El abogado Jorge Contesse expresó este jueves su rechazo a la que considera la negativa de la Corte Suprema a participar en la mesa convocada por el Gobierno para analizar las recomendaciones del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que la magistrada Karen Atala fue discriminada por su condición sexual.
“Estamos en presencia de una señal inequívoca respecto de la falta de voluntad del Estado para acoger las recomendaciones de la Comisión Interamericana”, aseveró el profesional defensor de la mujer, quien recurrió al organismo luego que la justicia chilena le negara la tutela de sus hijas por tener una pareja del mismo sexo con quien vive.
Para el defensor de Atala, quien además es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales si el máximo tribunal mantiene su decisión de no sumarse al diálogo, “el Estado no estaría recogiendo las recomendaciones”, subrayando que la más fundamental de ellas “dice expresamente que la adopción de políticas públicas de capacitación debe incluir la administración de justicia”.
Jorge Contesse que la actitud de la Suprema demuestra que la cabeza del Poder Judicial “sigue sin ponerse al día en materia de protección de los derechos fundamentales de quienes habitan en Chile”.
“Estamos en presencia de una señal inequívoca respecto de la falta de voluntad del Estado para acoger las recomendaciones de la Comisión Interamericana”, aseveró el profesional defensor de la mujer, quien recurrió al organismo luego que la justicia chilena le negara la tutela de sus hijas por tener una pareja del mismo sexo con quien vive.
Para el defensor de Atala, quien además es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales si el máximo tribunal mantiene su decisión de no sumarse al diálogo, “el Estado no estaría recogiendo las recomendaciones”, subrayando que la más fundamental de ellas “dice expresamente que la adopción de políticas públicas de capacitación debe incluir la administración de justicia”.
Jorge Contesse que la actitud de la Suprema demuestra que la cabeza del Poder Judicial “sigue sin ponerse al día en materia de protección de los derechos fundamentales de quienes habitan en Chile”.
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