proceso se caratuló durante 13 años como suicidio, hasta que el juez lo cambió a homicidio calificado, a pocas semanas de asumir la causa, en diciembre de 2005. Los militares procesados, todos actualmente en retiro y que serán notificados en las próximas horas, son los generales Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga, jefe y subjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); Carlos Krumm, ex jefe de Logística; brigadier Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia y el coronel Julio Muñoz, amigo personal de la víctima, encausado como cómplice de asociación ilícita.

Murió presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bustos

2008-08-07T08:42:00.000-07:00

Tras permanecer dos semanas internado en estado grave en la UCI de la Clínica Alemana, esta mañana falleció el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bustos, a sus 72 años de edad, según informó el primer Vicepresidente de la Corporación, Guillermo Ceroni, en la testera de la sala. De acuerdo a lo señalado por la clínica, el deceso se produjo a las 10.46 horas producto de una falla multiorgánica como consecuencia del cáncer hepático que lo afectaba. Al momento de fallecer, el parlamentario se encontraba acompañado de su esposa además de cinco de sus siete hijos. Los dos restantes no alcanzaron a llegar a Chile pues residen en Europa. En el comunicado leído por Ceroni, la Cámara expresa su pesar por la muerte del parlamentario y destaca "sus características humanas, su vocación de maestro y su convicción por el diálogo". El parlamentario PS, quien había ingresado al recinto asistencial el pasado 24 de julio aquejado de una insuficiencia respiratoria aguda, permanecía en una condición crítica a raíz de una falla multiorgánica. Esto en el contexto de un cáncer al hígado que padecía, el cual le fue detectado en agosto del año pasado, tras practicarse un chequeo médico de rutina.

Nacido el 8 de diciembre de 1935 en Santiago, Juan Bustos Ramírez era uno de los parlamentarios más respetados entre sus pares por su dilatada trayectoria como abogado de derechos humanos.Casado con Claudia Chaimovich, con quien tuvo siete hijos, Bustos cumplía su tercer período parlamentario y había llegado a ser de los diputados más longevos.Durante su época escolar fue compañero del ex Presidente Ricardo Lagos en el Instituto Nacional y luego estudiaron juntos Derecho en la Universidad de Chile.Posteriormente en el gobierno de la Unidad Popular trabajó como asesor jurídico del Ministro del Interior y se hizo muy amigo del Mandatario Salvador Allende a quien decía admirar. Su vida en el exilioSus vínculos con el socialismo lo convirtieron en uno de los políticos más buscados tras el golpe, por lo que huyó a Argentina. Sin embargo, en un operativo atribuido a la Operación Cóndor, fue detenido y torturado, hasta que gestiones diplomáticas le permitieron viajar a Alemania oriental.Luego pasó 14 años exiliado en Honduras, Argentina, Alemania y España. En Europa tuvo una existosa carrera como abogado, dictando clases de derecho penal. Tras el retorno de la democracia, fue nombrado miembro del Consejo Nacional de TV y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel.Durante los noventa fue el abogado de la familia del ex canciller Orlando Letelier en el juicio contra el general (r) Manuel Contreras.Colaboración con GarzónEn 1998 llegó al Congreso al ser elegido con el 27,6% de los votos en el distrito Quilpué-Limache. En noviembre de ese año viajó a España junto a los diputados Juan Pablo Letelier e Isabel Allende, a colaborar con el juez Baltasar Garzón, en el proceso de extradición que la justicia de ese país sustanciaba contra Augusto Pinochet. Bustos fue quien elaboró la doctrina de que el ex gobernante no podía gozar de inmunidad como Jefe de Estado, porque solamente a fines del año '74 se dictó el decreto que le daba tal categoría al asumir la presidencia de la Junta de Gobierno, existiendo un periodo de alrededor de un año en que el General en retiro, habría actuado sin el fuero de la Amnistía. Como abogado, representó a las víctimas de la Caravana de la Muerte y centró sus argumentos en la teoría del secuestro como "delito permanente" que sólo acaba cuando aparecen los cuerpos. En 2001 y 2005 fue reelecto como diputado. En el Parlamento integró las comisiones de Familia, Seguridad Ciudadana y de Constitución, Legislación y Justicia. En marzo pasado, tras un acuerdo político sellado entre la Alianza y la Concertación, llegó a la cabeza de la Cámara.Su lucha contra el cáncerCuando asumió este cargo se refirió por primera vez al cáncer en el hígado que le fue descubierto por los médicos en agosto de 2007.En una entrevista con "El Mercurio", el parlamentario restó dramatismo a la situación, señalando que se trataba de "una cosa incipiente, y algo totalmente tratable"."Tampoco espero que sea un impedimento para el futuro", afirmó en esa oportunidad el presidente de la Cámara.No obstante, el tratamiento para dicha enfermedad le habría provocado la neumonitis viral que lo llevó a internarse en la Clínica Alemana el 24 de julio pasado.Allí, fue derivado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde pese a los esfuerzos de los médicos, sufrió una falla multiorgánica que le causó la muerte.

Procesan a nueve oficiales (R) por desaparecidos de La Moneda

2008-08-07T07:08:00.000-07:00

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar sometió ayer a proceso al general (R) Herman Julio Brady y a otros ocho oficiales en retiro del Ejército por los detenidos desaparecidos de La Moneda, entre ellos el doctor Enrique Paris y el ex director de Investigaciones, Eduardo "Coco" Paredes.
Es el segundo procesamiento que afecta a Brady y los otros oficiales por las detenciones realizadas en el palacio de gobierno el 11 de septiembre de 1973, las que después se convirtieron en desapariciones. Por lo mismo, se les caratuló como secuestros calificados de presos políticos.
Junto a Brady, fueron procesados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo (quien sería después el segundo al mando de la DINA) y los ex oficiales Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan Riquelme Silva y Jorge Gamboa Álvarez.
El día del golpe de Estado tropas militares ingresaron a La Moneda, donde detuvieron a cerca de 50 personas, entre asesores directos, miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) del Presidente Allende, médicos y funcionarios de Investigaciones, quienes fueron trasladados hasta el Regimiento Tacna, para luego ser ejecutados. Hasta la fecha sus cuerpos no han sido ubicados.
Además del doctor Paris y del "Coco" Paredes, en La Moneda fueron detenidos Jaime Sotelo Ojeda (GAP), Sergio Contreras Contreras (jefe de Prensa de la Intendencia), Héctor Pincheira Núñez (asesor del Presidente Allende), José Freire Medina (GAP), Manuel Castro Zamora (GAP) y Daniel Gutiérrez Ayala (GAP).
El abogado querellante en el caso, Nelson Caucoto, dijo que "es la primera vez, después de 35 años, que estos asesores del Presidente Allende comienzan a vislumbrar la justicia. Con este fallo se ha demostrado que la justicia tarda pero llega".
Respecto del general (R) Luis Ramírez Pineda, ex comandante del Regimiento Tacna -a quien el magistrado resolvió no someter a proceso por el momento-, el abogado Caucoto explicó que su situación se decidirá cuando la Corte Suprema solicite a la justicia argentina la ampliación de su extradición.
FUSILADOS EN PELDEHUE
Los generales (R) Pineda y Brady, junto con los otros oficiales, ya fueron sometidos a proceso en mayo pasado por la desaparición (secuestro calificado) del ex GAP Luis Rodríguez Riquelme, también apresado en La Moneda. Sin embargo, en aquella oportunidad, la Corte de Apelaciones actuó de oficio, ante la negativa del ministro Fuentes Belmar en esta causa.
Brady era el comandante de la guarnición de Santiago y el entonces coronel Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna donde fueron llevados los detenidos de La Moneda.
Desde ese lugar los sacaron en un camión, amarrados de pies y manos con alambre, con destino a Peldehue donde los fusilaron. Toda la operación fue supervisada por Pedro Espinoza, quien vestía de civil.
Enrique paris y “coco” paredes
Juan Antonio Eduardo “Coco” Paredes Barrientos estaba casado, tenía dos hijos y era médico cirujano. Militaba en el PS y durante el Gobierno de Allende fue director del Servicio de Investigaciones.
Enrique París Roa, también médico, estaba casado, tenía 3 hijos y era miembro del comité central del PC. Asesoraba al Presidente Allende en materias de Salud.
Ambos fueron apresados al salir del Palacio de La Moneda, mientras era bombardeado. Junto al resto de los detenidos, se les trasladó al Regimiento Tacna, donde permanecieron hasta el 13 de septiembre.

Hijo de Jecar Nehgme será indemnizado por la ejecución de su padre

2008-08-07T07:05:00.000-07:00

El compromiso de pagar $ 75 millones de pesos adquirió ayer el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante la Corte Suprema para indemnizar el daño moral que ocasionó la violenta muerte del vocero del MIR, Jecar Nehgme Cristi.
El dirigente mirista fue asesinado el 4 de septiembre de 1989 por agentes de la Brigada Azul de la CNI en lo que se califica como el último crimen de la dictadura.
El beneficiario será el hijo del ejecutado político, Jecar Nehgme Sáez, quien llegó hasta la última instancia judicial en busca de esta indemnización por parte del CDE, organismo que debe hacerse cargo de las compensaciones económicas por los crímenes de derechos humanos que cometieron organismos represores del régimen militar.
La demanda civil se llevó a conciliación, por lo que ambas partes debieron ponerse de acuerdo en las condiciones frente a las cuales se concretará el pago de este monto.
La audiencia se efectuó frente al abogado integrante del máximo tribunal Juan Carlos Cárcamo y con la presencia los intervinientes del litigio.
La condición que puso el CDE, representado por el abogado Jorge Escobar, para finiquitar este comparendo judicial fue que tanto Farah y Milagros (hermanas del vocero del MIR) renunciaran a las acciones civiles interpuestas en su calidad de víctimas.
El abogado Nelson Caucoto -frente a la última propuesta del fisco- señaló que retirará las demandas presentadas a favor de las mujeres, "atendido los lazos familiares que las unen con su sobrino". Esto se traducirá en dejar sin efecto la acción civil que había emprendido por 250 millones de pesos para las hermanas de Jecar Nehgme Cristi.
CRÍTICA AL CDE
A pesar de ser aceptada esta situación, la medida impuesta por el CDE fue criticada por Caucoto quien expresó que se tuvo que acceder a la solicitud porque a su juicio no había otra opción.
"Me parece que el Consejo nos puso en un duro transe del cual no hubo otra posibilidad de salir" dijo el jurista. Luego indicó que de todas formas lo que más le importa a la familia es que cuando la Corte Suprema revise la causa penal, eleve las condenas de quienes son sindicados como los autores del crimen.
Esta causa criminal se encuentra actualmente en tramitación en el máximo tribunal y las condenas serán revisadas a través de un recurso de casación.
ROL DE PFEIFFER
La investigación de la muerte de Nehgme estuvo en primera instancia a cargo del cuestionado ministro Alfredo Pfeiffer, quien tras siete años a cargo de la causa la cerró sin culpables.
Tiempo después el magistrado Hugo Dolmestch sentenció a cinco años de prisión al brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, a tres años a los capitanes (R) Arturo Sanhueza Ross, Silvio Corsini Escárate y al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares y a dos años al coronel (R) Jaime Norambuena Aguilar.
Esto tras establecer que el dirigente MIR fue acribillado a la salida de la sede del organismo, el 4 de septiembre de 1989 a manos de estos agentes de la CNI que pertenecían a la denominada Brigada Azul.
El caso del abuelo
Hace algunas semanas la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia de primera instancia que negó el pago de indemnización a Farah y Milagros Nehgme Cristi por la abrupta muerte de su padre, el profesor de salubridad Jecar Nehgme Cornejo (padre del vocero mirista y abuelo de Jecar Nehgme Sáez) quien fue ejecutado el 26 de octubre de 1973 por el coronel Nelson Ubilla Toledo en Temuco.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada, en votación unánime, rechazó aplicar la prescripción y en su lugar ordenó al fisco cancelar $ 600 millones.
Esta última cifra en el sistema apareció durante algunos días como una indemnización de sólo $ 600 mil pesos. Una falla humana había desvirtuado la real suma de la compensación, situación que fue rectificada el 24 de julio pasado.

Procesan a nueve oficiales (r) del Ejército por desaparecidos de La Moneda

2008-08-06T10:35:00.000-07:00

El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar sometió a proceso este miércoles al ex comandante de la Guarnición Militar de Santiago, general en retiro Hernán Julio Brady y a otros ocho oficiales en retiro de la institución, como presuntos autores del secuestro calificado de presos políticos que fueron aprehendidos desde el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Además de Hernán Julio Brady, entre los encausados se cuentan el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo y los ex oficiales Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Jorge Gamboa Álvarez. Los antes mencionados figuran como responsables de las desapariciones de Jaime Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Enrique París Roa, Manuel Ramón Castro y Daniel Gutiérrez Ayala. Espera de 35 años Según consta en el proceso, el 11 de septiembre de 1973 tropas militares ingresaron al Palacio de la Moneda deteniendo alrededor de 50 personas entre asesores directos, miembros del dispositivo de seguridad del presidente Allende (GAP), médicos y funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes fueron trasladados hasta el Regimiento Tacna, para luego ser ejecutados. Hasta la fecha sus cuerpos no han sido identificados. El abogado de FASIC y querellante en el caso, Nelson Caucoto valoró la resolución. Indicó que “es la primera vez que después de 35 años, estos asesores del Presidente Allende, comienzan a vislumbrar la justicia. Enfatizó que “con este fallo se ha demostrado que la justicia tarda pero llega.” El profesional agregó que respecto a la situación de Luís Ramírez Pineda, ex Comandante del Regimiento Tacna - y a quien el magistrado resolvió no someter a proceso- se resolverá cuando la Corte Suprema solicite a la justicia Argentina la ampliación de su extradición.

¿Justicia universal o solo europea?

