Martes 03 de Junio de 2008
Derechos Humanos
El pleno de la Corte Suprema aprobó una nueva resolución para que los ministros de fuero y los ministros de dedicación exclusiva de las distintas cortes de Apelaciones que llevan procesos por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, apresuren sus tramitaciones e informen de manera periódica acerca del estado de sus causas.
No es la primera vez que la Corte Suprema aprueba este tipo de resolución; al contrario, ha sucedido en diversas oportunidades. Sin embargo, no surtieron ningún efecto porque se estrellaron contra la realidad de procesos muy complejos, en los cuales se investigan crímenes contra la humanidad. Estas tramitaciones enfrentan múltiples obstáculos. Tales resoluciones han sido resistidas por los familiares de las víctimas, interiorizadas en estas realidades y exigentes de justicia. El juez es quien conoce los procesos. Sólo él está facultado para determinar el tiempo que tomará realizar la acuciosa y cabal investigación que la naturaleza de éstos amerita, plazos que deberá modificar y ampliar en reiteradas oportunidades ante el surgimiento de nuevas e importantes vetas de investigación. Dar vuelta la hoja sobre ellas implicaría una flagrante denegación de justicia. Porque este tipo de resoluciones podrían -en algunos casos- llevar a innecesarios apresuramientos y a la omisión de importantes diligencias para encausar, acusar y condenar a los autores, cómplices y encubridores de los peores crímenes que se hayan cometido en la historia de Chile. Las causas de personas detenidas-desaparecidas y por otras violaciones de los derechos humanos no fueron verdaderamente investigadas -salvo algunas excepciones- hasta que designaron a jueces de dedicación exclusiva, a cuya valiosa labor se puso término de forma abrupta e inexplicable, y luego varios ministros de cortes de apelaciones.
Pasaron casi 30 años para que los altos tribunales del país ordenaran realizar investigaciones a fondo en causas por las cuales las víctimas sobrevivientes y los familiares de las personas asesinadas y forzosamente desaparecidas no habían cesado de exigir justicia. El tiempo transcurrido desde las designaciones es parco, dada la vastedad y profundidad que alcanzó la represión en Chile y el gran número de personas y de organizaciones involucradas en ella, tanto dentro como fuera del país. Las investigaciones recientes, que distan de estar agotadas, no hacen sino corroborar estos aspectos.
No es la primera vez que la Corte Suprema aprueba este tipo de resolución; al contrario, ha sucedido en diversas oportunidades. Sin embargo, no surtieron ningún efecto porque se estrellaron contra la realidad de procesos muy complejos, en los cuales se investigan crímenes contra la humanidad. Estas tramitaciones enfrentan múltiples obstáculos. Tales resoluciones han sido resistidas por los familiares de las víctimas, interiorizadas en estas realidades y exigentes de justicia. El juez es quien conoce los procesos. Sólo él está facultado para determinar el tiempo que tomará realizar la acuciosa y cabal investigación que la naturaleza de éstos amerita, plazos que deberá modificar y ampliar en reiteradas oportunidades ante el surgimiento de nuevas e importantes vetas de investigación. Dar vuelta la hoja sobre ellas implicaría una flagrante denegación de justicia. Porque este tipo de resoluciones podrían -en algunos casos- llevar a innecesarios apresuramientos y a la omisión de importantes diligencias para encausar, acusar y condenar a los autores, cómplices y encubridores de los peores crímenes que se hayan cometido en la historia de Chile. Las causas de personas detenidas-desaparecidas y por otras violaciones de los derechos humanos no fueron verdaderamente investigadas -salvo algunas excepciones- hasta que designaron a jueces de dedicación exclusiva, a cuya valiosa labor se puso término de forma abrupta e inexplicable, y luego varios ministros de cortes de apelaciones.
Pasaron casi 30 años para que los altos tribunales del país ordenaran realizar investigaciones a fondo en causas por las cuales las víctimas sobrevivientes y los familiares de las personas asesinadas y forzosamente desaparecidas no habían cesado de exigir justicia. El tiempo transcurrido desde las designaciones es parco, dada la vastedad y profundidad que alcanzó la represión en Chile y el gran número de personas y de organizaciones involucradas en ella, tanto dentro como fuera del país. Las investigaciones recientes, que distan de estar agotadas, no hacen sino corroborar estos aspectos.
Sergio Concha Rodríguez , abogado de Fasic
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