El 18 de junio recién pasado, el Parlamento Europeo en una votación aprobó el texto de la Directiva de Retorno de los migrantes irregulares, medida que fuerza la salida inmediata de los afectados desde los países que integran la Unión Europea (UE). Sin embargo, es importante tener presente que esta normativa no garantiza en modo alguno un retorno en condiciones de seguridad y dignidad para las personas migrantes.
Muy por el contrario, sólo fortalece las medidas de coacción y prisión consideradas urbi et orbi como ilegítimas; además, está la prohibición de que los expulsados puedan regresar a los países que forman parte del pacto europeo, con lo cual se establece un precedente negativo para las demás regiones del mundo, que también podrían inclinarse por medidas semejantes. Asimismo, el texto es ampliamente lesivo para los menores que no estén acompañados por una persona mayor, atentando los derechos del niño.
Esta norma afecta a los latinoamericanos y con seguridad lesionará en derecho y dignidad a los chilenos en la UE; es menester del Gobierno solicitar la derogación de esta directiva y procurar la no utilización de iniciativas como ésta por parte de los países integrantes de la UE, que con la excusa de la votación democrática dañan los derechos de las personas que dice promover y asegurar.
Néstor Morales T., director ejecutivo del Observatorio DDHH
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