2008-08-06T07:26:00.000-07:00

Mateo Madridejos*

La captura de Radovan Karadzic, presunto criminal de guerra en el que se reflejan todos los odios étnicos y todas las atrocidades de los Balcanes poscomunistas, concede un repentino crédito a una justicia internacional que se creía desfalleciente. También se espera en Europa que desencadene una nueva dinámica virtuosa en el Tribunal Penal Internacional para la ex—Yugoslavia (TPIY), que su controvertida fiscal Carla del Ponte había llegado a considerar en estado comatoso luego de que Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, fuera hallado muerto en su celda de la prisión de Scheveningen, en La Haya, sede de la jurisdicción, el 11 de marzo del 2006.La verdad, empero, es que hay pocos motivos para la esperanza de reavivar la casi utópica aspiración de una justicia universal permanente y digna de tal nombre. Pocos días antes de la detención de Karadzic, la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de una orden de busca y captura contra el presidente del Sudán, Omar al Bashir, considerado el principal responsable de la carnicería de Darfur, desató una tormenta diplomática y tropezó con el vehemente rechazo o la indiferencia glacial de la mayoría de estados africanos y asiáticos, además de las alarmistas advertencias del secretario general de la ONU, Ban Ki—moon.
¿ACASO LA justicia internacional es una cuestión europea que solo interesa a los europeos? Ya sabemos que la Unión Europea (UE), aunque pugna por dotarse de una fuerza militar de intervención rápida, de problemática autonomía junto a la OTAN, constituye el paradigma del llamado soft power (poder blando o de persuasión), que pretende hacer de las presiones diplomáticas y eco— nómicas la piedra angular de su actuación, heraldo de la paz perpetua. Acaba de apuntarse el tanto de la extradición de Karadzic, aunque con desesperante retraso, pero carece tanto de una doctrina coherente de injerencia humanitaria como de la convicción y los medios para ejecutarla.Los otros grandes actores emiten en otra longitud de onda, más celosos de la soberanía irrestricta y la protección de sus centuriones sanguinarios que de la justicia que se incuba en La Haya. EEUU, Rusia, China, Irán e Israel, entre otros, no asumen las obligaciones del tratado de Roma (1998) que instituyó la CPI, primera jurisdicción permanente, trascendiendo la Carta de la ONU, y que entró en vigor el 11 de abril del 2002, tras ser ratificado por 60 estados. Las grandes potencias y los territorios más conflictivos, como Palestina, Chechenia, el Congo o el Líbano, escapan de su competencia, de manera que la justicia queda confinada entre los escombros de Yugoslavia.Junto a la CPI, los tribunales ad hoc, creados por la ONU, como el TPIY y los de Ruanda, Sierra Leona, Camboya y el Líbano, no han podido superar la oposición feroz o sibilina de sus destinatarios y la ineficacia de sus patrocinadores. La justicia está muy alejada del veredicto definitivo que merecen los genocidios más espantosos y documentados (el del difunto Pol Pot y sus jemeres rojos o el de las hordas de hutus ruandeses), así como los asesinatos más repulsivos, como el del primer ministro libanés, Rafic Hariri, víctima de los esbirros del régimen de Siria, cuyo presidente fue acogido escandalosamente en París en los fastos de la Unión Mediterránea.La justicia se supedita a la coyuntura geoestratégica y se presta a la ley del embudo o del doble rasero. Los verdugos andan sueltos y protegidos por los que deberían entregarlos, como Karadzic durante 13 años. Y si tenemos en cuenta que la cooperación internacional es imprescindible para asegurar la eficacia judicial, se comprenderá hasta qué punto las reticencias o la oposición de los actores en el conflicto, como en Sudán, el Líbano o el Congo, hasta hoy en Serbia, impiden el progreso de los sumarios, la recogida de pruebas, la protección de los testigos y la prisión de los culpables, en un sistema escrupulosamente garantista pero tributario de tortuosas transacciones.
DURANTE más de siete años, con una obstinación digna de mejor causa, George Bush ha tratado de impedir que la legislación de EEUU y el derecho internacional (convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra) se aplicaran a los “ilegales combatientes enemigos”, denominación utilizada para describir a los sospechosos de terrorismo, talibanes o miembros de Al Qaeda, capturados en Afganistán y presos en Guantánamo, base en Cuba convertida en símbolo de oprobio para la conciencia moral y jurídica de Occidente. Sigue la pugna entre el Ejecutivo estadounidense, el Congreso y el Tribunal Supremo tras haberse iniciado los juicios militares especiales, una controversia derivada de la concepción de los atentados del 11—S como un acto de guerra contra EEUU.Si el siglo XX fue el de las guerras, pero, sobre todo, el de los genocidios y crímenes a gran escala contra las poblaciones civiles, queda por comprobar si la centuria en curso intentará al menos la hazaña de hacer de la justicia internacional un instrumento convincente para prevenir esas calamidades colectivas, proteger a las víctimas y testificar para la historia. El muy oneroso TPIY (120 millones de dólares anuales) deberá cerrar sus puertas en el 2010, y no sabemos si las otras instancias judiciales podrán ofrecer alguna satisfacción a las víctimas.

*Periodista e historiador.

Manuel Contreras suma nueva condena por desaparición de joven comunista

2008-08-04T12:38:00.000-07:00

El general (r) Manuel Contreras, que fue jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sumó hoy una nueva condena a su largo historial, esta vez por la desaparición de un joven comunista.El juez Alejandro Solís lo condenó a 15 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Miguel Andrés Heredia Vásquez, ocurrido el 26 de diciembre de 1973 en el recinto militar de Tejas Verdes, ubicado en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.En su resolución, el magistrado condenó también cinco años y un día de cárcel por el mismo caso a los ex teniente coroneles del Ejército Raúl Quintana Salazar y David Miranda Monardes.La misma condena recibieron el jubilado coronel Klaudio Kossiel Hornig, el médico militar y coronel en retiro Vittorio Orvietto Teplizky y Nelson Valdés Cornejo, ex prefecto de la Policía de Investigaciones.La víctima, de 23 años, empleado de un hospital, bombero, dirigente vecinal y militante de las juventudes comunistas, fue detenido el 26 de noviembre de 1973, en su lugar de trabajo por funcionarios de la Fuerza Aérea.Contreras fue condenado el 30 de junio pasado a una doble cadena perpetua por los asesinatos del general del Ejército Carlos Prats y su esposa, perpetrados en Buenos Aires en 1974.Previamente y desde el año 2004, Contreras ha sumado penas de prisión por violaciones a los derechos humanos que suman más de 150 años.De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial los condenados deberán cancelar "solidariamente, a título de indemnización de perjuicios", 50 millones de pesos a Emilia Vásquez Riquelme, madre de la víctima.

Declaracion de FASIC y CODEPU sobre Instituto Nacional de Derechos Humanos

2008-08-04T12:03:00.001-07:00

La Fundación de Ayuda Social de la Iglesias Cristianas -FASIC - y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- ante el debate generado a raíz del Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han efectuado una declaración (leála aquí)

Valoramos la creación de una instancia que institucionaliza desde el Estado la promoción y protección de los Derechos Humanos en el país.Una institución como la planteada, coadyuvará a suplir falencias institucionales en materia de educación, prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos de la sociedad. De esta forma no sólo se hace cargo de manera integral de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el pasado y de los atentados que en el futuro se puedan cometer sino, al mismo tiempo, desarrolla elementos educacionales para conformar una sociedad basada en los derechos fundamentales.Hay aspectos especialmente relevantes de la proposición de la Comisión Mixta sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto de los cuales es necesario hacer especial referencia:1. Facultad de querellarse.Conforme al Proyecto aprobado por la Comisión Mixta respecto de los graves crímenes ocurridos en el pasado, estos quedarán radicados en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, continuando el esfuerzo realizado hasta la fecha. Con la aprobación del Proyecto, se amplía la competencia del Programa facultándolo para deducir querellas no sólo respecto de la desaparición forzada de personas sino además para ejercer acción penal en relación a casos de ejecución sumaria o extrajudicial. Esta ampliación de las facultades del Programa, es sin lugar a dudas, un avance significativo.Igualmente, al aprobarse el Proyecto de la Comisión Mixta, se eleva el rango normativo del Programa, al instituirse su existencia por Ley, fortaleciendo su continuidad y garantizando de mejor manera su subsistencia.Se radica con ello, la competencia del Instituto de perseguir las responsabilidades penales, que importen una violación a los Derechos Humanos en el futuro. Con ello se dota al Instituto de una herramienta eficaz de supervisión, que aportará a la prevención y protección de los Derechos Humanos en el país.2. Reapertura de las tareas de las Comisiones de Verdad y Reconciliación y de Prisión Política y Tortura (Comisión Rettig y Comisión Valech): Junto con el Instituto, se crea por Ley, una Comisión de Calificación de casos de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados y Sobrevivientes de Tortura y Prisión Política. Se enmienda en la dirección de garantizar el derecho a la verdad y la reparación de miles de víctimas, que en su oportunidad y por las más diversas razones, no concurrieron a testimoniar o incluso no fueron calificadas en su momento.3. Creación del Mecanismo Nacional del Protocolo Facultativo al Convenio contra la Tortura: Con la aprobación del Proyecto de la Comisión Mixta, se crea un mecanismo que operativiza este Protocolo, al conferírsele la capacidad de comisionar a uno o más consejeros, al Director o a su personal, para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.4. Lo dicho representa sólo algunas de las propuestas consignadas en el Proyecto de la Comisión Mixta. A ella se deben agregar la ampliación de beneficios reparatorios para víctimas sobrevivientes de tortura y/o prisión política, la institucionalización de medidas de reparación simbólica y acciones positivas de rescate de la memoria histórica; todo lo cual corresponde a las exigencias que, desde la sociedad civil, históricamente hemos venido planteando.Por tanto, hacemos un sincero llamado, a los parlamentarios, a aprobar el Proyecto nacido de la Comisión Mixta. La creación de este Instituto y sus facultades son una sentida demanda de las victimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos.Creemos que este proyecto convertido en ley, significará un valioso avance en la realización de los Derechos Humanos en nuestra sociedad en el camino hacia la justicia que tendrá como fruto la reconciliación y una patria unida.

Santiago, 1 agosto 2008

Declaracion de FASIC y CODEPU sobre Instituto Nacional de Derechos Humanos

2008-08-04T12:03:00.000-07:00

Santiago, 1 agosto 2008

Ex fiscal militar de Cautín detenido en España por causa de DD.HH.

2008-07-30T10:15:00.000-07:00

El ex fiscal militar fue detenido este martes en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando se aprestaba a seguir un viaje vacacional a la República Checa. Miguel Antonio Podlech, sobrino del abogado, informó que durante la mañana de este martes fueron informados a través de un llamado telefónico de la detención del profesional. Podlech tenía una orden de captura internacional emitida por la justicia italiana, país donde se instruye un juicio por la detención y desaparición en Temuco el 4 de octubre de 1973, del sacerdote italo-chileno integrante del movimiento Cristianos por el Socialismo, Omar Roberto Venturelli Leonelli. También está "inculpado" en el proceso que se sigue en Francia por la desaparición en Temuco del ciudadano francés Etienne Pesle de Menil, mientras Podlech desempeñaba funciones en la fiscalía militar de esa ciudad y tomó contacto con el detenido según las investigaciones judiciales. Consejos de guerra En su calidad de ex cadete militar, Podlech fue llamado luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, por el comandante del regimiento Tucapel de Temuco, Pablo Iturriaga, "para que organizara los Consejos de Guerra que iban a tener lugar en adelante", declaró Podlech a la agencia EFE en enero de 2005, consultado por las violaciones a los derechos humanos en ese tiempo en la capital de la Araucanía. "Yo acepté ayudar y busqué gente para que colaborara en esta tarea porque había muchos detenidos en Temuco", añadió Podlech, que indicó que "entre el 11 y el 12 de septiembre de 1973 hubo centenares de detenidos en el regimiento". Si bien hasta ahora Podlech no ha sido procesado por ninguna de las víctimas desaparecidas o asesinadas está "imputado" por varios asesinatos. Entre ellos, el asesinato en el regimiento Tucapel el 2 de octubre de 1973 de los prisioneros Daniel de los Ángeles Mateluna, José Ortigosa Ansoleaga, Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, acusados de intentar fugarse mientras permanecían arrestados, lo que quedó desacreditado en las indagatorias judiciales de estos casos. Igualmente está acusado en el caso del secuestro y desaparición el 4 de octubre de 1973 del académico de la Universidad de Chile, sede Temuco, Rubén Eduardo Morales Jara. Juicio en Italia En Italia se inició un juicio que ha determinado que al menos en el caso Venturelli, estarían involucrados el fallecido general Augusto Pinochet, el coronel (r) Marcelo Moren Brito, el abogado Alfonso Podlech Michaud, además de los civiles Máximo Vivanco, Pablo Márquez, Pedro Calderón y Nelson Ubilla. La investigación del caso se desencadenó en 1998, luego que el senador del Partido Verde Stefano Boco solicitara el esclarecimiento de la desaparición de Venturelli. Una de las particularidades del sistema judicial italiano es que el juicio puede realizarse "por derecho de sangre", lo que implica el inicio de procesos en ausencia, por delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de la península.

Instituto de Derechos Humanos

2008-07-29T13:19:00.000-07:00

Pamela Pereyra (*)

Algunos se preguntan para qué incorporar en nuestra institucionalidad un Instituto de Derechos Humanos. Vale la pena responder esta pregunta y abrir debate sobre esta compleja materia, que nos obliga a tomar definiciones respecto de para qué y cómo hacerlo sin obviar el pasado reciente, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en dictadura.

Las sociedades siempre están en permanente proceso de construcción, y tienen como su sustrato fundamental la realidad de una y millones de personas que las conforman. Esas personas, en razón de su dignidad, tienen derechos inalienables, que nadie puede desconocer. Y esa identificación de personas y derechos, que es propia de la doctrina de los derechos humanos, es quizás hoy por hoy la doctrina que con mayor claridad fija paradigmas de cómo construir valores y políticas que reconocen derechos y que a la vez a su titular le exigen el respeto de los derechos de los demás.

La globalización, las políticas de libre mercado, la inmediatez de las comunicaciones, las facilidades para el traslado de personas y bienes de un país a otro en que pareciera que las fronteras físicas se diluyen, y una suma de otros factores, son realidades masivas que determinan nuevos problemas que deben ser abordados. ¿Y cómo se expresan esos nuevos problemas, sin perjuicio de otros que no lo son tanto? En problemas migratorios, de discriminación, en la expresión de grupos étnicos que reclaman derechos ancestrales, en la multiplicación de personas privadas de libertad por delitos comunes, que en su inmensa mayoría son pobres menores de 35 años, en realidades de inseguridad y de violencia de diversa naturaleza y tantos otros que sería largo enumerar.

Es de absoluta necesidad que una entidad pública culturice y promueva los derechos humanos de naturaleza económica, social, cultural, y por cierto los relativos a las garantías individuales; que estudie e informe a los poderes del Estado y a los ciudadanos de aquellas realidades que no queremos ver aunque estén delante de nuestro ojos. Sí, que devele nuestras propias miserias como sociedad.

La tramitación de la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos no ha sido fácil. Porque hay quienes dirigen la mirada hacia las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, y quisieran que este organismo dedique sus esfuerzos respecto de esos hechos; y hay otros que también dirigen la mirada a ese mismo tema, porque temen que el Instituto persiga esas responsabilidades. Tengo la impresión de que la inmensa mayoría del país ni siquiera se da cuenta de lo que se discute de manera un tanto soterrada, pero que sí le importa que los crímenes del pasado no queden impunes, y a la vez siente la necesidad de que alguna entidad saque la voz de los sin voz en los temas actuales de derechos humanos.

El país requiere hacerse cargo de ambos temas en su propio mérito. Y por ello la forma de zanjar esta controversia es que el Instituto de Derechos Humanos asuma esencialmente desde el presente los temas de futuro, y la actual Corporación de Reparación, también por disposición de ley, continúe a cargo de los procesos jurídicos por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.

La tramitación del proyecto de ley que crea el Instituto está muy avanzada. Al mismo se le garantizan amplias facultades para desarrollar su trabajo, y a su director, una inamovilidad en el cargo que le permite la libertad para exponer los temas. El país no debe “farrearse” la posibilidad de contar con un Instituto de Derechos Humanos y a la vez con una Corporación de Reparación, en cada caso para los fines señalados.

