“El gobierno no va a discriminar por origen étnico, religioso o por orientación sexual y, al mismo tiempo, vamos a también a velar por los derechos de los niños y su bienestar”, aseguró ayer la vocera de gobierno Ena von Baer al ser consultada por las conclusiones y recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera, en su informe de diciembre último, al Estado chileno por el caso de la jueza Karen Atala.
Al respecto, la portavoz de La Moneda agregó que “como ha recomendado la CIDH, se estableció una mesa de diálogo por el Ministerio de Relaciones Exteriores y es ahí donde se está trabajando el tema”.
El informe de la comisión concluyó que la magistrada fue vulnerada en sus derechos cuando perdió la tuición de sus tres hijas por decisión de la Corte Suprema, en mayo de 2004, debido a su orientación sexual.
El mismo documento recomendó a Chile “reparar integralmente” a la jueza y a sus tres hijas así como “adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual”.
Ambas sugerencias de la CIDH serán discutidas en la mesa de trabajo que reunirá a representantes de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, quienes estudiarán la implementación de las recomendaciones y elaborarán una propuesta que será remitida a la comisión.
Así lo informó ayer la Cancillería que, a través de su Dirección de Derechos Humanos, está a cargo de la coordinación de la respuesta que debe dar el Estado de Chile a la instancia internacional.
Entregada la propuesta, los representantes de la jueza Atala serán notificados y podrán aceptar una solución amistosa o, sino están conformes, llevar el caso a la Corte Interamericana de DDHH.
EL CASO
El caso de la jueza Atala se hizo público hace seis años, cuando el máximo tribunal dio a su ex esposo Jaime López la custodia de M., V., y R.L.A. por considerar que ella había “antepuesto sus propios intereses postergando los de sus hijas al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar”.
Entonces la magistrada ya vivía con la historiadora Emma de Ramón, quien hoy continúa siendo su pareja.
La última entrevista que concedió Atala fue en marzo de 2009 a El Mercurio, cinco años después de la sentencia de la Suprema.
En esa oportunidad, la jueza declaró que “ese fallo, que me privó de la tuición de mis hijas, deja en evidencia que en este país las personas no somos consideradas iguales y que se hacen distinciones en torno a prejuicios, lo que evita la consolidación de una verdadera democracia”.
Al respecto, la portavoz de La Moneda agregó que “como ha recomendado la CIDH, se estableció una mesa de diálogo por el Ministerio de Relaciones Exteriores y es ahí donde se está trabajando el tema”.
El informe de la comisión concluyó que la magistrada fue vulnerada en sus derechos cuando perdió la tuición de sus tres hijas por decisión de la Corte Suprema, en mayo de 2004, debido a su orientación sexual.
El mismo documento recomendó a Chile “reparar integralmente” a la jueza y a sus tres hijas así como “adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual”.
Ambas sugerencias de la CIDH serán discutidas en la mesa de trabajo que reunirá a representantes de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, quienes estudiarán la implementación de las recomendaciones y elaborarán una propuesta que será remitida a la comisión.
Así lo informó ayer la Cancillería que, a través de su Dirección de Derechos Humanos, está a cargo de la coordinación de la respuesta que debe dar el Estado de Chile a la instancia internacional.
Entregada la propuesta, los representantes de la jueza Atala serán notificados y podrán aceptar una solución amistosa o, sino están conformes, llevar el caso a la Corte Interamericana de DDHH.
EL CASO
El caso de la jueza Atala se hizo público hace seis años, cuando el máximo tribunal dio a su ex esposo Jaime López la custodia de M., V., y R.L.A. por considerar que ella había “antepuesto sus propios intereses postergando los de sus hijas al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar”.
Entonces la magistrada ya vivía con la historiadora Emma de Ramón, quien hoy continúa siendo su pareja.
La última entrevista que concedió Atala fue en marzo de 2009 a El Mercurio, cinco años después de la sentencia de la Suprema.
En esa oportunidad, la jueza declaró que “ese fallo, que me privó de la tuición de mis hijas, deja en evidencia que en este país las personas no somos consideradas iguales y que se hacen distinciones en torno a prejuicios, lo que evita la consolidación de una verdadera democracia”.
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