El programa de Derechos Humanos -que funciona al alero del Ministerio del Interior- decidió apelar ante el dictamen del ministro instructor de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien rechazó reabrir la investigación por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.
Se trata de la primera acción que emprenderá el gobierno de Sebastián Piñera en materias vinculadas a los atropellos ocurridos bajo el régimen militar. Y estará fundada en el convencimiento de la validez de los argumentos del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quien en 2009 elevó la solicitud de reapertura de la investigación.
"El recurso que interpuso el subsecretario Rosende era bastante fundado, se habían presentado todos los antecedentes que permitían reabrir el caso. Además, se acompañaban criterios jurídicos en cuanto a la aplicación de la Ley de Amnistía a dos personas en particular no era óbice para que se pudiera seguir con la investigación", detalló a La Tercera Rossy Lama, nueva directora del programa de DD.HH.
El diplomático español, quien trabajaba para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue secuestrado y asesinado el 16 de junio del 76, y su cuerpo fue arrojado al canal El Carmen.
Según consta en el proceso, el homicidio fue cometido por funcionarios de la Dina. Sin embargo, la indagación fue sobreseída por primera vez en 1996, cuando se aplicó la Ley de Amnistía. En diversas ocasiones los querellantes intentaron sin éxito reabrirla ante el máximo tribunal del país, el que siempre mantuvo el criterio de rechazar la solicitud. En La Moneda aseguran que la apelación da cuenta de la continuidad que tendrán las políticas de DD.HH. impulsadas por los gobiernos de la Concertación.
En este contexto, los abogados del programa están abocados a analizar tres tipos de casos: los que son susceptibles de ser reabiertos, las más de 330 causas de violaciones a los DD.HH. que están revisándose actualmente en la justicia y la situación de los ejecutados políticos.
Respecto de este último punto, en el gobierno dicen que actuarán en base a las facultades que dispone el Instituto de DD.HH., que tiene la posibilidad de querellarse en casos de ejecutados políticos. Actualmente, de alrededor de dos mil casos, la justicia ha revisado cerca de 40, por lo que el programa de DD.HH. está abocado a evaluar qué otras situaciones son susceptibles de ser revisadas en tribunales.
Se trata de la primera acción que emprenderá el gobierno de Sebastián Piñera en materias vinculadas a los atropellos ocurridos bajo el régimen militar. Y estará fundada en el convencimiento de la validez de los argumentos del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quien en 2009 elevó la solicitud de reapertura de la investigación.
"El recurso que interpuso el subsecretario Rosende era bastante fundado, se habían presentado todos los antecedentes que permitían reabrir el caso. Además, se acompañaban criterios jurídicos en cuanto a la aplicación de la Ley de Amnistía a dos personas en particular no era óbice para que se pudiera seguir con la investigación", detalló a La Tercera Rossy Lama, nueva directora del programa de DD.HH.
El diplomático español, quien trabajaba para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue secuestrado y asesinado el 16 de junio del 76, y su cuerpo fue arrojado al canal El Carmen.
Según consta en el proceso, el homicidio fue cometido por funcionarios de la Dina. Sin embargo, la indagación fue sobreseída por primera vez en 1996, cuando se aplicó la Ley de Amnistía. En diversas ocasiones los querellantes intentaron sin éxito reabrirla ante el máximo tribunal del país, el que siempre mantuvo el criterio de rechazar la solicitud. En La Moneda aseguran que la apelación da cuenta de la continuidad que tendrán las políticas de DD.HH. impulsadas por los gobiernos de la Concertación.
En este contexto, los abogados del programa están abocados a analizar tres tipos de casos: los que son susceptibles de ser reabiertos, las más de 330 causas de violaciones a los DD.HH. que están revisándose actualmente en la justicia y la situación de los ejecutados políticos.
Respecto de este último punto, en el gobierno dicen que actuarán en base a las facultades que dispone el Instituto de DD.HH., que tiene la posibilidad de querellarse en casos de ejecutados políticos. Actualmente, de alrededor de dos mil casos, la justicia ha revisado cerca de 40, por lo que el programa de DD.HH. está abocado a evaluar qué otras situaciones son susceptibles de ser revisadas en tribunales.
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