Que por opción política se haga un corte histórico de carácter generacional para asumir las distintas realidades en materia de Derechos Humanos es perfectamente legítimo y no constituye ningún atentado a valor o principio alguno. Es justo para las distintas generaciones que hayan padecido y padecen las realidades referidas.

* Pamela Pereyra es Abogada y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile

Un problema Supremo

2008-07-29T10:31:00.000-07:00

Néstor Morales T. (*)

Con el anuncio de parte del gobierno de postular al Ministro Alfredo Pfeiffer a la Corte Suprema, se han lanzado sobre el tapete político diversas posiciones respecto al rol político que juega el Poder Judicial dentro de un Estado de Derecho.

La necesaria división de los Poderes del Estado planteado desde los fundamentos de la República nunca ha dejado de manifestar problemas y preguntas necesarias para sociedades que buscan estándares mejores de entendimiento y edificación del ideal moderno de entramado de relaciones sociales medianamente pacíficas y que permitan progreso político, económico, social y cultural.

Ya en Roma, la cimentación de las instituciones fue un asunto que, como la construcción de la ciudad eterna, tuvo tracto dificultoso y por cierto progresivo en el tiempo. Así, con la división de los cónsules y demás figuras como tribunos y otros estaba dejado a cargo de patricios y otros a la plebe, para defensa de ésta se decía no sin cuotas altas de razonabilidad, y es que la posibilidad de pedir cuentas a las autoridades, a quienes juegan, en efecto, el juego de la política es un asunto que por más que en tiempos actuales y pretéritos se cuestione sigue siendo clave a la hora de buscar certezas jurídicas, a favor de un pueblo o una Nación.

El mismo problema en Chile no ha dejado nunca a nadie satisfecho. La edificación de la República, más aún de la actual, ha requerido diversos tragos amargos de parte de uno y otro sector dominante de la política. Las nominaciones de jueces en la Corte Suprema han supuesto una lógica de empate en los temperamentos políticos, se dice, desde 1990 a la fecha. Heredando desde el régimen militar una composición que muchos han llamado conservadora ha venido siendo transformada en un aminoramiento de ese temperamento político hacia una moderada actuación de sus Presidentes –salvo excepciones- y la anuencia por parte de la derecha política y la concertación de Ministros sindicados como cercanos a uno y otro sector. Esta cuestión nos emplaza a reflexionar brevemente sobre ciertos elementos que me parecen fundamentales a la hora de perseguir ese ideal republicano que sueña un país como el nuestro, todavía en ciernes de ser lo que se imagina a sí mismo.

Estos elementos pueden ser desglosados jerárquicamente, comenzando por uno de carácter general. La necesidad de tener un Poder Judicial independiente radica en un argumento fuerte y dos débiles. El elemento fuerte trata sobre la teoría (débil por antonomasia) pero que puesto en la praxis se viste con ropajes de fortaleza útil. Así, la independencia del poder Judicial se funda en cuestiones del Derecho Positivo, ese que solemos reproducir con ánimo convicto en las escuela s de Leyes y Derecho proveniente de juristas destacados como Hans Kelsen quien discurre, en un avance de iusnaturalismo racionalista, sobre la tesis de una hipótesis de fundamentación racional de las decisiones sobre la justicia. Esta independencia a juicio del Poder Judicial radica fundamentalmente en la autonomía económica provista desde el Ejecutivo y controlada por el mismo organismo.

Públicas han sido las rencillas que año a año ha tenido la Corte Suprema con el Ejecutivo y últimamente con la Contraloría respecto a la fiscalización de su función administrativa ya que, según la Corte, el órgano contralor y el Ejecutivo se entrometen en cuestiones de decisión autónoma como Poder del Estado y que, en ultima ratio, podría manifestarse en una revisión de la función jurisdiccional que ejerce, temor razonable pero que en una sociedad pretendidamente abierta como la nuestra es de muy difícil sustentación, sobre todo, si de cuestiones de eficiencia económica y de tramitación administrativa se refiere.

Un argumento débil se refiere a la forma cómo se entiende el juego de pesos y contrapesos políticos dentro de las decisiones y direccionamiento del poder Judicial. Es débil en cuanto el equilibrio de un órgano de la República que no se somete al escrutinio del pueblo y que organiza su régimen de sustitución de autoridades a través de un fuerte control y proposición de los restantes Poderes del Estado se queda fuera de lo que la modernidad y el mundo de hoy persigue. Esta fórmula restringe la autonomía asegurando la publicidad de forma indirecta, imperfecta dentro de un sistema político igualmente deficiente que no conoce ni proporciona bien el mayor bien que gusta poseer: el Poder.

Segundo argumento débil, pero que delata formas de reproducción y sujeción del poder en el sistema judicial que hablan muy mal de quienes desde los albores de la República mantienen una actitud obsecuente hacia el Poder Ejecutivo de turno. Fueron los mismos los que lograron continuar sin tropiezos durante las dictaduras, ensayos políticos y vueltas a la democracia, cotidianas, del siglo pasado. Esto nos hace afirmar que el real temperamento de la Corte Suprema como institución ha sido la de condescendencia con quienes saben bien, maneja las cosas en Chile. Si las decisiones económicas, políticas y sociales avanzan en cierta dirección, el rol del poder Judicial, su verdadero papel en la historia ha sido refugiarse en los Tribunales a la hora de sacar la voz y apreciar sobre su interés los movimientos de la época, configurando así una Ideología Suprema: flotar aunque todo sea una gran tempestad. Este argumento débil y subjetivo puede camuflarse con facilidad con el argumento fuerte de continuidad y mantenimiento del Estado de Derecho en Chile aunque este sea una promesa o una quimera digna de reivindicar.

Un último argumento débil (de brutal realidad política), es el referido como el de la teoría del empate, en este caso (nombramiento de Pfeiffer) es sólo una alarma destinada al fracaso, debido a que la composición actual del Senado hace presagiar que a lo menos 33 de sus congresistas darán su voto a favor de la nominación del Gobierno (se necesitan 2/3 de los miembros en ejercicio, algo más de 25) dudándose mucho que los restantes, ora por filiación, ora por interés, ora por su historia personal entreguen un voto censitario a dicha propuesta, teniendo esta pelea tanto las Agrupaciones de DDHH como los centros de estudios y los mismos Senadores disconformes escasa o nula posibilidad de transformar a su guisa la próxima asunción en el Tribunal Supremo del país de este Ministro sindicado por su opinión y su historia como Conservador y detractor de las normas que pueden favorecer en los casos pendientes y futuros relativos a las lesiones a los derechos humanos.

Con elementos de obsecuencia histórica, de sumisión al empate de posiciones políticas imperantes (que sigue siendo mejor que el rapto por un sector u otro del órgano jurisdiccionales), de inmutabilidad y resistencia al cambio se hace difícil conseguir al breve plazo un Poder Judicial moderno y eficiente.

La misión de los órganos jurisdiccionales más allá de ser la boca que dice la ley es la de construir certeza jurídica, es decir, establecer parámetros de interpretación, posición e imposición de la fuerza a través del derecho construido por los otros poderes por mandato (hipotético) del pueblo, por lo que su alejamiento y deseo de vivir fuera de los límites del sistema político es una falacia y no una quimera digna de reivindicar como muchos de los defensores del actual sistema de justicia señalan.

Una reforma al sistema jurisdiccional requiere no sólo de reformular los procedimientos sino también la transformación profunda al modo cómo se reproducen y se designan los cargos que ejercen el Poder del Estado de Chile que más atrás en la historia permanece. Esa, me parece es la principal meta de la Justicia y por cierto para quienes habitamos dentro de la política no deja de ser un problema supremo.

(*) Director Ejecutivo Observatorio DDHH

Pfeiffer es la propuesta de Bachelet a la Suprema

2008-07-28T13:12:00.000-07:00

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, fue designado por la Presidenta Michelle Bachelet para ser presentado mañana ante el Senado como el postulante a ocupar la vacante que dejó Enrique Tapia en la Corte Suprema.
Así lo informó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien señaló que La Moneda espera tener en el Senado "el más amplio apoyo como ha sido la tónica en las propuesta presidenciales"
"Hasta el momento así ha ocurrido, hemos tenido como Gobierno la mira de proponer personas de probada calidad, como el ministro Pfeiffer, con probada trayectoria judicial de largos años reconocidos por la calidad de su trabajo", agregó.
El secretario de Estado señaló su confianza en que "haya una mirada con mucha altura por parte de todos los senadores como ha ocurrido en las ocasiones anteriores y podamos tener una ratificación amplia".
Sin embargo ya surgieron voces divergentes desde el propio oficialismo por considerarse que el nombre de Pfeiffer se propone a favor de la derecha a cambio del apoyo que recibió el presidente del máximo tribunal, Urbano Marín.
El senador PS, Alejandro Navarro, comentó que esta propuesta "viene a confirmar que es uno y uno: uno cercano al gobierno y uno cercano la oposición. Esta es una pésima fórmula para constituir la Corte Suprema".
"Estamos conformado un Corte Suprema en que cada vez que votamos lo hacemos para mantener un equilibrio entre Gobierno y oposición por tanto la Corte pierde autonomía", enfatizó el legislador.

Jóvenes y Discriminación

2008-07-24T10:25:00.000-07:00

Publicado en La Nación, 24 de Julio de 2008

Las protestas de los jóvenes ante la Ley General de Educación han derivado en una serie de reportajes respecto de una supuesta irresponsabilidad y carencia de autocuidado por parte de estos jóvenes, acercándolos sólo a fenómenos de delincuencia, violencia y drogadicción. Esta forma ideológica de configurar un enemigo social por medio de los medios es perniciosa para cualquier sociedad, más todavía cuando se trata del sector que esperamos sostenga la economía chilena en los próximos años. Estos jóvenes descontentos manifiestan un malestar social que por lo común acostumbramos descuidarnos y evadir, éste es: los enormes problemas que nuestro país muestra en emancipación juvenil. El acceso a los beneficios sociales (vivienda, educación, salud, seguridad social, etcétera) son inversamente proporcionales a las cargas (servicio militar, sistema electoral carente de incentivos, Ley Penal Juvenil, discriminación policial y laboral) que deben soportar los adolescentes en las calles.
El resultado de este malestar es conocido en otras regiones: migración irregular a otros países; violencia urbana y crecientes niveles de inestabilidad democrática y decrecimiento económico. Intentar por tanto despreciar a un sector social a costa de lucrar unos cuantos puntos de ráting más es un riesgo del que suelen después no hacerse responsables los medios de comunicación.

Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio de DDHH

Agenda Derechos Humanos

2008-07-17T07:05:00.000-07:00

Carta publicada en La Tercera, jueves 17 de Julio de 2008.

En Chile, las Organizaciones de DDHH hemos visto con preocupación el abandono por parte del Ejecutivo y el Congreso de la Agenda de DDHH anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet y que, una y otra vez, ha quedado relegada por la coyuntura. Esta agenda contiene profundas necesidades jurídicas, sociales, económicas y culturales no cubiertas por nuestra democracia todavía y que, más allá de sanear errores del pasado, viene a cimentar bases para un futuro basado en el respeto y promoción de los derechos y garantías de todas las personas. Así, el nulo avance de proyectos de ley como la modificación al artículo 93 del código penalchileno , que busca evitar la prescripción de la acción penal en materias de DDHH; la aprobación y ratificación pendiente de diversos Tratados Internacionales (Torutra, TPI); la nulidad del Decreto Ley de Amnistía que exculpa los crimenes de la Dictadura de Augusto Pinochet y; el traspaso de los beneficios de reparación a los hijos, nietos, viudos y viudas de los presos políticos; sin olvidar el fiasco público que ha significado la creación del Instituto de DDHH en el que se comprueba el ánimo indolente que, en verdad, convoca a nuestros legisladores sobre estos temas. El tiempo juega en contra del recuerdo, las encuestas de opinión ciudadana tanto en Chile como en el mundo muestran cómo los ciudadanos se están olvidando peligrosamente de los DDHH (los del pasado y los del futuro), apareciendo nebulosos, lejos de sus preocupaciones comparados con las fluctuaiones del dólar, la inflación, el transporte, las cruces en los actos públicos, etc. Mientras los únicos logros en materias de derechos humanos sigan siendo la creación de ambiguos memoriales artísticos que no le dicen nada a la ciudadanía y la instauración de un día del año para restringir la persistencia de los aún detenidos desaparecidos, estaremos confabulando como sociedad para que las violaciones, antiguas, presentes y futuras a los DDHH sean apartadas de lo que consideramos crimen o delito y pasen a mal decorar nuestra memoria histórica, tal como el cruel error de identificación sobre los DD.DD. o como aquellas dos sillas olvidadas junto a la carretera cerca de la entrada de Santiago de Chile.

Néstor Morales T.
Director Ejecutivo Observatorio DDHH- Chile

Manuel Contreras enfrenta nueva condena en el caso ‘’Tejas Verdes’’

2008-07-15T12:47:00.000-07:00

El ministro de fuero Alejandro Solís Muñoz resolvió este martes condenar a 15 años y un día de cárcel al ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras Sepúlveda, por el secuestro calificado en enero de 1974 de la funcionaria del INDAP Rebeca Espinoza, que constituye una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas al interior del Regimiento Tejas Verdes del Ejército, ubicado en la provincia de San Antonio. El magistrado condenó también a cinco años y un día de prisión a Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Klaudio Kosiel Honing y Vittorio Orvietto Tiplizyky. En tanto, Solís resolvió absolver por falta de participación a Patricio Carranca Saavedra. Esta es la décimo séptima condena dictada en investigaciones por violaciones a los derechos humanos en primera instancia en el año 2008. Según informa el sitio web Memoriaviva.cl, Rebeca María Espinoza Sepúlveda, quien no tenía militancia política conocida, fue detenida el 3 de enero de 1974, pasado el mediodía, en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, los que vestían de civil. Junto a ella fueron detenidos sus hijos Cristián y Verónica y una nieta de pocos meses de edad. En la misma oportunidad, aunque en momentos distintos, los agentes detuvieron a José Miguel Rivas Rachitoff (actualmente detenido desaparecido), a José Leonardo Pérez Hermosilla (actualmente detenido desaparecido) a Julio Hernán Parraguez Acevedo (saldría en libertad dos meses después desde el Regimiento de Tejas Verdes) y a José Medina Garcés, posteriormente liberado. La mujer, que tenía en total cinco hijos, al igual que el resto de los detenidos fue conducida a la Academia Politécnica Aeronáutica de El Bosque, donde permaneció tres días. Al cabo de este tiempo, se la trasladó al Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, siendo vista por testigos, desde donde desapareció. También desaparecieron desde este recinto militar, José Miguel Rivas y José Leonardo Pérez, ambos socialistas.

