Reforma migratoria o más masacres

El anuncio del presidente Rafael Correa de que hubo un segundo sobreviviente de la masacre en Tamaulipas posibilita un mayor esclarecimiento de lo que sucedió en esta tragedia, insólita incluso a la luz de la violencia alcanzada en México. Como lo dijo un lector de Reforma: no podemos ni imaginarnos el escándalo que con razón armaríamos los mexicanos si mañana acribillaran a 72 mexicanos en el desierto de Arizona.
Pero la magnitud del horror no facilita su comprensión. Quizá el sobreviviente hondureño, ya bajo custodia de la PGR de México, o el ecuatoriano, ya protegido por su gobierno en Quito, nos den más claves para entender lo que, en parte, es un enigma.
Se entiende que un grupo de criminales arrebate su "mercancía" (migrantes) a otro y busque aprovecharse: sea para reclutarlos como sicarios, para extorsionarlos o para usarlos como "mulas" para llevar droga a Estados Unidos.
Aunque esta afirmación genera dudas: ¿para qué quieren a mujeres embarazadas como sicarios?, ¿qué tipo de red se necesita para lograr la transferencia de fondos del Ecuador a México, o de Honduras a Miami, o de El Salvador a San Francisco para liberar a los migrantes?, ¿qué tan eficaces como "mulas" pueden ser unos aterrados migrantes, fáciles víctimas de la Border Patrol, la DEA o de las policías locales en Estados Unidos?
Pero sobre todo, a menos de que se trate de un escarmiento ante un enemigo de gran calado, parece extraño que la única alternativa de los criminales ante el rechazo de sus víctimas a cooperar sea masacrarlos, a todos.
Hay algo en todo esto que no termina de cuadrar. Por eso en El Salvador, algunos analistas ven la marca de la Mara Salvatrucha en lo sanguinario del caso: no les huele a Zetas o a cárteles mexicanos.
Lo que sí cuadra es algo que me aclaró el ex subsecretario de Estado norteamericano para América Latina, Tom Shannon, hace ya 5 años, a propósito del vínculo entre las bandas criminales y migrantes.
Shannon explicaba en una cena que hasta hace pocos años (entonces) los polleros (o coyotes) que ayudaban a pasar a los migrantes eran una especie de "sherpas" o guías que les ayudaban, no siempre con efectividad y nunca por generosidad, a atravesar el desierto, encontrar transporte después de cruzar y llegar así a su destino.
Desde México no se solía pagar mucho más de 500 dólares para llegar, por ejemplo, a Nueva York; desde Centro América o el Ecuador quizá se pagaban hasta 2,000 dólares porque los gastos eran más elevados.
Pero al empezar a cerrarse la frontera a partir de 2005, y posteriormente (agrego yo) ante la derrota de la reforma migratoria integral en 2006 y 2007, y ahora ante la pasividad de Obama al respecto, se ha vuelto mucho más difícil entrar a Estados Unidos sin papeles, pero no imposible: sólo más caro.
Al aumentar el riesgo, sube el precio; al incrementarse éste, el negocio se vuelve más jugoso. Y al transformarse en un negocio mucho más atractivo, atrae a más y mayores criminales.
Es exactamente el mismo fenómeno que sucede con el narco, según mi amigo y también ex comandante guerrillero salvadoreño Facundo Guardado que, a diferencia de su ex colega Joaquín Villalobos, cree que la persecución del narco sólo vuelve más atractivo ese negocio y más gente quiere participar.
Cuando el negocio de pollero o coyote se torna hiperlucrativo, las bandas de criminales no sólo lo quieren, sino que pelean por las rutas, los puntos de entrada y de salida, el transporte y la corrupción de las autoridades mexicanas y norteamericanas. De una manera u otra, seguramente en este proceso yace la explicación de la masacre de San Fernando.
La culpa es de muchos: de los países expulsores incapaces de darle empleo a su gente; las autoridades mexicanas que han descuidado la frontera sur y la migración interna desde hace años; pero más que nadie lo es de Estados Unidos, que al negarse a adaptar sus leyes a la realidad, sólo transforman para mal esa realidad: en el horror.

Domar un Quetzalcoatl

Néstor Morales T.

Estos días estamos asistiendo a la constatación de un expolio y explotación inédita que está ejerciendo Europa en el continente africano: la compra de tierras por parte de empresas e inversionistas, en muchos casos subvencionados por los propios Estados, por una normativa europea que obliga a utilizar un 10% de biocombustibles para el transporte a partir del año 2015, y el gran negocio que representa la producción intensiva de alimentos de cara al cambio climático, la escasez de agua y el aumento de población que se prevé en el futuro.

