Denunciarán a Chile ante CIDH por prescripción aplicada por Suprema

Abogados de derechos humanos denunciarán al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por un fallo judicial que aseguran atenta contra tratados internacionales, confirmó el abogado Nelson Caucoto. El profesional, de larga trayectoria en juicios por violaciones a los derechos humanos, consideró "una vergüenza" un fallo emitido este martes por la Corte Suprema, que absolvió a un coronel retirado procesado por tres homicidios calificados. Según Caucoto, el fallo "compromete gravemente la responsabilidad internacional de Chile". La Sala Penal de la Suprema aplicó la prescripción y absolvió al coronel retirado del Ejército Claudio Lecaros Carrasco, a quien la Corte de Apelaciones había condenado a cinco años de prisión por el secuestro y homicidio de tres campesinos en 1973, delitos considerados de lesa humanidad. "Vamos a denunciar a Chile ante la CIDH", aseguró Caucoto en declaraciones a la agencia EFE, querellante en el caso, que atribuyó el dictamen "a una mayoría circunstancial". Ello, pues el presidente de la Sala Penal, Alberto Chaigneau -que se opone a la amnistía y prescripción de estos delitos- fue reemplazado por el abogado integrante José Fernández, que dio el voto de mayoría por la absolución del militar. La resolución se refiere al secuestro y desaparición de Cesario Soto, Rubén Acevedo y Vidal Riquelme, trabajadores agrícolas de la localidad de Melozal, en la Región del Maule, que fueron detenidos por Carabineros días después del golpe de Estado que encabezó el dictador Augusto Pinochet (1973-1990). El fallo va directamente en contra de la doctrina jurídica que ha sostenido el máximo tribunal chileno en delitos de lesa humanidad, al considerar que no pueden ser amnistiados ni prescritos, porque así lo establecen las normas internacionales. Al respecto, Caucoto señaló que "no es posible que por debilidades del sistema jurídico, que posibilita mayorías circunstanciales", se falle en contra de tratados internacionales. El abogado añadió que estas mayorías circunstanciales han dado como resultado que desde hace un tiempo se apliquen "rebajas considerables a las condenas de primera instancia y de la Corte de Apelaciones contra de ex agentes que han cometido crímenes de lesa humanidad". Caucoto dijo que la denuncia ante la CIDH será presentada por un grupo de abogados dedicados a estas causas, entre éstos, Boris Paredes, del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Impunidad encubierta El fallo fue rechazado además por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que en una declaración lo consideró "impunidad encubierta". La organización demandó de los tribunales "una conducta acorde con sus obligaciones y el término de los beneficios para los violadores de derechos humanos que, sin duda, son los delincuentes más peligrosos para cualquier sociedad". En tanto, la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (Fasic) -organismo que integra Caucoto- consideró que este dictamen, y el que sólo condenó a tres años de cárcel a miembros del Comando Conjunto, representan una “una grave involución de nuestra justicia en materia de DDHH, haciéndonos retroceder a épocas que a creíamos superadas". "Junto a lo anterior, esos fallos implican la responsabilidad internacional del Estado de Chile, toda vez que se violentan normas obligatorias en nuestro país y que vienen dadas por el Derecho Internacional de los DDHH”, sostuvo la entidad. "En el caso Vidal Riquelme, donde se aplica la prescripción en un crimen de lesa humanidad, para terminar absolviendo a sus autores, la Corte Suprema ha prescindido, por mayoría de votos, completamente de su propia jurisprudencia anterior, y de los principios sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Luis Almonacid, por el que fuera condenado el Estado de Chile en esa instancia internacional a fines del 2006”, recordó. "Se ha demostrado en consecuencia un desprecio absoluto por lo resuelto por ese Tribunal Internacional, lo que necesariamente deberá acarrear consecuencias negativas para el Estado de Chile”, sostuvo.