Ex senador Sinclair procesado por homicidio de cinco frentistas

2008-07-15T07:12:00.001-07:00

El ministro Mario Carroza, que sustancia el proceso por el secuestro y desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987 a manos de agentes de la CNI -con la participación del Ejército- someterá a proceso a dos oficiales en retiro y uno activo. Se trata de quien fuera el último vicecomandante en jefe del régimen militar, Santiago Sinclair -quien llegó a ser senador designado a principios de la transición democrática-, en calidad de coautor de homicidio en las personas de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas. La decisión del magistrado se basa en que los frentistas fueron lanzados desde un helicóptero institucional al mar, previa reunión de coordinación en la que habría estado presente Sinclair y que, por autoridad superior, no podía menos que saber de las muertes. El mismo razonamiento judicial usará Carroza para quien fuera el jefe de la Dirección de la Inteligencia del Ejercito (DINE), el entonces general Hugo Prado, junto a un coronel actualmente en servicio activo de apellido Bustos. Para ambos también pesará el mismo delito. En el caso del funcionario que aún integra las filas de la institución castrense -y como ha sido la tendencia para los involucrados en casos de violaciones de derechos humanos- será alejado de la institución. El sistema usado por Carroza hasta ahora ha logrado establecer no sólo que agentes de la CNI secuestraron a los frentistas, sino también que estos pierden la vida en el cuartel Borgoño del mismo servicio represivo y son lanzados al mar en un helicóptero del Ejército. Los pilotos de Pinochet, Hugo Barría Rogers -ex agregado militar en Francia- y “el Chino Campos” -ambos procesados- son quienes participan en esta operación, pero sin saber a qué se dirigían cuando se les ordenó despegar y dirigirse a un predio de Colina, el mismo que utilizó la DINA en los 70's para hacer desaparecer a los militantes de izquierda. Desde 2002 están sometidos a proceso, el entonces jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, el comandante (R) Krantz Bauer Donoso, el mayor (R) Álvaro Corbalán, capitán (R) Luis Sanhueza Ros; los suboficiales (R) Manuel Ramírez y René Valdovinos y los empleados civiles de Ejército César Acuña, Manuel Morales, Luis Santibáñez y Víctor Ruiz Godoy. Se suman el coronel (R) de Carabineros Iván Quiroz, y los agentes Juan Orellana Morales, Hernán Vásquez, Raúl del Carmen Durán, José Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira y Jorge Raimundo Ahumada Molina. Se suma a ellos el ex jefe del Batallón de inteligencia del Ejército (BIE), el general (R) Julio Cerda. Santiago Sinclair fue un militar destacado durante la dictadura militar. Junto con llegar a vicecomandante en jefe hasta 1986 e integró la Junta Militar en 1989, como también senador designado hasta 1997. Uno de las intervenciones más celebres del ex general, ocurrió la noche del plebiscito del 5 de octubre, cuando Pinochet perdió esa consulta. Sinclair le dijo al fallecido dictador, cuando ya se conocían los resultados: “Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”. Sin embargo, como Pinochet ya no contaba con el apoyo de la Junta le respondió: “La Constitución se cumple, señor vicecomandante”.

"Esmeralda" recibida en Croacia con protestas de grupos de DD.HH.

2008-07-14T12:05:00.000-07:00

Con protestas fue recibido hoy en Split, Croacia, el buque escuela "Esmeralda", por parte de integrantes de agrupaciones de derechos humanos que la denuncian como símbolo de torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Los manifestantes, que llevaban pancartas con la leyenda "Pinochet y Esmeralda no pasarán", recordaron que naciones como Suecia y los Países Bajos rechazaron que el barco recalara en sus puertos.
Según la agencia de noticias croata "Hina", Semina Loncar, una de las organizadoras de la protesta y presidenta del "Centro de desarrollo de la democracia" (CERD), declaró que "es una vergüenza que hayamos aceptado recibir" a la nave.
"Muchos croatas-chilenos fueron torturados y asesinados por la junta militar y por ello Croacia no debió haberlo recibido (el barco) en absoluto, tal como lo hicieron algunos otros países", dijo a su vez Mandica Rojas Radmilovic, esposa de un sobreviviente de las torturas de Pinochet, Álvaro Radmilovic, chileno de origen croata.
La "Esmeralda" se encuentra realizando su 53º Crucero de Instrucción. D ebería quedarse cinco días en Split, tras visitar antes Cádiz (España). Su itinerario luego contempla otros puertos del Mediterráneo como El Pireo (Grecia), Estambul (Turquía), Haifa (Israel) y Alejandría (Egipto), para posteriomente dirigirse a Cochin (India), Cape Town (Sudáfrica) y Buenos Aires (Argentina). Se espera que recale en Punta Arenas antes de su regreso a Valparaíso el 7 de diciembre.

Agrupación de DDHH se toma de forma simbólica iglesia San Francisco

2008-07-09T10:27:00.000-07:00

Una toma simbólica de la Iglesia San Francisco se registra a esta hora en el centro de la capital por parte de la Asamblea de Derechos Humanos en rechazo a la represión vivida en manos de la fuerza policial en contra de profesores y estudiantes. La intención es dialogar con “algún alto dignatario de la iglesia para que puedan servir de intermediario con el Gobierno”, precisó la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García a radio Bío Bío. “Esto es en contra de la represión que se ha venido viviendo durante los últimos años y que se ha ido acrecentando y que pareciera que no tiene limites. Nuestra impresión es que Carabineros ha tenido un otorgamiento de poderes omnímodos que los hace superiores a cualquier ciudadano común y corriente y que por lo tanto actúa igual como se actuó en dictadura y nosotros no podemos permitir que en democracia se actúe igual que en dictadura”, puntualizó.

Educación

2008-07-08T10:42:00.000-07:00

Carta Publicada en la Nación, Martes 08 de Julio 2008

Luego de concluida la primera etapa del conflicto sobre educación con la aprobación del proyecto de Ley General de Educación en la cámara y revisando la encuesta desarrollada por Morales&Asociados para GreenTank, es posible obtener tres conclusiones: corrobora el sentimiento de disociación respecto de capacidad-confianza en la clase política con las necesidades del país: sólo 32,3% de los encuestados declara aprobar la conducción de la Presidenta Michelle Bachelet en este conflicto, porcentaje que crece a 72,3% cuando se evalúa la gestión conjunta de la Presidenta y los ministros. La encuesta también arroja luces respecto de la actuación de estudiantes y profesores, los que son reprobados respecto de su actitud frente al conflicto.
Un punto interesante se destaca respecto de los elementos que impiden el mejoramiento de la educación, siendo la baja calidad de los profesores la que encabeza la lista (30,4%), seguida por los bajos sueldos a los mismos (19,6%) y la falta de fiscalización a los sostenedores (20,9%), entre estos elementos el lucro en la educación sólo logra 0,7% de mención. Sin duda que son muchas las aristas que la crisis de la educación genera en la ciudadanía, pero la más importante es que más allá de debates estériles y escaramuzas en las calles, lo que queda es el sentimiento de que ninguno de los actores del conflicto sabe qué camino tomar y todos salen con mala nota.

Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio de DDHH

Monseñor Goic: "Chile aún está lejos del progreso humano y del desarrollo social"

2008-07-04T10:26:00.000-07:00

El presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Alejandro Goic, dijo que Chile "está aún lejos del progreso humano y del desarrollo social" que anhela el país, aunque "la sociedad chilena ha tenido considerables cambios en las últimas tres décadas".Durante la celebración de la 42da. jornada mundial de las comunicaciones sociales, encabezada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz, Goic recordó que en el pasado, "en una hora dramática para el país", la Iglesia "no pudo callar ni dejar de ser un refugio solidario"."Cuando la vida, los derechos humanos y las libertades individuales estaban amenazadas, no podíamos callar, no podíamos dejar de ser refugio solidario. Algunos sacerdotes dieron la vida en ese afán. También algunos periodistas y comunicadores", recordó.Añadió que Chile experimentó cambios considerables en las últimas tres décadas, "pero nuestra sociedad está aún lejos del progreso humano y del desarrollo social que tanto afirmamos desear para nuestra patria".Advirtió además que "se mantienen las mordazas para muchos periodistas y comunicadores que son prisioneros de los indicadores de sintonía, de tiraje o de visitas, que rinden culto a las supuestas exigencias del mercado e hipotecan sus principios editoriales".

FELICIDAD CON CAUTELA

2008-07-04T07:58:00.000-07:00

Gonzalo Meza Allende (*)

Desde luego me sumo a la alegría universal del rescate de los 15 prisioneros de las FARC, comenzando por Ingrid Betancourt, quien representa todo un símbolo por ser ex candidata presidencial, y por la gran campaña de sensibilización que ha habido de su libertad liderando la de todos los retenidos por las FARC.
Colocando en perspectiva la liberación de Ingrid, creo que hay que escuchar sus palabras, y leer entre líneas sus frases: “hay que invitar al Presidente Chávez, al Presidente Correa” en referencia a la lucha por la libertad de los demás presos.

Por otra parte, señala y aclara que si bien se oponía a la liberación por la fuerza, hace un juego de palabras: “no fue una operación militar sino de inteligencia”. Si en algún momento el intento hubiese fallado se hubiera transformado en un enfrentamiento militar, por ende, el éxito, del cual me alegro, no la transforma por ese hecho en sí en operación de inteligencia
solamente.

Sí hace un planteamiento muy legítimo, como varios otros ex rehenes de las FARC lo habían hecho antes, cual es: “mejor morir en el intento de fuga que morir lentamente como prisionero y humillado”.

Pero una vez más, Uribe juega con fuego, ya lo había hecho con el conflicto que generó con Ecuador en Marzo pasado, y ahora vuelve a usar la fuerza, eran militares de elite los que fueron al rescate de los 15 prisioneros. Se llega al límite de que el fin justifica los medios. Nadie desconoce la actual desarticulación de las FARC, pero de allí a vencerlas militarmente es otro
asunto, menos a costa de muertes de rehenes, civiles, guerrilleros o terroristas -como se les quiera llamar- y militares de las FF. AA. de Colombia. Todos esperamos que las FARC se sigan desarticulando y que comprendan, como ya lo han hecho otros grupos armados en Centroamérica en su momento, que deben integrarse a la vida civil de Colombia, de lo contrario la tentación del uso de la fuerza por parte del actual Gobierno será mayor, o la justificación de ésta.

Creo que Ingrid dio hoy pautas claras de que se deben usar las armas de la paz, como es el hecho de participar en una manifestación en Colombia cerca del 20 de este mes.

Ojalá que este tipo de movilizaciones, más la coordinación entre las naciones del mundo, especialmente de Sudamérica permitan generar las condiciones para que finalmente todos seamos ganadores, porque cuando triunfa la paz todos, excepto aquellos que ven en el uso de la violencia un recurso válido, somos los triunfadores.

(*) Director Consultora Opinión

Carta en La Nación, Martes 01 de Julio de 2008

2008-07-01T08:48:00.000-07:00

Jóvenes y discriminación

Las protestas de los jóvenes ante el proyecto de Ley General de Educación (LGE) derivaron en una serie de reportajes respecto de una supuesta irresponsabilidad y carencia de autocuidado de parte de los jóvenes, acercándoles sólo a fenómenos de delincuencia, violencia y drogadicción.
Esta manera ideológica de configurar un enemigo social por medio de la prensa es perniciosa para cualquier sociedad, más todavía cuando se trata del sector que esperamos sostenga la economía chilena en los próximos años. Estos jóvenes descontentos manifiestan un malestar social del que solemos descuidarnos y evadir. Este es: los enormes problemas que nuestro país muestra en emancipación juvenil. El acceso a los beneficios sociales (vivienda, educación, salud, seguridad social, etcétera) son inversamente proporcionales a las cargas (servicio militar, sistema electoral carente de incentivos, Ley Penal Juvenil, discriminación policial y laboral) que deben soportar esos adolescentes en las calles.
El resultado de este malestar es ya crónico en otras regiones: migración irregular a otros países; violencia urbana y crecientes niveles de inestabilidad democrática y decrecimiento económico. Intentar despreciar a un sector social a costa de lucrar unos cuantos puntos de rating es un riesgo del que después suelen no hacerse responsables los medios de comunicación.

Néstor Morales T.,

director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos

Juez Solis condena a presidio perpetuo a Manuel Contreras en caso Prats

2008-06-30T08:57:00.000-07:00

El ministro Alejandro Solis dio a conocer esta mañana las sentencias por las que condenó a seis oficiales y un suboficial, todos en retiro, y dos civiles por su participación como miembros de la DINA por el doble homicidio del ex comandante del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en el barrio de Palermo en Buenos Aires. El juez dictaminó dos cadenas perpetuas para el ex director de dicho organismo represor, general Manuel Contreras Sepúlveda y 20 años para el brigadier Pedro Espinoza Bravo en cada uno de los homicidios. El magistrado además sumó otra sentencia de 20 años para Contreras y Espinoza por ser jefes de la entidad que llevó a cabo el delito de asociación ilícita en el doble homicidio calificado del general Prats y su cónyuge. En tanto, el oficial (r) Raúl Iturriaga fue condenado a 15 años y un día por cada uno de los crímenes y los oficiales (r) José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willeke a 10 años y un día por cada asesinato. Ellos recibieron además 541 días de presidio en calidad de autores, como miembros, del delito de asociación ilícita. Mariana Callejas recibió una pena de 10 años y un día como autora del delito de homicidio calificado y otros 10 por Sofía Cuthbert. Jorge Iturriaga fue condenado a cinco años y un día como cómplice del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército y a otros cinco por el de su esposa. Por último, Reginaldo de la Cruz Valdés recibió dos penas de 541 días de cárcel en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado. Tras conocer el fallo, Angélica Prats, una de las hijas del matrimonio asesinado, hizo hincapié en que el fallecido ex dictador Augusto Pinochet fue el “gran ausente” en esta ocasión. “Para la justicia argentina Pinochet era el primer responsable en el tema, sin embargo, la justicia chilena en el momento en que se pidió su extradición no permitió su juzgamiento”, sostuvo a radio Bío Bío. Al tiempo que agregó: "uno se emociona, son 34 años de intenta conseguir verdad, intentar conseguir justicia, durante este tiempo tuvimos tantas veces dificultades que de verdad parece que no iba a llegar este minuto, sin embargo, tal vez la situación del país permite que en este momento se pueda gracias a que un ministro (Alejandro Solis) haya podido firmar una sentencia en que ya da claridad total a la verdad en el crimen de nuestros padres”.

Carta La Nación, Viernes 27 de Junio 2008

2008-06-27T07:07:00.000-07:00

Unión Europea

El 18 de junio recién pasado, el Parlamento Europeo en una votación aprobó el texto de la Directiva de Retorno de los migrantes irregulares, medida que fuerza la salida inmediata de los afectados desde los países que integran la Unión Europea (UE). Sin embargo, es importante tener presente que esta normativa no garantiza en modo alguno un retorno en condiciones de seguridad y dignidad para las personas migrantes.
Muy por el contrario, sólo fortalece las medidas de coacción y prisión consideradas urbi et orbi como ilegítimas; además, está la prohibición de que los expulsados puedan regresar a los países que forman parte del pacto europeo, con lo cual se establece un precedente negativo para las demás regiones del mundo, que también podrían inclinarse por medidas semejantes. Asimismo, el texto es ampliamente lesivo para los menores que no estén acompañados por una persona mayor, atentando los derechos del niño.
Esta norma afecta a los latinoamericanos y con seguridad lesionará en derecho y dignidad a los chilenos en la UE; es menester del Gobierno solicitar la derogación de esta directiva y procurar la no utilización de iniciativas como ésta por parte de los países integrantes de la UE, que con la excusa de la votación democrática dañan los derechos de las personas que dice promover y asegurar.

Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio DDHH

AFDD reclama a Bachelet temas pendientes de Derechos Humanos

2008-06-25T12:32:00.000-07:00

La Presidenta Michelle Bachelet recibió este martes a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), organismo que le hizo ver a la mandataria el alto porcentaje de temas pendientes en la agenda de Derechos Humanos propuesta por la jefa de Estado cuando asumió en marzo de 2006.En el encuentro por más de dos horas la AFDD le hizo ver a la mandataria las indefiniciones en la ratificación de tratados internacionales, la anulación de la ley de Amnistía y la reparación a las víctimas de las violaciones los derechos humanos ocurridas durante la dictadura que encabezó el extinto genera Augusto Pinochet (1973-1990)."Es todavía mucho lo pendiente que hay. Nos hemos dedicado a un tema de carácter simbólico más que a una política de derechos humanos integral", señaló tras el encuentro la vicepresidenta de la entidad, Mireya García.La dirigenta enfatizó que "la Presidenta cree que hemos avanzado más de lo que nosotros suponemos, pero también hizo énfasis en las dificultades que tiene el Gobierno para enfrentar los temas", al referirse a que Bachelet no cuenta con la mayoría de votos en el Parlamento.Igualmente Mireya García adelantó que en la cita la mandataria se comprometió a dar urgencia a un proyecto de ley que modifica el artículo 93 del Código Penal y que excluye de la amnistía, la prescripción o el indulto a los represores y autores de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el régimen militar.En otro orden la vicepresidenta de la AFDD dijo que los familiares están "profundamente conformes" con el envío a Estados Unidos de más de un centenar de restos óseos de detenidos desaparecidos que fueron encontrados en el patio 29 del cementerio general.

Presentan proyecto para "sitios de memoria" de DD.HH. en el Estadio Nacional

2008-06-25T12:30:00.000-07:00

La presidenta de la Agrupación Metropolitana de ex Presos Políticos, Wally Kunstmann, dijo que "este es un proyecto que en este momento nosotros queremos dar a conocer porque no hemos logrado que la comunidad lo conozca y que no hemos logrado que el Estado se entusiasme con él".En tanto, la diputada Carolina Tohá dijo que "este fue un lugar masivo de detención donde miles de chilenos vivieron la tortura y creo que la iniciativa que empezó con la declaración de patrimonio nacional y que continuó hoy día con la idea de tener un museo abierto acá es muy importante para la memoria y para que los chilenos nunca olviden lo que aquí sucedió".Por otra parte, el arquitecto que participa en el proyecto, Marcel Coloma, explicó que el proyecto de valorización memoria histórica del Estadio Nacional contempla sitios de memoria. "Son espacios físicos que representan que encarnan los sucesos ocurridos dentro del recinto cuando fue ocupado como prisión de detenidos políticos"."La unión de estos sitios más las intervenciones nuestras y las intervenciones de diferentes artistas se centran en un plan maestro", dijo, refiriéndose a la proyección de todas las obras que componen la iniciativa.

Histórica decisión en la ONU

2008-06-25T12:29:00.000-07:00

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso un Protocolo Facultativo para el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Esta decisión histórica del Consejo de Derechos Humanos es un paso más en dirección a la creación de un mecanismo internacional de reparaciones para las violaciones del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
La Coalición de ONG recibe con agrado una decisión histórica: los derechos económicos, sociales y culturales en camino a equipararse con el resto del derecho internacional de derechos humanos.El Protocolo Facultativo es el resultado de varias décadas de trabajo por parte de gobiernos, la sociedad civil, expertos y órganos de derechos humanos de la ONU. El objetivo de este trabajo ha sido llenar un vacío existente desde hace mucho tiempo en la protección de los derechos humanos bajo el sistema internacional. El PIDESC es uno de los pocos grandes tratados de derechos humanos que no cuenta con un mecanismo de presentación de peticiones. Un Grupo de Trabajo intergubernamental ha estado debatiendo sobre el alcance y el contenido del borrador del Protocolo Facultativo desde 2004.Las siguientes son algunas de las cláusulas del Protocolo Facultativo adoptado hoy por el Consejo:- Los Estados Parte del Pacto que adopten el Protocolo reconocen la competencia del Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y evaluar comunicaciones referidas a violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales estipulados en el Pacto.- El Protocolo abre la posibilidad de que se tomen ?medidas cautelares?, facultando al Comité para enviar al Estado Parte correspondiente un pedido urgente de que adopte tales medidas cautelares a fin de evitar que las ví ctimas de las supuestas violaciones sufran posibles perjuicios irreparables.- El Protocolo también crea un procedimiento de investigación, estableciendo que, si el Comité recibe información confiable referida a violaciones graves o sistemáticas del Pacto, deberá invitar al Estado Parte a cooperar en la evaluación de la información y, para ello, a presentar observaciones respecto de la información. La investigación puede incluir una visita al territorio del Estado Parte afectado.- El Protocolo exige que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para asegurar que las personas bajo su jurisdicción no sean sometidas a ninguna forma de maltrato o intimidación como consecuencia de las comunicaciones que se presenten ante el Comité en virtud del Protocolo.La adopción del Protocolo por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU abre la posibilidad de acercar la justicia internacional a millones de personas, grupos, comunidades y pueblos excluidos de todo el mundo.

Europa y los Migrantes

2008-06-21T07:09:00.000-07:00

Carta Publicada en La Tercera, Sábado 21 de Junio de 2008.

Señor Director:

El Parlamento Europeo en votación del 18 de junio recién pasado ha aprobado el texto de la Diretciva de Retorno de los migrantes irregulares forzando su salida inmediata de los países de la UE. Esta normativa no garantiza en modo alguno un retorno en condiciones de seguridad y dignidad de las personas migrantes. Muy por el contarrio sólo fortalece medidas de coacción y prisión consideradas urbi et orbi como ilegítimas; además de la prohibición de que los expulsados puedan regresar a la UE, sentándose un precedente negativo para las demás regiones del mundo. Asimismo, el texto es ampliamente lesivo para los menores no acompañados atentando directamente los Derechos del Niño. Esta norma afecta directamente a los latinoamericanos y seguramente lesionará en derecho y dignidad a chilenos en la UE; es menester entonces del Gobierno solicitar la derogación de esta directiva y procurar la no utilización por parte de los países miembros de la UE de normas como ésta que con la excusa de la votación democrática daña gravemente los derechos a de las personas que dice promover y asegurar.

Néstor Morales T.
Director Ejecutivo Observatorio DDHH

Violencia Normativa de la UE con los migrantes

2008-06-20T10:20:00.000-07:00

A toda la comunidad:

El Parlamento Europeo en votación del 18 de junio recién pasado ha aprobado el texto de la Diretciva de Retorno de los migrantes irregulares forzando su salida inmediata de los países de la UE. Esta normativa no garantiza en modo alguno un retorno en condiciones de seguridad y dignidad de las personas migrantes. Muy por el contarrio sólo fortalece medidas de coacción y prisión consideradas urbi et orbi como ilegítimas; además de la prohibición de que los expulsados puedan regresar a la UE, sentándose un precedente negativo para las demás regiones del mundo. Asimismo, el texto es ampliamente lesivo para los menores no acompañados atentando directamente los Derechos del Niño. Esta norma afecta directamente a los latinoamericanos y seguramente lesionará en derecho y dignidad a chilenos en la UE; es menester entonces del Gobierno solicitar la derogación de esta directiva y procurar la no utilización por parte de los países miembros de la UE de normas como ésta que con la excusa de la votación democrática daña gravemente los derechos a de las personas que dice promover y asegurar.En días en que conmemoramos el Día Internacional de los Refugiados (20 de Junio) una iniciativa como ésta significa un grave retroceso en los derechos de las personas y asegura tan sólo la lesión de la dignidad de niñas y niñlos así como de hombres y mujeres que sólo buscan una oportunidad para pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas en su vida.

Escribe a los parlamentarios, a la Presidenta, influye en tu partido para que nuestro Gobierno pida a la UE derogar esta norma.

Adhieren a este mensaje:

Observatorio DDHH

Greentank

Nuevo Progresismo

Los Verdes

Los nuevos derechos humanos

2008-06-16T07:08:00.000-07:00

Luis Alberto Romero*

Es sabido que los sentidos de las palabras cambian. Sucesivas generaciones van desplegando variantes, matices y, en esa evolución, puede concluirse en las antípodas, como ha ocurrido, en tres siglos, con la palabra liberalismo. Pero a veces esos cambios ocurren delante de nuestras narices, como en el caso de los "derechos humanos". En 1983 los asociamos naturalmente con el Estado de Derecho; en 2003 éstos son reclamados como bandera por un gobierno autoritario, cuya política al respecto se ubica en las antípodas de la de 1983.
Por aquellos años, los derechos humanos se filiaban con naturalidad en las Declaraciones de Inglaterra de 1688, de Francia de 1789 o de las Naciones Unidas de 1946. Esta tradición, poco frecuentada en la Argentina del siglo XX, resurgió durante la dictadura militar, principalmente por obra de varias abnegadas asociaciones defensoras de los derechos y, en primer lugar, por las Madres de Plaza de Mayo. Ellas proclamaron un absoluto ético que se convirtió en el faro de la nueva política: no hay fin que justifique los medios, si éstos son violatorios de los derechos.
Por entonces, el Estado de Derecho se convirtió en el marco deseable de la convivencia social y política civilizada; también se valoraron el pluralismo, la argumentación y el acuerdo. Y, naturalmente, la democracia. El gobierno constitucional de 1983 supo enlazar el juicio a los máximos responsables del terrorismo de Estado, que encaró con destacada eficiencia, con la fundamentación del Estado de Derecho. La Argentina sería gobernada por la ley.
Las cosas no fueron exactamente así. A la ilusión democrática inicial siguió, pendularmente, la desilusión, alimentada por las sucesivas crisis económicas y también por la capacidad de resistencia de la corporación militar frente a un gobierno civil progresivamente más débil.
En ese contexto, el movimiento inicial de los derechos humanos fue desgajándose. Algunos siguieron fieles a las líneas iniciales y otros desarrollaron prácticas e interpretaciones parciales.
Un sector, fuerte en diversas organizaciones civiles, se proclamó tutor de la memoria correcta del pasado. El "deber de memoria" se apoyó en citas rituales del Holocausto y se expresó con tono elevado, índice admonitorio, juicio moral contundente y subsecuente condena. Los "escraches" son una herencia, quizá bastarda, de esa línea.
Otros cuestionaron el punto de la interpretación de 1983 según el cual la sociedad había sido "víctima inocente" del terrorismo de Estado. Con razón, afirmaron que muchas víctimas no eran tales, sino militantes, luchadores. De allí muchos pasaron a la reivindicación de sus principios y de sus métodos. Se proclamó nuevamente la superioridad de los fines y la legitimidad de apelar a cualquier medio. La democracia construida en 1983 sería sólo el terreno adecuado para una segunda oportunidad, o al menos para una buena revancha.
Otros se consagraron de manera profesional a la defensa de los derechos humanos, una actividad que requiere especialización y capacitación. Algunos de quienes lo encararon desde el punto de vista profesional se sintieron atraídos por la posibilidad de una carrera. De una organización de derechos humanos se podía, por ejemplo, pasar a una función pública afín, y desde allí entrar al mundo de la política lisa y llana. En estos casos, fue común la combinación de una alta dosis de principismo y otra de pragmatismo, lo que hizo poco favor al prestigio de los principios.
Desde 2003, estas tendencias han confluido en lo que el presidente Kirchner —un recién llegado en estas lides — declaró como la refundación de la política de derechos humanos. Nada se habría hecho antes, y en cierto sentido de realidad no le faltaba razón, pues estaba hablando de algo distinto. Pero, en rigor, los elementos que puso en juego se habían cocinado previamente, a fuego lento, en el caldero político ideológico de la Argentina en crisis.
En ese nuevo componente se integró la tradición de los dueños de la memoria, con su gusto por la espectacularidad y su intolerancia; incluso se institucionalizó el escrache. A ello se agregó la reivindicación de la militancia de los años 70, toda junta, con su idealismo y su práctica, que había incluido la violencia asesina.
Se tomó distancia del ideal del Estado de Derecho, y aun de la noción misma de Estado organizado. Este sentido tiene la práctica de un estilo de gobierno más personal que institucional, el avance sobre la independencia del Poder Judicial —con un par de comisarios políticos en el Consejo de la Magistratura— y la destrucción de una agencia como el Indec, esencial para desarrollar cualquier política estatal que vaya más allá del impulso volitivo. En cuanto al pluralismo, la imagen de poner al otro de rodillas es elocuente en cuanto a su valoración.
En este contexto, la reanudación de los juicios a los agentes del terrorismo de Estado —una medida sin duda plausible, que podría formar parte de la concepción de los derechos humanos de 1983— adquiere un significado muy distinto, más ligado a la revancha que al Estado de Derecho.
Por último, lo más importante. Algunas de las organizaciones de derechos humanos están siendo sistemáticamente cooptadas desde el Gobierno. Hay un intercambio de subsidios, imprecisos e incontrolados, por apoyo político y legitimación en nombre de los antiguos principios. Es cierto que en una relación hay siempre dos partes que deciden lo que quieren hacer; pero también es cierto que el Estado tiene responsabilidades mayores. Debería haber cuidado a las organizaciones de derechos humanos y no hacer de ellas un instrumento de gobierno.
El problema no se limita a aquellas que eligieron ese camino, sino al principio mismo que las animó. Por ese camino, el poder moral que tenían, construido en las luchas contra la dictadura y ratificado durante la construcción de la democracia, se erosiona y desaparece. Considero que ésta es la consecuencia más terrible y lamentable de esta política de derechos humanos, ubicada en las antípodas de la de 1983.

*El autor es historiador, docente en la UBA y en la Unsam e investigador en el Conicet.

A los 83 años, muere defensora de los DD.HH. Otilia Vargas

2008-06-16T06:59:00.000-07:00

La profesora Otilia Vargas, que perdió cinco hijos durante la dictadura, falleció a los 83 años el pasado sábado, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, informaron ayer sus familiares.
Considerada una defensora de los derechos humanos en Chile, Otilia Vargas fue además una activa resistente en los primeros años del régimen militar.
Otilia Vargas, cuyo esposo falleció hace cuatro años, dejó como testimonio el libro “La dictadura me arrebató cinco hijos”, en el que relata la experiencia de su familia y lo que significó para los opositores la represión del régimen de Pinochet.

