Organizaciones de discapacitados molestas con Transantiago

Fundación Nacional de Discapacitados indicó que las personas con discapacidad y sus familias están impacientes esperando una respuesta concreta por parte del Ejecutivo, en cuanto a las propuestas que entregaron en abril pasado .¿Será necesario que un usuario con discapacidad demande al Estado por discriminación, publicidad engañosa e ilegalidad?, se preguntaron. Molestas están algunas organizaciones de discapacitados porque las autoridades pertinentes no les han respondido sobre sus inquietudes en lo que se refiere al Plan Transantiago. Alejandro Hernández, Presidente de la Fundación, señaló que “el día 13 de Abril se reunieron con la Ministra de Planificación Clarisa Hardy y la Directora de Fonadis de aquel entonces. Entregaron una serie de medidas para hacer del Transantiago un sistema de transporte público accesible e integral para más de 750.000 personas con discapacidad en Santiago y 2 millones y medio en provincias". “Aun no recibimos respuesta del gobierno ni del Transantiago, quienes se mantienen en silencio y atropellando nuestros derechos humanos de acceso a la ciudad y al espacio físico”, indicó el dirigente. Hernández, experto en Discapacidad que ha propuesto una serie de medidas para frenar la exclusión y la discriminación hacia las personas con discapacidad desde 1985, dijo que la Fundación cumplió con la entrega oficial al Gobierno de las cinco propuestas para hacer del Transantiago un transporte público que incorpore el concepto de diseño universal, es decir, posible de utilizar por todas las personas, sin exclusión de ningún tipo. Pasan los meses y la situación del Transantiago, el “nuevo” sistema de transportes de la capital de Chile sigue siendo excluyente e ilegal, sostienen. “Una exclusión y una ilegalidad al cual las autoridades a cargo del sistema ya nos han acostumbrado” señalan. “No ha habido respuesta oficial del gobierno y lo que es peor, la ausencia de un diseño accesible e integral en el transporte público, sigue excluyendo a los discapacitados de norte a sur del país, impidiéndoles ejercer el legítimo derecho de transportarse en sus ciudades. Existe omisión y desinterés de las autoridades, en cuanto a respetar las leyes nacionales e internacionales que señalan la gravedad de hacer funcionar sistemas de transportes que excluyan a los discapacitados” señala Hernández. Las cinco medidas entregadas a la Ministra Clarisa Hardy fueron: Implementar la Tarjeta Accesible gratuita en Santiago y provincias; Instalación de rampas hidráulicas en todos los buses; Instalación de rampas y ascensores para discapacitados en la línea 1 y 2 del Metro de Santiago; Semáforos con sonido para personas con discapacidad visual y Mejora definitiva de pavimento de calles y veredas. Las propuestas "no han sido escuchadas y son infinitas las vallas que debemos sortear por ejemplo, las personas en silla de ruedas o sin visión. Tacos de personas al momento de querer abordar los buses y el tren subterráneo, omisión de accesos especiales en las líneas 1 y 2 (los trazos más importantes del recorrido) por una razón corporativa inaceptable: falta de recursos". "El broche de oro lo constituyen torniquetes del todo incómodos y un sistema de pago que una persona sin brazos, espástica o sin visión simplemente no puede utilizar", dicen. Los usuarios con discapacidad y sus familias exigen a la administración de la Empresa Metro S.A. y a las autoridades del Transantiago (en calidad de ciudadanos y clientes del servicio) que cumplan con la legalidad y que pare la discriminación que se está ejerciendo en contra del trasporte público de las personas con necesidades especiales. ¿Será necesario que un usuario con discapacidad demande al Estado por discriminación, publicidad engañosa e ilegalidad?. “La Fundación ha recibido propuestas de abogados dispuestos a demandar al Estado Chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por flagrante discriminación, sin embargo agotaremos todas las instancias de dialogo” agregó Alejandro Hernández. La ley chilena establece "claramente que cada nuevo medio o sistema de transporte debe considerar accesos especiales para personas con discapacidad. La reciente Convención Internacional por los Derechos Humanos del sector, indica que los Estados firmantes tienen la obligación de realizar todas las medidas en el ámbito de la Accesibilidad del Transporte para que estos no sean discriminatorios. Chile fue uno de los primeros países en ratificar la convención", denuncian.