Los familiares de las 12 víctimas de la Operación Albania y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) llegaron a un acuerdo reparatorio luego de tres semanas de negociaciones. El fisco propuso pagar 300 millones de pesos por cada uno de los frentistas ultimados en 1987. Pero precisó que la fórmula de cancelación será en dos cuotas de 150 millones de pesos. Una se cancelará con el presupuesto de 2007 y la otra con los fondos asignados para el próximo año.
Ahora sólo queda que el presidente del CDE, Carlos Mackenney, informe hoy a los abogados consejeros de lo pactado con las familias. En la sesión de este martes votarán el acuerdo, y si consigue el apoyo de dos tercios de los miembros del Consejo, se oficiará al Ministerio de Hacienda para que dé el visto bueno.
Humo Blanco
Antes de que saliera “humo blanco” en la negociación, hubo dos entrevistas previas. Primero se conversó y se hizo declaraciones de buenas intenciones. En la cita siguiente, el CDE llegó a la audiencia de conciliación con una oferta pero se negó a entregar alguna cifra.
Tampoco quisieron referirse a la propuesta los abogados que representan a las familias, Nelson Caucoto y Adil Brkovic. No obstante, el miércoles pasado explicaron que había un monto y que los parientes de las víctimas habían pedido unos días para resolver.
Así, este lunes, en la última reunión, que dirigió el abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hernán Domínguez, los familiares dijeron estar de acuerdo con oferta.
El mismo Domínguez tiene el acuerdo del fallo que confirmará o revocará las penas impuestas por la Corte de Apelaciones.
El ministro Hugo Dolmestch -cuando era juez del tribunal de alzada capitalino- resolvió condenar al ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Hugo Salas Wenzel, a cadena perpetua; al mayor (R) Álvaro Corbalán a una pena de cárcel de 15 años y un día, y al oficial de Carabineros Iván Quiroz a 10 años y un día.
El actual supremo estableció el pago de una indemnización de 300 millones de pesos, pero el tribunal de alzada, tras confirmar las condenas, resolvió elevar la reparación a 500 millones. El criterio para obligar al fisco a pagar quedó estampado en el fallo de 2005: “El Estado debe responder solidariamente por los daños causados con ocasión de los ilícitos cometidos por sus agentes”.
Ahora sólo queda que el presidente del CDE, Carlos Mackenney, informe hoy a los abogados consejeros de lo pactado con las familias. En la sesión de este martes votarán el acuerdo, y si consigue el apoyo de dos tercios de los miembros del Consejo, se oficiará al Ministerio de Hacienda para que dé el visto bueno.
Humo Blanco
Antes de que saliera “humo blanco” en la negociación, hubo dos entrevistas previas. Primero se conversó y se hizo declaraciones de buenas intenciones. En la cita siguiente, el CDE llegó a la audiencia de conciliación con una oferta pero se negó a entregar alguna cifra.
Tampoco quisieron referirse a la propuesta los abogados que representan a las familias, Nelson Caucoto y Adil Brkovic. No obstante, el miércoles pasado explicaron que había un monto y que los parientes de las víctimas habían pedido unos días para resolver.
Así, este lunes, en la última reunión, que dirigió el abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hernán Domínguez, los familiares dijeron estar de acuerdo con oferta.
El mismo Domínguez tiene el acuerdo del fallo que confirmará o revocará las penas impuestas por la Corte de Apelaciones.
El ministro Hugo Dolmestch -cuando era juez del tribunal de alzada capitalino- resolvió condenar al ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Hugo Salas Wenzel, a cadena perpetua; al mayor (R) Álvaro Corbalán a una pena de cárcel de 15 años y un día, y al oficial de Carabineros Iván Quiroz a 10 años y un día.
El actual supremo estableció el pago de una indemnización de 300 millones de pesos, pero el tribunal de alzada, tras confirmar las condenas, resolvió elevar la reparación a 500 millones. El criterio para obligar al fisco a pagar quedó estampado en el fallo de 2005: “El Estado debe responder solidariamente por los daños causados con ocasión de los ilícitos cometidos por sus agentes”.
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