Concertación ingresa por el Senado proyecto que impide la amnistía

2008-06-11T12:51:00.000-07:00

Los presidentes de los Partidos de la Concertación senadores Camilo Escalona, Soledad Alvear y José Antonio Gómez reingresaron por el Senado el proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del Código Penal, para excluir la extinción de la responsabilidad penal por el beneficio de la amnistía o la prescripción a quienes hayan cometido crímenes de guerra y lesa humanidad. Al respecto, la presidenta de la DC lamentó que “en el día de ayer fue declarado inadmisible una iniciativa legal que busca efectivamente evitar la impunidad en nuestro país, la interpretación adecuada de la amnistía, de la prescripción y por ende a nosotros nos parecía que dicha iniciativa después de haber sido trabajada en la Cámara y en el Senado, ojala hubiese concluido su tramitación en la sala del Senado”. En esa línea destacó la importancia del artículo por cuanto establece que “tratándose de este tipo de delitos que son por lo demás los mismos delitos que contempla el Tribunal Penal Internacional (TPI), que entre paréntesis no hemos logrado aprobar en este Senado por la oposición de la Alianza por Chile, esos mismos delitos puedan ser interpretados por nuestros jueces en forma adecuada no aplicándoles ni la amnistía, ni indulto ni la prescripción”. En tanto, el presidente del PRSD, José Antonio Gómez sostuvo que “ayer se produjo un hecho gravísimo en el Senado, que se rechace un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados es un hecho inédito, inaceptable en las relaciones que existen entre ambas ramas legislativas”. Por su parte, el presidente del PS, Camilo Escalona indicó que “acá se ha establecido un nuevo tipo de la Alianza que lamentablemente tiene como actor al presidente del Senado (Adolfo Zaldívar), de una institución democrática de la República con uno de los grupos más tenebrosos de la represión de los año que es el que encabeza Juan Carlos Moraga”. Agregó que “todos sabemos que el partido del señor Moraga llamó a votar por el sí el año 88, financiado desde el régimen militar con esa profusa cantidad de fondos reservados que se usaron para la campaña del SI, 45 mil millones del fondo, de los cuáles nunca se supo en que se usaron, si que parte de esos fondos se usaron para crear un partido socialista afín a la dictadura y que llamaba a votar a favor de Pinochet. Para eso se prestó ese partido del señor Moraga, incluso más vinculado a la CNI, intentó levantar la candidatura presidencial de Pablo Rodríguez Grez, defensor de Pinochet”.

Condenan a nueve militares (r) por ``Retiro de Televisores´´

2008-06-11T08:48:00.000-07:00

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a nueve militares en retiro, entre ellos los oficiales Hernán Canales y José Barriganti y el suboficial Eliseo Cornejo, por el denominado caso "Retiro de Televisores". El tribunal dictó una sentencia de 260 días de pena remitida y una multa de 14 UTM para los imputados, además de señalar que la operación fue el último eslabón de un crimen de lesa humanidad, informó radio Cooperativa. La “Operación Retiro de Televisores” consistió en ubicar por el sur y norte de Chile las fosas clandestinas con cuerpos de detenidos para desenterrarlos y hacer desaparecer para siempre los cadáveres arrojándolos al mar. Investigaciones Las indagaciones realizadas por el Departamento Quinto de Investigaciones y el juez Juan Guzmán fueron determinantes para descifrar quién estaba detrás de la orden. Estas develaron que entrado el año 1979 suboficiales de inteligencia del Regimiento Húsares de Angol recibieron un criptograma categoría A-1, que indica “máxima urgencia”, en la cual se ordenada desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer. La orden provenía directamente del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet y fue enviada a todos los regimientos del país. De esa forma se puedo establecer que el hallazgo en noviembre de 1978 de los cadáveres de 15 campesinos correspondía a la llamada “Operación Retiro de Televisores”. Con esa frase se encubrió la tarea, de acuerdo con quienes han declarado en el proceso. La misma orden se recibió por esos días en todos los regimientos, aunque a algunos arribó a fines de 1978.

Estados Unidos y la tortura

2008-06-09T10:31:00.000-07:00

José Zalaquet

Desde hace años el gobierno de Bush autoriza la tortura como instrumento de lucha contra el terrorismo. Casi todos los que sufren esos tratos crueles se “quiebran”. Acuciados por la desesperación, los prisioneros le dicen al torturador lo que quiere oír, sea o no verdadero. Los tormentos deshumanizan a las personas y las reducen a un mero aullido de la carne, desprovistas de toda dignidad y albedrío.
En Estados Unidos, algunos intelectuales han propuesto legalizar la tortura para circunstancias extremas. Frente a ello uno puede rehusarse a debatir una proposición tan descabellada o bien exponer pacientemente las razones por las cuales la tortura debiera ser siempre ilegal. Andrew Sullivan, uno de los bloggers más leídos, optó correctamente por esto último.
Quienes argumentan que debiera permitirse la tortura suelen poner el ejemplo de “la bomba de tiempo”: Supongamos que un terrorista acaba de explotar una bomba en un lugar público, matando a centenares de personas. Es detenido, pero se jacta de haber escondido otra bomba de tiempo y que no dirá dónde. Es torturado, termina confesando y la policía llega a tiempo para desactivar el explosivo. ¿Condenaría Ud. a estos agentes de la ley por el crimen de tortura? Si lo hace —se argumenta—, la próxima vez la policía no actuará y morirán muchos inocentes.
El ejemplo puede parecer fantasioso, pero en el clima posterior al 11 de septiembre de 2001, a muchos estadounidenses no les parece que lo sea tanto y aceptan el razonamiento que justifica la tortura. Por ello, es bueno reiterar por qué su prohibición debe ser total.
Se dice que hay otras prácticas iguales o peores que la tortura, como matar, que no están prohibidas absolutamente. Por ejemplo, es permisible dar muerte a otro en legítima defensa o disparar contra un combatiente enemigo en una guerra. ¿Por qué, entonces, cerrarse ante la posibilidad de permitir la tortura en ciertas situaciones críticas? Lo que explica la diferencia es que no son raros los casos en que el derecho a la vida de unos entra en conflicto con igual derecho de otros y conviene que la ley los regule. En cambio, el ejemplo de la “bomba de tiempo” sigue siendo extremadamente implausible. ¿Y si llegara a suceder alguna vez? Pues entonces se decidirá, prudencialmente, sobre la suerte de los policías; quizás los jueces concluyan que éstos actuaron bajo una extrema presión que los exime de responsabilidad o a lo mejor se les otorga un perdón presidencial… Lo que no se puede hacer es legalizar la tortura, aunque sea para los casos más extremos. Ello es así porque, a diferencia de la realidad, que admite variaciones infinitesimales, los cambios de la ley siempre son más gruesos, como quien baja o sube un peldaño completo. Y cuando una prohibición absoluta se relativiza, así sea mínimamente, se está abriendo un boquete por donde se irán expandiendo las excepciones a la regla. De este modo la tortura, que revierte a los estados a los tiempos de barbarie y los coloca al nivel de sus más despiadados enemigos, ganará más terreno.
El error de quienes abogan por legalizar la tortura es su obsesión porque todo calce lógicamente. “Si imagino una situación excepcionalísima, la ley debiera regularla”. Pero no tiene por qué ser así. Lo cuerdo es que si llegan a ocurrir circunstancias inimaginables, la sociedad respectiva delibere con sensatez sobre cómo tratarlas. Pero pretender que la norma se ponga anticipadamente en casos inconcebibles, es abrir una Caja de Pandora.

Nobel de Literatura y activista de DDHH llaman a Bush ``criminal de guerra´´

2008-06-09T06:23:00.000-07:00

El Nobel de Literatura Harold Pinter y la activista de derechos humanos Bianca Jagger llaman a George W. Bush "criminal de guerra" en una carta de protesta contra la visita que el presidente de Estados Unidos hará el próximo día 15 al Reino Unido. Según informó este lunes la pacifista "Coalición Parad la Guerra", Pinter y Jagger (ex esposa del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger) integran una lista de 22 signatarios que han aportado críticas sobre Bush. "No hay un candidato más apropiado para (el título de) principal criminal de guerra que George Bush. El único que se le acerca es Tony Blair (ex primer ministro británico). Ambos son despreciables", afirma Pinter. Según el dramaturgo británico, Bush "debería ser detenido y enviado a la Bahía de Guantánamo (base y prisión de EEUU en Cuba), donde puede pudrirse para siempre". Bianca Jagger, por su parte, señala que el presidente estadounidense "es responsable de flagrantes violaciones de los derechos humanos y de la normativa internacional". Además, la activista cree que las "guerras inmorales, ilegales y que no pueden ganarse", como las de Irak y Afganistán, que ha promovido el mandatario norteamericano "han costado las vidas de más de un millón de personas". La carta también incluye al compositor y productor musical Brian Eno, que se declara "avergonzado" de que su país reciba a un "metepatas de clase mundial" como Bush. Acompañadas simbólicamente de un par de esposas, esas denuncias se entregarán ante el 10 de Downing Street, residencia oficial del jefe del gobierno británico en Londres, el 15 de junio como parte de una manifestación que tendrá por lema "No es bien venido aquí". Bush se entrevistará ese día en Downing Street con el primer ministro británico, el laborista Gordon Brown, dentro de la gira de despedida que empieza hoy por Europa.

AFDD denuncia a Adolfo Zaldívar por Ley de Amnistía

2008-06-09T06:05:00.000-07:00

Una fuerte denuncia afecta al presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, al ordenar el archivo del proyecto de ley que puede impedir la aplicación de la Ley de Amnistía. Así lo manifestaron dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) junto a otras organizaciones de derechos humanos, quienes precisaron que dicha moción determinaba que ninguna de las causales del artículo 93 de dicho Código puede ser invocada cuando se trata de en crímenes de guerra o de lesa humanidad, a los que no se les podría aplicar la Ley de Amnistía. La presidenta de la entidad, Lorena Pizarro, señaló que el ex democratacristiano quiere evitar que el tema se discuta para no incomodar a los parlamentarios de la oposición, ya que junto a ellos ha votado en contra de proyectos propuestos por el gobierno, tras ser expulsado del PDC. "Aquí lo que él está haciendo, y que es una conducta avalada por la derecha es buscar la impunidad definitiva para los violadores de derechos humanos (...) Lo que estamos enfrentando aquí es una clara conducta y decisión de complicidad con los crímenes" dijo la dirigenta. Según Pizarro y el abogado Hiram Villagra, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, la acción de Zaldívar es un "artilugio político" para evitar que el tema se discuta en la Cámara Alta. Asimismo, Villagra no descartó llevar el tema al Tribunal Constitucional, puesto que esta determinación podría significar "que se reprochara al Estado chileno haber dejado en incumplimiento un fallo internacional", dejando a Chile al nivel de Ruanda o Bosnia.

Campaña por los NIños Prisioneros en Guantánamo e Irak

2008-06-06T06:58:00.000-07:00

El Gobierno de EE.UU tiene prisioneros por supuestos crímenes de guerra a niñas y niños en c´rceles de Irak y Guantánamo, el Comité por los Derechos del Niño ha denunciado esta situación.

Nosotros creemos que es intolerable aquí y en cualquier lugar del mundo.

Súmate a la Campaña, envía una Carta a la Presidenta de la República para que abogue por estos niños ante el Presidente Bush.

Únete en http://www.facebook.com/event.php?eid=21535967844

No más Niños Prisioneros

Greentank.

ONU reprueba situación de niños detenidos por EEUU en Irak y Guantánamo

2008-06-06T06:32:00.000-07:00

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño expresó este viernes su reprobación frente a la situación de los niños detenidos por fuerzas militares de Estados Unidos en Irak y en la base naval norteamericana de Guantánamo (Cuba), donde podrían haber sido víctimas de tratos inhumanos. Así lo señalan los expertos que componen ese órgano en un informe sobre el cumplimiento por parte de EEUU del tratado internacional que prohíbe el uso de niños soldados y obliga a los Estados que los tienen bajo su control a colaborar para su reintegración social. La Administración estadounidense hizo una presentación a ese respecto ante el Comité, cuyos miembros dijeron estar preocupados por el número de niños detenidos por periodos prolongados en Irak y Afganistán, en algunos casos más de un año, sin acceso a un asesoramiento legal o apoyo psicológico. En el caso de los menores detenidos en Guantánamo, señalaron que hay niños que llevan "varios años" detenidos y que -como los que están en Irak y Afganistán- "pueden haber sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes". El Comité también critica a EEUU porque en lugar de considerar a niños reclutados para conflictos armados como víctimas los califica de "combatientes enemigos ilegales", les imputa crímenes de guerra y los somete a juicios en tribunales militares, "sin tener en consideración su estatus de niños". Ante esto, el órgano de las Naciones Unidas recomienda a Washington garantizar que la detención de niños representa realmente "la última alternativa" y que el número total de menores encarcelados es reducido.

Corte de Apelaciones otorga libertad a 16 ex miembros de la DINA

2008-06-05T16:15:00.000-07:00

La Corte de Apelaciones de Santiago otorgó este jueves la libertad provisional a 16 de los 98 agentes de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) procesados por la desaparición en 1975 de 119 opositores, informaron fuentes judiciales. De esta manera, el tribunal de alzada integrado por los magistrados Jorge Dahm,, Juan Eduardo Fuentes y el abogado Nelson Pozo, ratificó la decisión del juez de la causa, Víctor Montiglio. La acción judicial se produce un día después de que el tribunal de alzada rechazó los recursos de amparo presentados por la defensa de otros nueve ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura. En su resolución, dada a conocer este jueves, los magistrados estimaron de forma unánime que las órdenes de detención y posterior encarcelamiento de los procesados ordenadas por Montiglio se ajustaron a la ley y fueron dictadas por una autoridad competente. El procesamiento de los 98 agentes de la DINA está relacionado con la llamada "Operación Colombo", un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de militantes izquierdistas durante el régimen militar. Este caso configura, además, el juicio masivo por violaciones de derechos humanos más numeroso en la historia de Chile. Entre los procesados hay militares, civiles y carabineros, todos ellos ex agentes de la policía secreta de la dictadura. En su momento, el régimen militar intentó justificar los hechos diciendo que los opositores habían huido al extranjero y muerto en enfrentamientos internos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuando en realidad desaparecieron en Chile por orden de los servicios secretos. Se llegaron a publicar informaciones manipuladas en las revistas "Lea", de Argentina, y "O Novo Día", de Brasil, con los nombres de algunos de los desaparecidos. La "Operación Colombo" está considerada el inicio de la colaboración entre las dictaduras sudamericanas de la época -que posteriormente se conocería como "Operación Cóndor"- ya que contó con los vínculos de los militares de varios países.

Agenda Derechos Humanos II

2008-06-04T10:12:00.000-07:00

Carta publicada en La Nación, miércoles 04 de Junio de 2008. y en El Mercurio, Lunes 02 de Junio

Tratados Internacionales

Señor Director:

La decisión de la Presidenta de la República Michelle Bachelet de impulsar durante los últimos meses de su Gobierno la fallida agenda de los derechos humanos, es una respuesta favorable para realizar las profundas transformaciones que urgen en esta materia, porque resulta un asunto clave para el desarrollo y el reencuentro de las naciones.
El ratificar cuando menos doce tratados internacionales; además de crear una institucionalidad clara y definitiva sobre derechos humanos son elementos básicos que no pueden seguir dependiendo de los vaivenes en el Congreso. Resulta indispensable revisar la desprolija y dispersa legislación y los organismos que desarrollan esta temática en el Estado, así como, por ejemplo, ventilar con transparencia lo que se ha hecho y las inversiones comprometidas, sobre todo en la identificación de las víctimas. Todo esto permitirá avanzar en la dirección adecuada.
Las decisiones en derechos humanos que tomemos ahora nos permitirán defendernos y progresar hacia el futuro, proyectando certeza jurídica y adhesión al desarrollo que no es otra cosa que pasar de un status quo frágil a condiciones de mayor humanidad, orden y seguridad. En definitiva, significa dar un gran paso desde la transición democrática hacia una sociedad abierta y de garantías para las personas.

