Pamela Pereyra (*)
Algunos se preguntan para qué incorporar en nuestra institucionalidad un Instituto de Derechos Humanos. Vale la pena responder esta pregunta y abrir debate sobre esta compleja materia, que nos obliga a tomar definiciones respecto de para qué y cómo hacerlo sin obviar el pasado reciente, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
Las sociedades siempre están en permanente proceso de construcción, y tienen como su sustrato fundamental la realidad de una y millones de personas que las conforman. Esas personas, en razón de su dignidad, tienen derechos inalienables, que nadie puede desconocer. Y esa identificación de personas y derechos, que es propia de la doctrina de los derechos humanos, es quizás hoy por hoy la doctrina que con mayor claridad fija paradigmas de cómo construir valores y políticas que reconocen derechos y que a la vez a su titular le exigen el respeto de los derechos de los demás.
La globalización, las políticas de libre mercado, la inmediatez de las comunicaciones, las facilidades para el traslado de personas y bienes de un país a otro en que pareciera que las fronteras físicas se diluyen, y una suma de otros factores, son realidades masivas que determinan nuevos problemas que deben ser abordados. ¿Y cómo se expresan esos nuevos problemas, sin perjuicio de otros que no lo son tanto? En problemas migratorios, de discriminación, en la expresión de grupos étnicos que reclaman derechos ancestrales, en la multiplicación de personas privadas de libertad por delitos comunes, que en su inmensa mayoría son pobres menores de 35 años, en realidades de inseguridad y de violencia de diversa naturaleza y tantos otros que sería largo enumerar.
Es de absoluta necesidad que una entidad pública culturice y promueva los derechos humanos de naturaleza económica, social, cultural, y por cierto los relativos a las garantías individuales; que estudie e informe a los poderes del Estado y a los ciudadanos de aquellas realidades que no queremos ver aunque estén delante de nuestro ojos. Sí, que devele nuestras propias miserias como sociedad.
La tramitación de la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos no ha sido fácil. Porque hay quienes dirigen la mirada hacia las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, y quisieran que este organismo dedique sus esfuerzos respecto de esos hechos; y hay otros que también dirigen la mirada a ese mismo tema, porque temen que el Instituto persiga esas responsabilidades. Tengo la impresión de que la inmensa mayoría del país ni siquiera se da cuenta de lo que se discute de manera un tanto soterrada, pero que sí le importa que los crímenes del pasado no queden impunes, y a la vez siente la necesidad de que alguna entidad saque la voz de los sin voz en los temas actuales de derechos humanos.
El país requiere hacerse cargo de ambos temas en su propio mérito. Y por ello la forma de zanjar esta controversia es que el Instituto de Derechos Humanos asuma esencialmente desde el presente los temas de futuro, y la actual Corporación de Reparación, también por disposición de ley, continúe a cargo de los procesos jurídicos por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
La tramitación del proyecto de ley que crea el Instituto está muy avanzada. Al mismo se le garantizan amplias facultades para desarrollar su trabajo, y a su director, una inamovilidad en el cargo que le permite la libertad para exponer los temas. El país no debe “farrearse” la posibilidad de contar con un Instituto de Derechos Humanos y a la vez con una Corporación de Reparación, en cada caso para los fines señalados.
Que por opción política se haga un corte histórico de carácter generacional para asumir las distintas realidades en materia de Derechos Humanos es perfectamente legítimo y no constituye ningún atentado a valor o principio alguno. Es justo para las distintas generaciones que hayan padecido y padecen las realidades referidas.
Las sociedades siempre están en permanente proceso de construcción, y tienen como su sustrato fundamental la realidad de una y millones de personas que las conforman. Esas personas, en razón de su dignidad, tienen derechos inalienables, que nadie puede desconocer. Y esa identificación de personas y derechos, que es propia de la doctrina de los derechos humanos, es quizás hoy por hoy la doctrina que con mayor claridad fija paradigmas de cómo construir valores y políticas que reconocen derechos y que a la vez a su titular le exigen el respeto de los derechos de los demás.
La globalización, las políticas de libre mercado, la inmediatez de las comunicaciones, las facilidades para el traslado de personas y bienes de un país a otro en que pareciera que las fronteras físicas se diluyen, y una suma de otros factores, son realidades masivas que determinan nuevos problemas que deben ser abordados. ¿Y cómo se expresan esos nuevos problemas, sin perjuicio de otros que no lo son tanto? En problemas migratorios, de discriminación, en la expresión de grupos étnicos que reclaman derechos ancestrales, en la multiplicación de personas privadas de libertad por delitos comunes, que en su inmensa mayoría son pobres menores de 35 años, en realidades de inseguridad y de violencia de diversa naturaleza y tantos otros que sería largo enumerar.
Es de absoluta necesidad que una entidad pública culturice y promueva los derechos humanos de naturaleza económica, social, cultural, y por cierto los relativos a las garantías individuales; que estudie e informe a los poderes del Estado y a los ciudadanos de aquellas realidades que no queremos ver aunque estén delante de nuestro ojos. Sí, que devele nuestras propias miserias como sociedad.
La tramitación de la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos no ha sido fácil. Porque hay quienes dirigen la mirada hacia las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, y quisieran que este organismo dedique sus esfuerzos respecto de esos hechos; y hay otros que también dirigen la mirada a ese mismo tema, porque temen que el Instituto persiga esas responsabilidades. Tengo la impresión de que la inmensa mayoría del país ni siquiera se da cuenta de lo que se discute de manera un tanto soterrada, pero que sí le importa que los crímenes del pasado no queden impunes, y a la vez siente la necesidad de que alguna entidad saque la voz de los sin voz en los temas actuales de derechos humanos.
El país requiere hacerse cargo de ambos temas en su propio mérito. Y por ello la forma de zanjar esta controversia es que el Instituto de Derechos Humanos asuma esencialmente desde el presente los temas de futuro, y la actual Corporación de Reparación, también por disposición de ley, continúe a cargo de los procesos jurídicos por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
La tramitación del proyecto de ley que crea el Instituto está muy avanzada. Al mismo se le garantizan amplias facultades para desarrollar su trabajo, y a su director, una inamovilidad en el cargo que le permite la libertad para exponer los temas. El país no debe “farrearse” la posibilidad de contar con un Instituto de Derechos Humanos y a la vez con una Corporación de Reparación, en cada caso para los fines señalados.
Que por opción política se haga un corte histórico de carácter generacional para asumir las distintas realidades en materia de Derechos Humanos es perfectamente legítimo y no constituye ningún atentado a valor o principio alguno. Es justo para las distintas generaciones que hayan padecido y padecen las realidades referidas.
* Pamela Pereyra es Abogada y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario