Británicos abogan que su país abandone Convenio Europeo de DD.HH.

Seis de cada diez británicos es partidario de que el Reino Unido abandone el Convenio Europeo de Derechos Humanos para poder aplicar medidas más duras contra los acusados de actos terroristas, según los datos de una encuesta. Un sondeo realizado en internet por la firma YouGov, encargado por la organización Migrationwatch, que hace campaña contra la inmigración en masa, reveló que un 61 por ciento de los 2.400 encuestados se mostró a favor de que este país se desligue del convenio europeo, ratificado por Londres en 1951. Sólo un 26 por ciento de los encuestados se mostró contrario a la idea, mientras que el resto optó por la opción "no sabe". Los ciudadanos preguntados fueron, también, partidarios de que el Reino Unido haga advertencias y deporte a terroristas convictos sin darles la posibilidad de recurrir esa decisión, incluso en el caso de que tuvieran que ser extraditados a países donde podrían ser sometidos a torturas. Sobre esa propuesta, un 67 por ciento de los participantes dio su apoyo, y un 18 por ciento se mostró reacio. Cárcel para extranjeros La encuesta también reveló que el 75 por ciento de encuestados está a favor de que el Reino Unido pueda decidir si mantener o no en la cárcel a los extranjeros sospechosos de actividades terroristas "durante tanto tiempo como fuera necesario". La legislación sobre Derechos Humanos en el Reino Unido impide que el Gobierno pueda deportar a un ciudadano extranjero a un país donde podría ser sometido a prácticas de tortura o maltrato. Según el presidente de Migrationwatch, Sir Andrew Green, esos resultados "demuestran que los británicos están cansados de ver cómo se anteponen los intereses de los que quieren destruir nuestro estilo de vida a su seguridad o la de sus familias". "La mayoría de la gente encuentra del todo incomprensible que terroristas convictos puedan permanecer en Reino Unido después de haber completado sus penas en prisión", dijo. Además, Green comentó que la pertenencia del Reino Unido al convenio europeo "también implica que hemos perdido la capacidad de deportar a la gente de este país, incluso cuando hay evidencias de que su presencia aquí plantea un riesgo real o potencial para la seguridad pública".