Néstor Morales T.,

director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos

Piden que se investigue la muerte de ex comisionado para DDHH

2008-06-04T10:11:00.001-07:00

El relator de la ONU sobre la Independencia de Jueces, Leandro Despouy, pidió este miércoles una comisión de investigación internacional que dilucide los hechos que rodearon el asesinato del ex alto comisionado para los Derechos Humanos, el brasileño Sergio Vieira de Mello. Su muerte ocurrió en el atentado terrorista contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad en agosto de 2003 y en el que murieron más de veinte colaboradores de esa organización. "No podemos aceptar la impunidad, el silencio y la incomprensión", señaló el jurista argentino, quien presentó hoy el informe anual de sus actividades en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que depende su función. Para Despouy, los resultados de las investigaciones internas realizadas por Naciones Unidas no son satisfactorios porque "no se identifica a los responsables ni se reconstruyen los hechos". Explicó que una de las razones por las que el asesinato de Vieira de Mello no ha sido aclarado es la muerte de uno de los autores del atentado, "que era el último testigo que quedaba, pero que fue condenado a muerte y ejecutado" el pasado julio en Bagdad. La Justicia iraquí condenó a ese terrorista a la pena capital y el presidente y vicepresidente del país se negaron a conmutar esa pena, a pesar de los insistentes pedidos de Despouy, recordó el relator. El experto de derechos humanos sugirió que la comisión de investigación esté formada por personalidades independientes y de prestigio internacional. Dijo que sus miembros podrían ser designados por el secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad o algún otro órgano de gran influencia, aunque opinó que uno de sus integrantes debería ser brasileño. "Espero que el secretario general, Ban Ki-moon, apoye esta idea o proponga una alternativa", señaló.

Chile apoya convención sobre erradicación de bombas de racimo

2008-06-03T10:03:00.000-07:00

El Gobierno expresó este martes su satisfacción por el resultado alcanzado en la Conferencia Diplomática celebrada en Dublín, que el pasado 30 de mayo adoptó la "Convención sobre Municiones de Racimo". "Chile comparte la preocupación mundial generada por el uso de las municiones de racimo, por cuanto este tipo de armas produce víctimas civiles durante y después de los conflictos", señaló una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que por medio de este instrumento jurídicamente vinculante, que será ratificado en diciembre próximo en Oslo, cada Estado parte se compromete a no emplear, desarrollar, producir, adquirir o transferir municiones de racimo. La delegación chilena estuvo presidida por el director de Política Especial de la Cancillería, Juan Eduardo Eguiguren, quien fue elegido para ocupar una de las vicepresidencias de la conferencia. Además, la embajadora de Chile en Irlanda, Cecilia Mackenna y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa Nacional. Bombas chilenas La bombas de racimo fueron usadas en muchos países, entre ellos Camboya, Kosovo, Afganistán y Líbano, y están hechas de un recipiente grande que se abre en el aire y deja caer cientos de municiones individuales más pequeñas sobre un área muy extensa. Su uso ha provocado la muerte o mutilación de miles de personas, varios de ellos niños, principalmente en Irak y Líbano, quienes por curiosidad se acercan a los dispositivos. Chile produjo bombas de este tipo, que fueron fabricadas por el empresario Carlos Cardoen en las décadas de los 80 y los 90. Las bombas de Cardoen fueron exportadas en cantidades industriales a Irak durante la guerra de este país contra Irán, en los años 80, y a Etiopía, mientras que hubo negociaciones de parte del Ejército para vender este tipo de bombas a Irán, lo que no se concretó.

Presentan proyecto para evaluar a los ministros de la Corte Suprema

2008-06-03T10:02:00.000-07:00

Un proyecto de ley que crea un sistema de calificación de los ministros de la Corte Suprema, además de mejorar y transparentar el de los demás fiscales, jueces y magistrados del Poder Judicial, fue presentado ayer por los diputados Cristián Monckeberg (RN) y Patricio Walker (DC) al Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, consignó El Mercurio. Los parlamentarios explicaron que "este proyecto busca dar mayor transparencia al proceso de calificación, modificar los criterios de evaluación que rigen actualmente y extender la aplicación de este mecanismo a los ministros de la Corte Suprema". "Para ello proponemos la creación de un órgano autónomo compuesto por dos ex magistrados de los tribunales superiores de justicia, por dos ex decanos de facultades de derecho, por un ex ministro de justicia y por un ex presidente del Colegio de Abogados de Santiago, encargados de evaluar el desempeño de los ministros de la Corte Suprema", añadieron. Monckeberg explicó que "con esto se busca en primer lugar dar mayor transparencia al proceso de calificación, haciendo públicos los resultados, incluso en la página web del Poder Judicial". Por su parte, el diputado DC Patricio Walker puso énfasis en la importancia de que la evaluación sea objetiva. "Los criterios que existen actualmente no permiten medir el desempeño de los jueces nacionales. En ese sentido, se propone incorporar como parámetro de medición, por ejemplo, la carga de trabajo asignada y despachada por el funcionario, el número de causas recibidas y la forma cómo fueron tramitadas, entre otros", sostuvo.

Carta en La Nación

2008-06-03T07:26:00.000-07:00

Martes 03 de Junio de 2008

Derechos Humanos

El pleno de la Corte Suprema aprobó una nueva resolución para que los ministros de fuero y los ministros de dedicación exclusiva de las distintas cortes de Apelaciones que llevan procesos por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, apresuren sus tramitaciones e informen de manera periódica acerca del estado de sus causas.
No es la primera vez que la Corte Suprema aprueba este tipo de resolución; al contrario, ha sucedido en diversas oportunidades. Sin embargo, no surtieron ningún efecto porque se estrellaron contra la realidad de procesos muy complejos, en los cuales se investigan crímenes contra la humanidad. Estas tramitaciones enfrentan múltiples obstáculos. Tales resoluciones han sido resistidas por los familiares de las víctimas, interiorizadas en estas realidades y exigentes de justicia. El juez es quien conoce los procesos. Sólo él está facultado para determinar el tiempo que tomará realizar la acuciosa y cabal investigación que la naturaleza de éstos amerita, plazos que deberá modificar y ampliar en reiteradas oportunidades ante el surgimiento de nuevas e importantes vetas de investigación. Dar vuelta la hoja sobre ellas implicaría una flagrante denegación de justicia. Porque este tipo de resoluciones podrían -en algunos casos- llevar a innecesarios apresuramientos y a la omisión de importantes diligencias para encausar, acusar y condenar a los autores, cómplices y encubridores de los peores crímenes que se hayan cometido en la historia de Chile. Las causas de personas detenidas-desaparecidas y por otras violaciones de los derechos humanos no fueron verdaderamente investigadas -salvo algunas excepciones- hasta que designaron a jueces de dedicación exclusiva, a cuya valiosa labor se puso término de forma abrupta e inexplicable, y luego varios ministros de cortes de apelaciones.
Pasaron casi 30 años para que los altos tribunales del país ordenaran realizar investigaciones a fondo en causas por las cuales las víctimas sobrevivientes y los familiares de las personas asesinadas y forzosamente desaparecidas no habían cesado de exigir justicia. El tiempo transcurrido desde las designaciones es parco, dada la vastedad y profundidad que alcanzó la represión en Chile y el gran número de personas y de organizaciones involucradas en ella, tanto dentro como fuera del país. Las investigaciones recientes, que distan de estar agotadas, no hacen sino corroborar estos aspectos.

Sergio Concha Rodríguez , abogado de Fasic

Agenda de Derechos Humanos

2008-06-02T10:16:00.000-07:00

Carta publicada en El Mercurio, Lunes 02 de Junio de 2008

Señor Director:

La decisión de la Presidenta de la República de impulsar durante los últimos meses de su gobierno la fallida agenda de derechos humanos es una respuesta favorable para realizar las profundas transformaciones que urgen en esta materia, clave para el desarrollo y reencuentro de las naciones. Ratificar al menos 12 tratados internacionales, además de crear una institucionalidad clara y definitiva sobre DD.HH., son elementos básicos que no pueden seguir dependiendo de los vaivenes en el Congreso. Revisar la desprolija y dispersa legislación y organismos que desarrollan esta temática en el Estado, así como ventilar con transparencia lo que se ha hecho y las inversiones comprometidas, sobre todo en identificación de víctimas, permitirá avanzar en la dirección adecuada. Las decisiones en DD.HH. que tomemos hoy contribuirán a defendernos y progresar hacia el futuro proyectando certeza jurídica y adhesión al desarrollo, que no es otra cosa que pasar de un statu quo frágil a condiciones de mayor humanidad, orden y seguridad. En definitiva, significa dar un gran paso desde la transición democrática hacia una sociedad abierta y de garantías para las personas.

Néstor Morales T.
Director ejecutivo Observatorio DD.HH.

Bachelet fortalece histórica agenda de derechos humanos

2008-05-30T13:35:00.000-07:00

La presidenta Michelle Bachelet tomó la decisión de apostar los últimos meses de su gobierno a favor de una histórica agenda de derechos humanos, en medio de masivos procesamientos a ex uniformados en Chile, informó hoy el ministro de la Presidencia, José Viera Gallo.La estrategia busca que el Congreso, con presencia aún de ex colaboradores de la dictadura militar (1973-1990), apruebe 12 tratados internacionales y leyes internas que otorguen un marco jurídico sobre protección a los derechos de las personas y las etnias, agregó.Los proyectos abarcan los temas de desaparición forzosa de personas, tortura, pueblos indígenas, defensor ciudadano, crímenes de guerra, genocidio, pena de muerte y ratificación de la adhesión a la Corte Penal Internacional.Las iniciativas legislativas serán acompañadas por la creación de un Instituto de Derechos Humanos y un museo de la memoria, que estará construido en Santiago antes del término del gobierno.El objetivo final es "que el país quede plenamente inserto en las obligaciones de derechos humanos y con una institucionalidad que los defienda", explicó Viera Gallo.Como ejemplo de ese compromiso, la delegada presidencial para temas de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, ratificó que hoy hay unos 600 ex represores civiles y militares condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad.Además reveló que el gobierno está destinando millones de dólares para lograr la identificación de restos óseos de detenidos desaparecidos. "Sólo con un laboratorio en Texas hay un contrato por más de un millón de dólares", informó.Viera Gallo valoró los avances judiciales, las políticas de verdad y memoria y las iniciativas de reparación a favor de las víctimas y sus familias.Incluso, aunque no quiso comparar con otras situaciones en América Latina, remarcó que España, Grecia, Portugal y las naciones del Este de Europa no tuvieron estos logros, tras salir de regímenes autoritarios.

El fin de las bombas de racimo

2008-05-30T09:27:00.000-07:00

Raúl Sohr

Las guerras son destructivas desde el momento en que se emplea la fuerza armada. Pero el choque entre bandos antagónicos no exime a los beligerantes de hacer todo lo que esté a su alcance para discriminar entre las tropas y los civiles. La gran acusación contra las bombas de racimo es que equivalen a un escopetazo que desparrama perdigones sobre una gran superficie. Pero, a diferencia de los últimos, la submunición dispersada, y que no ha estallado, representa una amenaza incluso mayor a la de las minas antipersonales.
Por eso, más de un centenar de Estados concurrieron a Dublín, la capital de la República de Irlanda, para debatir qué hacer con estas armas que ofenden el más elemental sentido humanitario. Luego de diez días de arduos debates salió humo blanco: los participantes acordaron prohibir las bombas de racimo y otros tipos similares de armas de fragmentación.Chile y el resto de Latinoamérica firmarán el acuerdo. En cambio varios de los que predican principios pero eluden comprometerse con ellos se abstuvieron de participar. Destacan Rusia, Estados Unidos, Israel, China, India y Pakistán.
Pese a estas ausencias, es el comienzo del fin de las bombas de racimo. Un arma que fue producida en grandes cantidades en Chile por Industrias Cardoen y Famae en las décadas de los ’80 y los ’90. Las bombas de Cardoen fueron exportadas en cantidades industriales a Irak y a Etiopía. Las de Famae fueron vendidas a Irán con pésimos resultados para los compradores, que perdieron un avión Phantom porque estalló muy poco después de ser lanzada desde la nave.
Las bombas de racimo son carcazas que contienen de 100 a 300 submuniciones, también llamadas bomblets. La bomba dispone de un altímetro que, al llegar a cierta altura del blanco, activa la espoleta que rompe la carcaza y dispersa la submunición sobre una vasta zona. Un uso adicional, desde un punto de vista militar, es la denominada "negación de área". Esto es que al quedar las submuniciones regadas en una región, quien ingrese a ella lo hace a su propio riesgo. Esto es útil, por ejemplo, para dificultar las operaciones de una base aérea.
Estados Unidos empleó estas bombas en su ataque contra Afganistán en 2001. Allí, para ganar la buena voluntad de los afganos, fueron lanzados desde aviones paquetes con comida para la población civil. Resulta que los paquetes eran del mismo color amarillo que la bomblets. Para evitar trágicas confusiones fueron lanzados volantes que advertían: "Por favor, tengan mucho cuidado cuando encuentren objetos amarillos no identificados en áreas bombardeadas". Una precaución casi inútil en un país con más de 70% de analfabetismo.
Israel hizo amplio uso de estas bombas en el Líbano a mediados de 2006. Se estima que hasta 30% de las bomblets no estallan y quedan en los campos como una amenaza permanente. Algunos cálculos sitúan en 1,2 millones la submunición dejada tras de sí por la Fuerza Aérea israelí. Tan sólo en los seis meses posteriores al cese del fuego habían causado 186 víctimas civiles, de las cuales un tercio eran menores de 18 años. La estadística fatídica muestra que una vez terminados los combates, 98% de los afectados son civiles.
Cabe esperar que las bombas de racimo, que nunca debieron existir, queden ahora relegadas junto a las minas antipersonales y las armas químicas y biológicas. Para los países que no firmaron la prohibición será muy difícil usar bombas de fragmentación. De todas formas deberían empezar por comprometerse a jamás emplearlas en contra de Estados que han renunciado a ellas.