En la actualidad, son 20 las naciones africanas que ya han vendido 50 millones de hectáreas de territorio africano (más del doble de toda la superficie del Reino Unido). Etiopía ha ofrecido a la venta en los últimos años tres millones de hectáreas de su tierra más fértil a países ricos y a algunos de los individuos más adinerados del mundo para que exporten alimentos a sus países ricos a precio barato. El dato paradójico es que en este país 13 millones de personas están necesitadas de ayuda alimentaria.

Los compradores de tierra afirman que generan puestos de trabajo en la región, pero la realidad es que los campesinos de África se ven privados de su forma de vida y de su principal sustento, forzándoles a abandonar sus territorios e, inevitablemente, obligándoles a emigrar a ciudades y otros países, generándose como consecuencia enormes bolsas de pobreza periurbana. Sus tierras, mientras, se convierten en grandes plantaciones cuyos amos son empresas extranjeras. Europa se ha lanzado sin complejos a la senda de la recolonización, pero, además, con los impuestos que pagamos.

Cuado era niño, los relatos de pequeños niños africanos muriendo de hambre eran un argumento para terminar un plato de vegetales indeseable a esa inconsciente edad que por lo general no rentaba ningún resultado para enfado de nuestras madres. Claro, se trataba de personas que vivían muy lejos y cutos problemas eran muy diferentes a los míos o los de mis amigos. Pero el mundo ha cambiado desde hace un rato y la interconectividad, la información y la experiencia de mirar más allá de la ventana segura del hogar da cuenta de que los problemas de seguridad humana son los mismos en todas partes.

Siento que Latinoamérica no es ajena a este fenómeno. Las migraciones internas de los países de la región ocurren principalmente desde tierras de siembra pertenecientes a campesinos indígenas expropiados por grandes transnacionales que “compran” o simplemente roban a estos pequeños agricultores con fines mineros o fabriles. Las excusas son siempre las mismas: crecimiento, producción, puestos de trabajo, bajos impuestos para las empresas y, últimamente, reconstrucción. A partir de estos movimientos de humanas y humanos hacia los centros urbanos un segundo nivel de desplazamiento de personas se genera, este es, el de la pobreza urbana que busca nuevas oportunidades en los países vecinos tanto a través de vías formales como también en forma ilegal. Esta migración hasta hoy en Latinoamérica ha contribuido en parte a bajar los precios de la obra de mano gruesa y a estimular los índices de empleabilidad en algunas capitales y las utilidades de las empresas de servicio y de construcción.

El problema radica en tres frentes: Uno. La tenencia de la tierra por parte de mineras y grandes fábricas provoca daño ecológico y de producción agrícola irreparable lo que conlleva a nuevos problemas alimentarios y de generación de contaminación que perjudica a la población. Segundo, el desplazamiento de campesinos a la ciudad, principalmente con raigambre indígena acarrea problemas de trabajo, vivienda, salud primaria, educación y discriminación violenta contra ellos, transformando comunidades en ghettos impenetrables o de altos índices de morbilidad y deshumanización como ocurre en ciudades como Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, Lima o Tegucigalpa. Y en tercer lugar el fenómeno creciente de migraciones transnacionales fomenta no sólo el hacinamiento en los nuevos países para estos migrantes sino el peligro de ser usados en el tráfico de drogas y de personas, la no calificación para empleos, bajas condiciones sanitarias y de vivienda así como incapacidad jurídica de percibir beneficios estatales, entre otros elementos a cautelar.

En definitiva, para la construcción de un continente basado en las garantías para sus habitantes es necesario fijar los problemas de seguridad humana desde una perspectiva integral, abordarlos de manera sectorial en Ministerios, Secretarías de Estado y Direcciones de Servicio puede ser un buen índice para medir gestión pero no entrega las externalidades que busca un sistema de protección de las personas, al contrario invisibiliza las necesidades y hace desaparecer a los números crecientes de personas que se encuentran en esta situación.

Hoy vivimos en un continente que mantiene una estabilidad política y jurídica precaria para sus ciudadanos. Un conflicto armado interno o entre países, nuevas catástrofes naturales u otras circunstancias críticas podrían significar miles de latinoamericanos vagando en campos de refugiados clamando por agua, paz y seguridad. Una mirada larga que comprenda estos asuntos urge a la política y la técnica en nuestro continente, veremos quien se arriesga a ponerle el cascabel al quetzalcoatl.