Un oficio dirigido al ministro de Defensa, José Goñi, y al comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, enviarán hoy los diputados PPD Antonio Leal y Tucapel Jiménez, solicitando que la institución castrense desclasifique todos los archivos que vinculen a ex militares con violaciones de los derechos humanos.
Así lo informaron ayer los parlamentarios, sumándose a las palabras del ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, quien poco antes había manifestado su esperanza de que “todas las instituciones, el Ejército u otras, que tengan antecedentes sobre lo que pasó en esa larga noche de 17 años, hagan su aporte para esclarecerlo”.
Lagos agregó que en los últimos años, el Ejército ha “colaborado activamente en un número importante de casos judiciales (...) y ese mismo esfuerzo lo van a seguir realizando”.
La reacción oficialista se debe a que el viernes pasado el brigadier (R) Pedro Espinoza dio a conocer un documento que estuvo oculto hasta 2004 en el Ejército, donde se confirma la participación de la entidad castrense en el asesinato del ex comandante en jefe de la institución Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
SESION ESPECIAL
El diputado Leal señaló que “no es posible que cada cierto tiempo Manuel Contreras o el brigadier Espinoza, según como van sus causas, saquen a relucir documentos (...) donde se prueba que tal cual oficial estuvo involucrado en uno u otro crimen”, y agregó que “esos antecedentes están en la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) y deben ser entregados a la Justicia y definitivamente desclasificados”, sostuvo.
En caso que Izurieta no acceda a lo solicitado, los parlamentarios dijeron que pedirán a la cámara una sesión especial para discutir “la fuga de Iturriaga Neumann y la información que la DINE no ha desclasificado”, afirmaron.
EL PRÓFUGO ITURRIAGA
Según los diputados, el informe dado a conocer por Espinoza demuestra que tras el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats estuvo involucrado el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, quien se declaró en rebeldía tras ser condenado a cumplir una condena de cinco años de presidio como autor del secuestro y desaparición (en 1974) del militante del MIR Dagoberto San Martín Vergara.
Ante esta situación, Leal repudió las declaraciones del senador UDI Jorge Arancibia -quien apoyó la fuga de Iturriaga-, aclarando que su posición contamina la política gremialista.
Asimismo, Leal lamentó las palabras del presidente de RN, Carlos Larraín, luego de que el timonel de la tienda aliancista afirmara que la Concertación habla sobre la fuga del ex general para tapar otras situaciones que complican al oficialismo.
Así lo informaron ayer los parlamentarios, sumándose a las palabras del ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, quien poco antes había manifestado su esperanza de que “todas las instituciones, el Ejército u otras, que tengan antecedentes sobre lo que pasó en esa larga noche de 17 años, hagan su aporte para esclarecerlo”.
Lagos agregó que en los últimos años, el Ejército ha “colaborado activamente en un número importante de casos judiciales (...) y ese mismo esfuerzo lo van a seguir realizando”.
La reacción oficialista se debe a que el viernes pasado el brigadier (R) Pedro Espinoza dio a conocer un documento que estuvo oculto hasta 2004 en el Ejército, donde se confirma la participación de la entidad castrense en el asesinato del ex comandante en jefe de la institución Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
SESION ESPECIAL
El diputado Leal señaló que “no es posible que cada cierto tiempo Manuel Contreras o el brigadier Espinoza, según como van sus causas, saquen a relucir documentos (...) donde se prueba que tal cual oficial estuvo involucrado en uno u otro crimen”, y agregó que “esos antecedentes están en la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) y deben ser entregados a la Justicia y definitivamente desclasificados”, sostuvo.
En caso que Izurieta no acceda a lo solicitado, los parlamentarios dijeron que pedirán a la cámara una sesión especial para discutir “la fuga de Iturriaga Neumann y la información que la DINE no ha desclasificado”, afirmaron.
EL PRÓFUGO ITURRIAGA
Según los diputados, el informe dado a conocer por Espinoza demuestra que tras el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats estuvo involucrado el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, quien se declaró en rebeldía tras ser condenado a cumplir una condena de cinco años de presidio como autor del secuestro y desaparición (en 1974) del militante del MIR Dagoberto San Martín Vergara.
Ante esta situación, Leal repudió las declaraciones del senador UDI Jorge Arancibia -quien apoyó la fuga de Iturriaga-, aclarando que su posición contamina la política gremialista.
Asimismo, Leal lamentó las palabras del presidente de RN, Carlos Larraín, luego de que el timonel de la tienda aliancista afirmara que la Concertación habla sobre la fuga del ex general para tapar otras situaciones que complican al oficialismo.
Reapertura caso Prats
El documento revelado por Espinoza es un informe del 26 de junio de 1974 que el ex jefe de la Brigada Lautaro, coronel (R) Juan Morales Salgado, envía a Contreras con el seguimiento realizado al matrimonio Prats-Cuthbert en Buenos Aires. A raíz de esos antecedentes, el juez Alejandro Solís ordenó la reapertura del caso Prats y procesó al coronel (R) Morales Salgado como coautor de doble homicidio. Según Espinoza, él obtuvo el documento en cuestión desde “los archivos de la DINE” en 2004, lo que hace suponer que esa información siempre estuvo en poder del Ejército y no fue entregada a la justicia, situación que fue calificada por los abogados querellantes en causas de derechos humanos como de “extrema gravedad”.
El documento revelado por Espinoza es un informe del 26 de junio de 1974 que el ex jefe de la Brigada Lautaro, coronel (R) Juan Morales Salgado, envía a Contreras con el seguimiento realizado al matrimonio Prats-Cuthbert en Buenos Aires. A raíz de esos antecedentes, el juez Alejandro Solís ordenó la reapertura del caso Prats y procesó al coronel (R) Morales Salgado como coautor de doble homicidio. Según Espinoza, él obtuvo el documento en cuestión desde “los archivos de la DINE” en 2004, lo que hace suponer que esa información siempre estuvo en poder del Ejército y no fue entregada a la justicia, situación que fue calificada por los abogados querellantes en causas de derechos humanos como de “extrema gravedad”.
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