Caso Colombo: presentan amparos por procesamientos

2008-05-30T09:23:00.000-07:00

Tras el término de las notificaciones del caso Operación Colombo, las defensas de algunos de los 98 procesados por secuestro calificado de 41 personas comenzaron a presentar recursos para revocar el encausamiento.El abogado Juan Carlos Manns presentó cinco amparos en favor del teniente coronel (r) Fernando Lauriani Maturana; el coronel (r) Francisco Maximiliano Ferrer Lima, y los suboficiales Nelson Paz Bustamante, Jaime Paris Ramos y Raúl Soto Pérez, pues considera que su detención "fue ilegal y transgredió las normas de debido proceso".El defensor cuestionó al ministro Víctor Montiglio, ya que explicó que en el antiguo sistema de justicia "debe entregarse copia con los fundamentos del auto de procesamiento y en el caso de los militares antes mencionados no se habría hecho, perjudicándolos en su derecho de defensa".En el recurso, el abogado pide a la Corte de Apelaciones de Santiago que el magistrado informe si entregó copias de la resolución a los encausados y a sus defensores. Manns sostuvo que espera que el tribunal de alzada anule el encausamiento, y sus defendidos queden libres.Para el lunes también se espera que el abogado Enrique Ibarra pida la libertad de varios involucrados en el caso, que se sumarían a una solicitud que ya se presentó ayer.Pendiente está, además, el amparo preventivo que aún no revisa la Sexta Sala de la Corte, de Samuel Enrique Fuenzalida, por su calidad de testigo protegido en el proceso. Fuenzalida retornó a Chile en 1993 para colaborar con la investigación y durante años tuvo protección policial que le otorgó el ex ministro Juan Guzmán. Alegan que cuando ocurrieron los hechos era custodio, conscripto, y que tenía 19 años.Los abogados también evalúan si apelan al procesamiento.

Viera-Gallo dice que militares no amparan represores de la dictadura

2008-05-30T09:20:00.001-07:00

La Moneda rechazó de forma categórica la opinión expresada esta semana por Amnistía Internacional (AI) en el sentido de que las instituciones armadas son reacias a dar información sobre militares que estuvieron involucrados en torturas, desapariciones y asesinatos, como en el del cantautor Víctor Jara. “El Gobierno confía plenamente en que las fuerzas armadas y de orden no encubren a ningún represor de la dictadura de Augusto Pinochet”, aseguró este viernes el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. En un encuentro con prensa extranjera, el ministro enumeró las iniciativas y proyectos de ley relacionados con la protección de los derechos humanos que está impulsando la presidenta Michelle Bachelet. Entre ellos destaca la ratificación en breve del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas, una de las principales demandas de las organizaciones de derechos humanos y de los representantes de las comunidades mapuches. El ministro anunció la reforma del Código de Justicia Militar para que los delitos comunes que afecten a militares sean juzgados por tribunales ordinarios y queden fuera de la jurisdicción castrense, como ocurre actualmente. Sin embargo, el titular de la Presidencia reconoció que será muy difícil que el Parlamento ratifique el Tratado de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), ya que la oposición, de derecha, lo desaprueba. Tampoco hay posibilidad de que se derogue la Ley de Amnistía que aprobó el régimen militar para amparar a los violadores de derechos humanos, ya que ello abriría la posibilidad a impugnaciones por parte de personas que ya han sido condenadas sin el amparo de esta norma, que en la práctica no aplican actualmente los tribunales chilenos. Viera-Gallo dijo que Chile tiene todo el derecho a sentirse orgulloso de haber sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Juicios pendientes El ministro reconoció que la actitud de la derecha ha transitado en los últimos años desde la negación absoluta de estos hechos hasta el reconocimiento e, incluso, la petición de perdón a la ciudadana. Explicó que en Chile hay un largo centenar de condenados por violaciones a los derechos humanos y más de 600 procesados pendientes de juicio. Viera-Gallo recordó que hasta 1998, año en el que Pinochet dejó de ser el comandante en jefe del Ejército, nadie presentó una querella contra el dictador, quien falleció el 10 de diciembre de 2006 con varios procesos abiertos, pero sin llegar a ser condenado por ninguno de ellos. Esto demuestra, a juicio del ministro, la "madurez" de los actores políticos y sociales, ya que cuando Pinochet dejó la jefatura del Estado, pero aún conservaba la del Ejército, advirtió que "si se tocaba a uno solo de sus hombres, se acababa la democracia". "Ni siquiera la Justicia internacional lo hizo" en los casos por los atentados contra Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Washington, y Bernardo Leighton, herido grave por otro atentado en Roma en 1975. El ministro subrayó que "el Gobierno respalda totalmente la gestión y la actuación" del director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, presidente de Interpol desde enero de este año, a quien el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó de haber colaborado en el ocultamiento de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Duro golpe a Carabineros en procesamiento masivo por Operación Colombo

2008-05-26T06:28:00.000-07:00

Luego de casi 33 años la verdad procesal llega a puerto. El ministro Víctor Montiglio terminó por desenredar la madeja de preguntas sobre la responsabilidad de todos los ex agentes que participaron en la eliminación de 119 personas en 1975, caso conocido como la Operación Colombo o de los 119. Y encausará a 98 personas que pertenecieron a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La llamada Operación Colombo se trató del aniquilamiento de distintos militantes del MIR que, según las versiones del régimen y sus medios afines, se habían ajusticiado entre ellos en Argentina en 1975. El 24 de julio de 1975, dando credibilidad al montaje, el vespertino La Segunda publicó en portada el titular: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. De los 98 ex funcionarios procesados por Montiglio, más de 42 son ex miembros de Carabineros de Chile, un hecho inédito hasta ahora. El resto está dividido en Ejército (40), Investigaciones (8) y civiles (5), junto a otros de la Marina y la FACh. Desde que se iniciaron los casos relativos a la represión de los primeros años de la dictadura militar, cuando operó la DINA (entre el 73 y el 76), Carabineros aparecía como una de las instituciones menos comprometidas, ya que se conocían pocos casos de agentes involucrados pertenecientes a esa rama. Sin embargo, el ministro Montiglio ha logrado establecer que la participación de los ex policías uniformados supera todo lo conocido hasta ahora. Pero este encausamiento tiene además otras aristas. Según fuentes policiales consultadas por este medio, en la institución existe preocupación respecto a dónde quedarán detenidos los ex agentes, sobre todo por lo inédito de la cantidad. Esto se repite, básicamente para el Ejército y no se descarta que los familiares pudieran hacer manifestaciones fuera de las comandancias en jefe respectivas. A eso se suma la iniciativa de los abogados de militares de generar 98 alegatos de libertades en señal de protesta, lo que instalaría este hecho judicial como las apelación con más procesados. Anteriores En septiembre de 2004, el ex juez Juan Guzmán Tapia ya había encausado a 16 ex agentes por este caso. Los procesados, como autores de secuestro, son el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras; el general César Manríquez, quien ejerció como segundo de la DINA; el oficial de Gendarmería y ex jefe de Cuatro Álamos Orlando Manzo; el también ex segundo de la DINA, brigadier Pedro Espinoza; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe de la Brigada Halcón, brigadier Miguel Krassnoff; el suboficial Basclay Zapata; el ex agente civil Osvaldo Romo; el oficial de la FACH Conrado Pacheco; el ex detective Manuel Carevic; el coronel ex DINA y ex jefe del Servicio Secreto de la DINE Francisco Ferrer Lima; los tenientes coroneles de Carabineros Ricardo Lawrence y Gerardo Godoy; el coronel de Ejército Gerardo Urrich; el ex jefe de la Brigada Vampiro, brigadier Fernando Lauriani, y el general Raúl Iturriaga Neumann. Las 34 víctimas por las que fueron encausados son Jorge y Juan Andrónico Antequera, Francisco Bravo, Eduardo Durán, Juan Chacón, María Cristina López, Jorge Olivares, Vicente Palominos, Stalin Aguilera, Teobaldo Tello, Víctor Villarroel, Washington Cid, Zacarías Machuca, Héctor Zúñiga, Francisco Aedo, Jaime Puzzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albanio Fiorazzo, Gregorio Gaete, Mauricio Jonquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñonez, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Héctor Garay, Rubén Arroyo, Eduardo Miranda, Arturo Barría, Asrael Retamales, Antonio Cabezas, Ariel Salinas y Bernardo de Castro. Antes de morir, en 2005, Pinochet fue desaforado por este caso.

Chile y los DDHH

2008-05-23T06:20:00.000-07:00

Carta en La Tercera, Viernes 23 de Mayo de 2008.

Señor Director:

Mientras la Presidenta de la República leía su discurso fente al Congreso Pleno, en las Naciones Unidas se elegía a nuestro país, con la más alta votación para las amércias, como integrante del Consejo de DDHH de la ONU. Interesante resulta ver cómo no hemos avanzado lo suficiente en esta temática durante los últimos años y sólo podemos constatar retrocesos, dudas y errores como los del SML, régimen carcelario y custodia de menores. La pendiente aprobación, fracasada ya una vez, del Instituto de DDHH puesta en agenda de nuevo por la Presidenta pone en evidencia las carencias, contradicciones y deudas que el Estado de Chile sigue teniendo con la comunidad internacional y, lo que es peor, consigo mismo.

Néstor Morales T.
Director Ejecutivo
Observatorio DDHH

Foxley pide aprobar pactos de DDHH

2008-05-23T06:18:00.000-07:00

El ingreso de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU implica desafíos internos, explicó ayer el canciller Alejandro Foxley.
Es que el amplio respaldo que obtuvo Chile el domingo -176 votos, lo que significa primera mayoría regional- implica, dijo el jefe de la diplomacia nacional, "un mandato muy claro, pero para tener fuerza en lo que vamos a plantear en el Consejo de Derechos Humanos, debemos hacer nuestra tarea en Chile".
De ahí que el jefe de la diplomacia nacional advertiera la necesidad de que Chile apruebe, entre otros, la convención sobre desaparición forzosa de personas y el Tratado Penal Internacional (TPI).
Ello -aseveró- permitiría "demostrar que Chile está en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo".
En este contexto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo (PS), explicó que la elección de Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es "un reconocimiento de la comunidad internacional" a la búsqueda de la verdad y justicia tras el régimen de Pinochet".
A su juicio, la designación es "un compromiso con la comunidad internacional que, a través de este nombramiento solicita a Chile que lidere las denuncias y la protección de los derechos humanos, a nivel mundial, lo cual implica un gran desafío".
A su vez, el senador RN Sergio Romero destacó la alta votación que obtuvo Chile para ingresar al Consejo de Derechos Humanos, lo que -a su juicio- es consecuencia de "una actitud muy coherente en el tema de los derechos humanos".
Romero agregó que ello implica "preocuparnos de los temas pendientes en esta materia como la designación de un magistrado ad hoc en la Corte Internacional de La Haya, que aún no se materializa".
Agregó que la designación cobra más sentido, porque "en la práctica hay varios países en la región que tienen dificultades con el tema de los derechos humanos" e indicó que se debe "compatibilizar esta situación con los principios internacionales de no intervención en los asuntos internos de otros países".
EMPLAZAMIENTO
Foxley, asimismo, exhortó a RN y la UDI a pronunciarse con claridad respecto de si apoyarán o no el voto de los chilenos en el extranjero, pues -dijo Foxley- "cómo uno explica que Chile sea uno de los pocos países en el mundo que tiene una comunidad importante afuera y los convertimos en ciudadanos de segunda clase al decirles ‘ustedes no pueden votar’".
"No nos parece aceptable. Hacemos un llamado a RN y la UDI, que se han opuesto siempre a que voten los chilenos en el exterior, que -de una vez por todas-, si lo van a mantener así definitivamente lo digan con toda claridad frente a la opinión pública y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades".
El emplazamiento cobra mayor relevancia toda vez que el precandidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, ha asegurado ser partidario de que los chilenos en el exterior tengan derecho a voto, aunque con una serie de condiciones como que tengan relación con el país.

Oceana celebra anuncio de creación de santuario ballenero

2008-05-22T16:05:00.001-07:00

La organización internacional Oceana –entidad medioambiental cuyo objetivo fundamental es la protección y conservación de los océanos- celebró este jueves el anuncio realizado por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta anual ante el Congreso Nacional, de prohibir la caza de ballenas con fines comerciales y científicos en todas las aguas chilenas. El anuncio se realiza a sólo semanas de la realización de la 60ma reunión de la Comisión Ballenera Internacional que tendrá lugar en junio próximo en Santiago. Para Oceana este anuncio constituye un triunfo del movimiento medioambiental chileno en su conjunto y en especial de aquellas que lideraron la campaña para proteger a los cetáceos. Una extensa coalición de ONGs solicitaron públicamente a la Presidenta que declarara a las aguas jurisdiccionales de Chile como Santuario de Ballenas con tal de eliminar definitivamente la reapertura de las operaciones de caza comercial y científica1. Alex Muñoz, Director Ejecutivo de la entidad, recalcó que “este debe ser el primer paso de muchos que debieran considerarse en una necesaria agenda de protección de nuestros mares, con los que Chile tiene una deuda pendiente. Esperamos que el Gobierno de nuevos pasos en ese sentido, especialmente en lo relativo a la prohibición de métodos de pesca destructivos, como la pesca de arrastre”. En estos días, Oceana se encuentra realizando una serie de encuentros con autoridades del Ejecutivo y del Congreso para advertir sobre las principales amenazas a los ecosistemas marinos y proponer soluciones para frenar su deterioro, especialmente en el ámbito de la pesca y la salmonicultura. La declaración de un Santuario de Ballenas a lo largo de la costa Chilena y la eliminación definitiva de las operaciones de caza comercial y “científica” garantizará que existan condiciones para asegurar la recuperación de las poblaciones de ballenas en peligro, el desarrollo de la investigación científica no letal y de las actividades de las comunidades costeras asociadas al turismo de avistaje de ballenas. Be destacar que las aguas chilenas albergan 43 especies de cetáceos; la mitad del total de estas especies a nivel global.

Chile fue elegido miembro del Consejo de DDHH de la ONU

2008-05-22T06:56:00.000-07:00

Chile fue elegido por la Asamblea General de la ONU como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos , junto a Brasil y Argentina, por un período de tres años que comenzará a regir a partir del próximo 20 de junio.
La decisión fue tomada por los 192 países integrantes de las Naciones Unidas que renovaron 15 de los 47 asientos con que cuenta el órgano que supervisa la situación de los derechos humanos en el mundo.
En el grupo latinoamericano, Chile obtuvo el apoyo de 176 países, Brasil de 175 y Argentina de 172, mientras que las otras dos naciones de la región que aspiraban a sentarse en el CDH, Venezuela y Ecuador, sólo lograron tres y un votos, respectivamente.
Así, los tres países representarán en adelante a la región junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua, México y Uruguay.

Si bien en la elección de Argentina y Chile careció de polémica alguna, no sucedió lo mismo con otros países.
Las ONG como Human Rights Watch (HRW) hicieron campaña contra candidatos que según ellas no merecían integrar el Consejo, como Sri Lanka, y contra otros que calificaron de "dudosos", como Brasil.
Sri Lanka y Timor fueron eliminados al obtener menos votos que los demás candidatos a los cuatro asientos disponibles en la región asiática: Japón, Bahrein, Corea del Sur y Pakistán, que resultaron electos.
En África fueron avaladas las candidaturas de Burkina Faso, Gabón, Ghana y Zambia.
"La derrota de Sri Lanka es una señal muy importante y significa que un país donde hay torturas y desapariciones no tiene cabida en el principal organismo mundial de derechos humanos", dijo Steve Crawshaw, vocero de HRW.